El sector pesquero ha vuelto a incidir en la necesidad de equilibrar la dimensión social de la pesca con la medioambiental y, específicamente, en otorgar igual valor a las medidas para la conservación de los recursos pesqueros y las que hacen referencia a la seguridad y a las condiciones de trabajo en el mar. Así lo ha expresado Javier Garat, secretario general de Cepesca y presidente de Europêche durante su intervención en la octava edición del Congreso Internacional sobre Sostenibilidad Social FAO- Conxemar, que se celebra en Vigo.

Garat, que ha participado en la sesión sobre ‘Buenas Prácticas en Sostenibilidad Social’ del Congreso, ha llamado la atención sobre las recomendaciones del Dictamen “Dimensión social de la pesca” del Comité Económico y Social Europeo (CESE), aprobado la pasada semana en el Pleno de este órgano consultivo, con todos los votos a favor, salvo una abstención.

En el Dictamen, defendido por el ponente Gabriel Sarró, con el propio Garat como experto, el CESE considera que los esfuerzos se han centrado en los últimos años en la sostenibilidad biológica y que es imperativo poner más atención en la dimensión socioeconómica y la seguridad marítima. Por ello, solicita a la Comisión Europea (CE) el desarrollo de una propuesta de Directiva para incorporar al derecho de la UE el STCW-F, denominación del Convenio de la Organización Marítima Internacional (OMI) sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para el Personal de los Buques Pesqueros, para armonizar así las normas de formación y certificación, y mejorar la seguridad marítima en el sector pesquero.

Cabe señalar que la pesca sigue estando considerada actividad de alto riesgo y que, si bien no es posible eliminar los peligros propios del entorno (condiciones climáticas, exigencia física, etc.), la formación y capacitación de las tripulaciones es determinante para reducir los riesgos de accidente.

Certificado de competencia válido en toda la UE

La incorporación del STCW-F permitiría, además, garantizar la libertad de movimiento de los trabajadores con la emisión de un certificado de competencia válido en toda la UE, facilitaría su dedicación a otros trabajos marítimos y simplificaría el desarrollo de programas de formación armonizados.

Para mejorar la capacitación de las tripulaciones y profesionalizar el sector, el CESE también aboga por promover la formación náutico-pesquera a través de modelos como la Formación Profesional Dual y sugiere emplear el Fondo Europeo Marítimo y Pesquero (FEMP) con objetivos más amplios, además de solicitar autorización para incorporar el Fondo Social Europeo (FSE) como complemento para la formación y con especial atención a la pesca artesanal.

Igualmente, y según el órgano consultivo, para asegurar las mejores condiciones de seguridad y habitabilidad a bordo, hay que permitir al sector pesquero emprender las mejoras necesarias en estos ámbitos, por lo que solicita a la CE proponer las modificaciones precisas en el Reglamento base de la Política Pesquera Común (PPC), para que la capacidad pesquera (basada en las medidas de arqueo bruto -Gt- y potencia -Kw) no las obstaculicen. De hecho, tanto el C188 de la OIT como la Directiva 2017/159 exigen más espacio para el alojamiento de la tripulación a bordo de los nuevos buques construidos a partir del próximo 15 de noviembre o de los que realicen grandes cambios estructurales.

Frente a esta exigencia, que se suma al incremento de las necesidades de espacio derivadas de la obligación de desembarque, la limitación del arqueo bruto impacta negativamente en la seguridad y la comodidad de los pescadores, así como en la calidad del pescado, ya que penaliza, y así lo confirma un estudio reciente, las iniciativas para mejorar la seguridad, calidad y comodidad de los barcos ya que implican metros cúbicos extra.

Según el secretario general de Cepesca y presidente de Europêche, Javier Garat, “el sector pesquero defiende y apoya las medidas para la conservación de los recursos pesqueros, pero no deben menoscabarse unas buenas condiciones de trabajo y vida a bordo de los barcos, y tampoco comprometer la seguridad. No está en nuestra mano eliminar los peligros propios del mar — añade Garat–, pero sí podemos asegurar la mejor capacitación y formación de los tripulantes y de sus condiciones a bordo y la normativa tiene que apoyarlos”.

Ratificación del C188 de la OIT

Por otra parte y en relación con el Convenio 188 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que regula las condiciones sociales a bordo ampliamente garantizadas a nivel comunitario y nacional, el CESE felicita en su Dictamen a los interlocutores sociales europeos por la propuesta de Directiva 2017/159 que traspone el C188 al derecho de la UE, pero recuerda que los pescadores autónomos, a pesar de representar un gran número, no se han incluido en el ámbito de aplicación de la norma y llama, por tanto, a los estados miembros a la ratificación del C188 para transponer a sus legislaciones la citada Directiva antes del próximo 15 de noviembre.

Así mismo, el CESE insta a la CE a la presentación, en el plazo más breve posible y como ya se ha hecho para el transporte marítimo, de una Directiva complementaria que incluya las necesarias disposiciones de control y cumplimiento que garanticen un régimen de inspecciones armonizado y asegure un régimen no discriminatorio entre las diferentes aguas y flotas europeas.

Atraer a las generaciones más jóvenes

Según el CESE, estas medidas también incrementarán el interés de las generaciones más jóvenes hacia el sector que actualmente emplea a más de 150.000 trabajadores, 31.473 solo en España. Para el sector este objetivo es prioritario especialmente en el momento actual de cambio generacional y cuando se constata que, a pesar de los acuerdos sociales, las mejoras salariales y los avances en materia de habitabilidad y nuevas tecnologías que contribuyen al confort y las posibilidades de comunicación de los tripulantes, los jóvenes prefieren otras salidas laborales, incluso en las épocas de crisis. Esta realidad ha contribuido al aumento de los pescadores migrantes que desempeñan su trabajo en aguas de la UE.