La Confederación Española de Pesca (Cepesca) solicita firmeza al tribunal que juzgue la trama de blanqueo de capturas ilegales y comercio fraudulento de atún rojo tras el Auto del Juzgado Central de Instrucción número 3 de Madrid, en el marco de las Diligencias Previas –Procedimiento Abreviado 0000091/2018–,que establece que los hechos relatados en el mismo por parte de las ocho personas y doce empresas investigadas[1] pueden ser presuntamente constitutivos de hasta siete delitos[2].

Cepesca cree que este tipo de conductas son inadmisibles, no sólo en el sector pesquero, caracterizado por un continuo esfuerzo para implantar las mejores prácticas en su actividad, sino también en todas aquellas otras relacionadas, tales como la comercialización y restauración española, cuyo prestigio y reputación internacional pueden verse perjudicados por este tipo de hechos, más aún, tratándose de un producto de alta gama, como es el atún rojo.

El sector también valora las declaraciones del ministro Luis Planas sobre este particular, que además de exigir “respeto” y “contundencia” a la investigación, ha manifestado, refiriéndose a este tipo de conductas, que “no es la realidad del conjunto de nuestro sector pesquero, que al contrario respeta la legalidad”. 

La magistrada-jueza del Juzgado Central de Instrucción número 3 de Madrid, María Tardón Olmos, ha propuesto “seguir las presentes diligencias previas por los trámites del Procedimiento Abreviado” contra las personas físicas y jurídicas arriba mencionadas por considerar que los hechos relatados en el Auto pueden ser presuntamente constitutivos de los hasta siete delitos.

Cepesca recuerda que las mejoras en las medidas de ordenación y control adoptadas en el seno de ICCAT en los últimos 12 años permitieron que las autoridades españolas detectaran y desenmascararan en 2018 esta importante presunta trama de blanqueo de capturas ilegales y comercio fraudulento de atún rojo.

La investigación de la Guardia Civil, denominada Tarantelo, puso al descubierto una red que introducía anualmente en nuestro país, según la Benemérita, más de 3.500.000 kilos de atún rojo ilegal proveniente fundamentalmente de Malta e Italia, y generando un beneficio ilícito de unos 25 millones de euros al año.

Cabe recordar que Cepesca decidió personarse como acusación popular en la causa abierta tras esta investigación de la Guardia Civil, al considerar su Junta Directiva que la gravedad de estos hechos y conductas afectan directamente al sector pesquero y, consecuentemente, a los objetivos fundacionales de la patronal, entre los que se encuentran promover el desarrollo de una pesca sostenible y responsable, así como la lucha contra la pesca ilegal.

[1] Carlos Fernández Fernández, Javier Amorós López De La Nieta, Khalid Mouslim, Juan Pedro Fuentes García, José Fuentes García, Antonio Enrique Alcaraz Cabrera, Juan José Lara Uclés, Jorge García González, MARFISHVAL, S.L., PESCNORT MAR, S.L., GRUPO PESCNORTMAR, S.L., GENERAL WORLD FROZEN, S.L.33, CENTURY FISH, S.L., ENDUMAR, S.L., VIVER ATÚN CARTAGENA, S.A., FRIGORÍFICOS DE TÚNIDOS, S.A., TUNAGRASO, S.A., RICARDO FUENTES E HIJOS COMERCIALIZADORA, S.A., SEYFU PRODUCTOS DEL MAR, S.L. y MARE BLU TUNA FARM.

[2] Delito de falsedad documental, delito contra la fauna, delito contra los derechos de los consumidores, delito de descubrimiento y revelación de secretos, delito de participación en organización criminal y delito de blanqueo de capitales.