El sector pesquero europeo, representado por Europêche, organización de la que forma parte la Confederación Española de Pesca (CEPESCA), solicita a la Comisión Europea (CE) que sólo conceda exenciones de derechos arancelarios a productos pesqueros importados que cumplan los mismos criterios de sostenibilidad exigidos a los capturados por la flota comunitaria. El sector alerta de nuevo de la incoherencia política, contraria a los intereses de la flota comunitaria, que supondría que la CE ignorase el principio de sostenibilidad en su próxima propuesta de Reglamento para establecer contingentes arancelarios autónomos (ATQ, por sus siglas en inglés) para determinados productos pesqueros para los años 2024 y 2025.

Europêche recuerda que no se opone a una exención arancelaria racional para determinados productos pesqueros que no se producen en cantidad suficiente en la Unión Europea. No obstante, denuncia que la única motivación que subyace, en muchos casos, al uso del sistema ATQ es bajar los precios, recompensando prácticas insostenibles y dando lugar a una competencia desleal, al no tener en cuenta el origen de estos productos, su método de producción, la sostenibilidad de las poblaciones o el cumplimiento de las normas laborales.

El Reglamento sobre los contingentes arancelarios autónomos se refiere a especies como el atún, la merluza, el abadejo, el bacalao o los peces planos. En este sentido, el sector alerta sobre el incremento en un 1.928 % del volumen de toneladas importadas con arancel reducido entre 1992 y 2020 (seis especies que representaban 43.000 toneladas frente a más de 15 especies, aproximadamente 830.000 toneladas, respectivamente).

Según Javier Garat, presidente de Europêche y secretario general de Cepesca, “no podemos aceptar que la UE defienda productos de origen y condiciones de pesca dudosos mientras nuestro sector lucha por adaptarse rápidamente a unas normas de sostenibilidad cada vez más estrictas».

Según Europêche, numerosas políticas pesqueras y medioambientales recientes de la CE se basan en la necesidad urgente de atajar el cambio climático y el declive de la biodiversidad. Sin embargo, apunta el sector, esa urgencia no es aplicada al sistema ATQ. Según Garat, “es chocante que mientras la flota de la UE se está diezmando debido a factores geopolíticos y a las políticas de la UE, los volúmenes de ATQ no paran de crecer. Nos preguntamos si la idea es sustituir la producción de la UE por importaciones de países alejados de las normas de sostenibilidad de la UE. ¿Es esta la definición de seguridad alimentaria que persiguen las instituciones comunitarias?”.

El paradigma de los lomos de atún de China

El sector recuerda que los acuerdos comerciales con terceros países sí exigen el cumplimiento de ciertos estándares de sostenibilidad para autorizar las reducciones arancelarias. Sin embargo y a modo de ejemplo, el sistema ATQ permite importar una cantidad notable de lomos de atún con arancel cero de Tailandia y China, países con un historial bien documentado de prácticas de pesca ilegal y abusos laborales. En el caso de España, las importaciones de lomos de atún exentas de arancel ascienden a más de 23.751 toneladas en 2023, de las que el 79% (18.695 toneladas) proceden de China. Frente a esta circunstancia, sigue argumentando el sector, la flota comunitaria se ve obligada a bajar los precios y buscar mercados alternativos. Asimismo, señala, deteriora los vínculos de la UE con socios de larga tradición como los países de la región ACP (Asia, el Caribe y el Pacífico) que no sólo soportan un trato discriminatorio, sino que también sufren la pérdida de valiosas oportunidades de mercado.

Asimismo, el sector insta a la CE que haga uso del sistema ATQ para contrarrestar prácticas insostenibles e irresponsables en el Atlántico nororiental, como las observadas por Noruega y las Islas Feroe. Su sobrepesca de caballa del Atlántico y su continuo desafío a los derechos históricos bien establecidos de la flota de la UE, al tiempo que exigen un mayor acceso a nuestro mercado, requieren acción inmediata.

En este contexto, es fundamental que la UE utilice las preferencias comerciales y aproveche su poder de mercado para salvaguardar y promover los intereses de la flota pesquera europea en el marco de los acuerdos comerciales y de pesca con terceros países. Al hacerlo, la UE puede proteger la sostenibilidad de sus aguas y garantizar una competencia leal.

Por último, el sector llama la atención sobre el hecho de que el sistema ATQ no distingue entre los países de procedencia de los productos pesqueros. A este respecto, cita como ejemplo las exenciones fiscales a los elevados volúmenes de bacalao y abadejo capturados por la flota rusa, lo que suscita inquietudes políticas y éticas, sobre todo, teniendo en cuenta que la UE ha roto relaciones con Rusia e incluso impuesto prohibiciones a determinadas importaciones de productos pesqueros en nuestro mercado. Ante esta circunstancia, el sector se pregunta cómo la CE puede proponer prohibiciones de pesca de fondo en la UE y seguir apoyando las importaciones a gran escala de pesquerías de arrastre de fondo controvertidas.

Garat concluye que «no es aceptable recompensar con acceso preferente al mercado a quienes han hecho poco por la sostenibilidad de las poblaciones de peces y el trato justo de las personas, incluidos los implicados en la pesca ilegal y en graves abusos laborales. El mercado europeo no exige nada menos que altos estándares y espera que las flotas de todos los países operen con el mismo nivel de sostenibilidad que las flotas europeas. Esto es esencial para garantizar una competencia leal en el mercado».