El dictamen del Comité Económico y Social Europeo (CESE) presentado hoy en la reunión informal de ministros de Pesca de la UE, que se celebra desde ayer en Vigo, apunta que si Europa quiere disponer de una flota pesquera (73.716 buques) descarbonizada y competitiva, que asegure a los europeos la seguridad alimentaria frente a la capacidad pesquera del resto del mundo (4,1 millones de embarcaciones, de las que 546.000 corresponden a China), hay que traspasar el ámbito actual de financiación europea y crear un fondo de emergencia capaz de acelerar este proceso con garantías de éxito.

El dictamen, aprobado por unanimidad en el Pleno del CESE el día 12 de julio pasado,  especifica el compromiso de la flota pesquera para contribuir al objetivo mundial de reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera. Sin embargo, califica como “enorme” el coste que conllevará su descarbonización por: escaso desarrollo de fuentes de energía verdes o neutras sustitutivas; la edad media de la flota (31,5 años), que imposibilita adaptar muchos buques a los mayores espacios que necesitarán los futuros motores (a veces hasta cuatro veces más) y las contradicciones de la Política Pesquera Común (PPC) que, por ejemplo, establece restricciones de capacidad de tonelaje bruto (espacio a bordo) imposibilitando un mayor espacio a las futuras formas de propulsión.

Así lo ha expuesto Javier Garat, secretario general de Cepesca y presidente de Europêche, que ha participado en la reunión de Vigo como ponente del dictamen y que ha transmitido a los ministros, tal como se apunta en el dictamen, que el gran reto que tiene Europa es “cómo mantener vivo a un sector esencial para la seguridad alimentaria europea al suministrar una proteína animal de gran valor y con una de las huellas de carbono más bajas frente a otros alimentos”.

El ponente, de acuerdo con el dictamen, recordó a los ministros que las emisiones de CO2 de todos los buques de pesca del mundo representarían en 2020 entre el 0,1 % y el 0,5 % de las emisiones antropogénicas globales de CO2 (datos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo –UNCTAD 2023–) y que la flota europea las ha reducido un 50% desde 1990, por la propia contracción del número de buques y por las inversiones desarrolladas por los armadores con el objetivo de la sostenibilidad y de la eficiencia energética.

Según el dictamen del CESE, el proceso de descarbonización debe abordarse con un calendario adecuado y realista con avances tecnológicos, logísticos y legislativos parejos, desarrollando las infraestructuras adecuadas de suministro en Europa y en los terceros países. Lo contrario, apunta el dictamen, incrementaría de forma desproporcionada tanto los costes, que convertirían el pescado en un artículo de lujo, como las pérdidas empresariales, la precariedad y el desempleo. Según el CESE, “el coste de la transición no debe ser insoportable para los empresarios y trabajadores de los diferentes sectores marítimos ni dejar a nadie atrás”.

El CESE felicita a la Comisión Europea por proponer crear una asociación multilateral de transición energética, por considerarla fundamental, además de por consultar al sector pesquero, sindicatos, especialistas técnicos, astilleros, ingenieros y puertos para buscar soluciones concretas, prácticas y sostenibles, y pide un plan global para reforzar la capacidad europea de construir buques pesqueros respetuosos con el medio ambiente. Dicho plan, apunta, debería prever un trato fiscal especialmente favorable para los astilleros.

El dictamen apunta que el desarrollo y la disponibilidad global de tecnologías verdes alternativas, nuevos combustibles y fuentes de energía neutras en carbono es prácticamente inexistente, y señala que, a corto plazo, las medidas más realistas pasan por soluciones mixtas como la introducción de motores híbridos así como la utilización de combustibles alternativos avanzados no producidos a partir de cultivos alimentarios y de forraje. Por ello, el CESE pide que se acelere el desarrollo y producción de combustibles avanzados y que se tome una decisión política clara que otorgue a los buques pesqueros acceso prioritario a estos combustibles avanzados a un precio asumible. Así mismo, el Comité considera que es importante congelar la introducción de nuevos impuestos al combustible pesquero tradicional (diésel) en tanto que las nuevas tecnologías de propulsión y combustible no estén disponibles y que los marcos de legislación para abordar las necesarias renovaciones queden perfectamente establecidos.

El dictamen repasa los distintos sistemas alternativos de propulsión, tales como el gas natural licuado (GNL) o el hidrógeno y apunta que requieren tres y cuatro veces más espacio de almacenamiento a bordo frente al fuel tradicional, respectivamente, lo que choca frontalmente con las restricciones de capacidad de tonelaje bruto (espacio a bordo) que existen en la UE. Por lo tanto, apunta, es imprescindible adaptar la definición de capacidad pesquera en Europa.

Según el dictamen del CESE, esta inadecuada definición de capacidad pesquera también limita las mejoras sociales y de seguridad ya que el espacio a bordo destinado al bienestar de las tripulaciones (cocina, camarotes, aseos o áreas de recreo) está computado por ley como de capacidad pesquera, por lo que la PPC está en clara contradicción con la legislación social, como el Convenio sobre el trabajo en la pesca C188 de la OIT.

Garat también expuso ante los ministros la trayectoria del sector en la adopción de prácticas de bajo impacto ambiental con las que ya ha logrado avances significativos en el camino hacia la descarbonización. Entre ellas, y tal como se indica en el dictamen, artes de pesca selectivas o reducciones del contacto con el fondo marino, lo que se traduce en un menor consumo de combustible y menos emisiones, adopción progresiva de motores diésel-eléctricos, hélices y sistemas de refrigeración eficientes o la participación en programas de economía circular.