El sector pesquero alerta de que el establecimiento de una política de gravámenes al gasóleo, tal como contempla la propuesta de Directiva europea para reestructurar, en el marco del Pacto Verde europeo, los impuestos sobre productos de la energía supondrían una grave desestructuración del “frágil” equilibrio de su actividad. Además, advierte que a medio plazo pondría en riesgo la soberanía alimentaria de nuestro país y de Europa, frente a los intereses de otras zonas geográficas, tales como la asiática, “actualmente inmersa en una guerra abierta y desleal para acaparar con sus flotas, en muchos casos ilegales, los recursos marinos”, en palabras de Juan Manuel Liria, presidente de la Confederación Española de Pesca (Cepesca), quien participó el pasado viernes en la II Jornada sobre Ecocombustibles, organizada por la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP).

Según el sector, la propuesta de Directiva, que prevé establecer un impuesto al gasóleo de 3 euros por cada 100 litros de combustible a partir de 2023, impactaría en la viabilidad de las empresas pesqueras al suponer el combustible, por término medio, un 40% de los costes de su actividad, “ya de por sí con unos márgenes realmente ajustados”. El sector puntualiza que este impacto, además de a los buques de altura afectaría también a la bajura, mayoritariamente empresas familiares y “verdaderas espinas dorsales de la cohesión económica y social de muchas zonas costeras”.

Además, y según el sector, los objetivos que esgrime Europa para aplicar este impuesto ya han sido prácticamente alcanzados por la flota pesquera europea, y más aún por la española. Cabe recordar que con esta medida Europa quiere reducir el 55% de los niveles de emisión de gases de efecto invernadero de la flota UE en 2030 con respecto a los de la década de los noventa e incentivar la aplicación de mejoras en la eficiencia energética como energías alternativas (hidrógeno, gas, electricidad e hibridación). Sin embargo, el sector cree que la Comisión Europea ha de ser consciente de la reducción del 48% de la flota pesquera comunitaria desde los años 90 (frente a otros países terceros que están desarrollando sus flotas exponencialmente) y que las emisiones del sector se han reducido un 18% durante los últimos 10 últimos años.

Soberanía alimentaria

Además del impacto directo en la actividad económica de las empresas pesqueras, esta medida pondrá en riesgo la soberanía alimentaria europea y de nuestro país a medio plazo. A este respecto, el sector apunta que la oferta de gasoil más barato en otros puertos no comunitarios provocará que las flotas dejen de operar en los puertos españoles y comunitarios frente a terceros, lo que induciría desabastecimiento de materias primas y y la consiguiente pérdida de la soberanía alimentaria de la que actualmente disponemos, tal como es el caso español gracias a la cobertura de nuestras flotas. A ello, apunta el sector, habría que sumar la pérdida de miles de puestos de trabajo ya que los puertos alternativos acapararían todos los activos generados por la actividad pesquera, tales como centros de almacenamiento frigorífico, plantas de procesado y gran parte de la cadena de valor.

Según el sector, Europa ha de estar muy atenta a la batalla silenciosa y estratégica que se está librando en el control de los recursos pesqueros del mundo ante el reto de incrementar en un 56% la producción de alimentos para una población global que se prevé crezca entre 2.500 y 3.000 millones de personas de aquí a 2050, y hacerlo manteniendo el nivel objetivo de calentamiento global del planeta por debajo de los 2°C. En este sentido y según el Instituto de los Recursos Mundiales (WRI, por sus siglas en ingles), ello sólo podrá conseguirse mediante el incremento de la ingesta de proteínas provenientes de los productos pesqueros por su bajo impacto medioambiental frente a otras industrias agroalimentarias en tierra.

Nuevos combustibles

Por último, y según apunta Cepesca, la flota pesquera, es un segmento de muy difícil descarbonización, al margen de la conseguida hasta ahora, debido a la gran autonomía que precisa su actividad, sólo posible mediante el uso de hidrocarburos con alta densidad energética. Para el sector, el desarrollo de combustibles alternativos a los actuales está muy retrasado en cuanto a su producción y distribución, pero también en cuanto a la tecnología necesaria para su almacenamiento y utilización, por lo que cree de difícil cumplimiento los objetivos del Tratado de París para 2050, y más aún el objetivo intermedio de la UE de reducir las emisiones netas en un 55% para 2030.

Por otra parte, y según el sector, el almacenamiento a bordo de todos los combustibles alternativos que se están postulando (hidrógeno, LNG, LPG, Amoniaco, Metanol, Etanol, etc), necesitaría instalaciones especiales, por lo que sería necesario el diseño de nuevos buques, específicos para cada tipo de energía.

Aún así, el sector quiere seguir avanzando en el cumplimento de los compromisos de descarbonización, por lo que, al margen de las medidas ya adoptadas para reducir el consumo, apoya el desarrollo de combustibles más neutros, tales como los biocombustibles. Con este objetivo, Cepesca se ha integrado en la Plataforma para la Promoción de Ecocombustibles, nacida para impulsar el uso de combustibles líquidos renovables y neutros en carbono como vía complementaria para la descarbonización. Actualmente, forman parte de esta plataforma más de 322.000 empresas y cerca de una veintena de asociaciones empresariales de distintos sectores de actividad, con un peso muy representativo de la industria agroalimentaria.