El sector pesquero, acuícola y de comercio especializado en alimentación[1] español, que ya expresó su solidaridad con agricultores y ganaderos desde el inicio de sus movilizaciones, manifiesta mantener este apoyo de manera “inquebrantable” y deja en manos de las asociaciones y agrupaciones que integran los distintos órganos representativos del sector, la capacidad de acometer acciones apelando a la responsabilidad y a la no vulneración de los derechos de los ciudadanos. El sector, que ha mantenido intensas reuniones durante las últimas 48 horas, ha tomado esta decisión teniendo en cuenta la diversidad de pesquerías y realidades de su cadena de valor.

Además, ha acordado por unanimidad fortalecer los esfuerzos de su reivindicación de cara a las elecciones europeas del 9 de junio ya que, a su juicio, el próximo ejecutivo europeo deberá dilucidar “de una vez por todas” qué tipo de sector primario quiere y qué valor quiere otorgarle frente al resto del mercado y, en consecuencia, a la soberanía alimentaria de los ciudadanos del Viejo Continente.

El sector ha manifestado que ante estas elecciones reforzará sus peticiones al Gobierno español porque, a su juicio y como país líder pesquero de la Unión Europea, debe hacer valer y defender los intereses de su industria primaria española, sentirse orgullosa de ella y no frustrar a toda una nueva generación de profesionales su acceso a una actividad con un alto componente de tradición familiar.

Sobre este particular, el sector, desde la extracción y la producción acuícola hasta la comercialización, manifiesta que la UE, y en particular la Comisión Europea (CE), está muy lejos de la realidad, primando en sus políticas el componente medioambiental “de manera obsesiva”, lo que ha provocado, apunta, unos niveles de control y burocracia administrativa asfixiantes que comprometen “seriamente” la viabilidad de las empresas.

Cabe recordar que el sector pesquero español cuenta con más de 8.500 buques, genera 31.000 empleos directos y 150.000 indirectos y factura en primera venta 2.000 millones de euros. Por su parte, la cosecha de acuicultura en España fue de 326.520 toneladas con un valor en primera venta de 760,7 millones de euros y los 6.200 establecimientos detallistas de venta de productos pesqueros y acuícolas frescos y congelados agrupados en FEDEPESCA emplean a más de 23.000 personas.

El sector también cree que estas políticas debilitan “irresponsablemente” los intereses de los ciudadanos y apunta que Europa está poniendo en juego su soberanía al depositar su capacidad para alimentar a su ciudadanía en las importaciones. De hecho, el 70% del pescado consumido en la UE proviene del exterior y, según el sector, facilitando la entrada de estos productos, sobre todo de origen asiático, sin exigirles los mismos estándares que a los productores comunitarios, por lo que son más competitivos en precios al no estar sometidos a las mismas exigencias.

En el caso español, esta realidad de un saldo exterior negativo es creciente en el tiempo (-3.581 millones de euros en 2022, según el MAPA), con una tasa de cobertura que en la última década se ha situado en torno al 60% (60,5% en 2022). A modo de ejemplo, en 2023 España importó 23.751 toneladas de lomos de atún exentas de aranceles de las que el 79% procedía de China, país reconocido internacionalmente por practicar pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR).

El sector también llama la atención sobre la inacción de Europa ante la reducción del consumo de productos pesqueros, en vez de valorarlo y promocionarlo, no sólo por su contribución a una alimentación saludable, sino por ser los de menor huella de carbono e hídrica en su producción. Cabe destacar que en nuestro país se ha perdido un tercio del consumo en hogares en los últimos 10 años, pasando de 27,2 kilos por persona y año en 2013 a 18,5 kilos a octubre de 2023.

En este contexto, el sector recuerda que sus productos están gravados con un IVA del 10% sin que el Gobierno haya accedido a la petición de toda la cadena de producción y comercialización de la pesca, a reducir o eliminarlo, al igual que ha hecho con otros alimentos y tal como se ha aprobado en los países de nuestro entorno.

Peticiones de la cadena de valor de la pesca

La pesca, la acuicultura y el comercio especializado de alimentación solicitan que la UE cambie el rumbo de sus políticas, en particular de la Política Pesquera Común (PPC) y de la política medioambiental, y que tenga en cuenta el impacto socioeconómico derivado de la adopción de sus normas para buscar un equilibrio entre la conservación de la biodiversidad, el uso sostenible de los recursos naturales y la seguridad alimentaria.

Igualmente, demandan que se simplifique el marco legal y se reduzcan las cargas administrativas innecesarias, tanto europeas, como nacionales y autonómicas, y que los productos procedentes de las importaciones cumplan con los mismos requisitos que la producción comunitaria. Por su parte, frente a la bajada del consumo, el sector pide mayor inversión en campañas de promoción, así como la eliminación del IVA en los productos pesqueros.

Por último, solicitan, tanto a España como a Europa, reflexionar y dar un giro a sus percepciones sobre sus sectores primarios de los que a su juicio debe sentirse orgullosa. Así, según manifiesta el sector, no se debe olvidar su carácter esencial y estratégico, tal como fue declarado durante la pandemia, al producir y hacer llegar de manera eficiente y sostenible a la población la proteína animal más saludable y con menor impacto de huella de carbono e hídrica. A este respecto, recuerda que las capturas pesqueras de nuestro país originan cerca de 10 millones de raciones de pescado saludables al día y más de 3.700 millones de comidas al año, que representan el 25% de la UE.

El sector también recuerda que es parte de la historia, la cultura, la tradición y la gastronomía nacionales, su capacidad de fijación población en zonas costeras y rurales y que, en calidad de “guardianes del mar”, es el más interesado en preservar los ecosistemas de los que depende su actividad. A este respecto, subraya que la gran mayoría de las poblaciones del Atlántico Nordeste se encuentra en niveles de Rendimiento Máximo Sostenible (RMS), tras la reducción un 50% de la presión pesquera en los últimos 13 años y que, según la CE y el Consejo Internacional de Exploración del Mar (CIEM), más del 99% de los desembarcos de poblaciones gestionadas por la UE se pescaron de forma sostenible.

[1] Asociación Empresarial de Acuicultura Española (APROMAR), Confederación Española de Pesca (CEPESCA), Federación Nacional de Asociaciones Provinciales de Empresarios Detallistas de Pescados y Productos Congelados (FEDEPESCA) y Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP).