SECTOR PESQUERO EUROPEO RESPALDA PLAN DE LA UE PARA REVERTIR SITUACIÓN DEL MEDITERRÁNEO, PERO SE OPONE AL ESTABLECIOMIENTO DE CUOTAS

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El comisario de Pesca ha participado hoy en la asamblea general de Europêche

Madrid, 5 de mayo de 2017.- El sector pesquero europeo ha reiterado a Karmenu Vella, Comisario de Asuntos Marítimos y Pesca de la Unión Europea, su compromiso para revertir la situación de los stocks del Mediterráneo, pero se ha manifestado en contra del establecimiento de un sistema de TAC y cuotas, debido a la singularidad de la pesca de esta zona, caracterizada por una gran atomización de embarcaciones de pequeña escala y pesquerías mixtas que capturan numerosas especies.

Al margen de ello, Europêche, la patronal europea de pesca, ha manifestado a Vella su respaldo a la Declaración MedFish4Ever, la hoja de ruta para revertir la situación de los stocks del Mediterráneo firmada el pasado marzo por 13 países, entre ellos España. Según Javier Garat, presidente de Europêche, “estamos a favor de adoptar medidas de gestión, tales como la reducción del esfuerzo pesquero y la mejora de la selectividad, para recuperar las poblaciones del Mediterráneo, como ya hicimos con el atún rojo”.

La patronal europea también ha trasladado a Vella, que ha participado hoy en la asamblea general de esta organización junto a Roderick Galdes, presidente del Consejo de Agricultura y Pesca, su preocupación sobre distintos aspectos de la Política Pesquera Común (PPC), tales como la situación que creará la obligación de desembarque para las pesquerías mixtas, en especial en lo referente a las denominadas especies de estrangulamiento . Según el sector, esta situación afectará al suministro de alimento y amenazará la rentabilidad de las flotas, por lo que la patronal europea demanda excluir ciertas especies de la política de prohibición de descartes.

Europêche también ha insistido en que el sistema de doble sanción incluido en la propuesta de Reglamento para la gestión sostenible de las flotas pesqueras de larga distancia externas, podría poner en riesgo la actividad de más de 700 buques y 10.000 puestos de trabajo directos. Además, el sector cree que la disposición introducida por el Parlamento Europeo puede violar la privacidad de los datos, al revelar información confidencial, como los nombres y direcciones de los operadores y propietarios de los buques pesqueros, lo que no está permitido por el marco normativo vigente.