El sector pesquero europeo, representado por Europêche, de la que forma parte la Confederación Española de Pesca (Cepesca), celebra el acuerdo provisional alcanzado por el Consejo y el Parlamento Europeo sobre el reglamento que prohíbe la comercialización en el mercado comunitario de productos elaborados en violación de los derechos humanos y de los trabajadores, incluidos los productos del mar, y pide una rápida implementación del sistema para prohibir efectivamente el comercio de productos pesqueros derivados del trabajo forzoso, complementando las políticas de la UE contra la pesca ilegal (INDNR).

Según datos facilitados por el Consejo de la UE, aproximadamente 27,6 millones de personas soportan condiciones de trabajo forzoso en numerosas industrias y en todos los continentes. Abordar este problema es lo que ha llevado a la UE a alcanzar este acuerdo político que aclara las funciones tanto de la Comisión como de las autoridades nacionales competentes en los procedimientos de investigación y toma de decisiones.

Como explica Daniel Voces, director general de Europêche, “la batalla de la UE contra el trabajo forzoso está evolucionando hacia una nueva fase decisiva, caracterizada por una amplia gama de medidas legales para erradicar la explotación laboral. Junto con la política INDNR y el Convenio 188 sobre el trabajo en la pesca de la OIT, la nueva normativa sin duda ayudará a sostener el empleo digno y defender los derechos fundamentales dentro del sector pesquero en todo el mundo. La flota europea está dispuesta a ayudar a la Comisión y a los Estados miembros en sus esfuerzos por combatir el trabajo forzoso cuando y donde sea necesario”. En su opinión, “el nuevo reglamento ofrecerá a los consumidores europeos una confianza aún mayor a la hora de comprar productos de origen ético y sostenible”.

Desde Cepesca se recuerda que en 2023 España importó 23.751 toneladas de lomos de atún exentas de aranceles de las que el 79% procedía de China, país reconocido internacionalmente por practicar pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR). Cabe señalar que el 70% del pescado consumido en la UE proviene del exterior y es en buena parte de origen asiático.

Para facilitar la aplicación del reglamento, pendiente de ser respaldado y adoptado formalmente por ambas instituciones, la Comisión creará una base de datos que recopilará información verificable y actualizada periódicamente sobre los riesgos del trabajo forzoso, incluidos informes de organizaciones internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Su objetivo principal es ayudar a la Comisión y a las autoridades nacionales competentes a evaluar posibles infracciones de este Reglamento.

El acuerdo provisional establece también criterios explícitos para guiar tanto a la Comisión como a las autoridades nacionales competentes a la hora de evaluar la probabilidad de violaciones de este Reglamento, incluida la escala y gravedad del trabajo forzoso sospechado. Este enfoque cuenta con el firme apoyo de Europêche.

Igualmente, el acuerdo establece criterios que aclaran quién es la autoridad principal en las investigaciones. La Comisión dirigirá las investigaciones fuera del territorio de la UE, mientras que, dentro del territorio de un Estado miembro, será la autoridad competente del propio estado la que liderará las investigaciones en las que se identifiquen riesgos.