El sector pesquero vuelve a solicitar al Gobierno que incluya a la flota de altura española entre los beneficiarios del descuento de los 20 céntimos de euro por litro de gasoil, al igual que tienen derecho a él los ciudadanos y los sectores económicos, entre ellos las flotas nacionales del sector pesquero, para hacer frente a la crisis de los costes de explotación que ha provocado el conflicto bélico en Ucrania y, en especial, los derivados del encarecimiento de los combustibles.

A juicio del sector, representado por CEPESCA, la no inclusión de esta flota está contribuyendo a su debilitamiento y, consecuentemente, a la de nuestra soberanía alimentaria, en favor de otras terceras que, paradójicamente, sí pueden beneficiarse de esa bonificación si repostan en instalaciones españolas.

Se da la circunstancia, además, de que esta flota, que opera en aguas de otros países de la UE, de terceros países y caladeros internacionales, no tiene derecho a esta bonificación, aunque el suministrador sea una empresa española y en la factura de la operación refleje dos Códigos de Identificación Fiscal (CIF) de nuestro país.

A pesar de los intentos por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de convencer a la Agencia Tributaria de que los buques españoles que realizan el suministro de gasoil fuera de España deben recibir el descuento, la AEAT está interpretando que el Real Decreto Ley no incluye a las tomas realizadas por los buques españoles en el extranjero.

Por ello, el sector urge al Gobierno que de instrucciones a la AEAT para que incluya a estas flotas y, si esto no fuera posible, que adopte una medida apremiante de apoyo a esta flota, tal como manifestó Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, en su defensa del RD/Ley 6/2022 del pasado 29 de marzo, en el Congreso de los Diputados, sobre la posibilidad de tomar medidas adicionales que fueran necesarias. El sector también llama a todos los grupos políticos a introducir enmiendas que contemplen y corrijan esta situación en la tramitación de la ley de forma retroactiva.

El sector pesquero, a través de Cepesca, vuelve a calificar esta exclusión de “sin sentido”, injusta y discriminatoria, según su criterio, teniendo en cuenta la imposibilidad de determinar la duración de la coyuntura de precios actual y el tiempo de recuperación y de vuelta a la normalidad de los mercados de hidrocarburos, una vez concluya el conflicto bélico y en un contexto de alta inflación.

El sector manifiesta que esta flota lleva ya más de dos meses operando en estas circunstancias y que los márgenes operativos comienzan a “asfixiar” la rentabilidad de su actividad. De hecho, y según manifiesta el sector, ya hay flotas, como la arrastrera congeladora española que opera desde Montevideo, que están planteándose el cese de la actividad antes del final de este semestre, tras terminar la campaña de la pota. Esta flota, que, a pesar de repostar a través de empresas españolas, ha de pagar el combustible a 1,380 euros el litro, o a 1,440 euros en el caso de repostar en alta mar, se ha visto afectada además por los bloqueos de los mercados de Bielorrusia y Ucrania a la merluza hubsi, también capturada por ella, y con un impacto de 17 millones de euros.

Cabe recordar que tenemos buques atuneros o arrastreros que tienen unos depósitos de combustible que pueden llegar al millón de litros, suponiendo ya más del 50% de los costes de explotación.

A ello se suma, apunta el sector, la fuerte competitividad a la que se ve sometida nuestra flota de larga distancia frente a otras flotas, como las asiáticas que, sin cumplir los mismos estándares de calidad, socioeconómicos y medioambientales que se exigen en Europa, introducen sus productos para el consumo de los ciudadanos comunitarios en muchos casos libres de aranceles.

Actualmente, la flota de altura española está integrada por unos 300 buques y pesca en torno al 60% de las capturas totales españolas.