LA FLOTA ONUBENSE CONGELADORA DE MARISCO CONSIDERA CRUCIAL LA RENOVACIÓN DEL ACUERDO DE PESCA DE LA UE CON GUINEA BISSAU

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Madrid, 17 de marzo de 2017.- La flota onubense de buques congeladores de marisco califica como crucial la segunda ronda de negociaciones, que se iniciarán el próximo mes de abril en Bruselas, para firmar el nuevo acuerdo de pesca entre la Unión Europea y Guinea Bissau, que expira el próximo noviembre. La flota, agrupada en ANAMAR, (Asociación Nacional de Armadores de Buques Congeladores de Pesca de Marisco), así se lo ha expresado a Margarita Pérez, directora general de Pesca de la Junta de Andalucía.

La asociación, con sede en Huelva y que agrupa a 60 buques congeladores y da trabajo a 1.020 personas, ha solicitado a la directora general su compromiso y apoyo en la próxima ronda de negociaciones para alcanzar un acuerdo satisfactorio para ambas partes. Cabe recordar que este tendrá que ser aprobado por el Consejo y el Parlamento Europeo, antes de su entrada en vigor.

El acuerdo vigente expira en noviembre próximo y asigna a España unas posibilidades de pesca de 2.500 TRB para los arrastreros camaroneros congeladores y de 2.900 TRB para los arrastreros congeladores que capturan peces de aleta y cefalópodos. Igualmente, el acuerdo permite faenar también a 14 buques atuneros cerqueros congeladores y palangreros y a 9 atuneros cañeros.

Acceso directo al Puerto de Huelva

La flota onubense de buques congeladores de marisco también ha iniciado acciones con la Autoridad Portuaria de Huelva, la Cámara de Comercio de esta provincia y la Federación Onubense de Empresarios (FOE) para crear una línea regular de portacontenedores para que el Puerto de Huelva sea el destino final de las capturas de marisco de los barcos onubenses, sin que tengan la necesidad de pasar por los Puertos de Sevilla, Cádiz o Algeciras.

Por último, la flota se suma a la insatisfacción expresada ya por el sector pesquero europeo ante las posibles modificaciones del Reglamento FAR (Fishing Authoritation Regulation) de la UE, ya que podría suponer el establecimiento de un sistema de doble sanción e infringiría el principio de no discriminación, dado que las mismas infracciones no tienen las mismas penas dentro y fuera de las aguas de la UE.