El sector pesquero español ha reiterado al Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social su solicitud para quedar exento de la obligatoriedad de fichar, tras la publicación del Real Decreto Ley 8/2019 del pasado 8 de marzo. El sector, que se ha reunido esta mañana con Ángel Allué Buiza, director general de Trabajo, ha presentado argumentos jurídicos por los que debe considerarse a la pesca excluida del ámbito de aplicación del Real Decreto.

Así mismo, le ha manifestado la imposibilidad práctica de dar cumplimiento a esta obligación, teniendo en cuenta las peculiaridades e imprevisibilidad de su actividad, sujeta a factores de difícil control, tales como los meteorológicos o la situación de la propia actividad pesquera. Ante los argumentos expuestos, el director general de Trabajo ha manifestado al sector su voluntad de estudiar los argumentos jurídicos planteados y analizar si el sector puede estar excluido.

El sector ha explicado las especificidades que se dan en la pesca de bajura, de altura y de gran altura, y que imposibilitan su aplicación. Entre otros, que la jornada de trabajo es ajena a la facultad de dirección de la empresa e incluso del patrón, puesto que hay trabajo cuando hay pesca; el sistema de retribución a la parte en la mayoría de los casos, donde el trabajador obtiene sus ingresos en función de los beneficios de la venta de las capturas, que son repartidos entre el empresario y los tripulantes; que los trabajadores están todo el tiempo en el centro de trabajo, pero no todo el tiempo trabajando o que existen muchas normativas diferentes en toda España que establecen los horarios de pesca de cada modalidad.

El sector, que estuvo representado por Javier Garat y Rocío Bejar, secretario general y secretaria general adjunta de la Confederación Española de Pesca (Cepesca); Basilio Otero y Jacinto Insunza, presidente y asesor jurídico de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP); y Antonio Marzoa, presidente de la Unión Nacional de Cooperativas del Mar (UNACOMAR), hará llegar en breve, por escrito, al director general de Trabajo los argumentos jurídicos que avalan su solicitud de exención.