El sector pesquero agrupado en la Confederación Española de Pesca (Cepesca) agradece a la Secretaria General de Pesca del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y a los representantes de las consejerías de las diferentes comunidades autónomas (Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y Andalucía), con los que se ha reunido esta mañana, su disposición a colaborar para minimizar el impacto o evitar el cierre de 87 zonas de pesca en aguas del Atlántico, tal y como establece el Reglamento de Ejecución de la Comisión Europea, cuya entrada en vigor está prevista para el próximo 9 de octubre.

El sector pesquero, integrado en la Alianza Europea de Pesca de Fondo (EBFA, por sus siglas en inglés), organización que representa a más de 20.000 pescadores y 7.000 buques europeos, insiste así mismo en sus criticas a la medida, que califica de “chapuza técnica y legal” y ha reiterado a la SG Pesca la firmeza en su intención de acudir a los tribunales.

Así mismo, y a la espera del estudio profundo que está realizando la SG Pesca, junto con la Abogacía del Estado de los ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación y  de Asuntos Exteriores, el sector pesquero confía en que el Gobierno español presente un recurso y solicite la posterior suspensión cautelar de la aplicación de la medida que, como ya ha alertado el sector, tendría consecuencias devastadoras para la flota pesquera, los profesionales de la pesca, toda su cadena de valor y también los consumidores.

Según Iván López van der Veen, miembro de la Junta Directiva de Cepesca y presidente de la EBFA, «la reunión ha discurrido en el tono que colaboración y cohesión que esperábamos y confiamos en la responsabilidad del Gobierno para la presentación del recurso porque ejercería su legítimo derecho en tanto que Estado miembro, como pueden hacer los otros Estados afectados, Irlanda, Francia y Portugal”.

Cabe recordar que el Reglamento de Ejecución de la CE prohíbe todas las actividades de pesca de fondo (arrastre, palangre, anzuelos, etc.) en 87 zonas de pesca de Francia, España, Portugal e Irlanda. A juicio de la EBFA, las consecuencias de este acto de ejecución serán dramáticas para todas las pesquerías europeas y solicita su retirada en vista de las reconocidas lagunas científicas, la falta de una consulta adecuada y de un análisis de impacto socioeconómico, así como la ausencia de respaldo por parte del Consejo (aunque éste no fuera preceptivo).