El sector pesquero europeo, representado por Europêche y la Asociación Europea de Organizaciones de Productores de Pescado (EAPO), cree que la decisión de Francia de prohibir la pesca en el Golfo de Vizcaya a más de 500 buques pesqueros de la UE (fundamentalmente arrastreros, cerqueros y buques de enmalle), para mitigar las posibles capturas accidentales de pequeños cetáceos, socava la esencia de la unidad europea y el marco de colaboración de la Política Pesquera Común (PPC). El sector así lo entiende debido a la forma en que este Estado miembro de la UE ha impuesto este cierre amparándose en el artículo 13.2 del Reglamento base de la PPC, pero sin cumplir los plazos, ni haber realizado las consultas previas que establece esta normativa. De hecho, la medida, publicada el pasado 18 de enero por el gobierno francés, y que entró en vigor el día 22 de enero, estará vigente hasta el 20 de febrero de 2024 y afectará a todos los barcos pesqueros europeos y de terceros países que faenen en esas aguas. 

El sector pesquero, además, no entiende la «urgencia» invocada por Francia para activar el artículo 13 por esta problemática de capturas incidentales, sobre todo teniendo en cuenta la recomendación del Consejo Internacional de Exploración del Mar (CIEM) y la propuesta de la Comisión Europea (CE) de revisar la recomendación conjunta en el invierno de 2025.

Además, EAPO y Europêche, de la que forma parte Cepesca, señalan que no todos los buques tendrán acceso a compensaciones a menos que las proporcione el Gobierno francés, que es el que ha tomado la decisión. Esto es particularmente apremiante ya que el texto de la prohibición se publicó el 18 de enero, para un cierre efectivo a partir del 22 del mismo mes, en apenas cuatro días.

Las organizaciones instan a la Comisión Europea a abordar y pronunciarse explícitamente sobre la medida de emergencia propuesta por Francia, en línea con los principios de la PPC.

Según Javier Garat, secretario general de Cepesca y presidente de Europêche “el precedente establecido por esta decisión socava la confianza que nuestros pescadores depositan en la Política Pesquera Común (PPC) por contradecir los principios de cooperación y proporcionalidad. Es imperativo realizar una evaluación exhaustiva del impacto en la UE y una revisión completa de estas decisiones para garantizar el cumplimiento de la PPC y sus salvaguardias. La Comisión, como guardiana de los tratados, debe intervenir para garantizar que las normas de la UE se apliquen correctamente”.