El sector pesquero español, representado por la Confederación Española de Pesca (CEPESCA), ha trasladado a la secretaria general de Pesca del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), Isabel Artime, su profunda preocupación ante determinadas obligaciones previstas en la aplicación del nuevo Reglamento Europeo de Control de la Pesca, cuya entrada en vigor está prevista para el 10 de enero de 2026, y que, en su actual formulación, apunta el sector, resultan de difícil o imposible cumplimiento para una parte significativa de la flota que opera en caladeros nacionales, europeos e internacionales.

En concreto, el sector reclama, en sendos escritos remitidos al MAPA, que no se elimine el umbral mínimo de 50 Kg para la declaración de capturas en el Diario de Pesca Electrónico (DPE) y que no se establezca un límite horario fijo para la notificación previa de entrada a puerto. Según los pescadores, ambas medidas vulneran los principios de proporcionalidad, seguridad jurídica y control basado en el riesgo recogidos en la normativa comunitaria.

A juicio del sector, la eliminación del actual umbral mínimo de 50 Kg para la declaración de capturas supone una obligación técnicamente inviable para numerosas embarcaciones. La flota, asegura Cepesca, no dispone de sistemas de pesaje a bordo ni de medios que permitan identificar y cuantificar con precisión capturas de pequeño volumen por especie durante la faena.

Cabe recordar que, en la práctica, estas cantidades no se individualizan ni pueden estimarse con fiabilidad en el mar y solo se determinan tras el pesaje oficial en puerto. A juicio del sector, obligar a su declaración convierte el DPE en un ejercicio de aproximación sin base técnica, contradiciendo la propia lógica del Reglamento de Control, que reconoce expresamente que los datos consignados a bordo son estimaciones sujetas a márgenes de tolerancia.

El sector considera que la obligación de declarar capturas desde el primer kilogramo multiplicará exponencialmente el número de registros obligatorios por marea y el riesgo de discrepancias entre las estimaciones a bordo y los datos definitivos en puerto. Este efecto, apuntan los pescadores, tendrá un impacto sancionador desproporcionado, especialmente en relación con especies accesorias de escaso valor comercial y sin relevancia para la gestión de los stocks.

Desde el sector se advierte de que esta deriva sancionadora desviará el control pesquero hacia incumplimientos meramente formales, sin aportar mejoras reales en términos de conservación, trazabilidad o lucha contra la pesca ilegal.

Una obligación incompatible con la realidad operativa

Asimismo, en una segunda carta remitida a Isabel Artime, Cepesca manifiesta su rechazo al establecimiento de un plazo horario fijo para la notificación previa de entrada a puerto. Aunque el Reglamento europeo fija con carácter general una antelación mínima de cuatro horas, la propia norma contempla expresamente la posibilidad de que los Estados miembros adapten este plazo a la realidad de determinadas flotas, atendiendo a la distancia a puerto y al tipo de actividad.

Según explica el sector, la flota de bajura española opera, en muchos casos, a muy corta distancia del puerto, con mareas breves y con el arte “calado” hasta fases muy próximas a la entrada. En estos supuestos, la imposición de un límite horario rígido resulta materialmente imposible de cumplir, ya que la faena no ha finalizado y las capturas definitivas aún son desconocidas.

El sector alerta, además, de que obligar a los patrones a cumplimentar y remitir notificaciones electrónicas durante las maniobras finales de navegación y entrada a puerto incrementa de forma significativa los riesgos para la seguridad marítima, especialmente en puertos congestionados, con bocanas estrechas o en condiciones meteorológicas adversas.

Según los pescadores, “la experiencia práctica demuestra que esta situación ya ha generado incidentes y situaciones de peligro, al obligar al patrón –a menudo con tripulación mínima– a desatender funciones esenciales de gobierno y vigilancia para cumplir con un trámite administrativo que no mejora el control pesquero”.

Por todo ello, el sector pesquero solicita al MAPA que se mantenga un umbral mínimo operativo de declaración de capturas, al menos para determinadas flotas, modalidades o especies accesorias, o bien establecer un régimen simplificado para capturas de escaso volumen, así como no imponer un límite horario fijo para la notificación previa de entrada a puerto, siendo suficiente la comunicación previa a la llegada, en coherencia con el artículo 17.1 bis del Reglamento de Control. En definitiva, el sector pide que se aplique un enfoque proporcionado y adaptado a la realidad operativa de la flota, que garantice un control efectivo sin comprometer la seguridad marítima ni generar obligaciones de imposible cumplimiento.

Por último, desde Cepesca se reitera la disposición del sector a colaborar técnicamente con la Administración y a contrastar sobre el terreno, incluso mediante visitas a bordo, la operativa real de los buques pesqueros, con el objetivo de lograr una aplicación del Reglamento eficaz, realista y jurídicamente segura.

El sector pesquero español, representado por la Confederación Española de Pesca (CEPESCA), considera que el acuerdo alcanzado esta madrugada en Bruselas por el Consejo de ministros de Pesca de la Unión Europea sobre los Totales Admisibles de Capturas (TAC) y cuotas para 2026 representa el mejor resultado posible para la flota española del Mediterráneo en un contexto negociador muy adverso, marcado por propuestas iniciales de la Comisión Europea especialmente restrictivas y alejadas de la realidad socioeconómica del sector.

CEPESCA destaca el “alivio” que supone para los pescadores del Mediterráneo que la situación no se haya deteriorado, “más aun teniendo en cuenta la última propuesta de reducir a 9,6 los días de faena”. El acuerdo alcanzado en Bruselas permite mantener el mismo nivel de actividad que en 2025, con 143 días de pesca y sin la imposición de nuevas medidas adicionales. Para el sector, este resultado aporta estabilidad provisional, tras varios años de ajustes acumulados que han tenido un impacto muy significativo sobre la viabilidad económica de la flota.

Asimismo, destaca que se mantengan las posibilidades de pesca de gamba roja en 708,3 toneladas, aunque sean insuficientes, así como la relevancia del compromiso expresado públicamente por el Comisario de Pesca y Océanos de la UE, Costas Kadis, de abordar una revisión del Reglamento por el que se establece un plan plurianual para las pesquerías demersales en el Mediterráneo occidental, un marco normativo que, a juicio del sector, requiere ajustes para adaptarse mejor a la realidad biológica, económica y social de la flota.

El secretario general de Cepesca, Javier Garat, señala que “a los pescadores del Mediterráneo les hubiera gustado tener más días de pesca, porque además lo necesitan y lo merecen”, si bien subraya que, dadas las circunstancias, “mantener los días actuales y sin nuevas medidas es un resultado muy relevante”.

Atlántico

En el Atlántico, el acuerdo presenta un balance desigual en función de las especies. El sector señala como muy positivas las subidas de TAC en pesquerías de alto interés para la flota española, como el boquerón del Golfo de Cádiz (+60%), la anchoa del Cantábrico Noroeste (+8%) o el atún rojo, cuyo incremento permitirá a España disponer de 1.155 toneladas adicionales, hasta alcanzar un total de 7.938 toneladas.

En sentido contrario, el sector advierte del impacto negativo que tendrán determinadas reducciones. La cigala del Golfo de Cádiz sufre un recorte en torno del 50%, si bien Cepesca valora que el acuerdo incorpore una declaración conjunta de la Comisión Europea y de España que contempla la realización de un nuevo estudio científico con el fin de revisar el estado del stock y, en su caso, ajustar las cuotas a lo largo del año.

Asimismo, se han logrado moderar algunas propuestas iniciales, como en el caso del abadejo, cuya reducción se limita finalmente al 13%, frente al 26% inicialmente planteado, o del lenguado, que queda en un recorte del 9%, frente al 28% propuesto. Por el contrario, la bacaladilla mantiene la reducción prevista del 40%.

Especial atención merece la situación de la caballa, cuya gestión depende de la negociación entre la UE y los Estados costeros, entre otros Noruega, Reino Unido y las Islas Feroe. Ante la falta de acuerdo y la previsible reducción del 70%, se ha establecido un TAC provisional, aplicable entre el 1 de enero y el 30 de junio, que permitirá utilizar el 90% del 30% del TAC finalmente disponible, a la espera de que se cierre la negociación definitiva.

Con relación al listado del Océano Índico, la flota atunera de Cepesca lamenta haber sido “moneda de cambio”, y que finalmente Francia haya conseguido un reparto mucho más beneficioso a expensas de España que contaba con un histórico considerablemente más favorable. 

Por último, desde Cepesca se subraya que el acuerdo final introduce correcciones relevantes respecto a los planteamientos iniciales, especialmente en el Mediterráneo, como se mencionaba anteriormente, y señala que es fruto del trabajo político y técnico desarrollado por España, en coordinación con otros Estados miembros directamente afectados, como Italia y Francia. En este sentido, la organización agradece la labor desarrollada por el equipo negociador de nuestro país encabezado por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas y por la presidencia danesa del Consejo.

El sector pesquero español, representado por la Confederación Española de Pesca (CEPESCA), ha trasladado hoy a la Secretaría General de Pesca su rechazo a la propuesta de la Comisión Europea sobre el reglamento de posibilidades de pesca en el Mediterráneo para 2026. Asimismo, ha expresado su esperanza de que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación consiga el apoyo necesario entre los Estados miembros para impedir que esta propuesta prospere en el próximo Consejo de ministros de Pesca de la Unión Europea que se celebrará los días 11 y 12 de diciembre en Bruselas.

La propuesta, que limita la actividad a 9,6 días de pesca de media por buque al año, es considerada inasumible por el sector, ya que supondría la paralización de la flota española de arrastre que opera en el Mediterráneo.

En este sentido, CEPESCA, representada en la reunión por su vicepresidente para los caladeros del Mediterráneo y Golfo de Cádiz, José María Gallart, y por su secretario general, Javier Garat, subraya que el planteamiento de la Comisión no se corresponde con los avances constatados en las evaluaciones científicas más recientes, que muestran una mejora en el estado de los recursos pesqueros de la zona. Tampoco refleja, a su juicio, las promesas del comisario de los últimos meses en las que indicaba que había llegado el momento de reconocer el trabajo de los pescadores y compensarlo con más días de actividad.

A este respecto, el sector cuestiona que la Comisión haya utilizado la situación de la cigala como argumento principal para justificar esta reducción extrema del esfuerzo pesquero, ya que se trata de una especie que no ha tenido un papel relevante en el diseño ni seguimiento del plan de gestión vigente, y cuya inclusión resulta, a su juicio, desproporcionada y carente de suficiente fundamento científico. En el caso de la Comunidad Valenciana, por ejemplo, la cigala supone el 0,4% de las capturas y, en Cataluña, el 2,6%.

Asimismo, Cepesca advierte que el planteamiento actual de la Comisión ignora el impacto social y económico que supondría sobre las comunidades costeras del Mediterráneo español y no responde a los objetivos de equilibrio establecidos por la Política Pesquera Común. En este contexto, la organización considera que el próximo Consejo de ministros de Pesca será determinante para alcanzar un acuerdo que permita mantener la actividad dentro de un marco sostenible y basado en la evidencia científica.

Cabe recordar que, en 2025 la Comisión redujo el esfuerzo pesquero a 27 días de actividad por buque, una decisión también considerada drástica por el sector y que, posteriormente, fue modulada mediante la aplicación de medidas de gestión compensatorias, como ajustes en el tamaño de las mallas y vedas, lo que permitió ampliar la actividad anual por buque a aproximadamente 130 días.

Por último, el sector recuerda que ha participado activamente en la aplicación de medidas de gestión y control, y que el mantenimiento de la actividad debe conciliar sostenibilidad biológica con viabilidad socioeconómica, evitando decisiones que abocan a la desaparición de la flota y su tejido socioeconómico.

Los programas ‘Españoles en la Mar’ de Radio Exterior de España – RNE, y ‘Tierra y Mar’ de Canal Sur Televisión, han sido reconocidos en la VII edición de los Premios de Periodismo y Sector Pesquero Español, organizados por la Confederación Española de Pesca (CEPESCA). Concretamente, han conseguido los galardones de “Mejor Labor de Difusión del Sector Pesquero Español” y “Mejor Labor de Difusión sobre Sostenibilidad y Medio Ambiente en la Pesca”, respectivamente.

El premio a ‘Españoles en la Mar’ reconoce la labor informativa y de divulgación del programa de Radio Exterior de España que en 2024 celebró su centenario. Por su parte, el jurado ha valorado a ‘Tierra y Mar’, “por ser un espacio veterano y emblemático de Canal Sur Televisión destacando la perspectiva de desarrollo sostenible con la que el equipo del programa aborda sus informaciones”.

Los premios de CEPESCA, cuyo acto de entrega de galardones se ha celebrado en el Salón de Actos de la sede del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, también ha distinguido a los periodistas Nuria Verde y Carlos Manso, de RTVE y La Información Económica, respectivamente.

La periodista y también escritora, Nuria Verde, ha sido ganadora en la categoría “Premio Amador Suárez – Mejor Artículo sobre el Sector Pesquero” con el reportaje audiovisual “Mujeres: un 63 % de la fuerza laboral del marisqueo”, emitido en el programa ‘Objetivo Igualdad’ de RTVE. A juicio del jurado, “el reportaje muestra el papel relevante de la mujer en el marisqueo y el sector pesquero en su conjunto, así como su escalada en los órganos de decisión pesquera, además de abordar temas relacionados y cruciales como la falta de relevo generacional que sufre el sector”.

El premio en la categoría “Mejor Artículo sobre Sostenibilidad y Medio Ambiente en la Pesca” ha correspondido a Carlos Manso, periodista de La Información Económica, por el artículo “La flota pesquera busca su ‘etiqueta verde’ con alternativas rentables frente al gasoil“, por ofrecer al lector una fotografía certera de uno de los retos más difíciles que Europa ha planteado a su flota pesquera: la descarbonización de su actividad para alcanzar su neutralidad climática (cero emisiones de CO2) en 2050. El jurado ha valorado “la agilidad y amenidad del texto, así como la variedad de fuentes consultadas para ofrecer una visión global y desde distintos prismas”.

Por su parte, el fotoperiodista Alexandre Zunzarren, conocido como Ale Megale, ha sido el ganador en la categoría “Mejor Fotografía del sector pesquero” con la instantánea submarina “Baño con el Gran Rojo” que muestra a un bañista fotografiando a un ejemplar de atún rojo en las instalaciones de Balfegó en L’Ametlla de Mar (Tarragona). La imagen ilustra el reportaje “Tuna Tour, la experiencia de Balfegó que permite nadar entre 650 atunes rojos”, publicado en el suplemento ‘Fuera de Serie’ del diario Expansión.

Los cinco galardonados han recibido el premio de manos de la secretaria general de Pesca, Isabel Artime, que ha incidido en la importancia del trabajo de los profesionales de la información para dar a conocer la dimensión de la actividad que desarrolla la flota de pesca española.

Relevo generacional, mentira plant-based, pesca de arrastre e innovación

Por su parte, Rosa Figueroa, directora del Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC); Ramón de la Figuera, director general de Pesca Sostenible del MAPA; Elías Suárez, presidente y consejero delegado de Krustagroup y Julio Morón, presidente de Cepesca y director gerente de Opagac, han entregado los diplomas a los periodistas finalistas.

Los finalistas en la categoría “Premio Amador Suárez – Mejor Artículo sobre el Sector Pesquero” han sido Jorge Garnelo de Faro de Vigo con su artículo Larga vida a la gente del mar , y Fran Sánchez y Andrea Muñoz, periodistas de El Confidencial, que firman el artículo La gran mentira de los productos veganos: ni mejores para la salud ni respetuosos con el medioambiente, que trata un tema tan actual como son las alternativas vegetales al pescado y otros productos de origen animal.

Por último, en la categoría “Mejor Artículo sobre Sostenibilidad y Medio Ambiente en la Pesca”, los finalistas han sido los periodistas Laura Montero de ABC y Lara Villanueva de RNE. En el primero, titulado Corrientes de cambio en la pesca, Montero muestra el compromiso del sector pesquero español con la innovación y su continuo proceso de modernización. Por su parte, el trabajo de Lara Villanueva, Pesca de Arrastre, narra el embarque de la periodista en el barco de arrastre ‘Playa del Sol’ en la bahía de Almería y su visita a la Lonja de la ciudad.

Según Javier Garat, secretario general de Cepesca y presidente de Europêche, “el sector pesquero quiere destacar la labor de los medios de comunicación y la profesionalidad y calidad de su trabajo, cualidades con la que son capaces de trasladar a la sociedad, de manera sencilla y amena, la enorme complejidad que rodea a nuestra actividad. Con estos premios –acaba diciendo Garat–, el sector quiere reconocer esa labor y también el valor que tiene para proporcionar a la sociedad información veraz y contrastada, todo un tesoro en el ecosistema actual en el que se desarrolla el oficio de narrar la actualidad”.

El acto de entrega de los VII Premios de Periodismo y Sector Pesquero Español ha culminado con un cóctel en el que los asistentes han degustado diferentes productos pesqueros de los asociados de Cepesca: atún rojo de Balfegó, gamba roja de la OPP-71 de Almería, gambón austral de Krustagroup, merluza del pincho, pez espada y tintorera de la OPP Burela, y merluza del pincho de Puerto de Celeiro.

La Confederación Española de Pesca, Cepesca, aprovecha el Día Mundial de la Pesca para valorar, felicitar y agradecer a los pescadores y armadores del sector pesquero español sus esfuerzos y sacrificios de los últimos años, que han contribuido a que el 77,2 % de los desembarques mundiales, más de dos tercios del total, procedan de poblaciones de peces biológicamente sostenibles, según el Examen del estado de los recursos pesqueros marinos mundiales de 2025, de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Para la patronal, el sector pesquero español puede felicitarse especialmente por los buenos resultados obtenidos en zonas como el Atlántico Nordeste (FAO 27), donde el 86,6 % de las capturas desembarcadas proceden de poblaciones de peces gestionadas de forma sostenible, es decir, en niveles de rendimiento máximo sostenible. En el caso de los túnidos tropicales (rabil, patudo y listado), los datos son incluso mejores. El informe de la FAO señala que el 99% de las capturas desembarcadas en el mundo proceden de poblaciones de túnidos gestionadas sosteniblemente.

“Esto demuestra que los esfuerzos de los pescadores están dando sus frutos y, en el Día Mundial de la Pesca, tenemos que felicitarnos por ello. Está más que demostrado que donde se aplican buenas medidas de gestión, las poblaciones de peces se gestionan de forma sostenible. Por ello, nuestro objetivo es conseguir que el 100% de las poblaciones de peces estén bien gestionadas”, dice Javier Garat, secretario general de Cepesca.

Cabe recordar que, desde hace años, las flotas españolas aplican estrictos controles de captura, sistemas de seguimiento satelital, declaraciones de capturas electrónicas, vedas biológicas o medidas técnicas para mejorar la selectividad y el impacto de las artes de pesca, y colaboran de manera activa con las administraciones, los institutos científicos y las organizaciones internacionales para garantizar el buen estado de las poblaciones pesqueras.

Aprovechando el Día Mundial de la Pesca, la patronal recuerda también las bondades de consumir pescados y mariscos, sinónimo de salud, buena nutrición, gastronomía y felicidad. El pescado, especialmente los grasos como el atún, la sardina, la caballa o el salmón, es una fuente excelente de ácidos grasos omega-3 (DHA y EPA). Y los omega-3 ayudan en la producción y regulación de serotonina, dopamina, y endorfinas, neurotransmisores clave para el bienestar emocional.

Pero, además, el pescado es una de las mejores fuentes naturales de triptófano (aminoácido esencial) y vitamina D. Esta última juega un papel fundamental en la regulación del estado de ánimo al contribuir a la conversión del triptófano en serotonina. Y, por si esto fuera poco, el triptófano contribuye a mejorar la producción de melatonina, la hormona del sueño. Y dormir bien es clave para la felicidad y el bienestar general.

Por último, el sector, aprovecha esta celebración para recordar que, sin embargo, el consumo de los productos pesqueros en los hogares españoles registra caídas desde 2008 y aboga por el fomento de campañas que alienten e impulsen su consumo teniendo en cuenta sus beneficios para la salud. Según los últimos datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), en los últimos seis años se ha pasado de un consumo de 23,13 kilos por persona y año (2018), a 17,99 kilos en diciembre de 2024.

El español Iván López van der Veen ha sido reelegido presidente de la Coalición Internacional de Asociaciones Pesqueras (ICFA, por sus siglas en inglés), organización de ámbito mundial centrada en la defensa del sector pesquero en distintos foros internacionales, de la que forma parte la Confederación Española de Pesca (CEPESCA).

La designación de López van der Veen, por segundo año consecutivo, ha contado con la unanimidad de todos los miembros de ICFA, que agrupa a asociaciones pesqueras de 28 países de los cinco continentes. El presidente de ICFA desde 2024 es licenciado en Asuntos Internacionales y Economía, acumula 25 años de trayectoria en sector pesquero y tiene experiencia en Sudamérica, África y Europa en las áreas extractiva y de procesamiento de la actividad.

El presidente de ICFA actualmente ejerce como director general de Pesquera Ancora, empresa bacaladera sita en Vigo; es presidente de la Asociación Nacional de Bacaladeros (Agarba), del Consejo Consultivo de Larga Distancia de la Unión Europea y de la Alianza Europea de Pesca de Fondo (EBFA), además de ser miembro de la Junta Directiva de Europêche y vicepresidente de Gran Altura de CEPESCA.

López van der Veen acomete su segundo año de mandato en ICFA elevando el compromiso con el uso sostenible de los recursos marinos por su contribución a la seguridad alimentaria mundial y con las prácticas de conservación y gestión de la pesca basadas en la ciencia.

Según Iván López van der Veen, “es un honor que mis compañeros, miembros de la Coalición, me hayan designado de nuevo para presidirla. Asumo el cargo reiterando el compromiso de ICFA con el sector pesquero mundial y decidido a seguir trabajando en equipo por el futuro sostenible de nuestra actividad en sus tres vertientes: medioambiental, social y económica”.

La reelección se ha decidido durante la reunión de la Asamblea General de ICFA en Roma, en la que se han analizado los principales retos del sector pesquero a escala global. Así, en el encuentro se han abordado, entre otros asuntos, la importancia de la lucha contra la pesca ilegal, las estrategias y próximos pasos para la implementación del Acuerdo BBNJ (Biodiversidad más allá de la Jurisdicción Nacional), la promoción de la pesca de fondo a través de la innovación en artes y mejores prácticas, el capital humano en la pesca, la descarbonización de la flota y el valor nutricional de pescados y mariscos.

En este sentido, los miembros de ICFA han presentado a representantes de la Organización de Naciones Unidas para la Pesca y la Agricultura (FAO) el conjunto de herramientas, Seafood Nutrition Toolkit, diseñado para unir a la comunidad pesquera mundial en la promoción de los beneficios para la salud que tienen los productos pesqueros y la lucha contra la desinformación y las noticias falsas. En la reunión con los representantes de FAO también se ha profundizado en asuntos internacionales de interés como el mencionado Acuerdo BBNJ, la demonización de las artes de pesca y los desafíos del comercio internacional.

En el marco del proyecto Redes de España, que desarrollan la Confederación Española de Pesca (Cepesca), el Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG) y la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP), el próximo 24 de octubre se llevará a cabo, en la Playa del Parador de Mazagón en la Costa de la Luz (Huelva), una nueva actividad de limpieza, sostenibilidad y economía circular.

La acción, denominada ‘Tejer orillas’, se desarrollará nuevamente junto con la Asociación Amigos y continua con las tareas de recogida y clasificación de residuos, reforzando la sensibilización ambiental y el compromiso con la protección del entorno costero, objetivos de Redes de España.

La nueva jornada ‘Tejer orillas’ arrancará con una charla impartida por María Hortigosa de la Asociación Amicos para difundir los principios de la economía circular y el reciclaje, incluyendo la identificación y el procedimiento adecuado de reciclaje de los distintos residuos que se pueden encontrar en las playas, así como de aquellos con los que tratamos en la vida diaria.

La limpieza de la Playa del Parador de Mazagón tendrá lugar tras la llevada a cabo el pasado 1 de octubre en la Playa de Nerga y en la que se retiraron y clasificaron más de 12 Kg de plásticos, papel, restos pesqueros (maderas), colillas y vidrios.

A esta primera jornada ‘Tejer orillas’ siguió la jornada ‘Tejer el cambio’, celebrada el pasado 2 de octubre en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Cangas. En el encuentro, inaugurado por la alcaldesa, Araceli Gestido, participaron diferentes asociaciones de Rederas de Galicia como Atalaia (A Guarda), O Cerco (Cangas), Virxe do Carme (Porto do Son), la Federación Gallega de Rederas O Peirao y la Asociación de Rederas de Barbate (Amumabar), además de representantes de Cepesca, la FNCP y el CTAG.

La jornada sirvió, además, como espacio de diálogo y reflexión en torno al papel esencial de las mujeres en el sector pesquero, así como sobre las posibilidades de participación de estos colectivos artesanales en proyectos innovadores y tecnológicos. Durante el coloquio, las rederas compartieron conocimientos técnicos sobre los procesos de reparación y confección de redes incorporando su know-how al proyecto, contribuyendo a las soluciones del proyecto y a sus objetivos en el futuro.

Con estas acciones también se pone de manifiesto la importancia del cuidado del entorno costero, la reducción de microplásticos y la concienciación social sobre la gestión responsable de residuos, además de la labor de inclusión social de personas con discapacidad que desarrolla Amicos.

Según Nadia Moalla, responsable de Proyectos e Innovación de Cepesca, “con estas actividades, Redes de España reafirma su compromiso con un modelo innovador de trazabilidad, reciclaje y valorización de artes y redes de pesca descartadas (ARPD), ”. “El proyecto”, -explica Moalla- “promueve un sistema nacional de recogida y tratamiento con trazabilidad garantizada y salidas circulares hacia sectores industriales, acelerando la adopción de buenas prácticas en el sector pesquero”.

Hasta el momento, ya se han recogido cerca de 65 toneladas de artes y redes de pesca descartadas (ARPD) dentro del proyecto, cuyo objetivo es alcanzar las 100 toneladas.

El proyecto Redes de España se desarrolla con la colaboración de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través del Programa Pleamar, y está cofinanciado por la Unión Europea a través del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA).

El sector pesquero europeo, representado por Europêche, organización de la que forma parte la española Cepesca, mantuvo una reunión el pasado viernes en Bruselas con el comisario europeo de Pesca y Océanos, Costas Kadis.  La reunión sirvió para debatir los retos críticos que afronta la pesca europea, entre ellos, la financiación del sector, las posibilidades de pesca para 2026, las negociaciones con terceros países o las nuevas medidas de control.

Respecto a los presupuestos de la UE para el periodo 2028-2035, el sector volvió a expresar su disconformidad al comisario de que no exista un fondo específico reforzado para la pesca y le expresó su profunda decepción ante la propuesta de la Comisión Europea para el próximo Marco Financiero Plurianual (MFP), que prevé una reducción del 67% en los fondos reservados a la pesca, limitando la asignación a solo 2.000 millones de euros.

Igualmente, los pescadores mostraron su preocupación por la fusión de la financiación pesquera con otros fondos más amplios, ya que, a su juicio, expondría a los operadores a competir con industrias de mayor tamaño, quedando las decisiones en manos de los Estados miembros, “lo que inevitablemente generaría distorsiones y competencia desleal en el mercado común”.

En este sentido Europêche valora las conversaciones para buscar fórmulas que aumenten los fondos asignados a la pesca, tanto con el propio comisario Kadis, como con los Estados miembros, ya que “son fundamentales para que los pescadores puedan seguir invirtiendo en nuevas tecnologías, garantizar condiciones de trabajo más seguras y dignas, atraer nuevo talento a la profesión, liderar la transición hacia un futuro con bajas emisiones de carbono y mantener la competitividad en los mercados globales”.

Según Javier Garat, presidente de Europêche, “la propuesta actual es incoherente con las prioridades declaradas de la UE en materia de competitividad, resiliencia y seguridad alimentaria. La Política Pesquera Común –añade Garat–, es una de las pocas plenamente europeas por lo que despojarla de un fondo propio y completo no solo es incoherente, sino que supone, en última instancia, desmontar la propia política”.

Posibilidades de pesca para 2026

Europêche celebró la última comunicación de la Comisión, que reconoce la buena gestión de las poblaciones pesqueras de la UE, pero manifestó al Comisario la necesidad de abandonar los enfoques de capturas cero, mantener las cuotas accesorias y considerar los impactos socioeconómicos al fijar las cuotas de las especies clave, a fin de mitigar la severidad de los recortes propuestos. Igualmente apuntó la deficiencia de los datos que se utilizan a veces en la toma de decisiones.

Por lo que respecta al Mediterráneo, los pescadores destacaron los avances significativos logrados mediante la reducción del esfuerzo pesquero en más del 40% y la aplicación de estrictas medidas de gestión, e instó a conceder más días de pesca como compensación y a excluir a la gamba roja del Mediterráneo del sistema de cuotas.

En referencia al Atlántico Nordeste, Europêche, haciéndose eco de las recomendaciones de los Consejos Consultivos de la UE, subrayó que el asesoramiento del CIEM (Consejo Internacional para la exploración del mar) sigue siendo excesivamente cauteloso con muchas evaluaciones de poblaciones, basadas en datos limitados y supuestos “muy conservadores”, que penalizan injustamente al sector. Además, las propuestas de TAC cero para bacalao, eglefino y faneca tendrían consecuencias devastadoras para las comunidades costeras.

Alerta sobre las negociaciones pesqueras con el Reino Unido y Noruega

Europêche reafirmó su compromiso con la cooperación con el Reino Unido y acogió con satisfacción la prórroga de 12 años del acceso recíproco a las zonas de pesca, hasta 2038, pero advirtió sobre nuevas restricciones que podrían convertir este acuerdo en “papel mojado”.

En particular, la reciente designación de áreas marinas protegidas (AMP) en aguas escocesas y las propuestas de la Fase 3 de estas áreas, expulsarían a muchas embarcaciones de las aguas británicas. A juicio de los pescadores, muchos de estos cierres son injustificados y desproporcionados, ya que las flotas europeas sufrirían pérdidas económicas casi cinco veces mayores que las británicas que operan en las mismas zonas.

En el plano internacional, la organización expresó su profunda preocupación por el mal estado de las principales poblaciones pelágicas como caballa, arenque y bacaladilla, tras años de sobrepesca por parte de ciertos Estados costeros, en particular Noruega, Rusia e Islas Feroe.

Los pescadores solicitan que se. adopte una postura más firme: asegurar acuerdos de reparto justos y sostenibles mediante la diplomacia de alto nivel, presionar a través del mercado y aplicar medidas comerciales selectivas contra las prácticas no sostenibles. También insistieron en que las autoridades nacionales y de la UE deben explicar claramente que los límites de captura (TAC) propuestos se basan en asesoramiento científico, y por tanto son sostenibles. “Los consumidores, minoristas y el mercado en general deben seguir confiando, comercializando y consumiendo la caballa capturada por la flota europea, ya que sigue siendo una elección sostenible”.

Reglamento de Control Pesquero

El sector reconoció ante el Comisario los avances en la aplicación del Reglamento de Control, fruto del diálogo con la CE y de los ajustes introducidos para atender las preocupaciones de los actores implicados. No obstante, advirtieron que las normas propuestas sobre el pesado de las capturas siguen siendo inaceptables, y lamentó que las derogaciones adoptadas sobre el margen de tolerancia no sean aplicables en la práctica. La organización valoró el diálogo constructivo con el comisario Kadis y su gabinete para desarrollar soluciones viables a nivel técnico.

Petición de una propuesta “ómnibus”

Europêche acogió positivamente el impulso de la Comisión para simplificar las normas de la UE, pero advirtió que las grandes estrategias europeas y la revisión de la Política Pesquera Común avanzan demasiado despacio, sin que se prevea ningún impacto real antes de 2030.

En este sentido, el sector pidió una propuesta “ómnibus” urgente para reducir la burocracia y simplificar las normas pesqueras, subrayando que el sector agrícola ya ha disfrutado de reformas aceleradas. Todas las partes acordaron seguir trabajando en propuestas concretas.

Acuerdos de Libre Comercio: mercados abiertos no deben significar competencia desleal

Por último, el sector recordó al Comisario como la presidenta Ursula von der Leyen destacó que los pescadores se enfrentan a “altos costes de producción, excesiva burocracia y competencia desleal” en su discurso sobre el Estado de la Unión. Estas palabras, calificadas como inspiradoras por el sector, se contradicen, por ejemplo, con los nuevos acuerdos de libre comercio con Indonesia y Tailandia, que permitirán, apunta el sector, la entrada libre de aranceles de lomos de atún con estándares bajos, por lo que los pescadores han solicitado su exclusión o la imposición de estrictas normas de origen.

Igualmente, Europêche recordó a Kadis que en el nuevo acuerdo UE–EE.UU., la UE se enfrenta a un arancel del 15% sobre sus exportaciones de productos del mar, mientras que miles de toneladas de productos pesqueros estadounidenses entran en el mercado europeo sin aranceles. Este desequilibrio, manifestó el sector, ha afectado gravemente a las empresas europeas y ha creado cero oportunidades de negocio para las exportaciones de productos del mar de la UE. En este sentido, el sector instó a buscar exenciones arancelarias para los productos europeos del mar en la próxima ronda de negociaciones.

En el marco del proyecto Redes de España, que desarrollan la Confederación Española de Pesca (Cepesca), el Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG) y la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP), los próximos días 1 y 2 de octubre se celebran en Cangas (Pontevedra) las actividades ‘Tejer orillas’ y ‘Tejer el cambio’.

Concretamente, el miércoles 1 de octubre, de 16:30 a 18:30 horas, tendrá lugar la actividad ‘Tejer orillas’, que consistirá en la limpieza de la playa de Nerga. Esta actuación, que contará con la participación de la asociación Amicos, rederas y mariscadoras, está orientada a la recogida y clasificación de residuos y tiene el objetivo de sensibilizar, en especial en zonas Red Natura 2000, sobre la problemática que suponen las basuras marinas, además de promover buenas prácticas y visibilizar la cadena de gestión (recogida, clasificación y valorización).

La actividad ‘Tejer el cambio’ se desarrollará el jueves 2 de octubre, de 9:00 a 13:00 horas, en el Ayuntamiento de Cangas y servirá para presentar los objetivos, retos y resultados del proyecto Redes de España. El encuentro acogerá también un taller divulgativo con la participación de rederas, de Andalucía y Galicia, para difundir el valor de este oficio y las competencias técnicas que requiere, dar a conocer sus oportunidades de empleabilidad en el contexto actual, además de sensibilizar en materia de igualdad de género.

Según Nadia Moalla, responsable de Proyectos e Innovación de Cepesca, “el proyecto Redes de España, tras las jornadas de difusión y formación, da un nuevo paso con estas acciones que ponen el acento en las personas y en la importancia de la sensibilización y la colaboración. Con ellas, se materializa el compromiso del sector pesquero y de su cadena de valor con la innovación en la gestión de redes y aparejos en desuso, así como en la reducción de los residuos marinos, apostando por una economía circular real que, además, genere oportunidades de empleo verde y de desarrollo tecnológico.”

Redes de España continúa desarrollando un modelo innovador de trazabilidad, reciclaje y valorización de redes y aparejos de pesca descartados (ARPD) teniendo en cuenta el marco normativo vigente (incluyendo la Directiva (UE) 2019/904 y la Ley 7/2022) sobre la responsabilidad ampliada del productor. Este modelo contempla la clasificación de los diferentes tipos de artes de pesca y sus materiales, los protocolos operativos para su recogida, almacenamiento, transporte y tratamiento, así como las medidas de seguridad y control asociadas al proceso.

En el marco del proyecto se ha incorporado un sistema de trazabilidad que permite al comprador del componente final conocer la procedencia de la red o aparejo, identificando tanto el puerto de entrada como el barco de origen. Este sistema también incluye la toma de muestras, para su posterior análisis por el Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG), que se encarga de determinar la viabilidad del reciclaje, investigación para nuevos usos del material y así avanzar hacia su valorización.

El proyecto Redes de España se desarrolla con la colaboración de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través del Programa Pleamar, y está cofinanciado por la Unión Europea a través del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA).

El sector pesquero español, representado por Cepesca, ha iniciado el curso político expresando su inquietud por las consecuencias que puede tener para el sector el cambio de enfoque de Bruselas sobre los fondos para la pesca propuestos por la Comisión Europea (CE) dentro del Marco Financiero Plurianual 2028-2034. Concretamente, la propuesta no sólo los reduce en un 67% (de 6.100[1] a 2.000 millones de euros), sino que además pierden su especificidad al ser integrados en el Fondo Europeo para la Cohesión Económica, Social y Territorial, la Agricultura y las Zonas Rurales, la Pesca y el Mar, la Prosperidad y la Seguridad, junto a otras actividades.

Según el sector, esta aproximación diluye la identidad y personalidad de la actividad pesquera como sector económico y estratégico para la UE, aspecto muy negativo si se tiene en cuenta, por ejemplo, el grave problema de relevo generacional que padece. Igualmente, el sector recuerda que la pesca es una de las pocas políticas comunes de la UE, por lo que no entiende la ausencia de un presupuesto específico y cree que este enfoque debilitará la competitividad de la flota europea, encarecerá el precio de los productos pesqueros y aumentará la dependencia de las importaciones.

Además, apunta el sector, en la propuesta legislativa de la Comisión Europea, que establece en su artículo 10 un presupuesto único para agricultura y pesca, no se especifica a fecha de hoy cantidad alguna para el sector y demanda su concreción formal. Cabe recordar que, con 8.432 buques, 30.494 tripulantes y unas capturas de 765.638 toneladas (22% del total de la flota comunitaria), España es líder pesquero en la UE.

Según Javier Garat, secretario general de Cepesca, “tenemos por delante dos años de negociaciones y deseamos que, tanto nuestro gobierno como el de otros países con gran tradición pesquera, articulemos un frente común para garantizar una cofinanciación armonizada que permita abordar la modernización, la sostenibilidad y la seguridad de la flota pesquera en condiciones de igualdad entre estados miembros, única fórmula para que la pesca europea sea competitiva frente al mundo”.

Plan de acción urgente para las flotas de altura y gran altura

El sector también quiere hacer frente durante este curso político a los problemas de la flota de altura y gran altura y ha solicitado abordar un plan de acción urgente al Gobierno. Según el sector, estas flotas atraviesan una situación que califica como crítica debido a una acumulación de cinco factores “adversos”: recortes de posibilidades de pesca, competencia desleal de terceros países, falta de relevo generacional, alta fiscalidad y elevados costes de explotación.

Según el sector, este plan debería contener incentivos fiscales y laborales para las tripulaciones, facilitar la renovación y modernización tecnológica de la flota, promover políticas activas de formación y relevo generacional, impulsar la recuperación del consumo de productos del mar, reforzar los controles sobre importaciones pesqueras y una defensa firme de los intereses pesqueros de España.

Cepesca, que ha transmitido al Gobierno su preocupación por la pérdida de rentabilidad del sector pesquero español y de competitividad frente a las importaciones de terceros países, propone la creación de un Registro Especial para barcos y tripulantes de altura y gran altura, que permita establecer un marco con condiciones específicas de fiscalidad, seguridad social y operatividad adaptadas a su naturaleza internacional.

Según Julio Morón, presidente de Cepesca, “no tiene ningún sentido que nuestros pescadores se vean obligados a embarcarse en barcos de otras banderas porque el sistema fiscal español no es competitivo. Este hecho -añade Morón-, no puede seguir ocurriendo si queremos garantizar el futuro de la flota y de los productos pesqueros de calidad”.

Cepesca recuerda que estas flotas, que faenan en aguas internacionales y de terceros países, representan uno de los pilares estratégicos del sector pesquero español y que su viabilidad condiciona el abastecimiento de pescado, el empleo en los puertos base y la defensa de los intereses europeos en los caladeros exteriores.

Mediterráneo, negociación crucial en el mes de diciembre.

Otro de los temas acuciantes para el sector pesquero en el presente curso político lo constituye el Mediterráneo[2]  debido a que la situación, apuntan los pescadores, con una clara mejoría de las poblaciones de peces, debería traducirse en un aumento de los días de pesca y en la eliminación de las cuotas de gamba roja en el Consejo de Ministros de Pesca de la UE que se celebrará los días 11 y 12 de diciembre en Bruselas.

El sector pesquero español ha cumplido al 100% las exigencias de Bruselas, cambiando los copos de las redes en la práctica totalidad de la flota arrastrera (con un coste de 3.500 euros por embarcación con dos copos y 7.000 euros para las de cuatro copos) siendo ahora más selectivas o con la instalación de puertas voladoras en unas 200 embarcaciones.

Especialmente limitante resulta el TAC impuesto a la gamba roja, especie de referencia, dentro del plan plurianual para el Mediterráneo, “ya que si ya está sujeta a la gestión en base al esfuerzo pesquero, no tiene sentido que haya una doble medida, especialmente cuando la población se encuentra en buen estado. Lo lógico sería eliminar la cuota”, apunta el sector, que en 2025 dispondrá de un cupo total de gamba roja de 710 toneladas, lo que, a su juicio, obligará a muchos buques a tener que paralizar la actividad antes de que finalice el año.

Cabe recordar que, desde la entrada en vigor en 2020 del Reglamento Comunitario y del Plan Plurianual de Pesca Demersal (MAP), la flota del Mediterráneo ha perdido más de un 40% de sus días de actividad y un 20% de las capturas de gamba roja, recurso emblemático de estas pesquerías. A ello se sumó en 2024 la propuesta inicial de la CE de recortar un 79% los días de pesca, lo que habría dejado a cada buque con apenas 27 jornadas al año de media y que solo tras una dura negociación pudo reconducirse para mantener los días del comienzo del año anterior.

Nueva legislatura europea

Cepesca valora el tono dialogante del nuevo comisario europeo de Pesca, Costas Kadis, y las iniciativas como el Pacto Europeo del Océano, la Visión 2040 para la pesca o la revisión de la PPC. Sin embargo, insiste en que las palabras deben traducirse en acciones inmediatas que mejoren la situación real del sector.

El sector insiste en la desproporcionalidad y falta de rigor científico del cierre de 87 zonas a la pesca de fondo (arrastre, palangre y enmalle) en el Atlántico nordeste, medida que entró en vigor en octubre de 2022, teóricamente para proteger ecosistemas marinos vulnerables (EMV) y frente a la que, un mes después, Gobierno y OPP Burela interpusieron recurso, desestimados por el Tribunal General de la UE (TGUE) el pasado junio. Ante este fallo, el Gobierno ha vuelto a presentar en julio un recurso de casación ante el Tribunal de Justicia de la UE, con el objetivo de anular la sentencia del TGUE y revertir la prohibición, acción que Cepesca reconoce y aplaude.

[1] Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA), vigente hasta 2027.

[2] La flota pesquera española cerró 2024 con 8.432 buques en activo, de los que 2.198 faenan en el Mediterráneo, según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA). El segmento de arrastre sigue en retroceso: pasó de 992 barcos en 2023 a 862 en 2024, con 358 de ellos en aguas mediterráneas.

Javier Garat, secretario general de la Confederación Española de Pesca (CEPESCA) y presidente de Europêche, ha sido reelegido consejero del Comité Económico y Social Europeo (CESE) para el nuevo mandato de la UE (2025–2030), convirtiéndose en uno de los 21 consejeros españoles de los 329 miembros que componen este organismo. Además, al ser el único miembro que representa los intereses de la pesca en esta entidad, el sector asegura su representación en ella.

La reelección ha coincidido con su nombramiento como ponente del dictamen del CESE, clave para el sector pesquero, sobre la propuesta de Reglamento por el que se establecen las condiciones para la ejecución de la ayuda de la Unión para la Política Pesquera Común, el Pacto Europeo por el Océano y la Política Marítima y de Acuicultura.

Garat también será miembro del grupo de estudio para analizar el Reglamento por el que se establece el Fondo Europeo para la Cohesión Económica, Social y Territorial, la Agricultura y las Zonas Rurales, la Pesca y el Mar, la Prosperidad y la Seguridad para el período 2028-2034, que pretende sustituir al actual instrumento financiero, el Fondo Europeo Marítimo, de la Pesca y de la Acuicultura (FEMPA), vigente hasta 2027.  Todo ello afianza el peso de Garat como representante del sector pesquero en Bruselas.

La renovación de Garat reconoce su activa participación en este órgano consultivo de la UE en el anterior mandato (2020 – 2025). Durante ese período, Garat ha sido ponente o formado parte de los grupos de estudio o comisiones de más de treinta dictámenes, destacando su papel como ponente en los relativos al Pacto Europeo del Océano,  a la descarbonización de la flota pesquera, al plan de acción de la UE para proteger y restaurar los ecosistemas marinos en pro de un pesca sostenible y resiliente o los referentes a la transposición a la normativa europea de las recomendaciones de varias Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera, entre otros.

Así mismo, como miembro del CESE, ha participado en numerosos foros y conferencias defendiendo siempre una visión de la actividad pesquera equilibrada entre sostenibilidad ambiental, viabilidad económica y justicia social para las comunidades costeras de la UE.

La reelección de Garat coincide con un momento clave para el sector pesquero español y europeo, del que nuestro país es líder en la UE, ante los desafíos, pero también nuevas oportunidades que enfrenta. Así, cabe recordar, la propuesta de la Comisión Europea sobre el nuevo Marco Financiero Plurianual, el proceso de descarbonización que debe afrontar la flota o la revisión de la Política Pesquera Común.

A ello se suma la necesidad de incrementar la competitividad de la actividad pesquera europea frente a otras flotas y, en un entorno internacional altamente inquietante, la creciente presión espacial debido al auge de las energías renovables marinas, la expansión de las áreas marinas protegidas, el descenso del consumo de los productos pesqueros o la falta de un relevo generacional robusto que asegure el mantenimiento de la actividad.

Sin embargo, a juicio de Javier Garat, “iniciativas como el Pacto Europeo por el Océano y la Visión 2040 para la pesca ofrecen una oportunidad única para reorientar las políticas hacia una gobernanza más equilibrada que reconozca el papel estratégico de la pesca en la seguridad alimentaria, la economía azul y la resiliencia de las comunidades costeras. La pesca –agrega Garat–, es una actividad históricamente compleja y desafiante y mucho más en el contexto internacional actual. Por eso –acaba diciendo–, desde mi posición, es todo un privilegio poder contribuir a superar cualquier obstáculo”.

El sector pesquero español, representado por CEPESCA, ha solicitado al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que España defienda con firmeza en el Consejo Europeo un fondo específico y reforzado para la pesca dentro del Marco Financiero Plurianual 2028-2034. En la reunión mantenida hoy y en la que también han participado otras organizaciones representativas del sector, se ha acordado establecer un frente común para la defensa de esta reivindicación.

Cabe recordar que la asignación propuesta por Bruselas para la pesca se limita a 2.000 millones de euros frente a los 6.100 millones del actual Fondo Europeo Marítimo de Pesca y Acuicultura (FEMPA, vigente hasta 2027), lo que supone un recorte del 67% en un contexto en el que, además, el presupuesto general de la UE se incrementa. Además, en la reunión Cepesca ha alertado a Planas de que, en la propuesta legislativa de la Comisión Europea, que establece en su artículo 10 un presupuesto único para agricultura y pesca, no se especifica a fecha de hoy cantidad alguna para el sector y demanda su concreción formal.

Según los pescadores, la fusión de presupuestos con otros conceptos relega a la pesca a un papel secundario, marginal y sin un instrumento financiero propio lo que, a su juicio, contradice las prioridades estratégicas de la UE, que proclama la necesidad de reforzar la competitividad y la autonomía estratégica de la Unión.

Por ello, el sector ha pedido también que el futuro marco presupuestario establezca dotaciones mínimas obligatorias para la pesca, de modo que los recursos no se diluyan en la competencia con otros sectores, y que garantice una cofinanciación armonizada que permita abordar la modernización, la sostenibilidad y la seguridad de la flota, en condiciones de igualdad entre Estados miembros.

Asimismo, durante la reunión los pescadores han insistido en la importancia de que España coordine su posición con otros países con gran tradición pesquera como Francia, Portugal, Italia o Irlanda, a fin de articular un frente común que garantice un trato justo para un sector esencial para la alimentación, el empleo costero y la autonomía estratégica de Europa.

El sector ha insistido en que la pesca constituye una de las pocas políticas verdaderamente comunes de la UE y que no se entiende una Política Pesquera Común sin un fondo específico, “ya que puede abrirse la puerta a que los recursos se diluyan”. A este riesgo se suma la posible alineación obligatoria con el Pacto Europeo del Océano, que orientaría parte de los recursos hacia sectores de la economía azul distintos a la pesca, como la energía marina, la biotecnología o la desalación.

Además, Cepesca ha advertido de que la ausencia de mecanismos obligatorios de cofinanciación para buques de más de 12 metros dejaría en manos de cada Estado miembro la decisión sobre estas ayudas, generando un riesgo evidente de competencia desleal en el seno de la propia UE.

Por último, la organización ha trasladado a Planas las graves repercusiones que tendría la desaparición de un instrumento financiero específico para la pesca, entre ellas la pérdida de empleo en comunidades costeras, el debilitamiento de la flota frente a la competencia internacional, la reducción de la producción pesquera europea con el consiguiente encarecimiento del pescado y el incremento de la dependencia de importaciones, así como una menor capacidad para cumplir los objetivos de sostenibilidad y transición energética.

El sector pesquero europeo, representado por Europêche, organización de la que forma parte Cepesca, junto con las organizaciones EBCD[1], AIPCE – CEP[2] , EAPO[3] y FEAP[4], ha hecho un llamamiento urgente a la Comisión Europea para impulsar el desarrollo de un Plan de Acción de la UE para los Alimentos Azules, dotado de apoyo institucional y financiero. El sector solicita que este plan sirva de eje estratégico para reforzar la seguridad alimentaria y la autonomía estratégica de la Unión, proteger la salud de los océanos, contribuir a la salud y el bienestar de los europeos a través de una mejor nutrición, generar nuevas oportunidades de crecimiento económico sostenible y de innovación en el sector pesquero y acuícola y reforzar la coherencia entre las distintas políticas europeas.

El sector ha vuelto a expresar esta petición en el evento «Alimentos azules para un futuro sostenible”, celebrado en el Parlamento Europeo, organizado por la Oficina Europea para la Conservación y el Desarrollo (EBCD) y acogido por la presidenta de la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo, Carmen Crespo Díaz.

El presidente de Europêche y secretario general de Cepesca, Javier Garat, intervino en el acto como ponente del dictamen “La visión de la sociedad civil para un Pacto Europeo por los Océanos”, del Comité Económico y Social Europeo (CESE), informando de que, en el mismo, este organismo “insta a la Comisión Europea a desarrollar un plan de acción de la UE para los alimentos azules antes de 2026, con el fin de integrarlos en las políticas y estrategias de alimentación y consumo. Este plan -añade- deber ser considerado un componente clave de la Visión para el Futuro de la Agricultura y la Alimentación, impulsando a su vez dietas sanas, saludables y de baja huella medioambiental y de carbono en Europa”.

En la reunión, el sector ha recordado que la UE importa actualmente más del 70% de los productos del mar que consume, lo que la hace dependiente de las fluctuaciones del mercado internacional y de riesgos geopolíticos. Por ello, señala, invertir en la producción pesquera sostenible propia y en la acuicultura responsable se presenta como una estrategia prioritaria para reforzar la autonomía estratégica de la UE.

Asimismo, los alimentos azules aportan nutrientes esenciales y proteínas de alta calidad, con una huella ambiental menor que otras fuentes de proteína animal, lo que los convierte en un elemento fundamental de la dieta sostenible promovida por la FAO y el informe EAT-Lancet.

Por todo ello, el sector pesquero insiste en que la UE debe aprovechar esta oportunidad para liderar la transformación global de los sistemas alimentarios azules, garantizando financiación y apoyo a la innovación, y consolidando su papel en la gobernanza internacional de los océanos. Y reclama a Bruselas que la Plataforma Europea de Alimentos Azules cuente con apoyo institucional y financiero, y se convierta en motor de investigación, innovación y nuevas inversiones que garanticen la competitividad de los pescadores, acuicultores y transformadores europeos.

El evento «Alimentos azules para un futuro sostenible” se enmarca en el debate europeo sobre el futuro de los océanos y la alimentación, y responde a la necesidad de alinear las políticas comunitarias con las iniciativas globales de sostenibilidad, al tiempo que se fomenta la investigación, la innovación y la inversión sostenible en los sistemas alimentarios acuáticos, la pesca y la acuicultura sostenibles y responsables.

Según Tim Heddema, vicepresidente de Europêche, “Europa necesita actuar con determinación para garantizar que los alimentos azules –pescados, mariscos y otros productos acuáticos– formen parte de la transición hacia un sistema alimentario más saludable, sostenible y resiliente. La creación de una Plataforma Europea de Alimentos Azules, en el marco del plan de acción –ha añadido Heddema–, es clave para coordinar esfuerzos, apoyar a pescadores y acuicultores, e impulsar la innovación que permita responder a los desafíos del futuro”.

[1] European Bureau for Conservation and Development (EBCD)

[2] European Fish Processor Association – European Federation of National Organisations of Importers and Exporters of Fish (AIPCE – CEP)

[3] European Association of Fish Producers Organisations (EAPO)

[4] Federation of European Aquaculture Producers (FEAP)

El sector pesquero español, representado por la Confederación Española de Pesca (CEPESCA), celebra la decisión anunciada por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), Luis Planas, de recurrir en casación ante el Tribunal de Justicia de la UE la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) que desestimó los recursos presentados por el Reino de España y la Organización de Productores Pesqueros (OPP) Puerto de Burela, con el respaldo de la Xunta de Galicia, contra el Reglamento de Ejecución 2022/1614 que cerró 87 zonas del Atlántico nororiental a las artes de fondo.

El sector aplaude esta decisión ya que entiende que representa un paso firme en la defensa de la racionalidad y proporcionalidad que deben ponderarse a la hora de adoptar medidas medioambientales que afectan directamente a la sostenibilidad socioeconómica de nuestras flotas.

El sector apunta que la sentencia del pasado 11 de junio ignoró la falta de diferenciación por tipo de arte de pesca, aplicando una única metodología para todas y sin tener en cuenta su impacto real. Cabe recordar que de los 16.500 km² cerrados a la pesca, un 32% son zonas de posibles Ecosistemas Marinos Vulnerables (VME) a proteger y el 68% restante se fundamenta en la atribución del modelo del arrastre a toda la actividad pesquera. La sentencia tampoco tuvo en cuenta ningún estudio de impacto socioeconómico, especialmente para artes de bajo impacto, como el palangre de fondo, usado mayoritariamente por la flota de Burela, que apunta unas pérdidas promedio de -32% en el volumen capturas de merluza de pincho por barco.  Además de Burela, hay otras localidades como Celeiro, Coruña, Vigo, Cedeira, Ribeira, Ondárroa y puertos asturianos que se ven seriamente afectados.

El sector añade que estos argumentos ya habían sido advertidos también por los principales organismos asesores de la Comisión Europea, el Consejo Internacional para la Exploración del Mar (CIEM) y el Comité Científico Técnico y Económico de la Pesca (CCTEP) y que la sentencia no tuvo en cuenta.

Según Javier Garat, secretario general de Cepesca, “esta decisión del Gobierno de España devuelve al sector una esperanza que nunca debió perderse. No estamos en contra de proteger nuestros ecosistemas, –apunta Garat–, pero sí exigimos que las decisiones se basen en datos científicos robustos, en una evaluación específica por tipo de arte y en una evaluación adecuada de su impacto económico y social”.

Desde Cepesca se destaca también la determinación de la OPP de Burela, cuya “valiente” defensa de la especificidad de su flota y de su modelo de pesca sostenible ha sido “ejemplar”.  La continuidad del proceso judicial abre la puerta a que tanto la Xunta como la propia OPP sigan defendiendo sus argumentos hasta el final del procedimiento.

Cepesca reitera su disposición a colaborar con las instituciones europeas para alcanzar soluciones de conservación eficaces, justas y realistas, y recuerda que “una protección medioambiental eficaz no puede lograrse a costa del abandono de quienes llevan generaciones cuidando y aprovechando sosteniblemente nuestros mares”.

El sector pesquero europeo, representado por Europêche, de la que forma parte Cepesca, quiere manifestar su profunda preocupación por las directrices del nuevo Marco Financiero Plurianual (MFP) de la Unión Europea para el periodo 2028–2034, que la Comisión Europea presentó ayer en Bruselas. El sector considera que la propuesta de la CE margina a la pesca, una de las pocas políticas verdaderamente comunes de la UE, que ha sido excluida incluso del título del nuevo Fondo Europeo de Prosperidad y Seguridad Sostenible Económica, Territorial, Social, Rural y Marítima.

Este nuevo instrumento financiero fusionará diversos programas, entre ellos el actual Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y Acuicultura (FEMPA) con otros fondos, incluidos los relacionados con agricultura, cohesión y desarrollo regional. Para el sector, esta propuesta envía una señal desalentadora a los pescadores y a las comunidades costeras que dependen de esta actividad e ignora la importancia estratégica del sector pesquero.

El actual FEMPA, dotado con 6.100 millones de euros para el periodo 2021–2027, ya sufrió un recorte de 105 millones en la última revisión presupuestaria. Ahora, la propuesta de la Comisión limita la asignación específica para pesca a tan solo 2.000 millones de euros, pese a que el presupuesto general de la Unión Europea se incrementará de 1,2 a 2 trillones de euros.

Europêche advierte del riesgo de una “doble absorción” de los fondos pesqueros: por un lado, al integrarse en un instrumento más amplio, y por otro, al alinearse con los objetivos del Pacto Europeo del Océano. “Esto diluye su capacidad para responder a las necesidades reales del sector”, alertan. Además, el nuevo fondo podría destinarse a otros ámbitos de la economía azul, como la energía marina, la biotecnología o la desalinización, que competirían directamente con la pesca por unos recursos limitados.

Javier Garat, presidente de Europêche y secretario general de Cepesca, señala la incoherencia entre las grandes prioridades de la Comisión –como la competitividad, la resiliencia o la autonomía estratégica– y el trato que recibe el sector pesquero. “Esperábamos un apoyo ambicioso para una flota que garantiza dietas saludables, seguridad alimentaria y protección ambiental. En cambio, vemos cómo se debilita el respaldo a un sector que ya sufre altos costes operativos, escasez de tripulaciones, competencia internacional y un entorno normativo cada vez más complejo”, denuncia Garat.

La organización también advierte de las consecuencias de este recorte presupuestario: caída de la producción pesquera en la UE, precios más altos para los consumidores y una mayor dependencia de las importaciones alimentarias. “Una política de financiación restrictiva pone en peligro la soberanía alimentaria de Europa y el futuro de una flota moderna y sostenible. Las subvenciones deben fomentar la producción responsable, no alimentar estructuras burocráticas o investigaciones alejadas de la realidad del mar”, ha remarcado Garat.

Además, el sector denuncia la falta de normas claras sobre cofinanciación para buques de más de 12 metros y la ausencia de medidas financieras obligatorias para afrontar los desafíos de la pesca, dejando en manos de los Estados miembros la decisión de apoyar –o no– a sus respectivas flotas, generando desigualdad entre países y rompiendo la equidad dentro del mercado único.

Cabe recordar que el Marco Financiero Plurianual (MFP) es el presupuesto a largo plazo de la UE, con una duración de siete años. No es solo una herramienta financiera, sino también una hoja de ruta política que refleja las prioridades estratégicas de la UE y cómo pretende abordar los desafíos comunes. El MFP actual, que cubre el periodo 2021–2027, ya ha sido revisado en dos ocasiones, la más reciente conllevando el mencionado recorte de 105 millones de euros al FEMPA.

El sector pesquero concluye haciendo un llamamiento urgente a los responsables políticos europeos: “Esto no es lo que se nos prometió. Seguiremos trabajando con el Consejo y el Parlamento Europeo para asegurar un fondo independiente, reforzado y adaptado a las necesidades específicas del sector pesquero europeo”.

El sector pesquero español, representado por la Confederación Española de Pesca (CEPESCA), ha transmitido al comisario de Océanos y Pesca, Costas Kadis, en un encuentro celebrado hoy en Vigo, su agradecimiento ante su disposición a introducir cambios que reconozcan la labor esencial del sector pesquero y le solicita avances urgentes en materias críticas.

En la reunión, Cepesca ha manifestado al comisario que el sector necesita respuestas rápidas ante ciertas situaciones. Si bien los pescadores han recibido con esperanza y entienden el carácter a largo plazo que tienen iniciativas como el Pacto Europeo del Océano, la Visión de la pesca 2040, la revisión de la Política Pesquera Común (PPC) o la futura campaña de promoción de los productos pesqueros, al tratase de acciones de largo recorrido que, en muchos casos, tardarán años en desplegarse sobre el terreno; consideran que existen asuntos prioritarios que requieren acción.

En este sentido, el sector pesquero ha presentado al comisario cinco cuestiones vitales: la revisión del reglamento de cierre de zonas a artes de fondo, la situación del Mediterráneo occidental, el futuro de los acuerdos de pesca con terceros países, el diseño del nuevo marco financiero de la UE y los actos delegados y de ejecución del Reglamento de Control.

Así y respecto a la aplicación del reglamento de ejecución que prohíbe el uso de artes de fondo en 87 zonas del Atlántico nororiental, el sector ha comentado la gravedad del impacto que está teniendo este hecho sobre la flota de palangre, a pesar de que este arte ha sido tradicionalmente considerado como uno de los más selectivos y sostenibles. De hecho, durante la reunión se apuntó que en 2013 y 2014, mientras se negociaba el reglamento de especies de aguas profundas (aprobado en 2016), los servicios de la DG Mare ponían como ejemplo al palangre como arte selectivo y con escaso impacto en el fondo marino.

Según apuntó el sector, en Burela, uno de los puertos de referencia para esta modalidad, las consecuencias son dramáticas. En 2024 las capturas por barco cayeron un 32% y los desembarcos totales un 38,84%, con pérdidas directas que afectan a más de 1.600 familias en una población de apenas 10.000 habitantes. Además, la medida está provocando una alteración del equilibrio entre flotas, con embarcaciones abandonando el palangre para dedicarse a otras artes, como la volanta, a fin de ser más rentables.

Ante esta situación el sector ha propuesto al comisario una interpretación técnica que excluya el palangre “piedra-bola” del ámbito del reglamento, considerándolo arte demersal, o una revisión urgente del reglamento de 2016 para modificar la clasificación actual de este arte.

Respecto al Mediterráneo occidental, el sector ha transmitido al comisario que “no se pueden seguir haciendo sacrificios si no hay recompensas a los ya realizados”. Los pescadores han manifestado que, tras seis años de esfuerzos, restricciones y cierres, las poblaciones de peces muestran signos de recuperación en el Mediterráneo occidental, pero que los pescadores están al límite de su viabilidad económica. Por lo tanto, apunta el sector, una nueva reducción de días de pesca sería insostenible. Cepesca ha solicitado al comisario que se pongan en marcha medidas correctoras y flexibilidad dentro del actual marco legal.

En cuanto a los acuerdos pesqueros con países terceros, el sector ha manifestado su preocupación por la posible parálisis que se puede producir en las nuevas negociaciones con países clave como Angola, Kenia, Tanzania o Guinea Conakri. Asimismo, ha lamentado la imposición de un paro biológico unilateral, en los meses de mayo y junio, para la flota marisquera por parte de Mauritania, sin base científica y al margen del protocolo vigente. También se ha insistido en la urgencia de autorizar la pesca de marisco en aguas de Gabón, apoyándose en los resultados de las campañas científicas realizadas por dos buques de Anamar, y se ha solicitado nuevamente una solución para la flota cañera que faenaba en Senegal.

En relación con la financiación, el sector defiende la creación de un fondo independiente y específico para la pesca dentro del futuro Marco Financiero Plurianual de la UE (2028-2034), que se presentará el próximo 16 de julio. El objetivo de la propuesta del sector es poder dar respuesta a los retos específicos de la pesca, especialmente en materia de descarbonización, modernización de la flota y mejora de las condiciones de trabajo a bordo.

Por último, Cepesca también ha llamado la atención sobre la necesidad de simplificar la aplicación del Reglamento de Control y sus actos delegados y de ejecución. En particular, en lo relativo a la excepción al margen de tolerancia para la flota atunera y la necesidad de designar con urgencia los puertos autorizados en terceros países en los que se podrán desembarcar las capturas de los cerqueros.

Según Javier Garat, secretario general de Cepesca, “hemos reiterado al comisario nuestra voluntad de diálogo y colaboración con la Comisión Europea.  Las promesas –añade Garat–, deben ir acompañadas de hechos concretos, medibles y a corto plazo. Solo así será posible mantener viva la confianza en las instituciones europeas, la esperanza de los pescadores y garantizar un futuro digno para miles de familias que viven del mar”.

La cadena de valor de la pesca y la acuicultura de nuestro país¹ suscribe las conclusiones del reciente estudio del Parlamento Europeo «Etiquetado de los sustitutos vegetales de los productos del mar: alcance y cuestiones en juego»_^2, que destaca el crecimiento de las alternativas vegetales al pescado y recomienda que las etiquetas de los alimentos diferencien claramente los sustitutos de origen vegetal de los pescados y mariscos auténticos, evitando nombres e imágenes engañosas que puedan confundir a los consumidores.

Entre sus principales conclusiones el informe del PE señala que el 45% de los productos analizados utiliza nombres ficticios que sugieren una relación con pescados y mariscos, y que solo el 13% proporciona suficiente información para aclarar qué es realmente el producto. Esta ambigüedad incumple el Reglamento de Información Alimentaria al Consumidor de la Unión Europea (Reglamento FIC – Food Information to Consumers)³, que establece que los alimentos no deben inducir a error, especialmente en lo que respecta a su naturaleza e identidad.

Asimismo, el estudio del PE revela el uso generalizado de estrategias de marketing engañosas y recomienda actualizar la legislación de etiquetado de la UE para garantizar que los consumidores reciban información veraz y precisa. En particular, el informe recomienda prohibir el uso de nombres comerciales de especies acuáticas en productos que no contengan pescado o marisco, una medida que evitaría eficazmente el engaño al consumidor.

La cadena pesquera apoya, además, las recomendaciones del PE referidas a modificar el Reglamento FIC para prohibir el uso de nombres de especies de pescado en productos que no lo contengan, aplicar normas de etiquetado más estrictas para los sustitutos de origen vegetal, garantizando una lista clara de ingredientes e información sobre el procesamiento, y promover los auténticos productos del mar de la UE mediante un Plan de Acción específico para los Alimentos Azules.

El sector coincide con el llamamiento del estudio a ir más allá de las etiquetas imprecisas de “origen vegetal” o “vegano”, promoviendo información clara sobre los ingredientes principales, el país de origen y el nivel de procesamiento. Según el sector, esto es especialmente vital en un mercado donde la imagen de salud que rodea a los productos vegetales puede ocultar la realidad: muchos de estos productos son ultra-procesados, ricos en sal o grasas, y contienen alérgenos o ingredientes como colorantes y conservantes.

Según manifiesta el sector, «no tenemos ningún problema con los nuevos productos alimenticios. La innovación forma parte de nuestro futuro común. Sin embargo, es importante llamar a las cosas por su nombre y no inducir al engaño. Los productos del mar europeos siguen siendo uno de los alimentos más nutritivos, sostenibles y bajas en huella de carbono. Son producidos y puestos en el mercado por profesionales cualificados, están estrictamente regulados y son fuente de proteínas de alto valor biológico y ricos en nutrientes esenciales, incluyendo Omega-3 natural».

Por todo ello, la cadena pesquera cree imprescindible mantener la confianza del consumidor y defender los altos estándares alimentarios europeos. “No se trata de productos vegetales frente a productos del mar. Se trata de la veracidad de la publicidad. Cuando un consumidor elige un producto, merece saber exactamente qué es, qué contiene y cómo se elabora. Este estudio proporciona una hoja de ruta constructiva para lograrlo”, apunta el sector.

Por último, cabe señalar que, el pasado junio, un grupo de 12 estados miembros de la UE, encabezado por Chequia y entre los que se cuenta España, ha instado a la Comisión Europea a presentar una propuesta legislativa para proteger las denominaciones de los alimentos de origen animal, con el objetivo de evitar su uso en productos de origen vegetal. Esta iniciativa busca ampliar la protección ya existente para los productos lácteos al conjunto de los alimentos de origen animal, con el fin de garantizar una mayor claridad para los consumidores y evitar un etiquetado que pueda inducir a error.

_{(1) Asociación de Fabricantes y Distribuidores (AECOC) Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas y Productos Transformados de Pescados y Mariscos (ANFACO-CYTMA), Asociación Empresarial de Acuicultura de España (APROMAR), Cooperativa de Armadores de pesca del Puerto de Vigo (ARVI), Asociación Española de Mayoristas, Importadores, Transformadores y Exportadores de Productos de la Pesca y Acuicultura (CONXEMAR), Federación Nacional de Asociaciones Provinciales de Empresarios Detallistas de Pescados y Productos Congelados (FEDEPESCA), Asociación de Empresarios Mayoristas de Pescados de Madrid (AEMPM), Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP) Confederación Española de Pesca (CEPESCA) y Pesca España}

_{(2) Parlamento Europeo (2025). Etiquetado de los sustitutos vegetales de los productos del mar: alcance y cuestiones en juego. Estudio para la Comisión de Pesca (PECH).}

_{(3) Reglamento (UE) n.º 1169/2011 sobre la información alimentaria facilitada al consumidor (Reglamento FIC).}

La Confederación Española de Pesca (Cepesca) ha celebrado por vez primera en su historia, una de sus Juntas Directivas en Bruselas, concretamente, el pasado 24 en la sede de la patronal europea Europêche de la capital belga. Con este gesto los pescadores españoles, a los que representa Cepesca, han querido acercar sus reivindicaciones al centro político en el que se toman las decisiones en materia de pesca en Europa, y con un foco especial en el cierre a la pesca de fondo en 87 zonas del Atlántico nororiental, en la defensa de la pesca de arrastre del Mediterráneo y de los acuerdos de pesca con terceros países. Los miembros de la Junta también mantuvieron reuniones con distintos partidos políticos y asistieron a la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo (PE) y a la Sección NAT del Comité Económico y Social Europeo (CESE).

En el PE, José María Gallart, vicepresidente de Cepesca para los caladeros Mediterráneo y Golfo de Cádiz, participó como ponente en el evento ‘El futuro de la pesca en el Mediterráneo Occidental: hacia una pesca económicamente sostenible y unas comunidades costeras prósperas”, organizado por el MAPA y por los grupos PPE y S&D, defendiendo la sostenibilidad de la pesca de arrastre del Mediterráneo y solicitó la revisión urgente del plan de gestión del Mediterráneo, que entró en vigor en mayo de 2020 y ha supuesto ya una reducción del 40% del esfuerzo pesquero en este caladero, de forma que si en 2019 un barco podía pescar una media de 230 días al año, ahora y tras el acuerdo para el cambio de mallas, son 130 días de media, lo que, de acuerdo con Cepesca, es inasumible.

Como expuso Gallart, “Andalucía es la comunidad pesquera más importante del Mediterráneo con sus 700 km de litoral, 13 núcleos pesqueros, 630 embarcaciones y casi 17.000 familias que viven de la pesca. La modalidad de pesca más importante en el Mediterráneo y columna vertebral del conjunto del sector”, -subrayó Gallart- “es la pesca de arrastre y de su supervivencia depende el futuro del conjunto del sector pesquero”.

Reuniones con PPE, EAJ-PNV, S&D y ECR Group

Cepesca también ha mantenido reuniones con la presidenta de la Comisión de Pesca del PE, Carmen Crespo, y con eurodiputados de los diferentes grupos políticos con representación en esta comisión. Concretamente, con el eurodiputado del Partido Popular Europeo (PPE), Francisco Millán Mon; la eurodiputada de EAJ-PNV, Oihane Aguirregoitia; el eurodiputado del Grupo Socialistas y Demócratas (S&D), Nicolás González; y la eurodiputada de ECR Group, Nora Junco.

Cepesca trasladó a todos ellos su posición respecto a diferentes asuntos de importancia capital para el sector pesquero español, incluyendo el antes mencionado plan de gestión del Mediterráneo y el cierre de 87 zonas a la pesca de fondo en Atlántico nororiental, tras la sentencia del Tribunal General de la UE que desestimó los recursos interpuestos al reglamento de ejecución por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) y la Organización de Productores Pesqueros (OPP) de Burela.

Según Javier Garat, “esta normativa debería de haber dejado fuera de su ámbito de aplicación al palangre de fondo, arte selectivo cuyo impacto en el fondo marino es mínimo y que había sido usado de ejemplo por la propia Comisión Europea en los debates previos a la aprobación del Reglamento que se aprobó en 2016 y que es el origen del Reglamento de Ejecución. El reglamento es desproporcionado, no tuvo en cuenta las consecuencias socioeconómicas ni las advertencias de los científicos del Consejo Internacional de Exploración del Mar (CIEM), que dejaban claro en sus informes que no se habían tenido en cuenta datos de la huella del palangre de fondo, sino solo del arrastre. Este hecho ha provocado impactos muy negativos en los armadores con buques de “pincho”, como los de Burela o Celeiro, cuyos volúmenes anuales de captura se han reducido en torno al 30% desde la entrada en vigor del cierre”.

“Es urgente”, – añade Garat- “que el nuevo comisario de Pesca y Océanos, Costas Kadis, reflexione sobre el impacto de estos cierres y proponga la revisión del Reglamento de Acceso a Aguas Profundas para dejar fuera de su ámbito de aplicación al palangre de fondo, tal y como pidieron la mayoría de los grupos políticos representados en el Parlamento Europeo”.

La delegación de Cepesca también trató en estos encuentros la revisión de la Política Pesquera Común (PPC), los acuerdos de pesca de la UE con terceros países y la participación de la UE en las Organizaciones Regionales de Pesca (ORP), así como los actos delegados y de ejecución del Reglamento de Control.

Aprobados los dictámenes BBNJ y ORP en sección NAT del CESE

Por último, Cepesca, junto con el director general de Europêche, Daniel Voces, también acompañó a Garat, en calidad de miembro del Comité Económico y Social Europeo (CESE) en la reunión de la Sección de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente (NAT) del CESE. En esta reunión se aprobaron los dictámenes sobre el Acuerdo sobre Biodiversidad Marina Más Allá de las Jurisdicciones Nacionales (BBNJ) y sobre las modificaciones de los Reglamentos relativos a la pesca internacional a la propuesta de la CE que transpone al derecho de la UE las medidas de conservación y control aprobadas por las Organizaciones Regionales de Pesca (ORP) y de los que Garat ha sido el ponente. Ambas propuestas han sido aprobadas por unanimidad, la primera, y con una sola abstención la segunda.

El proyecto Redes de España, puesto en marcha por la Confederación Española de Pesca (Cepesca), el Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG) y la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP), continúa desarrollando su modelo innovador de trazabilidad, reciclaje y valorización de aparejos de pesca descartados (ARPD). En los últimos meses se han hecho avances combinando la formación técnica especializada con la implementación de protocolos en puertos pesqueros del territorio nacional.

Desde el mes de marzo se han impartido formaciones dirigidas a organizaciones de productores, cofradías y representantes del sector pesquero, con el objetivo de dar a conocer el funcionamiento del sistema y facilitar la adhesión de nuevas entidades interesadas en colaborar con el proyecto. Estas sesiones se han celebrado en cinco puntos estratégicos del litoral español (Sanlúcar de Barrameda, Isla Cristina, Celeiro, Burela y Almería) y han servido para profundizar en los elementos clave del reglamento técnico de Redes de España.

Durante las jornadas se han abordado los principales aspectos del modelo desarrollado por el proyecto, como el marco normativo vigente (incluyendo la Directiva (UE) 2019/904 y la Ley 7/2022), la trazabilidad de los ARPD y la responsabilidad ampliada del productor, la clasificación de los diferentes tipos de artes de pesca y sus materiales, los protocolos operativos para su recogida, almacenamiento, transporte y tratamiento, así como las medidas de seguridad y auditoría asociadas al proceso. Además, se ha presentado la plataforma digital de trazabilidad, una herramienta esencial para el seguimiento en tiempo real del recorrido de cada red o aparejo desde su entrada en puerto hasta su valorización final.

En paralelo, Redes de España ha comenzado las recogidas de ARPD en puertos pesqueros y puesto en práctica los procedimientos técnicos para el tratamiento inicial de éstos cuando llegan a puerto. Esta fase contempla una serie de tareas clave para preparar los materiales para su posterior análisis y valorización.

El proceso incluye el estirado y la separación manual de los aparejos según sus distintos componentes, el lavado y limpieza individualizada de cada fracción para eliminar residuos, y su empaquetado y paletización para facilitar el almacenamiento y transporte. Con este despliegue técnico, el proyecto avanza hacia uno de sus principales objetivos: alcanzar la recogida de 100 toneladas de redes y aparejos descartados.

Uno de los principales avances del proyecto es la incorporación de un sistema digital de trazabilidad que permite hacer un seguimiento estructurado del material desde su recogida en puerto hasta su análisis final.

Este sistema establece diferentes etapas de identificación y control, asegurando una trazabilidad precisa en todo el recorrido del material, incluyendo la toma de muestras, que posteriormente son analizadas por el Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG), encargada de estudiar la viabilidad del reciclaje de las redes y de avanzar hacia su valorización final, a partir de criterios técnicos que garanticen la calidad y el aprovechamiento del material.

Con estas acciones, Redes de España refuerza su compromiso con la innovación en la gestión de residuos marinos, apostando por una economía circular real en el sector pesquero y generando nuevas oportunidades de desarrollo tecnológico y empleo verde en el entorno portuario.

El proyecto Redes de España se desarrolla con la colaboración de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través del Programa Pleamar, y está cofinanciado por la Unión Europea a través del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA).

El sector pesquero español, representado por la Confederación Española de Pesca (Cepesca), ha expresado su decepción tras la sentencia emitida ayer por el Tribunal General de la Unión Europea, que desestima el recurso interpuesto conjuntamente por el Reino de España y la Organización de Productores Pesqueros (OPP) de Burela contra la normativa de la Comisión Europea (CE) que establece prohibiciones de pesca de fondo en áreas que podrían albergar Ecosistemas Marinos Vulnerables (EMV).

El sector se suma así a lo expresado por la Alianza Europea de Pesca de Fondo (EBFA), organización presidida por el español Iván López y que representa a 20.000 pescadores de 7.000 barcos de 14 países europeos.

Según el sector, la sentencia respalda el enfoque controvertido de la CE para identificar y regular estas zonas. Concretamente, la CE no evaluó la fragilidad de los ecosistemas en función del tipo de arte de pesca utilizado; en particular, artes pasivos como el palangre demersal y empleado por los pescadores de la OPP de Burela, una de las partes que interpuso un recurso ante este tribunal, ni valoró las consecuencias de las medidas de conservación sobre la actividad pesquera y la vida económica y social.

Cabe apuntar, que en el caso de la flota de palangre de Burela, los volúmenes anuales de captura se han reducido por encima del 30% desde la entrada en vigor del cierre.

En este sentido, y según Javier Garat, secretario general de Cepesca, “debemos respetar las decisiones de los tribunales, pero estamos analizando y valorando qué opciones legales podemos utilizar para tratar de revertir la situación que está creando al sector una normativa que entendemos demasiado estricta y desproporcionada. También queremos reconocer la valiente decisión de la OPP Burela de impugnar estos cierres”.

El sector también lamenta que no se le haya incluido en el desarrollo de las soluciones necesarias para alcanzar los objetivos de conservación en las áreas designadas ya que, a su juicio, dejarle fuera sólo ha provocado impactos innecesarios y perjudiciales sobre las flotas pesqueras, en particular sobre la de palangre.

Por último, los pescadores manifiestan que “el camino escogido puede rectificarse” y hace un llamamiento al nuevo comisario de Pesca y Océanos, Costas Kadis, para reflexionar sobre este resultado y revisar con urgencia el Reglamento de Acceso a Aguas Profundas, de manera que se respete tanto la protección medioambiental como la viabilidad de las comunidades pesqueras responsables.

El sector pesquero español, representado por Cepesca, valora la publicación del Pacto Europeo del Océano y se suma a la realizada por Europêche y por la Alianza Europea de la Pesca de Fondo (EBFA). Las tres organizaciones consideran que se trata de una iniciativa estratégica que marca el rumbo hacia un futuro marítimo resiliente y sostenible para la Unión Europea.

Cepesca subraya la importancia de que el Pacto Europeo del Océano reconozca la pesca como sector económico esencial en el marco general de la gobernanza marina. Para la flota española, como para toda la europea, esto representa un gran avance para mejorar la competitividad del sector, aumentar la producción sostenible de productos pesqueros e impulsar la innovación tecnológica, a la vez que se protegen los océanos sanos y se apoya el desarrollo de las comunidades costeras.

Además, Cepesca celebra el impulso que da el Pacto a la investigación marina, la innovación tecnológica y la revisión de la Directiva Marco sobre la Estrategia Marina, recordando la importancia de una gestión caso por caso y basada en la ciencia de las áreas marinas protegidas.

En este sentido, el sector destaca una serie de medidas incluidas en el Pacto y coincidentes con las prioridades de la actividad pesquera, entre ellas, la ‘visión 2040 para la pesca y la acuicultura’ que, junto con la revisión estratégica de la Política Pesquera Común (PPC), pretende garantizar un sector competitivo y resiliente, contribuyendo a la seguridad y soberanía alimentaria. También el desarrollo de una ‘campaña de comunicación en la UE sobre los productos alimenticios marinos’, dando así respuesta parcial a la reivindicación del sector de contar con un plan de acción europeo para los «alimentos azules».

Igualmente, el sector valora la introducción de una Estrategia Industrial Marítima que fomente las sinergias entre los actores de la economía azul e impulse la innovación, la inversión y el crecimiento sostenible, así como la estrategia específica para el Desarrollo y la Resiliencia de las Comunidades Costeras en 2026, que refuerce el papel social y económico crucial de la pesca en el mantenimiento de unas zonas costeras “vibrantes”.

Por último, los pescadores valoran la inclusión dentro del Pacto del Océano, del ‘refuerzo de la acción exterior de la UE en materia pesquera’, incluyendo una nueva generación de acuerdos de colaboración para la pesca sostenible (ACPS); la introducción de una ‘estrategia de renovación generacional azul’, que dé garantías a la viabilidad a largo plazo del sector; la revisión de la Directiva Marco sobre la Estrategia Marina para acelerar la consecución de los objetivos ambientales, simplificar la aplicación y reducir la carga administrativa, y el ‘desarrollo de una estrategia de investigación e innovación oceánica’.

Según Javier Garat, secretario general de Cepesca y presidente de Europêche, “este Pacto ofrece una oportunidad para alinear la política pesquera con un modelo moderno e integrado de gobernanza oceánica. Valoramos especialmente la ‘Visión 2040’ para la pesca y la acuicultura, y el plan para atraer nuevas generaciones al sector”.

Medios financieros suficientes y preocupación por el anexo

No obstante, el sector pesquero también ha expresado su preocupación por la falta de recursos financieros adicionales que respalden la aplicación de los objetivos del Pacto. Si bien los instrumentos actuales de la UE, como el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA), proporcionan apoyo para la investigación, cooperación científica y políticas pesqueras sostenibles, apunta el sector, el actual presupuesto resulta insuficiente para la magnitud requerida por el Pacto. Para paliar esta situación, el sector pesquero reclama reforzar y ampliar el FEMPA en el próximo Marco Financiero Plurianual 2028-2034, así como poner en marcha un plan específico de modernización y renovación de la flota pesquera europea.

Por otro lado, a pesar de las aparentes buenas intenciones del texto de la Comunicación, Cepesca muestra su preocupación por que, mientras que el texto principal se refiere a una «posible revisión de la Política Pesquera Común (PPC)», el anexo se basa en objetivos obsoletos de 2020. Un problema similar se plantea con las políticas ambientales, donde hay un retorno a las narrativas que describen a la flota pesquera, en particular a la pesca de fondo, como la actividad más dañina para el fondo marino. Esto suscita preocupación por la reintroducción de estrategias ampliamente criticadas de la anterior legislatura, de las que la nueva Comisión ha señalado su intención de alejarse. Tales inconsistencias generan confusión y frustración dentro del sector. En este sentido, Cepesca considera un grave error incluir en el anexo la mención al Plan de Acción Marino de la UE, que pretende, como una aspiración, la eliminación gradual de la pesca de fondo en las Áreas Marinas Protegidas (AMP) para 2030.

En este sentido, Javier Garat ha declarado que “el Pacto establece un nuevo marco diseñado para racionalizar la coordinación, simplificar las obligaciones de información, aplicar mejor la legislación vigente y alcanzar los objetivos políticos intersectoriales. Sin embargo, la ambición debe ir acompañada de recursos adecuados y de un alejamiento de la retórica negativa sobre el sector pesquero. Esperamos que la aplicación de las acciones propuestas se guíe por el objetivo de reforzar la competitividad y la resiliencia del sector pesquero, garantizando un suministro estable para el mercado de la UE.”

El español Javier Garat, secretario general de Cepesca y presidente de Europêche, presentó ayer ante la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo (PE) el dictamen “Recomendaciones de la sociedad civil para un Pacto Europeo de los Océanos”, aprobado el pasado marzo por el Comité Económico y Social Europeo (CESE) por abrumadora mayoría, y del que el español también fue ponente. En su intervención en el PE, Garat subrayó la necesidad de que este pacto se construya sobre un enfoque integral que combine la sostenibilidad medioambiental con la competitividad económica y la equidad social.

Garat destacó la gravedad de los desafíos económicos, sociales y medioambientales, interrelacionados, a los que se enfrentan actualmente las comunidades costeras europeas, tales como el Brexit, la guerra en Ucrania o los fenómenos meteorológicos extremos cada vez más frecuentes, y cómo han impactado en las industrias marítimas, propiciando, por ejemplo, precios más elevados de la energía y las materias primas, y “tensionando al límite la economía azul europea”. A estos factores, hay que agregar, señaló Garat, la creciente carga regulatoria y la burocracia excesiva que lastran la competitividad del sector.

Desde un punto de vista social, Garat advirtió sobre el envejecimiento de la población costera, la migración juvenil y la escasez de mano de obra cualificada como amenazas directas a la viabilidad del tejido socioeconómico de las regiones litorales.

En materia medioambiental, reiteró la necesidad de mantener mares sanos, resilientes y productivos, preservando recursos naturales claves como los caladeros de pesca, y pidió a la Unión Europea (UE) evaluar y revisar sus políticas cuando sea necesario, especialmente en lo que se refiere a la Política Pesquera Común. El CESE considera que el compromiso 30×30 debe implementarse efectivamente, tanto a través de la creación y gestión de áreas marinas protegidas como de otras medidas eficaces de conservación en áreas pesqueras (conocidas como OECM).

Igualmente, Garat expuso que el CESE invita a la implementación de zonas de protección estrictas derivadas de la Estrategia de la UE sobre Biodiversidad de aquí a 2030, cuando así lo propongan las recomendaciones científicas y subrayó que los cierres deben realizarse caso por caso, considerando las particularidades de cada región y garantizando un equilibrio entre conservación y actividad económica. En este sentido, el dictamen recuerda que el Acuerdo de París (art. 2), señala que estos objetivos deben implementarse de manera que no amenacen la producción de alimentos.

Por lo que se refiere a las principales propuestas del dictamen, Garat enumeró medidas como la simplificación legislativa urgente –reducción del 25% de la carga normativa y del 35% en el caso de las pymes–, el impulso a la inversión e innovación en tecnologías sostenibles, y la creación de una Alianza Industrial para las Cadenas de Valor de la Economía Azul. Asimismo, defendió el refuerzo de la autonomía estratégica de la UE en sectores clave como la alimentación y la energía.

En el ámbito de la pesca y la acuicultura, el ponente abogó por el desarrollo de un Plan de Acción Europeo para los “alimentos azules” antes de 2026, que promueva una dieta saludable con baja huella de carbono y reduzca la dependencia de productos importados no sostenibles. Igualmente, exigió la mejora de los controles a estas importaciones para garantizar una competencia justa y la sostenibilidad global del sector.

En su intervención, Garat respaldó también la reciente creación por parte de la Comisión Europea (CE) de la Asociación para la Transición Energética en pesca y acuicultura, calificándola como una oportunidad para renovar la flota pesquera sobre un modelo más eficiente y sostenible.

En relación con la financiación europea, el Comité insta a un aumento en el FEMPA en el próximo marco presupuestario y que se cree una línea presupuestaria específica para la economía azul en el programa que suceda a Horizonte Europa.

Garat también resaltó la importancia de invertir en el desarrollo de capacidades y competencias específicas para la economía azul y mantener el compromiso de los jóvenes con sus comunidades. La formación y la certificación en los sectores marítimo, recreativo y pesquero deben armonizarse, garantizando el reconocimiento mutuo de los certificados en toda la UE para facilitar la movilidad laboral y mejorar la competitividad del sector.

Respecto a la lucha contra la contaminación y la basura marina, Garat mencionó que el dictamen del CESE recomienda fortalecer la regulación europea frente a fuentes terrestres de contaminación marina, como las descargas industriales y las aguas residuales, que introducen contaminantes orgánicos, químicos y farmacéuticos en los ecosistemas acuáticos, así como microplásticos y pellets.

Por último, Garat insistió en la necesidad de revisar la actual Política Pesquera Común (PPC). “Es necesario evaluar si responde a los nuevos desafíos, garantiza un equilibrio real entre biodiversidad, seguridad alimentaria y sostenibilidad económica, y adaptar sus instrumentos a una realidad en constante transformación”, concluyó.

El sector pesquero europeo, agrupado en Europêche, organización de la que forma parte Cepesca, valora el acuerdo alcanzado hoy entre la Unión Europea y el Reino Unido, que incluye la prórroga del acceso recíproco a las aguas de pesca hasta el año 2038 y a pesar de que aún no se conocen los detalles concretos.  

Según el sector, el acuerdo, que se formalizará en Londres por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el primer ministro británico, Keir Starmer, representa un paso constructivo hacia la estabilización de las relaciones pesqueras en la era posterior al Brexit, y sienta las bases para una cooperación a largo plazo.

Aunque el texto definitivo y las condiciones específicas de acceso están aún pendientes de concretarse, el acuerdo evidencia la voluntad compartida de fomentar la previsibilidad, el beneficio mutuo y una colaboración más estrecha en la gestión de los recursos marinos compartidos.

Según el sector, este pacto, que sustituye al mecanismo establecido hasta junio de 2026, aportará certidumbre para las comunidades pesqueras europeas que dependen del acceso a aguas británicas. A cambio, la UE y el Reino Unido han acordado medidas para aliviar las fricciones comerciales, incluyendo la simplificación de las normas y controles sanitarios y fitosanitarios, en beneficio de exportadores y consumidores.

El acuerdo pesquero forma parte de un paquete más amplio de cooperación entre la UE y el Reino Unido, que también incluye áreas como la energía y la defensa, y que señala el inicio de una colaboración estratégica a largo plazo. Europêche recuerda que el Acuerdo de Comercio y Cooperación de 2020, aunque políticamente necesario, supuso la pérdida del 25% del valor de los desembarques procedentes de aguas británicas para los pescadores europeos, lo que conllevó el desguace de parte de la flota comunitaria y la pérdida de empleos en varios Estados miembros.

Europêche agradece a la Comisión Europea, a los Estados miembros y al Parlamento Europeo el acuerdo ahora alcanzado con antelación al plazo límite de 2026 y lo considera una señal de unidad y de foco en trabajar para la viabilidad a largo plazo del sector pesquero europeo.

Según Daniel Voces, director general de Europêche, “se trata de un acuerdo con visión de futuro que garantiza la sostenibilidad y el beneficio mutuo a largo plazo. La prórroga del acceso a la pesca hasta 2038 -añade- ofrece estabilidad a nuestra flota y comunidades costeras y la reducción de barreras comerciales facilidad de acceso al mercado de la UE al Reino Unido, lo que es un claro ejemplo de lo que puede lograrse mediante una cooperación pragmática y constructiva”.

Europêche subraya que la colaboración continua y la previsibilidad son esenciales para una gestión sostenible de la pesca y para asegurar que los productos del mar sigan siendo una fuente competitiva, segura y accesible de alimentación tanto para los consumidores europeos como británicos. La organización confía en que el nuevo acuerdo, que conduce a un acceso recíproco pleno, abra una nueva etapa en las relaciones pesqueras entre la UE y el Reino Unido, permitiendo a ambas partes avanzar hacia la recuperación del acceso a la pesca de lanzón y fomentando una gestión constructiva del acceso mutuo a las aguas territoriales. Como dijo acertadamente el presidente del Consejo Europeo, António Costa: «Reino Unido y la UE miran hacia adelante, no hacia atrás».

Los cuatro buques que componen la flota cañera atunera vasca denuncian la ausencia de soluciones por parte de las administraciones, tanto española como europea, tras las cartas remitidas al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), Luis Planas, y al comisario europeo de Océanos y Pesca, Costas Kadis, manifestando la situación “insostenible” que mantienen desde hace seis meses. Concretamente, esta flota, agrupada en la asociación Dakartuna, integrada a su vez en Cepesca, se encuentra amarrada en el puerto de Dakar (Senegal) desde la expiración del acuerdo de pesca entre la Unión Europea y este país africano en noviembre de 2024.

La no renovación de este acuerdo ha dejado a estos buques en una situación de limbo legislativo, sin posibilidad de faenar ni de reubicarse en otros caladeros. La situación afecta directamente a unas 200 familias, entre tripulantes –una media de 17 por barco– y trabajadores indirectos que dependen de esta actividad. Según Miguel Ángel Solana, presidente de Dakartuna, “a pesar de haber tenido algunas reuniones con la Secretaría General de Pesca y de haber recibido unas ayudas de estado el año pasado para compensar los muchos años de pérdidas desde 2020, las cuales agradecemos, nos sentimos completamente frustrados, sin opciones y sin ayuda para seguir adelante o para cerrar dignamente una etapa que se ha vuelto inviable”.

Dada la situación actual, Dakartuna solicita ayudas urgentes que les permitan desplazarse a otros caladeros, como Costa Rica o Panamá, donde podrían acceder a la carnada viva y reactivar su pesca selectiva y tradicional basada en el arte de caña al cebo vivo. En caso de inviabilidad de esta alternativa, la asociación reclama al MAPA acceso a las ayudas previstas para el desguace, dado que los barcos cumplen con todos los requisitos legales exigidos por el Fondo Europeo Marítimo de Pesca y de Acuicultura (FEMPA).

La situación actual es el último episodio de una crisis que arrancó en 2020, cuando las autoridades senegalesas comenzaron a impedir el acceso de estos buques a la Bahía de Hann, lugar clave para proveerse de anchoa viva, indispensable para la pesca de caña con cebo vivo. Esta restricción, mantenida durante años, supuso en la práctica la imposibilidad de faenar, a pesar de que los armadores seguían cumpliendo sus obligaciones administrativas y económicas bajo el acuerdo de pesca vigente con la UE. A ello se sumó, en enero de 2022, la decisión unilateral de Senegal de dejar de expedir nuevas licencias, y finalmente, la no renovación del acuerdo, “dejando a la flota en un callejón sin salida”.

Dakartuna subraya que la situación actual pone en riesgo no solo una flota histórica, sino también un modelo de pesca sostenible y artesanal reconocido internacionalmente. “Necesitamos una respuesta inmediata. O nos ayudan a continuar o nos permiten cerrar con dignidad”, concluye Solana.

El sector pesquero español, representado por CEPESCA, ha trasladado hoy al comisario europeo de Pesca y Océanos, Costas Kadis, la necesidad de convertir en hechos sus mensajes, transmitidos desde que asumiera su cargo hace ya cinco meses, para fortalecer y respaldar a la flota pesquera europea: la necesidad de garantizar la viabilidad socioeconómica a igual nivel que la ambiental de la actividad pesquera y poner la ciencia sobre la mesa para tomar decisiones.

El sector, representado por Julio Morón, presidente de Cepesca, también ha transmitido al comisario, durante una reunión mantenida hoy en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), su inquietud por la brecha entre sus mensajes y las acciones de la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca (DG Mare) de la Comisión Europea (CE), un desfase que “está sembrando desconcierto y alimentando el temor a que, pese al cambio de discurso, se mantengan políticas que amenazan la supervivencia de las flotas y las comunidades costeras de Europa”.

En la reunión, el sector recordó a Kadis los asuntos que considera prioritarios para corregir el rumbo actual. Así, ha solicitado la revisión urgente del Reglamento del Mediterráneo para evitar una nueva reducción de días de pesca para la flota de arrastre y que permita recoger los frutos de los enormes sacrificios realizados en los últimos años por los pescadores, en vez de seguir castigando severamente a un sector que lucha por su viabilidad económica.

Asimismo, Cepesca ha pedido la revisión inmediata del reglamento que ordenó el cierre de 87 zonas a los artes de fondo, una medida adoptada sin la suficiente base científica y que ha afectado gravemente a modalidades de pesca de fondo como el palangre, poniendo en jaque a buena parte de la flota europea.

Otro de los grandes temas apuntados durante la reunión ha sido la necesidad de una revisión de la Política Pesquera Común (PPC), ya que, si bien se han conseguido avances significativos en el ámbito medioambiental, como la recuperación de numerosas poblaciones de peces bajo parámetros de Rendimiento Máximo Sostenible (RMS), en el plano socioeconómico el balance es alarmante: la flota europea se ha reducido en un 28%, el empleo en el sector ha caído un 33% y la rentabilidad permanece estancada.

Cepesca también ha recordado la necesidad de revisar la obligación de desembarque, cuya aplicación práctica se está demostrando inviable, así como la redefinición de la capacidad pesquera para permitir la modernización de la flota y su adaptación a los retos tecnológicos y de sostenibilidad que plantea el futuro.

En el ámbito administrativo, los pescadores han reclamado la implantación efectiva del compromiso de reducir la burocracia en un 25% y en un 35% para las pequeñas y medianas empresas. El sector ha solicitado saber cómo y cuándo se va a materializar esta simplificación, que se antoja vital para liberar recursos, mejorar la competitividad de las empresas pesqueras y facilitar su adaptación a los nuevos requisitos normativos.

En la reunión, el sector también ha expresado la necesidad de proteger la soberanía alimentaria europea y ha apuntado al comisario que, en un contexto en el que el 70% de los productos pesqueros consumidos en la UE provienen de terceros países, resulta contradictorio seguir adoptando políticas que debilitan la producción europea.

En este sentido, la organización ha instado a Kadis a adoptar medidas para fortalecer la producción interna y a exigir que los productos importados cumplan los mismos estándares de sostenibilidad, calidad y control que se imponen a las flotas europeas. En concreto, pide especial atención sobre los contingentes arancelarios, como los que afectan a los lomos de atún, y sobre la política comercial en relación con acuerdos con terceros países como Tailandia.

La dimensión externa de la política pesquera ha sido otro de los temas destacados en la reunión. Cepesca ha trasladado su preocupación por la falta de medios humanos y técnicos en la Dirección General para ejercer una política exterior pesquera coherente y efectiva, especialmente en el ámbito de las Organizaciones Regionales de Pesca (ORP), los Acuerdos de Pesca Sostenible (SFPA) y la Gobernanza Internacional de los Océanos. A juicio del sector, si la UE quiere defender sus intereses pesqueros en el escenario internacional, debe dotar de más recursos y capacidad a sus servicios técnicos.

Asimismo, Cepesca ha reclamado que el sector pesquero ocupe un lugar central en el futuro Pacto Europeo de los Océanos. En este sentido, ha manifestado al comisario que estará alerta ante la orientación que parece seguir la DG Mare bajo la influencia del ‘Blue Manifesto’, impulsado por organizaciones ecologistas, y que solicitará que la pesca, como actividad sostenible y fundamental para la seguridad alimentaria y el empleo en las zonas costeras, sea reconocida como un pilar estratégico en la política oceánica europea.

Finalmente, el proceso de descarbonización de la flota pesquera ha sido otro de los temas tratados. Cepesca ha subrayado en la reunión que, aunque la pesca europea representa apenas un 0,01% de las emisiones globales de CO2, el sector está dispuesto a contribuir al objetivo de neutralidad climática. Sin embargo, apuntó el sector, para lograrlo se necesita resolver los problemas tecnológicos, logísticos y legislativos que actualmente dificultan la modernización de las flotas, así como garantizar un acceso adecuado a financiación a través de instrumentos como el nuevo FEMPA.

El sector pesquero también expresa su agradecimiento al ministro Luis Planas por las gestiones realizadas para hacer posible el encuentro con el comisario Kadis, especialmente en unas circunstancias complicadas como las vividas ayer en España.

La conferencia “Guardianes del Océano”, celebrada el 3 de abril en el Parque Xrobb l-Għaġin y en el Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre, reunió a expertos internacionales, responsables políticos, pescadores y científicos para reforzar la cooperación regional y fomentar la innovación en la pesca sostenible y la conservación marina en el Mediterráneo.

El evento marcó un hito importante para LIFE OASIS, un proyecto cofinanciado por la Unión Europea que promueve la pesca sostenible, en particular de la llampuga (Coryphaena hippurus), y la protección de tortugas marinas, al tiempo que refuerza la resiliencia socioeconómica de las comunidades costeras de la región.

La Secretaria Parlamentaria de Malta para la Pesca y la Acuicultura, Dra. Alicia Bugeja Said, inauguró el acto destacando las nuevas políticas pesqueras del país, incluidas las reformas legales que amplían la representación de los pescadores locales en la toma de decisiones a nivel nacional, así como los nuevos programas financiados por la UE que fomentan la adopción de artes selectivas y mejoras a bordo.

“Estamos comprometidos con un enfoque basado en la ciencia, que refleje la realidad de nuestros pescadores”, señaló Bugeja Said. “A través de una mejor comunicación y colaboración, podemos abordar cuestiones críticas como la contaminación por plásticos y garantizar la sostenibilidad a largo plazo”.

Innovación, salud de los ecosistemas y participación de los pescadores
En el centro de los debates estuvieron los Dispositivos de Concentración de Peces Anclados (aFAD, por sus siglas en inglés), que son artes de pesca que crean microecosistemas estables en aguas abiertas, lo que se conoce como el “efecto oasis”. LIFE OASIS busca mejorar el diseño de los aFAD para reducir la captura incidental, evitar el uso de plástico y recopilar datos científicos, asegurando, a la vez, su rentabilidad y viabilidad para los pescadores.

El coordinador del proyecto, Ricardo Sagarminaga, hizo hincapié en la importancia de integrar las dimensiones tecnológicas, sociales y económicas para lograr una pesca que sea sostenible y científicamente valiosa.

“La tecnología pesquera debe mejorar la eficiencia y servir a la conservación”, afirmó.

Se están probando aFAD inteligentes y otras innovaciones, como estudios con drones y herramientas de seguimiento mejoradas con inteligencia artificial, con el fin de respaldar la ciencia y las políticas, al tiempo que se fortalece la participación de los pescadores y los actores locales.

Confianza, formación y una visión regional
En la conferencia se puso de manifiesto un entendimiento compartido: la pesca sostenible y la conservación han de avanzar de la mano. Asimismo, se reconoció que la colaboración entre científicos y pescadores es esencial.

“Los pescadores están en el corazón de LIFE OASIS”, afirmó Vincent Attard, Director de Nature Trust Malta. “Trabajando juntos, garantizamos que la conservación y los medios de vida crezcan de manera conjunta”.

El panel subrayó la necesidad de protocolos estandarizados pero adaptables a cada contexto para afrontar retos como los enredos, las redes fantasma y la ingestión de plástico, especialmente en especies vulnerables como las tortugas marinas. Del mismo modo, se destacó la importancia de que las innovaciones sostenibles sean asequibles, prácticas y alineadas con las condiciones de trabajo de los pescadores, a fin de asegurar su adopción y éxito a largo plazo.

CEPESCA, como socio clave de LIFE OASIS, lidera el desarrollo de un modelo financieramente sostenible para los Dispositivos de Concentración de Peces Anclados (aFAD), garantizando que estos artes de pesca innovadores sigan siendo viables para las flotas locales. Gracias a su extensa red de pescadores y actores de la industria, alineará los diseños de los prototipos con análisis de costes, de mercado y financiación.

Paralelamente, CEPESCA coordina iniciativas de transferencia de conocimientos desde España, Malta e Italia hacia los países del norte de África, proporcionando a las comunidades de pesca artesanal prácticas exitosas. El objetivo es combinar la resiliencia económica con la conservación medioambiental, de modo que los pescadores mantengan medios de vida prósperos mientras contribuyen a la conservación marina. A través de la colaboración directa con autoridades nacionales y cooperativas locales, CEPESCA se asegura de que las soluciones emergentes respondan a las necesidades regionales y puedan replicarse para lograr un impacto duradero.

Mirando hacia el futuro
LIFE OASIS está construyendo una red de cooperación en todo el Mediterráneo gracias a 15 proyectos activos y a una amplia coalición de actores. La iniciativa combina investigación científica de calidad, conocimientos tradicionales y ciencia ciudadana para lograr un impacto a largo plazo y cuantificable.

Al final del proyecto, se espera:

Diseños de FAD mejorados que respondan a las necesidades de los pescadores y el efecto medioambiental.
Mayor acceso a formación y financiación para la pesca de pequeña escala
Nuevas herramientas para la recolección de datos con IA, drones y telemetría
Una comprensión más profunda del comportamiento de las tortugas marinas y su conservación

Para más información sobre LIFE OASIS y cómo unirse a este esfuerzo colectivo, visitar https://lifeoasis.eu/

La Asamblea General de la Confederación Española de Pesca (CEPESCA) ha ratificado la continuidad de Julio Morón Ayala como presidente para un nuevo mandato al frente de la organización. Morón, biólogo marino con una sólida trayectoria en la investigación y gestión pesquera, continuará liderando la patronal pesquera española con el objetivo, apunta, de “fortalecer el papel estratégico del sector ante los grandes retos normativos, económicos y medioambientales que afronta”.

Junto a Morón, la Asamblea General de CEPESCA ha revalidado también a los vicepresidentes. Concretamente, José María Gallart, presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras (FAAPE), como vicepresidente de Caladero Nacional (Mediterráneo/Golfo de Cádiz); Jesús Lourido, gerente de la Organización de Productores Pesqueros (OPP) Puerto de Celeiro, como vicepresidente de Caladero Nacional (Cantábrico noroeste); Sergio López, gerente de la OPP Puerto de Burela, como vicepresidente de Pesca de Altura; Iván López, presidente de la Asociación Española de Armadores de Buques de Pesca de Bacalao (AGARBA), como vicepresidente de Gran Altura, y Elías Suarez, presidente de Krustagroup, como vicepresidente de Sociedades Mixtas. Asimismo, la Asamblea General también ha consolidado a los vocales de la organización.

La reelección de Julio Morón como presidente de CEPESCA, así como la continuidad de los vicepresidentes y vocales, se produce en un momento especialmente significativo para el futuro del sector pesquero, tanto español como europeo. De hecho, la reciente llegada de Costas Kadis como nuevo comisario de Pesca y Océanos en la Comisión Europea abre una nueva etapa y expectativas para el sector, que confía en un cambio de rumbo hacia una política pesquera más equilibrada y dialogante, capaz de integrar de forma realista la sostenibilidad ambiental con la viabilidad económica y social de las flotas. Cabe recordar concretamente la inminente revisión de la Política Pesquera Común (PPC).

Igualmente, el nuevo equipo directivo de Cepesca deberá defender los intereses del sector pesquero dentro de la incertidumbre geopolítica actual, los efectos del cambio climático sobre los recursos y la presión creciente sobre el mercado europeo por parte de productos pesqueros importados.

Un perfil comprometido con la sostenibilidad
Doctor en Biología por la Universidad Complutense de Madrid, Julio Morón inició su carrera como observador a bordo de buques de pesca en caladeros como Malvinas o el Golfo de Cádiz. Tras su paso por la FAO y el Instituto Español de Oceanografía, se incorporó a OPAGAC en 1997, primero como asesor científico y más tarde como director gerente. Bajo su liderazgo, esta organización ha impulsado el sello “Atún de Pesca Responsable (APR)”, pionero en integrar certificación biológica, social y laboral, y reconocido hoy como referencia global de pesca sostenible.

Antes de asumir la presidencia de Cepesca, Morón fue vicepresidente primero de la organización desde abril de 2021. También es Académico Correspondiente de la Real Academia del Mar.

Según Julio Morón, “enfrentamos desafíos importantes y por ello es necesario un sector unido y fuerte, ante las instituciones europeas y organismos multilaterales. Creo firmemente, –acaba diciendo Morón–, que Cepesca representa esa unión y que para nuestro sector es un activo clave para afrontar estos tiempos desde una posición de unidad, conocimiento técnico y defensa del interés general de los pescadores”.

El sector pesquero español, representado por la Confederación Española de Pesca (Cepesca), reclama una respuesta “urgente, firme, coordinada y estructural” que proteja la viabilidad de las exportaciones y el empleo asociado, ante la inminente entrada en vigor, mañana, del nuevo arancel del 20% impuesto por Estados Unidos a determinados productos pesqueros de la Unión Europea.

En concreto, Cepesca plantea una batería de propuestas que incluyen la reducción en España de impuestos y cargas sociales para mejorar la competitividad de las empresas; la eliminación de trabas burocráticas en la UE; la apertura de nuevos mercados internacionales, con especial atención a la entrada en vigor de Mercosur y la reducción de aranceles en Brasil (donde el arancel es ahora del 23%); la eliminación de barreras no arancelarias, especialmente sanitarias, como las impuestas por Chile y China, y la concesión de ayudas directas, no limitadas a préstamos y avales, a las empresas afectadas.

Estas medidas fueron presentadas ayer por Javier Garat, secretario general de Cepesca, en un encuentro organizado por el Partido Popular, al que estaban convocados representantes de los sectores económicos más afectados para analizar los efectos de la política de Trump en la economía española.

Como expuso Garat, apoyándose en datos del MAPA, Estados Unidos se consolidó en 2023 como el principal comprador mundial de productos pesqueros, con importaciones valoradas en aproximadamente 21.140 millones de dólares. Los principales proveedores de estos productos al mercado estadounidense fueron México, Canadá e Italia. España ocupa actualmente el puesto 18º en este ranking, con una cuota del 1,5%, es decir, en torno a 317 millones de dólares.

Nuestro país se ve especialmente afectado en exportaciones clave como el pulpo, el atún rojo, el rabil y diversas especies de marisco. Empresas emblemáticas como Balfegó, para quien EEUU representa el 38% de su producción (unos 40 millones de euros), y Petaca Chico, que se ha visto obligado a paralizar inversiones previstas en Cádiz para procesar y exportar a EEUU pulpo y rabil, se encuentran entre las más perjudicadas.

En este sentido, el sector propone mejorar la competitividad de las empresas españolas recortando impuestos y cargas sociales en España y reduciendo burocracia en la UE. Asimismo, en el plano del acuerdo con Mercosur, considera que su ratificación y entrada en vigor podría favorecer las exportaciones de productos pesqueros a Brasil. En cualquier caso, cree preciso exigir las mismas reglas del juego para todos y el control adecuado de las importaciones, evitando que pueda entrar en la UE pescado ilegal o capturado en condiciones de esclavitud.

Desde el ámbito político, el Partido Popular señaló la necesidad de actuar con inteligencia y unidad en el marco europeo, rechazando el proteccionismo y abogando por una desescalada negociada de los aranceles con EEUU; un plan europeo de ayudas financiado en parte con la recaudación arancelaria, la desburocratización urgente de la economía europea, así como la ratificación del acuerdo con Mercosur y el cierre de tratados con India, Corea del Sur y Singapur.

En palabras de Javier Garat, «las tormentas más temidas ya no están en la mar, sino en tierra, provocadas por la incertidumbre política, la burocracia y algunas normas europeas imposibles de cumplir. Necesitamos seguridad jurídica, acción inmediata y un verdadero compromiso con el futuro del sector”.

El sector pesquero europeo y, en especial, el atunero, representado por Europêche, organización de la que forma parte la española CEPESCA, cree que la negociación que arrancó ayer sobre el Acuerdo de Libre Comercio (ALC) con Tailandia, pone a Europa frente a sus propias contradicciones una vez más, ya que, de salir adelante, permitiría importaciones de atún libres de aranceles procedentes de este país, laxo en cuanto a la aplicación de los estándares sociales, medioambientales y sanitarios que la UE sí impone rigurosamente a su propia flota. A juicio de los pescadores, ello abocaría a la flota atunera comunitaria a un escenario de competencia desleal y pondría en peligro la viabilidad del propio modelo europeo de pesca sostenible.

Cabe recordar que Tailandia es actualmente el mayor productor y exportador mundial de atún (en torno a 470.000 toneladas anuales de atún en conserva y preparados) y exporta 10.000 toneladas al año al mercado comunitario gravadas con un arancel del 24%. De salir adelante el ALC, este arancel desaparecería, lo que, a juicio de los pescadores, provocaría un incremento masivo de las importaciones, dada la inmensa capacidad exportadora del sector tailandés, con las consecuencias antes mencionadas: competencia desleal para la flota europea y unos estándares sanitarios, sociales y medioambientales deficientes y que ofrecen pocas garantías al consumidor.

La flota de cerco atunera europea es reconocida internacionalmente como un modelo de sostenibilidad y responsabilidad. Cumple con cuotas estrictas, opera bajo vigilancia continua a través de sistemas VMS (Vessel Monitoring System), embarca observadores científicos en el 100% de sus barcos, y está sujeta a una de las regulaciones de control más exigentes del mundo. Además, cuenta con certificaciones como el sello MSC, así como de responsabilidad social y ambiental, tales como Atún de Pesca Responsable (APR), sello impulsado por la propia flota atunera española y que certifica AENOR.

De acuerdo con el sector, garantizar estas buenas prácticas implica, consecuentemente, unos costes operativos elevados que dificulta a estas flotas ser competitivas frente a otras extranjeras que operan en contextos mucho menos exigentes.

Según explica Xavier Leduc, presidente del grupo atunero de Europêche, “los lomos y latas de atún procesados en Tailandia a partir de pesquerías asiáticas con bajos estándares suponen una amenaza directa para nuestras flotas sostenibles, que operan bajo unas exigencias de control, responsabilidad social y protección ambiental muy superiores. Eliminar los aranceles –añade–, supondría profundizar aún más en ese desequilibrio y socavar cualquier posibilidad de competencia justa”.

Deficiencias estructurales de Tailandia
El sector también alerta sobre las profundas carencias estructurales del sistema pesquero y de transformación tailandés. Así, apunta que su industria se abastece de atún entero procedente de países con prácticas opacas en sostenibilidad y control sanitario y denuncia que no ha implementado el Convenio 188 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre trabajo en la pesca, ni ha ratificado otros acuerdos internacionales clave en materia de derechos laborales y humanos. Por último, apunta que la última auditoría realizada a Tailandia por la Comisión Europea (CE) en 2023 señalaba fallos graves y persistentes en materia de sanidad y seguridad alimentaria, evidenciando su incapacidad para cumplir con los estándares comunitarios.

Por ello, Europêche reclama a la CE que excluya explícitamente los productos de atún del acuerdo comercial con Tailandia y que mantenga reglas estrictas de origen, como la única forma para garantizar la supervivencia del sector atunero europeo y preservar un mínimo de equidad en el mercado único.

Según Anne-France Mattlet, directora del Grupo Atunero de Europêche, “con la normativa actual, la UE no puede bloquear legalmente la entrada de atún de bajo estándar, pero lo que no debe hacer bajo ningún concepto es permitir su entrada libre de aranceles”.X

Por último, Europêche recuerda que el sector atunero comunitario, además de su liderazgo mundial en materia de sostenibilidad, genera miles de empleos directos e indirectos, muchos de ellos en regiones costeras altamente dependientes de la pesca. Su desmantelamiento progresivo, en favor de productos importados sin garantías equivalentes, opina la organización pesquera, no solo es incoherente con los propios principios de la Política Pesquera Común (PPC) sino que compromete la soberanía alimentaria, la seguridad sanitaria y la cohesión territorial de la UE.

El Comité Económico y Social Europeo (CESE), órgano consultivo de la Unión Europea, cree que mares y océanos deberían ser un tema transversal a todas las instituciones europeas. Así lo apunta en su dictamen “Recomendaciones de la sociedad civil para un Pacto Europeo de los Océanos”, en el que explicita que este enfoque serviría para fortalecer la gobernanza y la soberanía marítima europea ya que permitiría coordinar las políticas de distintos organismos y evitar la fragmentación y la duplicación de esfuerzos. El dictamen fue presentado ayer en Bruselas por su ponente, el español Javier Garat, secretario general de Cepesca, obteniendo un abrumador apoyo de los miembros del Comité, con 151 votos a favor de 152.

El dictamen del CESE considera clave fortalecer los acuerdos internacionales, mejorar la diplomacia y fomentar la colaboración entre comunidades costeras, sectores productivos y científicos e insta a la Comisión Europea a establecer un mecanismo de cooperación entre las agencias europeas con competencia en asuntos oceánicos para optimizar la recopilación de datos y conocimientos, intercambiar mejores prácticas y promover un enfoque holístico.

A este respecto, el dictamen pone como ejemplo la cooperación reforzada entre el Frontex, la Agencia Europea de Seguridad Marítima (EMSA) o la de Control de la Pesca (EFCA), en funciones de guardia costera. En este sentido, el CESE llama a las autoridades a reforzar los programas de protección de rutas marítimas, puertos e infraestructuras críticas frente a amenazas como la piratería, el terrorismo, el tráfico de seres humanos y el crimen marítimo, fundamentales para garantizar la seguridad del dominio marítimo europeo.

Para el CESE, esta visión permitiría a Europa reforzar su autonomía estratégica en áreas clave como la alimentación, la energía y el transporte. La UE, apunta el dictamen, debe fortalecer su capacidad para producir sus propios recursos y reducir la dependencia de proveedores externos frente a los desafíos globales. Además, apunta el CESE, es necesario mejorar y proteger la infraestructura interna y adoptar políticas que tengan en cuenta la soberanía alimentaria, así como los factores sociales y económicos de las empresas.

Por ello, el Comité insta a la Comisión Europea a desarrollar un plan de acción de la UE para los alimentos azules antes de 2026, con el fin de integrar los alimentos azules (pescados y mariscos en todos sus formatos) en las políticas y estrategias de alimentación y consumo. Este plan debe ser considerado un componente clave en la Visión para el Futuro de la Agricultura y la Alimentación, impulsando dietas sanas, saludables y de baja huella de carbono en Europa.

Por otro lado, según el CESE, el Pacto Europeo de los Océanos debe desbloquear el potencial de la economía azul europea y para ello, apunta el dictamen, hay que garantizar un entorno empresarial competitivo, eficiente e innovador que necesita un marco regulatorio simplificado y fomentar la cooperación con socios globales. Además, urge a la Comisión Europea a potenciar dentro del pacto la dimensión de la construcción, la tecnología y la logística naval, tan importantes para sectores como la pesca, la náutica de recreo, la energía offshore y el transporte marítimo.

El Comité también aboga por un enfoque integral que combine la prosperidad económica y la competitividad con la regeneración ambiental y la promoción de la equidad social, alineado con otras políticas de la UE, como la Estrategia de Economía Azul de la UE. También señala que debe estar enfocado, tanto en las industrias marítimas como en las basadas en tierra, para garantizar coherencia y multiplicar su impacto.

Respecto a las nuevas industrias marítimas, como la energía offshore, el dictamen del CESE recomienda revisar la Planificación Espacial Marina (MSP) para facilitar sinergias y equilibrar los intereses en conflicto derivados de su expansión y apunta la necesidad de que este sector reinvierta parte de sus ingresos en las comunidades locales. Igualmente, cree necesario promover un enfoque de coexistencia favoreciendo el uso múltiple de los espacios marinos “siempre que sea posible”, y aplicar un enfoque ecosistémico para salvaguardar la biodiversidad y hábitats marinos. Asimismo, considera crucial garantizar la participación de los sectores más vulnerables, como la pesca, en la toma de decisiones para proteger los caladeros tradicionales y asegurar un uso sostenible del espacio marítimo.

En su dictamen, el CESE también solicita la creación de una «Alianza Industrial para las Cadenas de Valor de la Economía Azul» para promover la colaboración y crear redes con el objetivo de desarrollar buques sostenibles y tecnologías marítimas digitalizadas, garantizar la resiliencia de la cadena de suministro y fomentar la innovación, la sostenibilidad y la competitividad. En esta alianza deben estar presentes, apunta el dictamen, todas las partes interesadas (empresas, interlocutores sociales, organizaciones de investigación, responsables políticos, inversores, etc.).

Asimismo, el CESE solicita movilizar financiación pública y privada para desarrollar inversiones en infraestructuras y tecnologías que promuevan la innovación, el emprendimiento y la descarbonización de la economía azul, empoderando a las comunidades costeras para prosperar. En este sentido, insta la creación de una línea presupuestaria específica para la economía azul en el programa que suceda a Horizonte Europa y reforzar fondos sectoriales como el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA). Respecto a la ciencia, el dictamen la considera clave en la gestión de los océanos. Por ello, recomienda fortalecer la cooperación científica internacional, fomentar la innovación tecnológica en el ámbito marino y destinar más recursos a los institutos de investigación.

El dictamen también insta a la Comisión a incorporar una dimensión social en el Pacto, para garantizar una transición justa y digital en el sector marítimo con apoyo integral a los trabajadores. Esto requiere abordar la escasez de mano de obra, fomentar la renovación generacional mediante iniciativas dirigidas a atraer a jóvenes, fortalecer la protección laboral y facilitar el reciclaje y el perfeccionamiento profesional.

Según el dictamen, la supervivencia y también el auge de la industria marítima europea necesita que se garanticen unas condiciones de competencia equitativa y establecer unos objetivos claros de descarbonización. El CESE recuerda que todos los sectores de la economía marítima y azul dependen de los buques y de tecnologías marítimas avanzadas, por lo que solicita una inversión urgente en innovación tecnológica, energías renovables marinas, en especial la energía mareomotriz, y la producción local de estas soluciones.

Por último, en su dictamen, el CESE, como representante de la sociedad civil, recomienda la creación de un mecanismo integral de evaluación y seguimiento del progreso del Pacto de manera periódica.

Las principales asociaciones del sector pesquero y acuícola europeo, entre las que figura Europêche, de la que es miembro Cepesca, instan a los responsables políticos de la Unión Europea (UE) a mantener y reforzar el actual Fondo Europeo y Marítimo de Pesca y de Acuicultura (FEMPA), destacando su papel fundamental en la seguridad alimentaria, la estabilidad económica y la sostenibilidad ambiental.

El debate sobre el próximo Marco Financiero Plurianual (MFP) ha puesto sobre la mesa la posibilidad de integrar el FEMPA en un fondo común y amplio que abarque múltiples industrias. Sin embargo, líderes del sector pesquero advierten de que esta medida comprometería la capacidad de la pesca y la acuicultura para hacer frente a sus desafíos particulares, como el aumento de costes, la competencia global y las crecientes exigencias medioambientales.

El sector se adelanta así a la propuesta que baraja Bruselas de establecer un fondo general para cada Estado miembro que tendría potestad para repartirlo según su criterio y prioridades. El sector, que ha expresado su firme rechazo a esta medida en una carta dirigida a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, al presidente del Consejo Europeo, António Costa, y al primer ministro polaco, Donald Tusk, considera que un fondo único no respondería a las necesidades específicas de la pesca y los pescadores, y podría poner en peligro su sostenibilidad económica y ambiental.

Por ello, los representantes del sector pesquero señalan en la carta la importancia de mantener un fondo específico para la pesca y la acuicultura. Argumentan que estas actividades no solo tienen un valor económico, sino que también desempeñan un papel clave en la seguridad alimentaria, la estabilidad de las comunidades costeras y la protección del medio ambiente.

Las organizaciones firmantes de la carta exigen: un fondo reforzado e independiente para la pesca y la acuicultura con mayores asignaciones presupuestarias; un mayor apoyo financiero para garantizar la sostenibilidad y la resiliencia del sector, mejorando las condiciones laborales y de vida; inversiones específicas para cumplir los objetivos ambientales y climáticos, incluyendo la descarbonización del sector, y, por último, un compromiso claro con la seguridad alimentaria y la resiliencia de la cadena de suministro.

En línea con la posición defendida por el Gobierno español en el Consejo de ayer, Javier Garat, secretario general de Cepesca y presidente de Europêche, ha subrayado la necesidad de un marco financiero más flexible y ambicioso que responda de manera efectiva a los desafíos del sector, como la descarbonización y el relevo generacional. “Es fundamental que el futuro Marco Financiero Plurianual siente las bases para un sector pesquero moderno, eficiente y competitivo”, ha afirmado Garat.

La flota pesquera europea de arrastre, agrupada en la Alianza Europea de Pesca de Fondo (EBFA), organización de la que forma parte la Confederación Española de Pesca (CEPESCA), celebra que el comisario de Pesca y Océanos, Costas Kadis, haya manifestado la importancia de definir estrategias basadas en la ciencia para equilibrar la conservación de la biodiversidad con las prácticas pesqueras sostenibles.

El sector pesquero acoge con satisfacción este enfoque para abordar la actividad de la pesca de arrastre de fondo dentro de, por ejemplo, las Áreas Marinas Protegidas (AMP) y la necesidad, manifestada por Kadis, de que se hagan evaluaciones personalizadas y estudios caso por caso, para asegurar que las decisiones se basen en evidencias en lugar de en suposiciones generales.

Cabe recordar que los pescadores llevan defendiendo desde hace tiempo la necesidad de apoyarse en los datos científicos y la racionalidad para tomar decisiones y creen que este acercamiento puede evitar cierres desproporcionados de áreas de pesca bajo la legislación ambiental vigente y futura, como la Ley de Restauración de la Naturaleza.

Como parte del compromiso de la UE con el Pacto por los Océanos y en línea con los objetivos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos (UNOC), el comisario Kadis ha subrayado como prioridades: el uso de una base científica sólida, una supervisión y aplicación eficaces de las normas y el apoyo esencial a los Estados miembros para el diseño e implementación de áreas protegidas efectivas.

En unas declaraciones realizadas ayer, el comisario Kadis también ha distinguido entre la Estrategia de Biodiversidad de la UE para 2030, que no tiene carácter vinculante, y la Ley de Restauración de la Naturaleza, que sí impone compromisos legales. Según el sector pesquero, esta diferenciación es fundamental, ya que permite alejarse de objetivos previos poco realistas, como la eliminación progresiva de la pesca de fondo para 2030 o el cierre total del 10 % de los mares de la UE a la pesca. Según EBFA, estos objetivos carecían de respaldo por parte de la comunidad internacional y las convenciones de la ONU relacionadas.

Según Costas Kadis, “como biólogo, creo que todo depende de dónde se realice la pesca de arrastre y si tiene un impacto negativo en las especies objetivo, los ecosistemas y los hábitats de una zona en particular. Cuando hay evidencia de un impacto, la pesca de arrastre no debe permitirse. Sin embargo, –agrega Kadis–, cuando una evaluación de impacto muestra que no hay daños significativos, por ejemplo, en áreas Natura 2000 que permiten actividades compatibles, entonces la pesca de arrastre debería poder continuar”.

Por su parte, y según Iván López, presidente de EBFA, “aplaudimos al comisario Kadis por adoptar un enfoque matizado que equilibra la protección de la biodiversidad, la pesca sostenible, el desarrollo costero y la autonomía alimentaria. Cuando se gestiona y regula adecuadamente, como es el caso en Europa, la pesca de arrastre de fondo puede coexistir con los objetivos de conservación de la biodiversidad”.

“No todas las áreas protegidas están designadas como zonas de exclusión total. En muchos casos, –añade López–, la pesca de arrastre regulada está permitida dentro de zonas específicas de las AMP donde no entra en conflicto con los objetivos de conservación, y estas excepciones se basan en extensos estudios científicos. Por ejemplo, algunas AMP están diseñadas para proteger aves que no se ven afectadas por los aparejos de arrastre de fondo”.

EBFA insta a que este enfoque racional se mantenga en el Pacto Europeo de los Océanos y la UNOC, en lugar de recurrir a “campañas emocionales” y prohibiciones generalizadas que, a su juicio, solo acelerarían el declive de la flota y aumentarían la dependencia de las importaciones de fuentes insostenibles como Rusia o China. Igualmente, EBFA manifiesta su total colaboración con la Comisión Europea y otros actores en el desarrollo e implementación de políticas que prioricen la evidencia científica, la sostenibilidad y la protección del patrimonio marino compartido.

El sector pesquero europeo, representado por Europêche y del que forma parte la española Cepesca, mantendrá su solicitud a la Comisión Europea (CE) de incluir a los pescadores como miembros destacados del Consejo Europeo de Agricultura y Alimentación (EBAF, por sus siglas en inglés), organismo que se encargará de asesorar y recomendar a la Comisión Europea en la toma de decisiones estratégicas sobre el futuro de la alimentación en el Viejo Continente.

El sector pesquero estuvo ayer presente en el acto de presentación del documento “Visión Europea para la Agricultura y la Alimentación” que corrió a cargo del comisario de Agricultura y Alimentación de la Unión Europea, Christophe Hansen, y el cual fue invitado por el ministro Planas. El sector reconoce los esfuerzos de la CE para garantizar un futuro competitivo, resiliente y sostenible para la agricultura y la producción alimentaria europeas, pero lamenta el escaso peso que tienen los productos pesqueros en este documento y que no se reconozca el papel vital de la pesca en la autonomía alimentaria de la UE.

El sector reclama que se incluya a la pesca en las reformas políticas propuestas en la hoja de ruta presentada ayer y Javier Garat, secretario general de Cepesca y presidente de la patronal europea Europêche, ha solicitado a Planas su apoyo con este objetivo. “No tiene sentido alguno –apunta Garat–, que Europa no tenga suficientemente en cuenta a su pesca al abordar el futuro estratégico de la alimentación europea teniendo en cuenta la riqueza y calidad de las proteínas provenientes del mar, la baja huella de carbono que implica llevarla hasta los platos de los europeos y los miles de puestos de trabajo y comunidades costeras que dependen directamente de la actividad pesquera”.

La “Visión Europea para la Agricultura y la Alimentación”, que fue presentada el pasado 19 de febrero en Bruselas, sienta las bases, según apunta el propio documento, para un sistema agroalimentario “atractivo, competitivo, resiliente, orientado a futuro y justo para las generaciones actuales y futuras de agricultores y operadores agroalimentarios”. Estos objetivos, según ha manifestado Garat, coinciden con los del sector pesquero, “por lo que sería de recibo aunar presencias y esfuerzos”.

Por lo tanto, Europêche insta al Comisario Europeo de Agricultura y Alimentación a ampliar su Visión para integrar completamente la pesca. Asimismo, considera que los paquetes de simplificación para agricultores y empresas alimentarias deberían extenderse a la pesca, garantizando condiciones equitativas a nivel global y reduciendo las cargas burocráticas.

A juicio de los pescadores, este esfuerzo debe ir más allá de la revisión de la Política Pesquera Común (PPC) para abarcar todas las políticas ambientales y pesqueras relevantes, como la Ley de Restauración de la Naturaleza y el Reglamento de Control. Además, añade el sector, la pesca debe estar completamente incluida en la Estrategia de Renovación Generacional prevista para la agricultura, con incentivos financieros dedicados, innovación y formación.

Por último, Europêche insta a la Comisión Europea a desarrollar un Plan de Acción de la UE para los Alimentos Azules antes de 2026, con el objetivo de impulsar la producción y el consumo de productos del mar sostenibles. Este plan debería incluir medidas concretas como la promoción de los productos pesqueros como una fuente nutritiva, saludable y de baja huella de carbono y el impulso de su producción mediante una pesca sostenible e innovadora.

Asimismo, Europêche subraya la necesidad de que este plan cuente con financiación específica de la UE, destinada a mejorar la producción pesquera y facilitar el acceso al mercado de estos productos. Además, propone la integración de los alimentos azules en las estrategias oceánicas y alimentarias, convirtiéndolos en un pilar esencial del Pacto Europeo por los Océanos y la Visión para el Futuro de la Agricultura y la Alimentación. Finalmente, la organización aboga por la puesta en marcha de campañas de sensibilización sobre los beneficios nutricionales, ambientales y socioeconómicos del aumento del consumo de productos pesqueros.

La “Visión para la agricultura y la alimentación” figura como iniciativa prioritaria para los primeros 100 días del mandato de la CE, dirigida por el vicepresidente ejecutivo Raffaele Fitto y el comisario Hansen, bajo la dirección de la presidenta von der Leyen. Basándose en el informe del ‘Diálogo estratégico sobre el futuro de la agricultura de la UE’, y en consulta con el Consejo Europeo de Agricultura y Alimentación, la Visión tiene por objeto garantizar la competitividad y la sostenibilidad a largo plazo del sector agrícola y alimentario de la UE.

Ciencia, sector pesquero y conservación se unen para combatir la pesca fantasma y proteger la biodiversidad marina

La pesca fantasma y los aparejos abandonados, una amenaza silenciosa para el sector pesquero, encuentran respuesta en una iniciativa cofinanciada por la Unión Europea que busca transformar el Mediterráneo en un ejemplo de sostenibilidad y colaboración

El Mediterráneo, un enclave vital para la biodiversidad y la actividad marítima, enfrenta un reto: cada año, un número considerable de tortugas marinas puede quedar atrapado en aparejos de pesca perdidos o abandonados (APPA). Sin embargo, este no es el único factor de riesgo para ellas. Como un mar compartido por múltiples países y en el que operan diversas flotas, la protección de su ecosistema requiere una acción coordinada y una responsabilidad compartida.

Esta situación no solo impacta la biodiversidad, sino también la sostenibilidad de las pesquerías y la seguridad marítima. Para dar respuesta a esta problemática, nace LIFE OASIS, un proyecto pionero que combina tecnología, investigación y la colaboración directa con el sector pesquero y marítimo a nivel internacional.

Una solución construida con y para el sector pesquero
Cofinanciado por la Unión Europea a través de los programas LIFE y Natura 2000, LIFE OASIS es liderado por ALNITAK en colaboración con un sólido consorcio internacional que incluye a entidades científicas de prestigio, como el Instituto de Ciencias del Mar (ICM) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad de las Islas Baleares (IMEDEA, CSIC- UIB), la Universidad de Valencia, la Universidad de Pisa y la Stazione Zoologica Anton Dohrn. El sector pesquero también juega un papel central, con el respaldo de CEPESCA, la mayor confederación de pesca de Europa, y empresas tecnológicas como SATLINK, además de organizaciones de conservación como Filicudi Wildlife Conservation y Nature Trust Malta.

El objetivo es claro: prevenir la pérdida de aparejos, mejorar la sostenibilidad pesquera y proteger la biodiversidad marina a través de soluciones innovadoras, como el desarrollo de un modelo de pesca inteligente con dispositivos fijos de agregación de peces (aFAD) más tecnologizados, eficientes y sostenibles.

Rescate de tortugas marinas y mapeo de aparejos abandonados
Uno de los ejes principales de LIFE OASIS es la promoción de una red de colaboración que involucra a pescadores, navegantes y centros de recuperación de fauna marina en todo el Mediterráneo. Esta red, que ya está en marcha, facilita el rescate de tortugas marinas atrapadas en APPA, optimizando los esfuerzos de conservación en el mar.

Además, los mismos informes y reportes proporcionados por pescadores y navegantes sobre la localización de basura marina permitirán a LIFE OASIS desarrollar mapas detallados que identifiquen los puntos críticos de acumulación de APPA. Estos mapas serán una herramienta clave para prevenir la pesca fantasma y mitigar sus impactos a largo plazo.

El equipo de LIFE OASIS, también contará con el apoyo de autoridades, puertos, y patrulleras del Servicio Marítimo de la Guardia Civil (SEMAR) y Salvamento Marítimo (SASEMAR), además de la colaboración en acciones informativas y campañas de prevención.

Innovación mediterránea para una sostenibilidad global
En un esfuerzo por revolucionar la pesca sostenible, el proyecto LIFE OASIS ha unido fuerzas con pescadores de Baleares, Malta y Sicilia para desarrollar un modelo de pesca replicable basado en dispositivos agregadores de peces anclados (aFADs). Este enfoque no solo reduce la pérdida de artes de pesca y minimiza las capturas incidentales utilizando la tecnología más puntera, sino que maximiza la eficiencia mediante el uso de materiales biodegradables. El resultado: una solución que combate de manera efectiva la pesca fantasma y refuerza la sostenibilidad del sector, garantizando un futuro viable para las comunidades costeras que dependen de esta actividad.

España aporta al proyecto su valiosa experiencia como pionera en la sostenibilidad de la pesca del atún tropical mediante dispositivos de agregación de peces, gracias a la colaboración entre el sector pesquero y empresas tecnológicas como SATLINK.

Aunque centrado en el Mediterráneo, el impacto de LIFE OASIS está diseñado para trascender fronteras. Su objetivo final es replicar el modelo de pesca sostenible en regiones del Norte de África y otras zonas del mundo que enfrentan inseguridad alimentaria.

«Enseñar a pescar de manera sostenible y compartir nuestros conocimientos con comunidades al borde de la hambruna, ofreciéndoles alternativas a la pesca ilegal, es un motivo de orgullo para nosotros», subrayan los responsables del proyecto.

Un Mediterráneo más limpio y competitivo
LIFE OASIS no solo busca proteger la biodiversidad marina, sino también reforzar la competitividad del sector pesquero al fomentar prácticas responsables y sostenibles. “Este proyecto es una demostración de que la colaboración entre pescadores, científicos, autoridades y organizaciones puede generar soluciones reales para los retos más apremiantes del sector», Ricardo Sagarminaga, Alnitak.

Para más información sobre LIFE OASIS y cómo unirse a este esfuerzo colectivo, visitar https://lifeoasis.eu/

El sector pesquero, a través de Cepesca, lanzará una campaña en redes sociales para celebrar el día de San Valentín. Concretamente los pescadores proponen celebrar el 14 de febrero bajo el lema: “Este San Valentín se aún más feliz comiendo pescado”.

La campaña recordará que, lejos de ser un slogan, el pescado es sinónimo de salud, gastronomía y felicidad. De hecho, la relación entre el pescado y la felicidad tiene base científica y nutricional y así lo atestiguan los tuits de la patronal pesquera, que mencionan a organismos internacionales como The American Journal of Clinical Nutrition, la Universidad de Qingdao (China) o Neurociencia Nutricional”.

Asimismo, la campaña de Cepesca informa sobre las bondades de consumir pescados y mariscos. El pescado, especialmente los grasos como el atún, la sardina, la caballa o el salmón, es una fuente excelente de ácidos grasos omega-3 (DHA y EPA). Y los omega-3 ayudan en la producción y regulación de serotonina, dopamina, y endorfinas, más conocidas como «hormonas de la felicidad», ya que son neurotransmisores clave para el bienestar emocional.

Pero, además, el pescado es una de las mejores fuentes naturales de triptófano (aminoácido esencial) y vitamina D. Esta última juega un papel fundamental en la regulación del estado de ánimo al contribuir a la conversión del triptófano en serotonina. Y, por si esto fuera poco, el triptófano contribuye a mejorar la producción de melatonina, la hormona del sueño. Y dormir bien es clave para la felicidad y el bienestar general.

Pero más allá de los beneficios saludables y nutricionales, el pescado es un ingrediente fundamental de comidas placenteras y sociales, lo que también está vinculado con la felicidad y la satisfacción personal, señala la campaña de Cepesca.

Con esta campaña, Cepesca también quiere seguir empujando el consumo de pescado entre la población. Según los últimos datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), el consumo de productos pesqueros viene registrando una caída creciente y constante en los hogares españoles desde 2008. En los últimos seis años se ha pasado de 23,13 kilos por persona y año (2018), a 18,32 kilos en julio de 2024.

En definitiva, comer pescado de manera regular beneficia la salud física y también la emocional, mejora el estado de ánimo, reduce el estrés, combate la depresión y contribuye a la felicidad general. Así que no lo dudes, ¡este San Valentín enamórate del pescado!

El sector pesquero europeo, representado por la organización Europêche y de la que forma parte la española CEPESCA, ha manifestado su satisfacción tras el compromiso expresado por el nuevo comisario de Pesca y Océanos, Costas Kadis, de apoyar claramente la actividad pesquera de la Unión Europea, tras la primera reunión mantenida ayer en Bruselas con representantes del sector. El encuentro tuvo como objetivo abordar el futuro del sector pesquero de la UE durante la legislatura 2024-2029.

El diálogo se centró en garantizar unas políticas europeas viables y equilibradas que apoyen al sector, aseguren el acceso a caladeros tradicionales, refuercen la soberanía de los productos del mar de la UE, faciliten el acceso a las aguas de terceros países y promuevan una competencia justa en el mercado, todo ello fomentando el crecimiento socioeconómico de las comunidades costeras.

Europêche valora especialmente la visión a largo plazo del comisario Kadis de un sector pesquero europeo resiliente, competitivo y sostenible. Durante la reunión, los pescadores enfatizaron la urgencia de actuar de inmediato para revertir la disminución del tamaño de la flota y la pérdida de empleos causada por las políticas desequilibradas, la presión ejercida por los costes, los cierres crecientes de zonas de pesca, las restricciones de acceso y la reducción del espacio marítimo disponible.

Igualmente, Europêche pidió una competencia más justa en el mercado, aplicando los mismos estándares de sostenibilidad que se exigen a los pescadores de la UE, a los productos pesqueros importados con el objetivo de garantizar unas condiciones equitativas.

Según Javier Garat, presidente de Europêche, «estamos muy satisfechos con el compromiso activo de la Comisión en el día de ayer. El Comisario Kadis –añade Garat– ha demostrado un fuerte compromiso con el mantenimiento de un diálogo abierto y el desarrollo de políticas y regulaciones prácticas para el sector».

«Este es solo el primero de muchos encuentros necesarios para abordar los importantes desafíos que enfrenta nuestra industria –agrega Garat–. Nuestra conversación representa un paso importante hacia la construcción de un futuro competitivo y sostenible para el sector pesquero de la UE y esperamos un cambio en la dirección de las políticas, y la evaluación de la PPC es una oportunidad crucial para demostrarlo. Europêche -acaba diciendo su presidente- sigue plenamente comprometida a trabajar estrechamente con el comisario y su equipo».

Según manifestó Europêche durante la reunión, si bien la Política Pesquera Común (PPC) de la UE ha impulsado avances medioambientales significativos, es necesario un enfoque más equilibrado que priorice por igual los objetivos medioambientales, socioeconómicos y de seguridad alimentaria. En este sentido, los pescadores europeos propusieron revisar políticas ineficaces, como la obligación de desembarque, y actualizar medidas para abordar desafíos como el cambio climático, el Brexit y la transición energética. Europêche abogó firmemente por reducir la carga administrativa y simplificar las numerosas normas con las que los pescadores deben cumplir a diario.

Por otro lado, el sector destacó la necesidad de un enfoque basado en la ciencia para la protección marina y la planificación espacial marítima, enfatizando la importancia de respetar los caladeros tradicionales. Igualmente, y ante las crecientes restricciones espaciales derivadas de áreas marinas protegidas y el desarrollo de energías renovables marinas, Europêche instó al comisario a garantizar el acceso a caladeros cada vez más escasos.

Atención al Mediterráneo
La asociación también defendió una mayor flexibilidad en los planes de gestión plurianuales, con especial atención al Mediterráneo y al Báltico, y pidió la revisión de políticas que han llevado injustamente al cierre de caladeros tradicionales para artes de pesca de fondo. Con relación al Mediterráneo, el presidente de Europêche fue claro en su petición de revisión urgente del reglamento de 2019 que aprobó el plan plurianual de gestión pesquera del Mediterráneo Occidental, en línea con lo solicitado esta semana por los gobiernos de España, Francia e Italia, con el apoyo de otros ocho Estados miembros de la UE, y la mayoría de los grupos políticos del Parlamento Europeo. Del mismo modo, Europêche instó a la implantación de normas de control pesquero dentro de un marco temporal viable, respetando los principios establecidos en el reglamento en vigor y en colaboración estrecha con el sector.

Europêche también reafirmó su compromiso con la descarbonización total del sector, pero subrayó la necesidad de una financiación adecuada de la UE, la modernización de la flota y la innovación. En este sentido, solicitó más apoyo en el próximo programa de financiación y la implantación de un plan de renovación de la flota de la UE para facilitar la transición hacia una pesca de cero emisiones, invirtiendo en nuevas fuentes de energía alternativas viables.

Asimismo, los pescadores europeos expresaron su preocupación por la creciente dependencia de la UE de las importaciones de productos del mar, que representan más del 70% del consumo. La asociación instó a la UE a aplicar cláusulas espejo para los productos importados, exigiendo el cumplimiento de los mismos estándares de sostenibilidad que se imponen a los productos comunitarios. A su juicio, esto promovería una competencia justa y respaldaría a los pescadores europeos.

En cuanto a las negociaciones post-Brexit, ya en el horizonte, Europêche pidió directrices políticas claras y adelantar los acuerdos todo lo que sea posible para garantizar la estabilidad y la seguridad jurídica del sector. Según los pescadores, lograr un acuerdo pesquero antes de finales de 2025 es esencial para mantener la gestión de los recursos y salvaguardar los intereses de la UE en aguas compartidas. Además, Europêche destacó la necesidad de vincular el acceso al mercado de la UE y el cumplimiento pesquero, abogando por la adopción de medidas arancelarias y comerciales para contrarrestar prácticas insostenibles de países vecinos como Noruega.

Por último, y en cuanto al Pacto Europeo por los Océanos, subrayó la necesidad de situar la pesca en el centro de la visión de la UE para los océanos y recalcó las contribuciones vitales del sector a la soberanía alimentaria del mercado comunitario, una dieta saludable, los medios de vida de las comunidades costeras y la gestión sostenible de los ecosistemas marinos.

Por parte de Cepesca estuvieron presentes su presidente, Julio Morón; Iván López, como presidente de la Alianza Europea de Pesca de Fondo (EBFA) y Javier Garat. También estuvo presente Basilio Otero, presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores y miembros de los Países Bajos, Alemania, Dinamarca y Francia.

El sector pesquero europeo, representado por la organización Europêche, de la que forma parte la Confederación Española de Pesca (CEPESCA), ha solicitado a la Comisión Europea (CE) aclaraciones inmediatas sobre las recientes acusaciones, fruto de una investigación periodística, de que fondos públicos se destinaron a financiar organizaciones no gubernamentales (ONG) con el objetivo de influir en la adopción del Pacto Verde. Europêche ha pedido también a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) que, junto con la CE, inicie una investigación independiente con el fin de proteger la integridad y la credibilidad de las instituciones europeas y garantizar plena transparencia e independencia en sus interacciones con ONG y otros actores interesados.

La organización muestra su profunda preocupación ante unas averiguaciones que considera especialmente alarmantes por su impacto potencial en sectores como el pesquero, que ya enfrenta enormes presiones regulatorias y económicas. A su juicio, políticas vinculadas al Pacto Verde, como la Ley de Restauración de la Naturaleza, tienen consecuencias profundas para las comunidades pesqueras europeas, exigiendo medidas drásticas como el cierre adicional de caladeros tradicionales. Según Europêche, si se confirmara que se han utilizado fondos públicos para apoyar campañas destinadas a influir en estas políticas, tales acciones podrían haber comprometido la imparcialidad e integridad democrática del proceso de decisión dentro de la Unión Europea.

A este respecto, el sector pesquero europeo apunta concretamente al crecimiento en los últimos años de las campañas contra la pesca de fondo, lideradas por ONG que abogan por la prohibición total de un método de pesca legal, certificado y estrictamente regulado en Europa, en lugar de buscar mejoras o colaborar con el sector pesquero.

Para restaurar la confianza en el proceso de toma de decisiones, la investigación independiente solicitada por Europêche debería, a su juicio, identificar las organizaciones implicadas, sus objetivos y la financiación recibida. Este proceso debe, según el sector pesquero, esclarecer los hechos, determinar si se han producido vulneraciones de los principios democráticos y proponer medidas correctivas para evitar problemas similares en el futuro.

Hasta que se proporcionen estas aclaraciones, Europêche aboga por suspender cualquier decisión que pueda haber sido influida por estas prácticas presuntamente irregulares, ya que, en su opinión, continuar implementando políticas adoptadas bajo un sistema potencialmente comprometido supone respaldar prácticas que las instituciones de la UE, particularmente la CE, critican habitualmente cuando ocurren en otros Estados o instituciones.

Según Javier Garat, presidente de Europêche y secretario general de Cepesca, “si se confirman estas acusaciones, representarían una grave vulneración de los principios democráticos y una traición a la confianza depositada en las políticas medioambientales europeas adoptadas en la legislatura anterior. Nuestros pescadores, que ya enfrentan enormes desafíos para adaptarse a las políticas del Pacto Verde, merecen procesos de decisión transparentes, imparciales y responsables. El sector –continua Garat–, que contribuye significativamente a la seguridad alimentaria de Europa y a las economías costeras, no puede soportar el peso de políticas moldeadas por propuestas ambientales radicales impulsadas mediante esfuerzos de lobby no declarados”.

Por último, Europêche reitera su apoyo a la sostenibilidad medioambiental, pero subraya que la formulación de políticas debe ser equilibrada, basada en evidencias y respetuosa con las realidades socioeconómicas de las comunidades europeas.

El Pleno del Comité Económico y Social Europeo (CESE) ha aprobado hoy el dictamen presentado por Javier Garat, ponente de este y secretario general de Cepesca, con Daniel Voces, director general de Europêche, como asesor, sobre la propuesta que modifica el Reglamento (UE) n.º 1026/2012 con el fin de fortalecer las medidas contra las prácticas de pesca no sostenible realizadas por países no pertenecientes a la Unión Europea. Así, el CESE ha emitido un dictamen clave que respalda dicha modificación, cuyo fin es garantizar la sostenibilidad de las poblaciones de peces compartidas, proteger los ecosistemas marinos y salvaguardar los intereses de las comunidades pesqueras europeas.

El dictamen reclama la ampliación geográfica de las medidas, solicitando que las normas revisadas no se limiten al Atlántico nordeste, sino que incluyan también las aguas del Mediterráneo y zonas internacionales. Este enfoque amplio garantizará que todas las prácticas no sostenibles sean efectivamente abordadas.

Asimismo, propone herramientas más estrictas para sancionar prácticas desleales mediante prohibiciones de importación y otras medidas restrictivas, siempre dentro de los límites de las directrices de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Estas herramientas buscan promover una pesca responsable tanto en aguas europeas como internacionales.

También enfatiza la necesidad de reforzar la coherencia entre las políticas pesqueras, incluyendo el Reglamento (CE) n.º 1005/2008, que combate la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR). Además, se recomienda que los consejos consultivos pertinentes sean informados inmediatamente sobre la identificación de países que permiten la pesca no sostenible, lo que garantizará una mayor participación de las partes interesadas.

En el dictamen se subraya que esta propuesta llega en un momento crucial, con los intereses pesqueros europeos amenazados por las acciones de ciertos países no comunitarios. En particular, se menciona a Noruega, cuya gestión unilateral de recursos como el bacalao y la caballa ha generado tensiones significativas. El Comité insta a la UE a explorar alianzas estratégicas con países como Islandia y a vincular la gestión pesquera al acceso al mercado comunitario como herramienta de presión para garantizar el cumplimiento de normas internacionales.

Entre las medidas concretas propuestas se encuentran enmiendas legislativas clave, como la necesidad de exigir que los Estados terceros adopten medidas efectivas de control y cumplimiento para garantizar la conservación de las poblaciones de peces compartidas. Además, se solicita incorporar ejemplos claros de acciones discriminatorias, como las restricciones impuestas por Noruega a flotas de la UE, mientras otorgan beneficios a sus propios buques.

El 70% de los productos pesqueros consumidos en Europa proviene de terceros países. Por ello, estas medidas también buscan proteger el mercado comunitario de productos pesqueros obtenidos mediante prácticas no sostenibles. La implementación de estas medidas no solo protegerá los ecosistemas marinos, sino que también promoverá un comercio más justo y equilibrado.

El Reglamento (UE) n.º 1026/2012 se adoptó para garantizar la conservación de las poblaciones de peces compartidas y proteger los derechos pesqueros de la UE frente a acciones de terceros países. Sin embargo, la creciente agresividad de algunas naciones ha puesto de manifiesto la necesidad de revisar y fortalecer este marco legal. En particular, el Reglamento ha sido una herramienta fundamental en la lucha contra la sobrepesca y la explotación irresponsable de los recursos marinos. La propuesta actual busca modernizarlo y adaptarlo a los desafíos actuales, alineándolo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 14 (vida submarina) y 12 (producción y consumo responsables).

El proyecto Redes de España, cuyo objetivo es recuperar redes y aparejos descartados del sector pesquero español para impulsar la economía circular, está desarrollando un marco normativo que garantice la gestión sostenible y la trazabilidad de estos residuos a lo largo de todo el proceso de transformación, lo que se acreditará mediante un certificado nacional. Para ello, el proyecto cuenta con un comité multisectorial encargado de asesorar el desarrollo del reglamento que sustentará esta certificación.

El proyecto Redes de España, que se lleva a cabo en el marco del programa Pleamar de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), se desarrollará hasta 2026 y pretende recuperar al menos 100 toneladas de redes y aparejos. Igualmente incluye acciones de comunicación, formación y sensibilización para involucrar a la sociedad en la transición hacia una economía más sostenible.

Respecto al reglamento antes mencionado, definirá los procesos clave, desde la recogida y el tratamiento de aparejos y redes hasta su valorización como materiales reutilizables, asegurando su retorno al mercado con estándares de sostenibilidad. Cabe mencionar que el comité multisectorial ya ha avanzado significativamente en este objetivo y en la última de sus reuniones, celebrada el 18 de diciembre, se debatieron las consideraciones finales del grupo de expertos.

El comité multisectorial integra a actores clave de todos los sectores involucrados en la gestión sostenible de las redes de pesca. Así, forman parte de él el sector pesquero, a través de la Confederación Española de Pesca (CEPESCA) y la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP), las autoridades portuarias (AP Vigo), proveedores y recicladores (Grupo Eurored) y entidades certificadoras como AENOR. También participan representantes del ámbito de la valorización e investigación (CTAG y Fish and Food Technology), encargados de investigar nuevas aplicaciones y usos para los nuevos materiales reciclados; organismos administrativos como la Fundación Biodiversidad y organizaciones sociales como WWF, quienes lideran los esfuerzos de sensibilización ambiental.

Entre los objetivos principales del comité hay que mencionar el de garantizar un reglamento inclusivo y viable para su implementación, así como su revisión y retroalimentación continua. A partir de ello, el consorcio del proyecto trabajará en el diseño de un sistema eficiente y sostenible para la recogida y tratamiento de redes de pesca, asegurando que se cumplan los criterios de sostenibilidad en cada etapa del proceso. Finalmente, se fomentará la coordinación con los operadores del sector, promoviendo su adhesión progresiva al sistema de certificación establecido, para asegurar la correcta implementación y el impacto positivo del proyecto.

Redes de España representa un esfuerzo conjunto para abordar el desafío ambiental de los desechos pesqueros. Este proyecto no solo protege los ecosistemas marinos, sino que impulsa la economía circular, integrando los materiales reciclados en industrias como la automoción, la construcción naval y la aeronáutica.

El proyecto está liderado por CEPESCA, junto con los socios FNCP y el Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG). Además, cuenta con la colaboración de la Plataforma Tecnológica Española de la Pesca y la Acuicultura (PTEPA) y la Asociación AMICOS.

“Este proyecto se desarrolla con la colaboración de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través del Programa Pleamar, y se cofinancia por la Unión Europea por el FEMPA (Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura)”

El sector pesquero del Mediterráneo ha manifestado que el escaso margen de maniobra para recuperar días de pesca, tras la reducción del 79% de ellos impuesta por el Consejo de Ministros de Pesca de la Unión Europea el pasado diciembre, obliga a los pescadores a acatar con resignación el cambio en los copos de las redes, al ser la única vía que ofrece el mecanismo de compensación para recuperar todas las jornadas de faena, aunque a la mayoría de los pescadores no les gusta la medida. Así lo ha manifestado la Confederación Española de Pesca (CEPESCA) tras la segunda reunión mantenida ayer con Isabel Artime, secretaria general de Pesca del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).

De hecho, el sector sigue manifestando que estas decisiones van a poner en riesgo la viabilidad de muchas empresas y, consecuentemente, los puestos de trabajo dependientes de ellas, “dado que la situación de muchos pescadores del Mediterráneo ya era muy precaria y estas nuevas medidas la complicarán aún más”, apunta Javier Garat, secretario general de Cepesca.

En este contexto, Cepesca reiteró ayer en la reunión la necesidad de abordar una serie de acciones para mitigar este impacto. Así, solicitó garantizar la recuperación de los días de pesca ante la obligatoriedad del cambio de redes; autorizar torzales de 5 mm, promoviendo modificaciones legislativas para permitir su uso y apoyándose para ello en los estudios ya realizados por el Instituto Español de Oceanografía, que indican que no perjudican para nada a la selectividad de la red.
Igualmente, el sector solicitó la puesta en marcha de un plan de desguaces quirúrgico para poder ajustar la capacidad de la flota a los días disponibles y a las posibilidades de pesca, “de tal manera que los que están en peor situación puedan abandonar la actividad de la forma más digna posible”, apunta Garat.

El sector también ha solicitado compensaciones económicas mediante ayudas por lucro cesante para hacer frente a la previsible pérdida de ingresos que se va a producir con el cambio de las mallas y, por último, mejorar la gestión de las vedas en las diferentes provincias y conseguir los mejores precios posibles en las lonjas, ajustando la oferta a la demanda.

El Plan Plurianual de Pesca en el Mediterráneo Occidental, en vigor desde 2020, ha supuesto desde entonces una reducción acumulada del 40% en los días de pesca, además de restricciones en las artes de pesca y cierres de zonas. En diciembre de 2024, el Consejo de Ministros de Pesca de la UE aprobó una nueva reducción del 79% de los días de actividad, y la posibilidad de mitigarlos parcialmente o totalmente mediante diferentes mecanismos de compensación .

Para el sector, estas medidas representan un sacrificio adicional tras años de esfuerzos por adaptarse a los criterios de sostenibilidad. Cepesca ha advertido que, de seguir así, sin un equilibrio entre sostenibilidad ecológica y viabilidad económica, estas decisiones podrían conducir a la desaparición de muchos pescadores del Mediterráneo.

Por otro lado, durante la reunión, Cepesca reconoció a la secretaria general de Pesca la flexibilidad mostrada para aceptar algunas propuestas del sector, como que se vayan a dar ayudas para cambiar los copos de las redes de pesca o que se vayan a certificar las mismas por los inspectores de pesca durante un año, prorrogable.

Por último, Cepesca ha solicitado comenzar a trabajar ya en la modificación del reglamento que regula el Plan Plurianual del Mediterráneo con el fin de evitar una situación parecida a la actual a finales de diciembre próximo y que se actualicen las evaluaciones científicas que permitan constatar la mejora de las poblaciones de peces, tras cinco años ininterrumpidos de medidas para reducir el esfuerzo y la mortalidad pesquera, así como para la protección de juveniles y reproductores de determinadas especies.

El sector pesquero español, representado por la Confederación Española de Pesca (CEPESCA), ha acogido con frustración las decisiones adoptadas esta madrugada por el Consejo de Ministros de Pesca de la UE para el Mediterráneo, dentro del acuerdo de TAC y cuotas para 2025. Además de la reducción del 10% de las capturas de gamba roja, el Consejo ha decidido reducir un 79% los días de pesca en este mar, recorte que los pescadores podrán tratar de mitigar mediante la adopción de una serie de mecanismos “complejos” de compensación (cambios en artes de pesca, mallas, vedas espacio temporales y definitivas, entre otras).

El sector apunta que estos mecanismos son un sacrificio adicional a los ya realizados en los último cinco años y supondrán unos costes adicionales que “provocará que haya pescadores y buques que no puedan continuar con su actividad”, apunta Javier Garat, secretario general de Cepesca. Así, el sector apunta que en el último lustro los pescadores del Mediterráneo ya han reducido un 40% los días de actividad, han cambiado las mallas de las redes para ser más selectivos, se han creado vedas temporales y definitivas para proteger los juveniles y los reproductores de determinadas especies o se introdujeron las conocidas como puertas voladoras.

El acuerdo alcanzado en Bruselas contempla que los pescadores podrán utilizar mecanismos de compensación para poder sumar días de pesca a los ya recortados. Según el acuerdo, se han propuesto en total seis medidas que, según el sector, van a exigir un coste adicional que no todos los pescadores van a poder asumir, en especial las que hacen referencia al tipo de malla.

En concreto, Bruselas propone utilizar mallas cuadradas de 45 milímetros para la pesca costera y de 50 para la pesquería de profundidad. Si bien en este último caso puede ser efectiva para las capturas de gamba roja en muchas zonas de pesca, “en el caso de la costera, dirigida a peces demersales, se tiene constancia científica de que una malla cuadrada de 45 milímetros, en determinados caladeros, va a significar una reducción considerable de las capturas que podría afectar seriamente al rendimiento económico de los barcos y, por tanto, a la viabilidad de las empresas”, apunta Javier Garat.

Según apunta Garat, “el sector pesquero del Mediterráneo está al límite tras cinco años de esfuerzos y todo esto significa una vuelta de tuerca más. Lo que toca ahora, apunta Garat, es hacer cuentas en los puertos, en cada Comunidad Autónoma y en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y ver qué es posible cumplir para seguir con la actividad. Aun así, añade, hay que definir también qué tipo de ayudas se van a destinar para poder asumir estos costes, si se van a permitir que procedan del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA) y, en su caso, en qué porcentaje, cuantía y cuándo”. En definitiva, concluye Garat, “creemos que en muchos casos pescar no va a ser rentable y, desgraciadamente, veremos cómo las decisiones adoptadas en Bruselas hunden a muchos pescadores”.

Atlántico
Respecto al acuerdo alcanzado en el Atlántico –que mantiene la cuota de merluza en los niveles de 2024, aumenta los límites de captura para gallos (23%) y rapes (17%) en aguas atlánticas ibéricas, lenguado común en el Golfo de Vizcaya (1%), jurel oeste en el Cantábrico y aguas de Portugal, y cigala en el sur del Golfo de Vizcaya y el mar Cantábrico (134%)–, la patronal pesquera valora estas mejoras, que ya habían sido propuestas por la Comisión Europea. Como dato positivo, Cepesca destaca que se ha logrado mantener la cuota de cigala en el Golfo de Cádiz (32 toneladas), revirtiendo la propuesta inicial de recorte de seis toneladas.

Cabe destacar, además, que hoy se ha conocido el resultado positivo del informe científico sobre el estado del boquerón en el Golfo de Cádiz. Un dato importante para el sector, que espera que pronto se materialice en una subida de la cuota de dicha especie y una mejora en la gestión de esta.

Los pescadores españoles, italianos y franceses del Mediterráneo califican como una “auténtica declaración de guerra” la propuesta de la Comisión Europea (CE) de un nuevo recorte de los días de pesca en este mar de cara a la reunión del Consejo de TAC y cuotas que se celebrará en Bruselas los próximos 9 y 10 de diciembre.

El sector pesquero de estos tres países considera que la propuesta, realizada por el equipo del antiguo comisario Virginijus Sinkevičius, es una “herencia envenenada” para el nuevo comisario de Pesca y Océanos, Costas Kadis, que hoy toma posesión de su cargo; y que compromete el nuevo rumbo que Europa quiere dar hacia un mayor equilibrio entre la conservación de la biodiversidad, los intereses sociales y económicos de la actividad pesquera y la seguridad alimentaria del Viejo Continente.

Los pescadores han expresado también su esperanza en que el Consejo de Ministros de Pesca de la UE tenga en cuenta la solicitud conjunta que el pasado 18 de noviembre realizaron los ministros de pesca de los gobiernos de estos tres países, primera vez que se da esta circunstancia, para conseguir una moratoria de las medidas de gestión para el año 2025. En este sentido, conviene recordar que los ministros de pesca de España, Francia e Italia realizaron una declaración conjunta solicitando la congelación del actual esfuerzo pesquero para 2025 y comenzar las negociaciones para adaptar el Plan Plurianual de pesca del Mediterráneo Occidental.

En el caso español, la propuesta plantea una reducción del 79% de los días de pesca de la flota de arrastre del Mediterráneo, que pasaría de la actual media de 130 días al año hasta sólo 27 días, y una reducción del 30% de los límites de captura para la gamba roja hasta solamente 551 toneladas al año. En este sentido, y según ha manifestado el sector “sin ambages, estas medidas significarían la desaparición de los 556 barcos que componen la flota de arrastre de todo el litoral mediterráneo y la destrucción de los 17.000 puestos de trabajo que genera. Además, –añade–, cabe recordar que estas medidas tendrían un efecto búmeran ya que es la flota de arrastre la que sostiene el resto de las modalidades de pesca”.

En España, el sector también valora la postura firme y fuerte del Gobierno de España, tras la reunión celebrada el viernes pasado con la secretaria general de pesca del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Isabel Artime, contra la propuesta y la defensa del futuro de la pesca en el Mediterráneo. Igualmente, vuelve a manifestar que antes de adoptar nuevas decisiones es imprescindible realizar una evaluación exhaustiva del impacto que han tenido todas las medidas adoptadas durante los últimos cinco años.

La nueva propuesta de reducción de días de pesca en el Mediterráneo de la CE forma parte del Plan Plurianual de Pesca en el Mediterráneo Occidental, adoptado en 2019 y en vigor desde enero de 2020 para regular la pesca demersal con el objetivo de lograr en 2025 el Rendimiento Máximo Sostenible (RMS) de varias especies. Desde su puesta en marcha, el plan ha supuesto un camino lleno de escollos para la supervivencia de la flota de arrastre que faena en estas aguas como consecuencia de las cada vez mayores restricciones de horarios, días de trabajo y zonas de pesca que impone. De hecho, en los últimos cuatro años, el plan plurianual ya ha supuesto una reducción del 40% de los días de pesca, cierres de zonas y restricciones de artes.

La flota de pesca española de arrastre que faena en el Mediterráneo está formada en la actualidad por 565 buques que capturan especies como la merluza, rape, brótola, salmonete, bacaladilla, gamba roja, gamba blanca y cigala. Esta flota genera alrededor de 17.000 puestos de trabajo (3.000 directos a bordo y 14.000 indirectos).

El español Iván López van der Veen ha sido elegido presidente de la Coalición Internacional de Asociaciones Pesqueras (ICFA, por sus siglas en inglés), organización de ámbito mundial centrada en la defensa del sector pesquero en distintos foros internacionales, de la que la Confederación Española de Pesca (CEPESCA) forma parte.

La designación de López van der Veen ha contado con la unanimidad de todos los miembros de ICFA, que representan a asociaciones pesqueras de 24 países de todos los continentes. El nuevo presidente sustituye en el cargo a Javier Garat, secretario general de la Confederación Española de Pesca (CEPESCA) y presidente de la patronal europea Europêche, que ha presidido la organización en los últimos nueve años, desde enero de 2016.

El nuevo presidente de ICFA, licenciado en Asuntos Internacionales y Economía, ha desarrollado su carrera profesional en el sector pesquero durante los últimos 25 años, y tiene experiencia en Sudamérica, África y Europa en las áreas de procesamiento y extracción de la actividad. Comprometido con la parte representativa de la industria, actualmente ejerce como director general de Pesquera Ancora, empresa bacaladera sita en Vigo; preside el Consejo Asesor de Larga Distancia de la Unión Europea (LDAC), así como la Alianza Europea de Pesca de Fondo (EBFA), y es miembro de la junta directiva de Europêche y vicepresidente de CEPESCA.

López van der Veen acomete su mandato en ICFA elevando el compromiso con el uso sostenible de los recursos marinos por su contribución a la seguridad alimentaria mundial y con las prácticas de conservación y gestión de la pesca basadas en la ciencia.

Según señala Iván López van der Veen, “es un honor que mis compañeros, miembros de la coalición, me hayan designado para presidirla. Tomo el relevo de manos de Javier Garat y asumo el cargo reiterando el compromiso de ICFA con el sector pesquero mundial y decidido a seguir trabajando en equipo por el futuro sostenible de nuestra actividad en todos los aspectos”.

El nombramiento se ha decidido durante la reunión de la Asamblea General mantenida por la coalición en Roma en la que se han analizado, además, los principales retos del sector pesquero a escala global. Así, en el encuentro se han abordado, entre otros asuntos, la importancia de la lucha contra la pesca ilegal, el papel en la ordenación del espacio marino, el capital humano en la pesca, la pesca de fondo, la descarbonización de la flota, el cambio climático o los aspectos nutricionales del consumo de pescados y mariscos.

Durante la Asamblea General de ICFA también se ha debatido sobre la participación del sector en foros internacionales, como la COP 16 de la Convención de Diversidad Biológica, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2024 (COP29), la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), la Conferencia de los Océanos de Naciones Unidas, el Comité de Pesca de la FAO o las Organizaciones Regionales de Pesca. Así mismo, los miembros de ICFA han celebrado una reunión con los funcionarios de la FAO para abordar los asuntos internacionales de interés y profundizar en el desarrollo práctico de la iniciativa “Transformación Azul”.

La cadena pesquera de nuestro país ha dado un paso más en su reivindicación para conseguir la supresión o reducción del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) de los productos pesqueros y la lleva a la calle para conseguir el respaldo de los ciudadanos. Concretamente, hoy ha anunciado en el mercado madrileño de Guzmán el Bueno la puesta en marcha de una campaña en más de 6.000 pescaderías de toda España con la que espera conseguir el apoyo de más de medio millón de consumidores de aquí a final de año.

En la campaña, que combinará el soporte físico y online, se repartirán 10.000 carteles y 100.000 folletos informativos en las pescaderías para informar a los ciudadanos sobre la aplicación de un IVA del 10% sobre sus compras de productos pesqueros frente a los más reducidos que se aplican a otros alimentos. La información que se facilitará explica que ello es debido a que los productos pesqueros no son considerados un alimento básico para la alimentación, a pesar de la calidad de las proteínas que proporcionan y la recomendación de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) de consumir entre tres y cuatro raciones de pescado a la semana. En los folletos también se ahonda en los beneficios para la salud derivados de la ingesta de productos pesqueros.

Los consumidores podrán apoyar la reivindicación de supresión o reducción del IVA del pescado desde sus propios móviles a través del código QR que aparecerá en los folletos de las pescaderías o bien entrando en la web www.pescadoymariscosiniva.es. Como se mencionaba anteriormente, los impulsores de la campaña, respaldada por las organizaciones más representativas del sector de la pesca, la acuicultura, la transformación y la comercialización de nuestro país[1], prevén conseguir medio millón de apoyos de aquí a final de año.

Según Luisa Álvarez, directora general de la Federación Nacional de Asociaciones Provinciales de Empresarios Detallistas de Pescados y Productos Congelados (FEDEPESCA), “los grandes beneficiados de la reducción de los impuestos a los productos pesqueros son los ciudadanos de este país, ya que facilitaría el acceso a esta proteína a muchas más personas. Por ello –añade Álvarez–, hemos querido implicar a los consumidores en esta reivindicación. Vamos a testear qué alcance obtenemos, y según los resultados que obtengamos, decidiremos el siguiente paso”.

Cabe recordar que la semana pasada el sector volvió a solicitar al Gobierno la supresión o la rebaja del IVA de los productos pesqueros tras la decisión del Ejecutivo, como expresó la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero en junio pasado, de aplicar uno reducido a ciertos productos básicos de nuestra dieta mediterránea, tales como el aceite de oliva, que a partir de enero de 2025 tributará al 4%, excluyendo, una vez más, a los productos pesqueros, a los que se aplica un IVA del 10%.

Tal como informó el sector, que ha solicitado una nueva reunión con el presidente Sánchez y los ministros involucrados en esta decisión, les requerirá una explicación sobre porqué la estrategia que define la política de nutrición y salud del Ejecutivo no facilita a los ciudadanos el acceso directo a una proteína de alta calidad nutricional como la de los productos pesqueros que tienen, además, “la menor huella de carbono” de la producción alimentaria.

El sector recuerda que la Comisión Europea (CE) ya permite aplicar estas medidas de fiscalidad saludable en siete sectores, siendo la alimentación uno de ellos. Concretamente, la Directiva (UE) 2022/542 del Consejo, de 5 de abril de 2022, actualizó el marco legal de los tipos del IVA dentro de la Unión Europea (UE). Este marco habilita a los Estados miembros a determinar los tipos impositivos siendo aplicable el tipo 0% a siete categorías de bienes y servicios, entre los que figura, en primer lugar, la alimentación, junto con otros como agua, medicamentos, equipos médicos o transporte de pasajeros.  

Reivindicación histórica

La rebaja o eliminación del IVA a los productos pesqueros en todas sus presentaciones comerciales (fresco, refrigerado, congelado, conserva, ahumado, etc.) es una reivindicación histórica de la cadena pesquera, intensificada durante los últimos años a raíz de su exclusión como alimento básico, lo que le ha impedido beneficiarse de las medidas adoptadas por el Ejecutivo desde mediados de 2022 para reducir su precio tras la espiral inflacionista provocada por la invasión de Ucrania.

El sector considera que la capacidad de los ciudadanos de adquirir alimentos saludables e indispensables para una dieta equilibrada, como es el caso de los pescados y mariscos, debe ser una prioridad para cualquier gobierno, tal y como hacen otros países europeos de nuestro entorno mediante la aplicación de una fiscalidad saludable. Así, en países como Irlanda, Malta y Reino Unido tienen un IVA cero de forma permanente; el Gobierno de Portugal lo eliminó en abril de 2023 para las principales especies pesqueras consumidas y desde principios de este año aplica un tipo super reducido del 6%; al igual que sucede en otros países como Alemania (7%), Bélgica (6%), Chipre, Croacia, Hungría y Polonia (5%), Francia (5,5%) y Luxemburgo (3%).

Por último, la cadena pesquera recuerda que mediante la aplicación de una fiscalidad saludable para sus productos también ayudaría a paliar la caída persistente en el consumo. Así, según el Informe del Consumo Alimentario en España 2023 del MAPA, el consumo per cápita de productos pesqueros en los hogares en 2023 ha sido de 18,56 Kg, un 3,3% menos que en 2022. El año 2023 cierra así con el dato más bajo en volumen de toda la serie histórica, que arroja una caída acumulada del 34,3% desde 2008.

[1] ANFACO-CECOPESCA, Asociación Empresarial de Acuicultura de España (APROMAR), la Cooperativa de Armadores de pesca del Puerto de Vigo (ARVI), Confederación Española de Pesca (CEPESCA), Asociación Española de Mayoristas, Importadores, Transformadores y Exportadores de Productos de la Pesca y Acuicultura (CONXEMAR), la Federación Nacional de Asociaciones Provinciales de Empresarios Detallistas de Pescados y Productos Congelados (FEDEPESCA), la Asociación de Empresarios Mayoristas de Pescados de Madrid (AEMPM) y la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP).

Las organizaciones más representativas del sector de la pesca, la acuicultura, la transformación y la comercialización de nuestro país[1] vuelven a solicitar al Gobierno la supresión o la rebaja del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) de los productos pesqueros. La cadena pesquera retoma así sus reivindicaciones, que llevará también a la calle, tras la decisión del Ejecutivo, tal como expresó la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero en junio pasado, de aplicar un IVA reducido a ciertos productos que son base de nuestra dieta mediterránea, tales como el aceite de oliva, que a partir de enero de 2025 tributará al 4%, excluyendo, una vez más, a los productos pesqueros, a los que se aplica un IVA del 10%.

Concretamente, el próximo 22 de octubre la cadena pesquera arranca una campaña en el Mercado de Guzmán el Bueno de Madrid, que se extenderá a todas las pescaderías del país para pulsar directamente el apoyo de los consumidores.

El sector, que solicita una nueva reunión con el presidente Sánchez y los ministros involucrados en esta decisión, requerirá una explicación sobre porqué la estrategia que define la política de nutrición y salud del Ejecutivo no facilita a los ciudadanos el acceso directo a una proteína de alta calidad nutricional como la de los productos pesqueros que tienen, además, “la menor huella de carbono” de la producción alimentaria.

La cadena pesquera no comprende esta política a tenor de las últimas cifras hechas públicas por organismos como la Sociedad Española de Neurología (SEN), que apunta que, de no prevenirse, el 25% de los ciudadanos de nuestro país sufrirá un ictus no solo en la vejez, sino a edades más tempranas, como consecuencia de hábitos no saludables. De hecho, esta organización alerta de que los casos de ictus en nuestro país entre personas de 24 y 60 años han aumentado un 25% en las últimas dos décadas, siendo una de las causas una mala alimentación.

Curiosamente, apunta el sector, esta franja de edad coincide con los grupos que realizan un menor consumo de productos pesqueros. Según el Informe del consumo alimentario en España 2023 del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), los individuos de más de 65 años son los que consumen más pescado (33,54 Kg por persona y año), cifra que les sitúa notablemente por encima del promedio nacional de 18,56 Kg y de la media del resto de grupos de edad: 21,31 Kg (50 a 64 años), 10,97 Kg (35 a 49 años) y 7,76 Kg (menores de 35 años).

Una reivindicación histórica

La rebaja o eliminación del IVA a los productos pesqueros en todas sus presentaciones comerciales (fresco, refrigerado, congelado, conserva, ahumado, etc.) es una reivindicación histórica de toda la cadena pesquera, intensificada durante los últimos años a raíz de su exclusión como alimento básico, lo que le ha impedido beneficiarse de las medidas adoptadas por el Ejecutivo desde mediados de 2022 para reducir su precio tras la espiral inflacionista provocada por la invasión de Ucrania.

El sector considera que la capacidad de los ciudadanos de adquirir alimentos saludables e indispensables para una dieta equilibrada, como es el caso de los pescados y mariscos, debe ser una prioridad para cualquier gobierno, tal y como hacen otros países europeos de nuestro entorno mediante la aplicación de una fiscalidad saludable.

Cabe recordar que en países europeos como Irlanda, Malta y Reino Unido los productos del mar tienen un IVA 0 de forma permanente; el Gobierno de Portugal eliminó en abril de 2023 el IVA para las principales especies pesqueras que se consumen en el país, y otros países europeos mantienen para estos productos un tipo superreducido, como Luxemburgo (3%), Alemania, Chipre, Hungría y Polonia (5%) o Francia (5,5%).

Por último, la cadena pesquera recuerda que mediante la aplicación de una fiscalidad saludable para sus productos también ayudaría a paliar la caída persistente en el consumo. Así, según el Informe del consumo alimentario en España 2023 del MAPA, el consumo per cápita de productos pesqueros en 2023 ha sido de 18,56 kilos, un 3,3% menos que en 2022. El año 2023 cierra así con el dato más bajo en volumen de toda la serie histórica, que arroja una caída acumulada del 34,3% desde 2008.

[1] Asociación de Fabricantes y Distribuidores (AECOC), ANFACO-CECOPESCA, Asociación Empresarial de Acuicultura de España (APROMAR), la Cooperativa de Armadores de pesca del Puerto de Vigo (ARVI), Confederación Española de Pesca (CEPESCA), Asociación Española de Mayoristas, Importadores, Transformadores y Exportadores de Productos de la Pesca y Acuicultura (CONXEMAR), la Federación Nacional de Asociaciones Provinciales de Empresarios Detallistas de Pescados y Productos Congelados (FEDEPESCA), la Asociación de Empresarios Mayoristas de Pescados de Madrid (AEMPM) y la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP)

El sector pesquero español, agrupado en la Confederación Española de Pesca (CEPESCA), y alineado con el resto de los pescadores europeos, agrupados en Europêche, se muestra expectante y con esperanza de que la nueva legislatura europea signifique un punto y aparte respecto a la anterior, guiada por los criterios del comisario Sinkevičius y del vicepresidente Timmermans.

Así, cree que los próximos cinco años van a ser fundamentales y decisivos para la viabilidad o no de la actividad pesquera europea, de la que España es líder, no sólo desde el punto de vista económico, sino también como sector estratégico en la definición de políticas de seguridad alimentaria, teniendo en cuenta un escenario internacional altamente competitivo e incierto.

Cepesca recuerda que la flota de pesca española suma más de 8.500 barcos que capturan unas 800.000 toneladas de pescados y mariscos, generan un valor agregado que supera los 10.000 millones de euros, y da trabajo directo a 31.000 personas y genera 150.000 empleos adicionales indirectos. A ello se suma su capacidad exportadora, con más de un millón de toneladas por un valor superior a los 5.500 millones de euros y unas importaciones que superan los 1,56 millones de toneladas, con un valor de unos 9.000 millones de euros. Con estas cifras, la flota española lidera la actividad pesquera europea, representando un 20%, aproximadamente, tanto en términos de producción como de facturación.

Según Javier Garat, secretario general de Cepesca, “somos un sector de actividad económica importante y además uno de los más estratégicos a tenor del deterioro progresivo de la situación política internacional. Tener capacidad para alimentar a la población con proteínas de calidad es cada vez más acuciante y nuestro Gobierno y Europa han de tomar conciencia de ello porque la competencia en el mundo por apoderarse de los recursos pesqueros es feroz. Por lo tanto –añade Garat–, no podemos dejar que esta nueva legislatura europea, tal como propició la anterior, juegue a diluir y debilitar el valor económico, social y estratégico de nuestra pesca”.

A este respecto, cabe recordar que durante la anterior legislatura europea y con Virginijus Sinkevičius como comisario europeo de Medio Ambiente, Océanos y Pesca (2019 a 2024), el sector pesquero español recortó su flota en 335 barcos, el 3,77% del total, índice que sube al –5,70% en los buques que pescan en caladeros internacionales. Por artes, destaca la reducción de la flota de palangre de fondo (-13,51%), la de palangre de superficie (-6,53%), la de cerco (-6,46%) y la de arrastre (-3,53%). Igualmente, el sector perdió más del 4% de empleo (1.500 personas). Respecto a Europa, la reducción media de la capacidad pesquera comunitaria durante la anterior legislatura fue de 4.400 buques (-5,88%), siendo los países más afectados Grecia (-17,56%) o nuestros vecinos portugueses (-11,58%).

Expectante y con esperanza

El sector expresa su esperanza en el próximo ejecutivo europeo a la vista de la carta de misión que Ursula von der Leyen transmitió al chipriota Costas Kadis, designado, y a la espera de ratificación, como nuevo comisario de Pesca y Océanos. El sector celebra, además, que este nombramiento responda a su reivindicación histórica de establecer una separación entre las políticas pesqueras y las políticas medioambientales en la UE, y confía en que la reorganización suponga un cambio de rumbo respecto al último mandato de la CE.

Para el sector esta decisión es un buen augurio, así como el hecho de que la CE haya decidido reforzar la normativa comunitaria destinada a combatir las prácticas pesqueras no sostenibles, tanto desde el punto de vista medioambiental como socioeconómico, de países no pertenecientes a la UE y que sí son exigidas a la flota comunitaria, creando un marco de competencia desleal para los pescadores europeos. Se trata también de una antigua reivindicación que además de reforzar la sostenibilidad de los océanos también lo hace con los derechos de los consumidores europeos.

“Habrá que esperar a ver las decisiones políticas sobre pesca del nuevo ejecutivo europeo, pero sin lanzar campanas al vuelo, el sector espera que realmente se comience a valorar nuestro rol social y estratégico y nuestro conocimiento y esfuerzo para cuidar de nuestros mares y océanos, -dice Julio Morón-. Nuestros políticos en Bruselas y nuestro ministro Luis Planas –añade Morón–, siempre van a contar con nuestro apoyo y colaboración para empujar aquellas iniciativas en materia pesquera guiadas por la lógica, el sentido común y los datos científicos. Fuera de estos parámetros no vemos futuro”.

Partiendo de estas premisas, el sector pesquero mantendrá su oposición a aquellas decisiones arbitrarias y sin base científica que impliquen cierres de zonas de pesca no justificados. En este sentido, recuerda la entrada en vigor el 9 de octubre de 2022 del Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1614 de la CE, que cerró 87 zonas a la pesca de fondo en el Atlántico Nordeste, desde las costas de Irlanda hasta el Golfo de Cádiz, afectando la actividad de más de 10.000 pescadores del conjunto del sector pesquero comunitario (el cierre afecta a 16.419 Km² entre los 400 y los 800 metros de profundidad en aguas de Irlanda, Francia, Portugal y España, donde se supone la existencia de ecosistemas marinos vulnerables) y que tiene que ser revisado próximamente.

También apunta los cierres que puede provocar la Ley de Restauración de la Naturaleza, que fija el objetivo de restaurar el 20% de las áreas terrestres y marinas de la UE para 2030 y todos sus ecosistemas para 2050, lo que amenaza el futuro de los pescadores y la producción de alimentos en la UE, o el Plan Plurianual de Pesca en el Mediterráneo Occidental, adoptado en 2019 y en vigor desde enero de 2020 para regular la pesca demersal con el objetivo de lograr en 2025 el Rendimiento Máximo Sostenible (RMS).

Este plan, apunta el sector está acabando poco a poco con la flota de arrastre mediterránea debido a las restricciones de días de trabajo y zonas de pesca que impone, sin que se haya evaluado el impacto socioeconómico de las medidas ya adoptadas. En los caladeros mediterráneos faenan un total de 3.400 barcos de la UE y la flota de pesca española de arrastre (556 buques) que faena en estas aguas capturan entre otras especies algunas de alto consumo, tales como la gamba roja, la gamba blanca, la merluza, el salmonete, el calamar, el rape o la cigala.

Igualmente, y dentro del ámbito nacional, el sector pesquero también mantendrá su batalla para conseguir que los productos pesqueros sean incluidos por el Ejecutivo en la lista de productos y alimentos básicos para la población y, por lo tanto, con un trato fiscal acorde o similar al de otros productos básicos, a los que desde el 1 de octubre se aplica un tipo del IVA del 2% y, a partir del próximo año, un tipo superreducido del 4%.

Por último, Cepesca también considera de vital importancia acometer un plan robusto para garantizar el relevo generacional. Cabe recordar que actualmente solo el 27% de los afiliados al Régimen Especial del Mar (REM) son menores de 40 años y el tramo mayoritario (35%) se concentra entre 50 y 59 años.

El sector pesquero español, representado por la Confederación Española de Pesca (CEPESCA), lamenta las consecuencias sociales y medioambientales de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que anula el acuerdo de pesca entre la UE y Marruecos.

Cepesca considera que esta sentencia es un nuevo golpe para el sector pesquero español, tanto el andaluz, como el canario y gallego y, especialmente para los pescadores de la provincia de Cádiz, que tradicionalmente han tenido un complemento a su actividad en la posibilidad de ir a Marruecos a capturar especies como boquerón y sardina, en la modalidad de cerco; o besugo, en la modalidad de palangre de fondo. Por su parte, los barcos gallegos pescaban en esas aguas merluza (barcos arrastreros) y palometa (palangreros de fondo).

Según Javier Garat, secretario general de Cepesca y presidente de Europêche, “concretamente, la flota de cerco, que ya se ve sometida a una presión muy importante por parte de la Comisión Europea –que ha propuesto una reducción del 54% del boquerón, y que tienen también unas limitaciones muy grandes para la sardina–, se verá abocada, posiblemente, a amarrar muchos barcos con las consecuencias socioeconómicas que eso va a tener en una población como Barbate”.

Consecuencias para España

El acuerdo de pesca entre la UE y Marruecos, que venció el 17 de julio de 2023, fecha en que los barcos europeos dejaron de faenar en dichas aguas, incluía la posibilidad de obtener licencias a un total de 128 barcos europeos de los cuales 92 eran españoles: 47 de Andalucía, 38 canarios y 7 gallegos, aunque, en el último protocolo, sólo se han utilizado en torno a una veintena por parte de empresas y pescadores de las flotas andaluza, gallega, vasca y canaria. Tras expirar el acuerdo, algunos de los buques afectados se limitaron a pescar en el Golfo de Cádiz (andaluces) y los gallegos en Mauritania.

Según Garat, “ahora que el acuerdo se ha anulado, deben contemplarse varios escenarios, incluidas operaciones pesqueras bajo autorizaciones directas”. “En cualquier caso”, – añade Garat–, “estamos preparados para trabajar de forma urgente con todas las partes implicadas, de forma que la actividad empresarial y la cooperación pesquera entre Marruecos y la UE pueda continuar en el futuro”.

Cepesca subraya que la actividad pesquera en el marco de los acuerdos entre la UE y Marruecos ha influido sobremanera en la utilización sostenible y basada en la ciencia de especies como boquerón, sardina, jurel, merluza, cefalópodos o atún. Estas pesquerías han sido esenciales para proporcionar millones de comidas al día a España, el resto de la UE, África y otros lugares con mayor demanda de alimentos saludables y asequibles.

La Confederación Española de Pesca (CEPESCA) ha convocado la séptima edición de los “Premios Periodismo y Sector Pesquero Español”, que mantienen su objetivo de reconocer la labor de los medios de comunicación y el trabajo de los profesionales de la información en la difusión y la mejora del conocimiento de la actividad del sector pesquero entre los ciudadanos.

La séptima edición del certamen cuenta con dos categorías de premios a periodistas y medios que reconocen los mejores trabajos periodísticos (periodistas) y la mejor labor de difusión (personas jurídicas), respectivamente, en dos áreas temáticas “Sector Pesquero Español” y “Sostenibilidad y Medio Ambiente en la Pesca”. En esta séptima edición los premios a periodistas mantienen la denominación “Premio Amador Suárez al Mejor Artículo sobre el Sector Pesquero Español” adoptada en la cuarta edición en memoria del que fuera presidente de Cepesca entre 2007 a 2020.

La nueva convocatoria de los “Premios Periodismo y Sector Pesquero Español” mantiene también el galardón a la “Mejor Fotografía de Actividad Pesquera”, incluida en la tercera edición del certamen.

Como se recoge en las bases de los premios a la convocatoria pueden concurrir los trabajos periodísticos publicados o emitidos entre el 1 de junio de 2023 y el 15 de septiembre de 2024, ambos incluidos, y tanto en formato escrito (impresos o en soporte electrónico) como audiovisual, en cualquier de las lenguas oficiales del Estado. El mismo plazo aplica a la presentación de trabajos fotográficos.

Las bases también recogen toda la información relativa a condiciones, formato y plazo de entrega de los trabajos, que podrán ser remitidos hasta el 15 de octubre de 2024 (inclusive) a través del correo electrónico premiosperiodismo@cepesca.es

Según Javier Garat, secretario general de Cepesca, “es una gran satisfacción para el sector pesquero que estos premios, celebrados por primera vez en 2017, alcancen su séptima edición y gocen del reconocimiento de los profesionales de los medios de comunicación, cuyo trabajo es tan esencial como el de los pescadores”. “Con más de 8.500 buques”, -detalla Garat-“el sector pesquero español es un referente de sostenibilidad y responsabilidad en la UE y en el mundo, genera 31.000 empleos directos y 150.000 indirectos, y captura al año alrededor de 800.000 toneladas de pescados y mariscos que suponen una facturación en primera venta de 2.000 millones de euros y más de 10.000 millones de valor agregado; un innegable valor socioeconómico al que hay que sumar su contribución a la alimentación saludable, su compromiso con la protección del medio marino y su biodiversidad, y con la innovación y evolución tecnológica”.

El sector pesquero europeo, representado por la organización Europêche, de la que forma parte la española CEPESCA, ha transmitido en Bruselas la esperanza en que la actividad pesquera y la producción de alimentos tenga mayor peso en la agenda de la Comisión Europea (CE) y “que se pase página a la negra etapa de los últimos cinco años”. Así lo expresó el sector en la reunión mantenida ayer con Maros Sefcovic, vicepresidente ejecutivo para el Pacto Verde Europeo de la CE y comisario designado para Comercio, Seguridad Económica, Relaciones Interinstitucionales y Transparencia, en la que defendió un enfoque holístico para la pesca europea, por ser crucial para potenciar su resiliencia, sostenibilidad y competitividad en el mercado mundial.

En el encuentro, Europêche también abogó por la reciprocidad comercial, las cláusulas espejo y la armonización de las normas en los mercados mundiales, subrayando la importancia de la competencia leal y la igualdad de condiciones. Durante la reunión también se abordaron asuntos urgentes “que no pueden relegarse” mientras se crea la próxima CE.

Así, Europêche transmitió su decepción por la propuesta de la CE sobre la gestión del boquerón de las aguas ibéricas y la inflexibilidad mostrada por la DG MARE ante los argumentos del Gobierno de España, con el apoyo de 13 países más, durante el Consejo de Ministros de Pesca de la UE, celebrado el lunes y martes pasados. En este sentido, Europêche solicitó a Maros Sefcovic que la Comisión Europea comience urgentemente a mostrar signos de cambio en su política pesquera para evitar el hundimiento del sector pesquero europeo.

Por otro lado, agradeció a la CE la inclusión de la pesca en las conversaciones de alto nivel entre la UE y Noruega, transmitió su intención de seguir de cerca las actuaciones de este país y animó a la CE a adoptar una postura firme contra sus prácticas poco cooperativas e irresponsables, incluida la fijación unilateral de cuotas excesivas de caballa y el acaparamiento de cuotas de bacalao. Por ello, el sector, como ya hizo público la semana pasada, acoge con satisfacción la propuesta legislativa de la CE para permitir a la UE tomar medidas más concretas contra las prácticas pesqueras insostenibles de países no comunitarios y reforzar la cooperación.

Posibilidades de pesca equilibradas para 2025 y preocupación por los recortes

Europêche también reconoció los importantes avances hacia una pesca más sostenible en la UE, especialmente en el Atlántico nororiental, pero adujo que las perspectivas positivas de la CE no se traducen en un aumento de las cuotas. En opinión del sector, la interpretación que hace la CE de los dictámenes científicos sigue siendo muy cautelar, recortando las cuotas en exceso, y no se ajusta a las observaciones de los pescadores en el mar. Europêche pide mayor garantía de calidad científica y un enfoque equilibrado que tenga en cuenta los factores socioeconómicos y la seguridad alimentaria.

Igualmente, los pescadores europeos manifestaron que, con el nuevo programa político de la CE, que hace hincapié en la soberanía alimentaria, la capacidad de recuperación y la competitividad, esperaban propuestas más equilibradas para las posibilidades de pesca. Sin embargo, el sector expresa su preocupación y decepción por los fuertes recortes propuestos para muchas especies, incluido el boquerón en aguas ibéricas. Europêche también solicitó a la CE más flexibilidad y un aumento del 10% para las poblaciones de bacalao del Mar del Norte.

Evitar el colapso de la flota de cerco europea

De cara a la próxima reunión de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT), que se celebra en Chipre del 11 al 18 de noviembre, Europêche también agradeció los esfuerzos de la CE en la defensa de las cuotas europeas de túnidos tropicales, pero alertó sobre la brecha cada vez mayor en cuanto a la igualdad de condiciones entre la flota comunitaria y otras flotas que faenan en el océano Atlántico. Así, apuntó que los buques no comunitarios, o no están obligados a acatar la veda temporal sobre los dispositivos de concentración de peces (FAD, por sus siglas en inglés) o no la respetan, lo que agrava los problemas que afrontan los cerqueros europeos.

En este contexto, y dado que las poblaciones de atún gozan de buena salud, Europêche pidió suprimir o reducir esta moratoria a un mes para evitar el colapso de la flota de cerco de la UE, cuyos buques y capturas ya se han desplomado un 40% desde 2016.

Plan plurianual para la pesca en el Mediterráneo

En la reunión también se abordaron los retos actuales en el Mediterráneo poniendo de relieve el impacto socioeconómico negativo del Plan Plurianual específico. A saber, una enorme reducción del 40% de los días de pesca, los cierres de zonas y las restricciones de artes en los últimos cuatro años. Con este panorama, en la reunión se solicitó una evaluación completa de las medidas antes de adoptar nuevas reducciones adicionales, puesto que los pescadores están al límite.

Según Javier Garat, presidente de Europêche y secretario general de Cepesca, “vemos esta nueva legislatura europea como una ventana de oportunidad y esperanza dado que tanto la estructura como el mandato de la Comisión priorizan la producción y la soberanía alimentarias; pero, dicho esto, nos decepcionan propuestas recientes como la del boquerón del Golfo de Cádiz o la negativa del Parlamento Europeo a revisar e introducir mayor flexibilidad en los planes plurianuales de pesca”. “Esperamos” –subraya Garat—“que a las palabras sigan rápidamente los hechos para garantizar un futuro viable a nuestros pescadores y mantenemos nuestro compromiso de colaboración estrecha con todas las instituciones para mejorar la sostenibilidad de nuestras pesquerías, incluidas las dimensiones socioeconómicas”.

El sector pesquero europeo, representado por Europêche, organización de la que forma parte la Confederación Española de Pesca (CEPESCA), celebra la propuesta de la Comisión Europea (CE) para reforzar la normativa comunitaria destinada a combatir las prácticas pesqueras no sostenibles, tanto desde el punto de vista medioambiental como socioeconómico, de países no pertenecientes a la UE y que sí son exigidas a la flota comunitaria, creando una marco de competencia desleal para los pescadores europeos.

A juicio del sector, la propuesta de la Comisión, que pretende modificar el Reglamento (UE) 1026/2012, recoge una antigua reivindicación y supone un importante paso para salvaguardar las poblaciones de peces compartidas y garantizar la sostenibilidad a largo plazo de nuestros océanos y también de las empresas de la UE. Igualmente, el sector también cree que la propuesta reforzará los derechos de los consumidores europeos.

La modificación propuesta aclara las condiciones en las que se puede identificar a países no pertenecientes a la UE que permiten prácticas pesqueras insostenibles y dota a la UE de autoridad para imponer medidas restrictivas a los países infractores, incluida la posibilidad de prohibir las importaciones, de manera justa y no discriminatoria.

Según Europêche, esta iniciativa llega en un momento crucial, ya que los intereses pesqueros de la UE se han visto cada vez más socavados por las acciones agresivas de algunas naciones no pertenecientes a la UE. Tal es el caso, por ejemplo, de las medidas unilaterales e ilegales de Noruega con cuotas excesivas de caballa y bacalao que, además de perjudicar al sector pesquero europeo, han agravado también el problema de la sobrepesca en el Atlántico Nororiental.

Para Daniel Voces, director general de Europêche, que insta a la rápida aprobación y aplicación del Reglamento revisado para responder a las preocupaciones actuales y evitar más daños a las poblaciones de peces, «se trata de una respuesta muy necesaria a las antiguas frustraciones del sector pesquero europeo. Durante años, los pescadores de la UE se han visto sometidos a prácticas desleales e insostenibles por parte de terceros países, tales como Noruega, que ha hecho caso omiso de los derechos de pesca europeos en repetidas ocasiones. La UE –añade Voces–, necesita instrumentos más fuertes y claros para hacer cumplir las prácticas pesqueras responsables y proteger nuestro sector. Acogemos con satisfacción este paso dado por la Comisión, que dota a la UE de «dientes» para defender la gestión sostenible de nuestros recursos compartidos».

Encuentro con el vicepresidente ejecutivo Maros Sefcovic

Por otra parte, Europêche se reunirá el próximo 25 de septiembre con el todavía vicepresidente ejecutivo, Maros Sefcovic, para abordar asuntos urgentes relacionados con la pesca en un periodo crucial de transición política, mientras Europa se prepara para la próxima Comisión Europea.

Europêche, que acoge con satisfacción esta reunión, quiere aprovechar el encuentro para tratar tres asuntos prioritarios. El primero de ellos, la cooperación con Noruega en materia de pesca, para lo que se propone el establecimiento de una asociación sostenible que preserve los recursos oceánicos compartidos y proteja los intereses de la flota de la UE.

En segundo lugar, Europêche quiere abordar la posición de la UE de cara a la reunión anual de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT) para garantizar que Europa mantenga una postura firme y coherente y asegure la igualdad de condiciones en las próximas negociaciones. Las posibilidades de pesca para 2025, con especial atención a la situación en el Mediterráneo, son el tercer asunto que quiere tratar Europêche con Sefcovic, de cara a garantizar asignaciones sostenibles y justas para salvaguardar tanto el medio ambiente como el futuro de la pesca europea.

Aunque se espera que el nuevo Colegio de Comisarios tome posesión de su cargo el 1 de diciembre, esta reunión garantizará que los acuciantes asuntos pesqueros sigan recibiendo la atención política que merecen. Por último, Europêche manifiesta el mantenimiento de su compromiso de fomentar un diálogo constructivo y una estrecha colaboración con el ejecutivo de la UE para salvaguardar el futuro del sector pesquero.

El sector pesquero español recuperará al menos 100 toneladas de redes y aparejos de pesca descartados dentro del proyecto ‘Redes de España’ que coordina la Confederación Española de Pesca (Cepesca) y se desarrolla en colaboración con la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP) y el Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG).

El proyecto, que se lleva a cabo en el marco del programa Pleamar de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), también cuenta con la colaboración de la Plataforma Tecnológica de la Pesca y la Acuicultura (PTEPA) y la Asociación AMICOS para difundir sus acciones y promover la economía circular.

El proyecto ‘Redes de España’ tiene un triple objetivo. Por un lado, prevenir la contaminación y su impacto en la biodiversidad; por otro, promover la economía circular en la gestión de las artes de pesca descartadas y también dar cumplimiento al marco europeo sobre los plásticos de un solo uso. Para ello, el proyecto contempla el diseño, la creación e implantación de una certificación nacional de gestión y reciclaje de aparejos y redes de pesca que han acabado su vida útil para posibilitar su retorno al ciclo productivo a través de procesos innovadores.

Esta certificación y su reglamento de uso garantizarán el establecimiento de un sistema de recogida, transporte y valorización de los aparejos de pesca descartados que garantice a las entidades productoras de los residuos su trazabilidad y reintroducción al mercado, avanzando hacia el objetivo del residuo cero.

De esta forma, el sector pesquero dará cumplimiento a la Directiva Europea 2019/904, de 5 de junio, sobre la reducción del impacto de ciertos productos de plástico en el medio ambiente, conocida como Directiva SUP (Single Use Plastics Directive) o Directiva de plásticos de un solo uso. Esta directiva obligará a los estados a impulsar un sistema de responsabilidad ampliada del productor (RAP), de forma que los productores de redes y artes de pesca que contienen plástico den cumplimiento, incluyendo la recogida separada y el tratamiento de los residuos de estas artes de pesca.

Según Nadia Moalla, responsable de Proyectos e Innovación de Cepesca, “con el proyecto Redes de España, el sector pesquero sigue avanzando para dar respuesta al reto ambiental que representan las redes y aparejos de pesca descartados”. “La iniciativa”, -añade Moalla-, “aprovechará todo el conocimiento y la experiencia acumulada con los proyectos REDUSE y REDUSE II y amplía además el alcance gracias a la participación de la FNCP, aglutinando así a la práctica totalidad del sector pesquero español”.

Según Basilio Otero, presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP), “Redes de España es un claro ejemplo del potencial que tiene el sector cuando trabaja con un mismo objetivo; está demostrado que el sector pesquero es parte fundamental de la solución a los problemas de la basura marina. “Con el proyecto VIGIAMAR”, explica Otero-, “hemos trabajado en la geolocalización de las basuras marinas, ahora, junto a Cepesca, pasamos a la acción en su transformación en nuevos componentes para la industria”

Nuevos materiales elaborados a partir de residuos de artes de pesca

El sector pesquero agrupado en Cepesca y la FNCP cuenta con el CTAG como socio en el proyecto ‘Redes de España’ para introducir técnicas innovadoras que contribuyan a garantizar la circularidad, incluyendo el diseño de nuevos materiales elaborados a partir de componentes derivados de las redes y aparejos de pesca descartados, como primer paso para lograr la plena reintroducción de estos en sectores tales como la automoción, el naval o la aeronáutica.

Según Raquel Ledo, responsable del Departamento Innovación Producto y Materiales del Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG), “la involucración en este proyecto supone avanzar en las líneas estratégicas del centro mediante la transferencia de capacidades de innovación, y progresar en la búsqueda de nuevas soluciones para conseguir una economía circular real, revalorizando residuos de la industria pesquera y buscando nuevas aplicaciones de alto valor añadido en el sector de la movilidad”.

Con una duración de 18 meses, el proyecto ‘Redes de España’ se desarrollará hasta enero de 2026 y está dotado con financiación de en torno a 1 millón de euros del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y Acuicultura (FEMPA), el proyecto ‘Redes de España’ también busca concienciar sobre la problemática de los plásticos de un solo uso, el cuidado de los hábitats marinos y el potencial de la economía circular, incorporando enfoques de género y de inclusión de colectivos desfavorecidos mediante acciones de comunicación y difusión a la sociedad.

“Este proyecto se desarrolla con la colaboración de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través del Programa Pleamar, y se cofinancia por la Unión Europea por el FEMPA (Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura)”

La meta 3 del Marco Mundial para la Biodiversidad de Kunming-Montreal establece el objetivo de conservar y gestionar eficazmente al menos un 30% de las zonas terrestres y marinas para 2030 mediante sistemas de áreas protegidas bien conectados y gobernados equitativamente y otras medidas de conservación eficaces basadas en áreas (OECM). Según la Decisión 14/8 del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), todas las partes deben facilitar la integración de las OECMs en sectores clave como la agricultura, la pesca, la silvicultura, la minería, la energía, el turismo y el transporte.

En la UE, además del objetivo de «30% para 2030», la Estrategia de Biodiversidad establece la meta de un 10% de espacios con protección estricta. Tras su aprobación, la Comisión publicó criterios y orientaciones para la designación de zonas protegidas, incluidas las OECMs, con el fin de ayudar a los Estados miembros a alcanzar este objetivo. Aunque las OECMs han sido utilizadas tradicionalmente por los organismos de gestión pesquera para proteger la biodiversidad, el concepto es relativamente nuevo en los diálogos de conservación.

Por ello, es esencial tender puentes entre los discursos y las experiencias de las autoridades nacionales, las organizaciones internacionales, los expertos y ONG que trabajan actualmente en el tema para promover un entendimiento común sobre las OECMs pesqueras, al tiempo que se fomenta la cooperación para la aplicación del Marco Global de Biodiversidad de Kunming-Montreal y la Estrategia de Biodiversidad de la UE.

La #JornadaOECMs – Otras Medidas Eficaces de Conservación Basadas en Áreas-, organizada por Cepesca el 7 de junio de 2024 dentro del Proyecto Life Intemares, se centra en la identificación, evaluación y presentación de informes sobre las OECMs pesqueras y cómo pueden complementar la Red de Áreas Marinas Protegidas para alcanzar el objetivo de «30% para 2030». Además, brinda la oportunidad a las autoridades nacionales de intercambiar opiniones con todos los agentes interesados.

Puedes ver los videos de las ponencias de la #JornadaOECMs en el canal de YouTube de Cepesca tanto en español como en inglés.

Compartimos aquí las presentaciones de los participantes en la jornada:

01 Implantación OECMs en pesquerías, Serge García, Grupo de Expertos en Pesca UICN

02 Qué son OECM pesqueras, cómo identificarlas, evaluarlas e informarlas, Amber Himes Cornell, FAO

03 Estrategia Europea Biodiversidad, Jorge Alonso Rodríguez, Espacios Marinos Protegidos MITECO

04 Medidas Actuales de Conservación de Pesquerias, Mª Pilar Vara MAPA

05 Medidas Técnicas Conservación Recursos Pesqueros, Guillermo Bravo_MAPA

06 Contribución IEO al establecimiento de OEMC_David Díaz_IEO

07 Retos OECM pesqueras_Caso estudio NEAFC, Dr. Darius Campbell, secretario NEAFC

08 Examples of potential fishery OECMs, Serge García UICN

Formación recogida en la Estrategia de Capacitación del proyecto LIFE IP INTEMARES, que coordina la Fundación Biodiversidad

LIFE IP INTEMARES: Gestión integrada, innovadora y participativa de la Red Natura 2000 en el medio marino español.

Cuenta con la contribución financiera del Programa LIFE de la Unión Europea.

La Confederación Española de Pesca (Cepesca) solicita firmeza al tribunal que juzgue la trama de blanqueo de capturas ilegales y comercio fraudulento de atún rojo tras el Auto del Juzgado Central de Instrucción número 3 de Madrid, en el marco de las Diligencias Previas –Procedimiento Abreviado 0000091/2018–,que establece que los hechos relatados en el mismo por parte de las ocho personas y doce empresas investigadas[1] pueden ser presuntamente constitutivos de hasta siete delitos[2].

Cepesca cree que este tipo de conductas son inadmisibles, no sólo en el sector pesquero, caracterizado por un continuo esfuerzo para implantar las mejores prácticas en su actividad, sino también en todas aquellas otras relacionadas, tales como la comercialización y restauración española, cuyo prestigio y reputación internacional pueden verse perjudicados por este tipo de hechos, más aún, tratándose de un producto de alta gama, como es el atún rojo.

El sector también valora las declaraciones del ministro Luis Planas sobre este particular, que además de exigir “respeto” y “contundencia” a la investigación, ha manifestado, refiriéndose a este tipo de conductas, que “no es la realidad del conjunto de nuestro sector pesquero, que al contrario respeta la legalidad”. 

La magistrada-jueza del Juzgado Central de Instrucción número 3 de Madrid, María Tardón Olmos, ha propuesto “seguir las presentes diligencias previas por los trámites del Procedimiento Abreviado” contra las personas físicas y jurídicas arriba mencionadas por considerar que los hechos relatados en el Auto pueden ser presuntamente constitutivos de los hasta siete delitos.

Cepesca recuerda que las mejoras en las medidas de ordenación y control adoptadas en el seno de ICCAT en los últimos 12 años permitieron que las autoridades españolas detectaran y desenmascararan en 2018 esta importante presunta trama de blanqueo de capturas ilegales y comercio fraudulento de atún rojo.

La investigación de la Guardia Civil, denominada Tarantelo, puso al descubierto una red que introducía anualmente en nuestro país, según la Benemérita, más de 3.500.000 kilos de atún rojo ilegal proveniente fundamentalmente de Malta e Italia, y generando un beneficio ilícito de unos 25 millones de euros al año.

Cabe recordar que Cepesca decidió personarse como acusación popular en la causa abierta tras esta investigación de la Guardia Civil, al considerar su Junta Directiva que la gravedad de estos hechos y conductas afectan directamente al sector pesquero y, consecuentemente, a los objetivos fundacionales de la patronal, entre los que se encuentran promover el desarrollo de una pesca sostenible y responsable, así como la lucha contra la pesca ilegal.

[1] Carlos Fernández Fernández, Javier Amorós López De La Nieta, Khalid Mouslim, Juan Pedro Fuentes García, José Fuentes García, Antonio Enrique Alcaraz Cabrera, Juan José Lara Uclés, Jorge García González, MARFISHVAL, S.L., PESCNORT MAR, S.L., GRUPO PESCNORTMAR, S.L., GENERAL WORLD FROZEN, S.L.33, CENTURY FISH, S.L., ENDUMAR, S.L., VIVER ATÚN CARTAGENA, S.A., FRIGORÍFICOS DE TÚNIDOS, S.A., TUNAGRASO, S.A., RICARDO FUENTES E HIJOS COMERCIALIZADORA, S.A., SEYFU PRODUCTOS DEL MAR, S.L. y MARE BLU TUNA FARM.

[2] Delito de falsedad documental, delito contra la fauna, delito contra los derechos de los consumidores, delito de descubrimiento y revelación de secretos, delito de participación en organización criminal y delito de blanqueo de capitales.

Las organizaciones más representativas del sector de la pesca, la acuicultura, la transformación y la comercialización de nuestro país[1] volverán a solicitar al Gobierno la supresión o rebaja del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) de los productos pesqueros. El sector hará esta petición tras el anuncio realizado por el Consejo de Ministros para prorrogar a partir del 1 de julio próximo la rebaja impositiva para los alimentos básicos, entre los que, una vez más, no se reconocen como tales a los pesqueros.

El sector también solicitará al Gobierno que explique y argumente la razón de esta reiterada decisión que aleja el acceso del consumidor a una dieta de calidad, más aún en el caso de las capas sociales más desfavorecidas y “si sólo está fundamentada en recaudar a cambio del empobrecer la dieta de los ciudadanos”. Caber recordar que el Banco de España ha hecho pública su previsión de que el precio de los alimentos suba una media del 4,5% este año.

La rebaja o eliminación del IVA a los productos pesqueros en todas sus presentaciones comerciales (refrigerado, congelado, conserva, ahumado, etc.) es una reivindicación histórica del sector e intensificada durante los últimos años a raíz de su exclusión como un alimento básico y no beneficiarse así de las medidas adoptadas por el Ejecutivo desde mediados de 2022 para reducir su precio tras la espiral inflacionista provocada por la invasión de Ucrania.

Además, argumenta el sector, su exclusión de la lista de alimentos básicos del Gobierno favorece que sean percibidos erróneamente como productos más caros y prescindibles, “aunque el propio Gobierno recomiende su consumo tres o cuatro veces a la semana”.

El sector considera que la capacidad de los ciudadanos de adquirir alimentos saludables e indispensables para una dieta equilibrada, como es el caso de los pescados y mariscos, debe ser una prioridad para cualquier gobierno, tal y como hacen otros países europeos de nuestro entorno mediante la aplicación de una fiscalidad saludable. Suprimir o recortar el IVA de los productos pesqueros, además de contribuir a la economía doméstica, fomentaría el mantenimiento de la dieta saludable pesco-mediterránea y ayudará a resolver problemas de salud, tales como la obesidad o el sobrepeso en niños y adultos, aminorando los gastos sanitarios derivados de una alimentación deficiente.

El sector pesquero recuerda que, en países europeos como Irlanda, Malta y Reino Unido, los productos del mar tienen un IVA 0 de forma permanente; el Gobierno de Portugal eliminó en abril de 2023 el IVA para las principales especies pesqueras que se consumen en el país, y otros países europeos mantienen para estos productos un tipo superreducido, como Luxemburgo (3%), Alemania, Chipre, Hungría y Polonia (5%) o Francia (5,5%).

Como ya ha manifestado en otras ocasiones, el sector cree que el Gobierno vuelve a tener la oportunidad de marcar un punto de inflexión y enviar un mensaje contundente para promover una alimentación saludable con alimentos de alto valor nutricional y biológico, y con la menor huella de carbono en su proceso productivo.

Por último, el sector recuerda que mediante la aplicación de una fiscalidad saludable para sus productos también ayudaría a paliar la caída persistente en el consumo. Así, según el Informe del consumo alimentario en España 2023 del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), el consumo per cápita de productos pesqueros en 2023 ha sido de 18,56 kilos, un 3,3% menos que en 2022. El año 2023 cierra así con el dato más bajo en volumen de toda la serie histórica, que arroja una caída acumulada del 34,3% desde 2008.

[1] Asociación de Fabricantes y Distribuidores (AECOC), ANFACO-CECOPESCA, Asociación Empresarial de Acuicultura de España (APROMAR), la Cooperativa de Armadores de pesca del Puerto de Vigo (ARVI), Confederación Española de Pesca (CEPESCA), Asociación Española de Mayoristas, Importadores, Transformadores y Exportadores de Productos de la Pesca y Acuicultura (CONXEMAR), la Federación Nacional de Asociaciones Provinciales de Empresarios Detallistas de Pescados y Productos Congelados (FEDEPESCA), la Federación Nacional de Mayoristas de Pescados (FENAMAR) y la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP)

El sector pesquero ha apelado a la necesidad de colaborar y trabajar con gobiernos y ONG medioambientales si se quiere garantizar la alimentación de una población mundial estimada de 9.800 millones de personas en 2050. El sector pesquero considera un grave error de cualquier estrategia para abordar la seguridad alimentaria del planeta ignorar los productos pesqueros como fuente primaria de suministro alimentario al aunarse en ellos la calidad inigualable de su proteína y la baja huella de carbono de su producción.

Así lo ha manifestado el español Julio Morón, presidente de la Confederación Española de Pesca (CEPESCA), en la 24ª reunión del Proceso Abierto de Consultas Oficiosas de las Naciones Unidas sobre los Océanos y el Derecho del Mar (ICP-24) de la ONU.

Morón, que ha intervenido en este foro en representación de la Coalición Internacional de Asociaciones Pesqueras (ICFA), por sus siglas en inglés), ha solicitado a Gobiernos y ONG que sean conscientes de la necesidad de hallar el equilibrio entre la conservación y el uso sostenible de los recursos del mar para aliviar la presión sobre la producción de recursos terrestres, incapaz de satisfacer la demanda de alimentos por la escasez general de terreno y de agua dulce. A modo de ejemplo, actualmente la producción de alimentos ocupa más de la mitad de la tierra cultivable y requiere consumir el 90% del agua dulce[1].

Durante su presentación, Morón apuntó que hay que fortalecer y promover las prácticas eficaces de gestión pesquera para mantener las poblaciones de peces en buen estado y recuperar aquellas otras que no lo están para satisfacer la demanda creciente de productos pesqueros. A este respecto, y según expuso, el informe SOFIA 2024 de la FAO apunta a que el consumo mundial de productos pesqueros (excluidas las algas) aumentó una media anual del 3% durante el período 1961-2019, tasa que casi duplica la del crecimiento anual de la población mundial (1,6%) durante el mismo período, con un consumo anual per cápita que alcanzó un récord de 20,5 kilogramos en 2019.

Igualmente, y según este mismo informe, en 2021 el 76,9% de los desembarques procedió de poblaciones de peces dentro de los límites de sostenibilidad biológica; porcentaje que se eleva al 78,9%, considerando las 10 especies marinas con mayores desembarques.

Según Julio Morón, “en el sector pesquero estamos convencidos de que ha llegado el momento de abordar la salud de nuestros océanos como suministradores de alimento para una población mundial creciente, de manera seria, objetiva y con más peso de la ciencia y de la evidencia que de los intereses económicos de diferentes industrias. En definitiva, –añade Morón–, es necesario que todas las partes interesadas y que pueden colaborar en pro de un futuro sostenible para nuestros océanos seamos capaces de entablar un diálogo constructivo”.

Por último, Julio Morón recordó durante su intervención que más de 3.300 millones de personas en todo el mundo dependen del pescado como fuente primaria de proteínas y llamó la atención sobre la riqueza del pescado y el marisco en nutrientes esenciales que favorecen la salud del cerebro, los huesos, la vista y el sistema inmunitario, y contribuyen a reducir el riesgo de diversas enfermedades crónicas, infartos de miocardio, accidentes cerebrovasculares y arritmias.

[1] Estudio “The Future of Food from the sea”, publicado por la revista Nature y desarrollado por un grupo de científicos del programa Oceans & Fisheries de emLAB ((Environmental Market Solutions), de la Universidad de Santa Bárbara de California (Estados Unidos).

El sector pesquero europeo, representado por Europêche, de la que forma parte la Confederación Española de Pesca (CEPESCA), ha solicitado formalmente a la presidenta en funciones de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, que aborde de manera prioritaria la vacante inminente que deja Virginijus Sinkevičius, comisario de Medioambiente, Océanos y Pesca en el anterior Ejecutivo comunitario, tras su anuncio de asumir un escaño parlamentario.

El sector lo solicita en una carta dirigida a la presidenta en la que, además, valora su decisión de nombrar un comisario exclusivo de Pesca para el próximo mandato, y enfatiza la necesidad de alcanzar un verdadero equilibrio entre la conservación de la biodiversidad, una flota pesquera competitiva y la seguridad alimentaria. Según el sector, este equilibrio no ha existido durante la presente legislatura y es necesario tomar decisiones basadas en un mayor conocimiento de la realidad pesquera y en datos científicos.

Asimismo, el sector pide a Von der Leyen que preste mayor atención a la producción primaria de alimentos y a la soberanía alimentaria, abogando por que estas cuestiones se eleven a nivel de Vicepresidencia dentro de la agenda y la estructura de la nueva Comisión. También le piden que garantice la estabilidad en la gobernanza pesquera hasta que se constituya la nueva Comisión, prevista para el próximo noviembre.

Respecto a la vacante que deja Virginijus Sinkevičius, que asumirá un escaño parlamentario tras las recientes elecciones europeas, el sector esboza dos posibles escenarios: dejar el puesto libre hasta que entre en funciones el nuevo Colegio de Comisarios a finales de año o que asuma sus funciones de manera temporal otro comisario entre los elegidos en 2019. Así y aunque todo parece indicar que no habrá nuevos nombramientos de comisarios en este periodo, Europêche insta a que cualquier liderazgo interino -ya sea del nuevo Comisario o de los funcionarios de alto rango- se abstenga de ejercer mandatos políticos provisionales. El sector exige continuidad y estabilidad institucional.

La carta a la presidenta von der Leyen recoge las aprensiones de la industria pesquera respecto a algunas de las decisiones y acciones tomadas por el Comisario saliente potencialmente influenciadas por su candidatura al Parlamento y movidas por la rentabilidad política. A modo de ejemplo, Europêche menciona como en 2023 el comisario Sinkevičius consideró que la Política Pesquera Común (PPC) era adecuada para sus fines y, sólo un año después, durante la campaña electoral, pidió una evaluación completa con vistas a revisar la PPC.

Para evitar que se repitan estos problemas, Europêche insiste en su carta en que la Unión Europea (EU) no debería otorgar mandatos políticos durante regímenes transitorios.

Según Javier Garat, presidente de Europêche, «durante este período de interinidad, es crucial que las decisiones que afectan a nuestra industria se tomen con la continuidad institucional y el necesario respaldo democrático e instamos a la presidenta Von der Leyen a que garantice que cualquier acuerdo provisional dé prioridad a la estabilidad sobre los intereses políticos».

Por último, Europêche reafirma su compromiso de colaborar constructivamente con la CE, comprometiéndose a apoyar el diálogo y la colaboración continuos de cara a la nueva legislatura.

El sector pesquero agrupado en la Coalición Internacional de Asociaciones Pesqueras (ICFA), de la que forma parte la Confederación Española de Pesca (CEPESCA), ha expresado su compromiso para progresar hacia una gestión pesquera sostenible y ha incidido en la importancia de lograr un equilibrio entre la conservación de la biodiversidad, el uso sostenible de los recursos naturales y la seguridad alimentaria. Así lo ha expresado el español Javier Garat, como vicepresidente de ICFA, que ha participado en el 4º encuentro del Diálogo Global de la Iniciativa Océano Sostenible (SOI), que se celebra esta semana en Seúl (Corea del Sur).

Durante su intervención, Garat apuntó la eficacia de la gestión pesquera y recordó que, como recoge el informe SOFIA 2024 recientemente publicado por FAO, el 76,9% de los desembarques procedió de poblaciones de peces dentro de los límites de sostenibilidad biológica, un porcentaje que se eleva hasta el 78,9% considerando las 10 especies marinas con mayores desembarques.

Según Javier Garat, “la alta mar no es el “salvaje oeste”, tal y como algunos grupos de presión nos quieren hacer ver, y los buenos resultados de la gestión pesquera merecen un mayor reconocimiento en el escenario internacional y, sin embargo, ocurre lo contrario: la industria pesquera se enfrenta a la presión de algunas ONG ambientalistas que suelen pasar por alto los grandes esfuerzos realizados para gestionar la pesca de forma sostenible y el papel crucial que juega la actividad pesquera en el suministro mundial de alimentos”.

Javier Garat también destacó que el pescado supone al menos el 20% de la ingesta de proteínas animales para más de 3.300 millones de personas en todo el mundo y que los productos del mar, además de suponer el medio de vida de cientos de millones de personas, son uno de los alimentos con menos impacto ambiental. “Ninguna otra fuente natural de proteínas puede igualar al pescado salvaje en cuanto a huella climática, valores nutricionales y excelente sabor”, ha afirmado Garat, para añadir que “a medida que la población mundial continúa creciendo, garantizar un suministro estable de alimentos es una tarea global crítica”.

A este respecto recordó que “el verdadero reto climático y de conservación del siglo XXI es la alimentación de 10.000 millones de personas de forma sostenible. La sociedad necesita acabar con el hambre y la malnutrición al tiempo que protege la biodiversidad. En este sentido, para la consecución de estos objetivos, el océano puede y debe desempeñar un papel relevante”.

El cuarto encuentro del Diálogo Global de la Iniciativa Océano Sostenible (SOI) tiene como objetivo mejorar la cooperación entre las Organizaciones de Mares Regionales y las Organizaciones Regionales de Pesca para implementar el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal. Así mismo, se está debatiendo también sobre el acuerdo en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar relativo a la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional (BBNJ, por sus siglas en inglés). El encuentro está impulsado por el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD) de Naciones Unidas.

Otras Medidas Efectivas de Conservación Basadas en Áreas (OECM)

Garat también destacó que la gestión pesquera de las ORP es la herramienta más potente para proteger la salud de los océanos y fomentar, al mismo tiempo, el desarrollo humano y, como se refleja en los llamamientos del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, ha logrado reconstruir las poblaciones de peces y aumentar las capturas dentro de los límites ecológicos.

Por este motivo, y de acuerdo con el sector pesquero, centrarse únicamente en la creación de Áreas Marinas Protegidas (AMP), sin considerar el uso sostenible de los recursos marinos y las necesidades de las comunidades costeras, puede tener efectos perjudiciales en la seguridad alimentaria y los medios de vida de las comunidades que viven de la pesca. En este sentido, ICFA reconoce el papel de Otras Medidas Eficaces de Conservación Basadas en Áreas (OECM) como instrumento eficaz de colaboración intersectorial entre la pesca y la conservación de la biodiversidad. También subraya la importancia de la colaboración entre responsables políticos, ONGs y sector pesquero para desarrollar de forma colaborativa soluciones pragmáticas e implantables. Esta es la única forma, considera el sector pesquero, de seguir avanzando en el desarrollo de una economía azul y unas pesquerías sostenibles, y afrontar, al mismo tiempo, desafíos como el cambio climático, la contaminación marina, incluido los plásticos, la pesca ilegal o la descarbonización.

La flota pesquera europea, representada por Europêche, organización de la que forma parte la Confederación Española de Pesca (CEPESCA), celebra el anuncio realizado por Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea y aspirante a repetir mandato, de nombrar un comisario sólo de Pesca. A juicio del sector, este enfoque es la única forma de que Europa reestablezca el equilibrio entre la conservación de la biodiversidad, el uso sostenible de los recursos naturales y la seguridad alimentaria, factores clave para el desarrollo sostenible de la actividad pesquera, y que el modelo actual, que unifica bajo una misma cartera la gestión de medio ambiente, océanos y pesca, no ha conseguido.

Europêche también apunta la importancia de colocar a los pescadores en el centro de la elaboración de las políticas de la Unión Europea en el mandato del nuevo comisario, y solicita que la producción primaria de alimentos y la soberanía alimentaria sean elevadas en la agenda de la Comisión y contar con una vicepresidencia ejecutiva propia.

En los últimos años, señala la patronal, los pescadores han enfrentado crisis sucesivas derivadas del Brexit, la COVID-19 o la guerra en Ucrania, que ha provocado el crecimiento del precio del combustible y de los costes operativos, a las que se añaden desafíos como el cambio climático, la descarbonización de la flota o el problema del relevo generacional. Además, en su opinión, la flota ha tenido que lidiar con regulaciones excesivas, cierres de áreas de pesca y prohibiciones injustificadas propuestas por la Comisión. Como resultado, el tamaño de la flota de la UE ha disminuido un 28% en los últimos 20 años, y la capacidad comunitaria de autoabastecimiento de productos pesqueros ha disminuido notablemente desde 2018, lo que contrasta con el apoyo con exenciones fiscales a las importaciones de terceros países que, en muchos casos, no cumplen con los estándares de sostenibilidad requeridos a los pescadores de la UE.

Según Javier Garat, presidente de Europêche, “los pescadores proporcionamos una de las proteínas animales más saludables con la menor huella de carbono en su producción y contribuimos a satisfacer la creciente demanda mundial de alimentos. En este sentido, el pesquero es un sector estratégico y una de las escasas competencias exclusivas de la UE, por lo que esta debe priorizar su apoyo a esta actividad y alentar así la atracción de nuevo talento que sostenga las áreas comunitarias rurales costeras. En este contexto, apreciamos el compromiso político de von der Leyen”.

«Una comisaría de Pesca es fundamental, -añade Garat- pero es igualmente importante colocar la producción de alimentos y la soberanía alimentaria en un lugar destacado en la estructura de la Comisión a nivel de Vicepresidencia, más aún en una agenda política que prioriza la reducción de dependencias de terceros países».

Por último, según Europêche, la UE debería centrarse en desarrollar una legislación equilibrada e instrumentos financieros que apoyen firmemente al sector pesquero en su transición hacia la neutralidad en carbono. Con ese fin, a la luz de la evaluación en curso de la Política Pesquera Común (PPC), la nueva Comisión debe realizar una evaluación de impacto integral de todas las políticas pesqueras derivadas del Pacto Verde al comienzo del próximo mandato. En este sentido, Garat finaliza señalando que «si bien el control y la presentación de informes de las actividades pesqueras son necesarios, la carga administrativa excesiva generada debería reducirse y simplificarse. Los objetivos ambiciosos deben lograrse mediante innovaciones tecnológicas, no mediante prohibiciones».

La flota atunera europea, representada por Europêche, organización de la que forma parte la Confederación Española de Pesca (CEPESCA), lamenta que la Comisión del Atún del Océano Índico (IOTC), que acaba de celebrar su 28ª sesión, haya rechazado todas las medidas propuestas destinadas a aumentar la transparencia y obtener mejores datos para su análisis científico. Esto incluye las propuestas de Seychelles para mejorar la recopilación y presentación de datos, la captura y esfuerzo, la prohibición de los descartes de atunes tropicales, el Plan de Inspección y Embarque en Alta Mar de la Unión Europea, y el aumento de la cobertura de observadores.

La 28ª sesión de la IOTC, celebrada del 13 al 17 de mayo en Bangkok (Tailandia), se ha centrado en las medidas sobre dispositivos de concentración de peces (FAD, por sus siglas en inglés), lo que, a decir de Europêche, enmascara sus graves deficiencias de gobernanza y su incapacidad para gestionar adecuadamente las poblaciones de atún tropical, especialmente los atunes de aleta amarilla y nerítico, o para aplicar un seguimiento, control y vigilancia adecuados.

Como explica Anne-France Mattlet, directora de Europêche Tuna Group, “creemos que el seguimiento, control y vigilancia, así como la transparencia de los datos, son la clave para una buena gestión e instamos a los miembros de la IOTC y demás partes interesadas a trabajar en ese sentido hasta la próxima reunión de la Comisión en abril de 2025”.

Según Europêche, la IOTC apenas ha dedicado tiempo a intentar revertir la sobrepesca y la sobreexplotación del rabil: el cierre de las pesquerías ha sido rechazado y varios Estados siguen objetando el plan de recuperación de esta especie, estrictamente respetado por la flota europea de cerco, que cuenta con seguimiento satelital (VMS) 24 horas al día, 7 días a la semana, cobertura de observadores del 100% y aplica todas las regulaciones de control de la UE.

Por el contrario, la IOTC ha sido “extremadamente diligente” en multiplicar las medidas sobre FAD que no tendrán ningún efecto en la recuperación del stock de rabil, ya que la pesquería de cerco representa poco más del 20% de las capturas y dispone de una cuota adecuada, respetada por la flota europea. Así, por ejemplo, la Comisión ha recortado el número de FAD por buque, hasta 225 para 2028, cuando la organización ya era la más estricta del mundo con 300 FAD por embarcación. Asimismo, se han concedido exenciones a los pequeños Estados insulares en desarrollo y a los países con un número limitado de buques cerqueros, como Corea, pero no a otros Estados en desarrollo o menos desarrollados. Esto crea, a juicio de Europêche, una disparidad significativa, lo que perjudica especialmente a las flotas europeas y altera la igualdad de condiciones.

Además, la IOTC continúa reduciendo el número de buques auxiliares permitidos por Estado del pabellón sin ninguna justificación científica. Esta política discrimina a los armadores con sólo uno o dos cerqueros dentro del mismo estado de pabellón, ya que pueden perder sus buques auxiliares. Junto con la prohibición de registrar nuevos buques auxiliares en el registro de buques autorizados de la IOTC, esta medida también impide que los estados en desarrollo amplíen sus flotas.

Los buques auxiliares son cruciales para la pesquería de cerco, ya que ayudan a gestionar y recuperar los FAD desplegados y a reducir el consumo de combustible de la flota, un factor vital dado el aumento actual de los precios mundiales del combustible. Por tanto, juegan un papel clave en la estrategia de descarbonización de la flota. A decir de Europêche, estas medidas amenazan la viabilidad económica de la flota de cerco de la UE en el Océano Índico, con poco o ningún efecto en la recuperación del rabil.

Xavier Leduc, presidente de Europêche Tuna Group, cuestiona la postura mantenida por la delegación europea: “A pesar de las garantías de la directora general de la DG Mare, Vitcheva, de que la UE se comprometería a preservar la igualdad de condiciones en la IOTC, la delegación europea, bajo la presión de los Estados de pesca de caña y línea, continúa aceptando exenciones y reducciones no basadas en ciencia para FADs y buques auxiliares, lo que sólo exacerba la desigualdad”.

Europêche reconoce algunas medidas esperanzadoras entre las acordadas por la IOTC, como el procedimiento de gestión para el listado y que se haya adoptado con éxito un calendario completo de los FAD biodegradables, ambos requeridos por los atuneros europeos durante mucho tiempo. Para Mattlet, “es una excelente noticia, aunque no es una sorpresa, ya que afecta esencialmente a los países que tienen cerqueros, que definitivamente están a favor de una mejor gestión. Mientras los Estados objetores habituales y los Estados que no cumplen no se vean afectados, no hay ningún problema para que la IOTC adopte medidas de gestión innovadoras basadas en la ciencia”.

Los pescadores europeos, agrupados en la Alianza Europea de Pesca de Fondo (EBFA), organización de la que forma parte la Confederación Española de Pesca (CEPESCA), instan a la Comisión Europea a retrasar hasta después de las próximas elecciones europeas la votación prevista para mañana en Bruselas en la que los Estados miembros deben decidir sobre la creación de zonas totalmente prohibidas para la pesca y que representarían el 10% de las aguas de la UE. Un cierre que, en opinión del sector, se dictaminaría no para proteger hábitats ecológicamente sensibles, sino simplemente para alcanzar objetivos políticos.

El propósito de la Comisión es situar el 10% del fondo marino de la UE en «zonas de referencia» libres de cualquier presión humana para evaluar su variabilidad natural. El aplazamiento solicitado por EBFA se basa en la falta de evaluación de impacto de las actividades pesqueras, en la próxima revisión de la Ley que fija estos objetivos y el actual período político transitorio.

Como explica Iván López, presidente de EBFA, “estas decisiones debería tomarlas la nueva Comisión que surja después de las elecciones, sobre la base de un nuevo mandato político y analizadas por el nuevo Parlamento. Hacerlo ahora, renunciando a cualquier control democrático por parte del Parlamento y bajo la dirección de un Comisario saliente que es candidato al próximo Parlamento, nos hace temer que la única razón detrás de esto sea política».

El origen de la votación es la antigua Directiva marco sobre la estrategia marina de la UE (DMEM), de 2008, cuyo objetivo es proteger el medio marino y lograr un buen estado medioambiental (GES) en todas las cuencas marinas, medido según diferentes indicadores cualitativos (11 en total). Uno de los indicadores se refiere a “la integridad del fondo marino”. A falta de recomendaciones científicas preexistentes sobre lo que podría constituir un GES, la DG de Medio Ambiente de la Comisión Europea ha liderado numerosos trabajos y debates durante varios años. Sin embargo, los expertos científicos no han podido definir claramente los parámetros e indicadores asociados a este objetivo.

“Dada la imposibilidad operativa de lograr los objetivos de esta antigua Directiva, la Comisión Europea debería haber iniciado un nuevo debate con las instituciones europeas en lugar de experimentar con políticas. Esto es especialmente relevante dado que la Comisión abrió un proceso de consulta a finales de 2021 para revisar la Directiva”, explica López.

La EBFA sostiene que la propuesta sometida a votación no permite priorizar el tipo de hábitat a proteger ni permitiría tener en cuenta ninguna actividad pesquera. Por tanto, la prohibición se aplicaría a todos los artes de pesca que operan en contacto con el fondo, independientemente de sus características y efectos, que, sin embargo, son muy diferentes. El sector afirma que, en un momento en el que se están designando miles de kilómetros cuadrados para parques eólicos marinos, es desproporcionado imponer pérdidas adicionales de caladeros sin objetivos ecológicos claros y basados en datos.

Además, la EBFA critica que, una vez más, no se haya realizado ninguna evaluación de impacto socioeconómico, a pesar de ser requerido por ley y del innegable impacto que la propuesta tendrá en todas las empresas pesqueras y en la cadena de suministro.

El sector pesquero español, agrupado en la Confederación Española de Pesca (CEPESCA), cree que la Unión Europea (UE) debe decidir si en el nuevo ciclo político, que comenzará tras las elecciones al Parlamento Europeo del próximo 9 de junio, quiere disponer de una flota pesquera propia o dejar en manos de potencias pesqueras terceras el abastecimiento de pescado a sus ciudadanos y, en consecuencia, renunciar a su soberanía alimentaria sobre una de las proteínas de mayor calidad para el ser humano.

El sector, que se declara “acorralado” por las decisiones adoptadas por los políticos europeos a lo largo de los últimos cinco años, abordará con esta certeza una ronda de contactos con los representantes de los partidos políticos que concurren a las elecciones europeas del 9 de junio para trasladarles esta inquietud, presentarles sus propuestas y demandas y ofrecer toda su colaboración de cara a la nueva legislatura.

A juicio del sector, los futuros representantes de los ciudadanos en el Parlamento Europeo asumirán una enorme responsabilidad debido a la necesidad de que la UE “defina su posición y su futuro como proyecto en un entorno geopolítico como el actual, marcado por la inestabilidad y las incógnitas”. A juicio del sector, Europa deberá adoptar medidas decisivas en ámbitos estratégicos, tales como el de la defensa, la energía o la alimentación de sus ciudadanos.

Sobre este particular, el sector pesquero anima a los que serán nuestros representantes en las instituciones europeas a tomar conciencia y sentirse orgullosos del liderazgo pesquero de nuestro país en Europa. La flota española genera el 20% de la producción pesquera total de la UE y es líder tanto en volumen (765.237,25 toneladas de pescado y marisco en el año 2023) como en facturación global (1.790,29 millones de euros en primera venta en el año 2023 y un valor agregado que supera los 10.000 millones de euros), más unas importaciones de 1,56 millones de toneladas y unas exportaciones de 1,08 millones de toneladas.

El sector trasladará a los partidos políticos la situación paradójica que, a su juicio, viven los pescadores, presionados y “arrinconados” por la obsesión verde europea, a pesar de que, tal como manifiesta la FAO en su visión sobre la Transformación Azul, “los alimentos acuáticos ofrecen un increíble potencial para mejorar la nutrición por su alto valor nutricional y abordar dificultades en materia de seguridad alimentaria. Respaldan estas expectativas su inmensa diversidad biológica, la mayor eficiencia de sus sistemas de producción, su huella ecológica más baja y menores emisiones de gases de efecto invernadero en comparación con los sistemas de producción animal en tierra”. En este sentido, el sector recuerda que, según UNCTAD, la flota europea ha conseguido reducir un 52% sus emisiones desde 1990, representando en la actualidad apenas el 0,01% de las emisiones de CO2 en el mundo.

Según el sector, y tal como recoge en sus demandas a los partidos políticos, los tiempos actuales requieren que la UE refuerce y vuelva a situar su producción de alimentos primarios, entre ellos los productos del mar, en un lugar destacado de la agenda y la estructura de la Comisión Europea (CE). Para ello, el sector solicita contar con un Comisario de Pesca, desvinculado de las competencias de medioambiente, y un vicepresidente ejecutivo de soberanía alimentaria.

El sector considera que la Política Pesquera Común (PPC) necesita una revisión quirúrgica y con un prisma profesional capaz de reequilibrar sus objetivos y reforzar las dimensiones socioeconómicas y de seguridad alimentaria, así como garantizar que los pescadores europeos sigan siendo competitivos a nivel internacional. Igualmente, solicitan revisar las políticas pesqueras inviables, como la obligación de desembarque, y simplificar la normativa, eliminando la burocracia innecesaria.

Igualmente, apunta el sector, la UE debe reforzar la dimensión externa de su política pesquera para garantizar una buena gobernanza internacional y redefinir sus principios básicos sobre cómo participar y posicionarse durante las negociaciones pesqueras bilaterales, trilaterales y multilaterales en el ámbito de la gobernanza internacional para defender adecuadamente los intereses de la flota europea.

A este respecto, el sector llamará la atención de los políticos sobre la necesidad de aplicar cláusulas espejo a las importaciones para evitar lo que está ocurriendo, por ejemplo, con el “lento e imparable retroceso” de la flota atunera europea (Francia y España) frente a flotas terceras, como las asiáticas, en zonas geográficas como el Océano Índico. Además, apunta el sector, se da la circunstancia de que estas flotas exportan posteriormente sus productos al mercado europeo aun sin cumplir los estándares medioambientales, sanitarios y sociales exigidos a la flota europea. Por ello, los pescadores solicitan crear una euro-etiqueta para los productos pesqueros. Cabe recordar que sólo el año pasado la UE importó 35.000 toneladas de lomos de atún acogidos a los contingentes arancelarios autónomos, de los cuales, 23.752 toneladas entraron en España exentas de aranceles procedentes, en un 98,96%, de países asiáticos.

Decisiones con base científica

El sector también solicita volver a confiar en los datos científicos frente a la “brujería medioambiental extrema que parece haber hechizado a buena parte de los parlamentarios europeos y a la Comisión Europea” y que conduce a la UE, opina el sector, a autolesionarse e imponerse cierres de zonas a la actividad pesquera sin base científica apropiada y sin un análisis riguroso del impacto socioeconómico para sus pescadores y sus ciudadanos.

Así, el sector solicita la revisión urgente de las vedas a la pesca de fondo de las 87 zonas del Atlántico oriental de la UE, siguiendo las recomendaciones científicas y dejando fuera del ámbito de aplicación del Reglamento de Ejecución los artes de palangre de fondo y enmalle.

El sector también apela a la racionalidad para abordar el proceso de descarbonización de la flota y aboga por una transición con plazos realistas, donde exista una estrecha colaboración con el entorno científico y tecnológico, se eliminen las barreras legislativas, tales como las restricciones de la capacidad de tonelaje de los barcos, se busquen fórmulas de financiación adecuada y se alineen con los desarrollos logísticos no solo en la UE, sino en el mundo.

Por último, el sector está convencido de que un nuevo enfoque político de la actividad pesquera europea basado en el conocimiento sobre su realidad convertiría al sector en una alternativa atractiva para las nuevas generaciones, solucionando así la amenaza del relevo generacional.

A este respecto, y mientras tanto, el sector reclama que se facilite la plena circulación de los trabajadores europeos de la pesca en la UE y la convalidación de los títulos expedidos en los Estados miembros de la UE, el desarrollo de programas educativos de Formación Profesional Dual más adaptados a la realidad, así como la flexibilización de la normativa para contratar extranjeros.

El sector pesquero y acuícola y las industrias de transformación de la Unión Europea han anunciado en la Seafood Expo Global, celebrada esta semana en Barcelona, la formación de una alianza estratégica, European Strategic Seafood Alliance, para promover conjuntamente objetivos comunes y afrontar con mayor amplitud las prioridades críticas de la industria.

La industria pesquera europea (representada por las organizaciones Europêche, EAPO, AIPCE CEP y FEAP) promoverá con esta alianza iniciativas de colaboración para llegar a una audiencia más amplia. “Necesitamos seguir fortaleciendo el conocimiento de la sociedad sobre los productos de la pesca y la acuicultura como una fuente de proteína animal baja en carbono y con importantes ventajas para la salud humana, el impacto climático y la sostenibilidad. El consumo de productos del mar es bueno para la salud de las personas y del planeta”, apuntan los representantes de estas asociaciones.

La alianza pretende llevar estos temas a la vanguardia de los debates políticos globales y de la UE y han lanzado un llamamiento unánime para que las instituciones de la UE vuelvan a un modelo en el que la producción de alimentos primarios, incluidas la pesca y la acuicultura, tenga prioridad junto con la agricultura para garantizar la seguridad alimentaria en nuestro mercado.

Para la Alianza, es crucial el reposicionamiento del mandato de pesca y acuicultura en un lugar destacado de la agenda de la Comisión Europea y debe implementarse durante el próximo período de mandato político (2024-2029). Este ajuste se alinea con el marco estructural esbozado en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que considera la agricultura y la pesca como políticas de la UE separadas, pero igualmente importantes.

Este esfuerzo de colaboración marca un importante paso adelante en el avance de las aspiraciones de pesca y acuicultura de la Unión Europea y subraya el compromiso de AIPCE CEP, EAPO, EUROPECHE y FEAP de impulsar un cambio positivo a través de una acción coordinada.

El sector pesquero español, representado por la Confederación Española de Pesca (CEPESCA), ha dirigido un escrito al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, solicitando que el Gobierno de España conceda ayudas excepcionales al sector en este año 2024, teniendo en cuenta el incremento de los costes de explotación de la actividad pesquera y la inestabilidad de su mercado.

Los motivos que alega Cepesca en la carta, para esta petición, parten del nuevo incremento de los costes de explotación de las empresas pesqueras que el sector cifra en torno a un 25% en el último año; así como de la reducción continuada del consumo de pescados y mariscos (más del 30% desde 2008 en nuestro país), aspectos que siguen ocasionando pérdidas y poniendo en riesgo la rentabilidad del sector pesquero, y que se ven agravados por la situación internacional.

El sector señala en la misiva su especial preocupación por la creciente inestabilidad “originada no sólo por el COVID y por la invasión de Rusia a Ucrania, sino por la crisis en Oriente Próximo generada por el ataque terrorista de Hamás a Israel, la respuesta de éste y las reacciones de Irán».

En este contexto, Cepesca “agradecería” también al ministro Planas que defienda, ante la Comisión Europea (CE), que se vuelvan a autorizar hasta fin de este año las medidas de apoyo previstas en el artículo 26 del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA), tal y como se permitió al inicio de la invasión de Ucrania por Rusia, y que apoye la petición realizada por las organizaciones europeas CopaCogeca y Europêche –de la que forma parte Cepesca– al Comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevičius.

Estas organizaciones han solicitado al comisario que se amplíen hasta el 31 de diciembre de 2024 las medidas contempladas en el Marco temporal de Crisis y Transición relativo a las ayudas estatales para el sector de la pesca, de acuerdo con lo dispuesto para otros sectores.

El sector pesquero vuelve a recordar que la pesca es parte de la solución para un futuro sostenible y saludable, y que es necesario reconocer el papel fundamental que tienen los productos pesqueros por su alto valor nutricional y su baja huella de carbono, lo que los convierte en un elemento importante para lograr los objetivos sociales y climáticos globales.

El sector pesquero agrupado en la Coalición Internacional de Asociaciones Pesqueras (ICFA), de la que forma parte la Confederación Española de Pesca (CEPESCA), ha hecho pública una resolución en la que manifiesta tres puntos fundamentales a la hora de abordar estrategias para proteger los océanos: su enfoque equilibrado, tener en cuenta que la gestión pesquera funciona y que la alta calidad proteínica de los productos pesqueros coincide con su bajo impacto medioambiental.

Así, según la resolución de los pescadores, publicada durante la celebración en Grecia de la 9ª conferencia Our Ocean 2024, el primero de los puntos señala que un enfoque no equilibrado de la conservación pone en riesgo la alimentación de una población mundial que, según datos de Naciones Unidas, será de 9.800 millones y 11.200 millones de personas en 2050 y 2100, respectivamente.

En este contexto, el suministro de productos pesqueros procedentes de los océanos es fundamental para la seguridad alimentaria mundial, apunta la resolución de los pescadores, ya que proporciona productos pesqueros de alta calidad nutricional y con la menor huella de carbono, tanto para las generaciones actuales como las futuras. En este sentido, los miembros de ICFA consideran prioritario lograr un equilibrio entre la conservación de la biodiversidad, el uso sostenible de los recursos naturales y la seguridad alimentaria.

Otras Medidas Efectivas de Conservación Basadas en Áreas (OECM)

En segundo lugar, ICFA señala en su resolución que la gestión pesquera activa funciona, mientras que “las líneas en un mapa” para definir un objetivo previamente establecido y sin base y argumentación científica -30% de Áreas Marinas Protegidas (AMP) en 2030-, es “eco postureo” y una medida poco fructuosa que, sin embargo, amenaza la función esencial de la actividad pesquera como proveedora de alimento saludable.

De acuerdo con ICFA, la gestión pesquera eficaz es la herramienta más potente para proteger la salud de los océanos y fomentar al mismo tiempo el desarrollo humano. De hecho, ICFA recuerda que, según el informe SOFIA 2022 de FAO, en los últimos años el estado de las poblaciones ha mejorado y, de hecho, el 82,5% del pescado desembarcado en el mundo en 2019 procedió de poblaciones en niveles de sostenibilidad biológica, con un incremento del 3,8% respecto a 2017.

El informe de FAO también muestra que en 2019 la mayoría (64,6%) de los stocks pesqueros mundiales estaba en niveles de sostenibilidad biológica, resultado de la suma de los stocks que se pescan dentro de los niveles de Rendimiento Máximo Sostenible (RMS) y los stocks subexplotados, que representan el 57,3%, y el 7,2%, respectivamente; mientras que las poblaciones sobreexplotadas se situaron en un 35,4%.

El potencial de la gestión pesquera activa se refleja, de acuerdo con ICFA, en el Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal y sus llamamientos por un uso sostenible de los recursos. De manera que, según ICFA, centrarse únicamente en la creación de AMP sin considerar el uso sostenible de los recursos marinos y las necesidades de las comunidades costeras puede tener efectos perjudiciales sobre la seguridad alimentaria y los medios de vida.

En tercer lugar, la resolución de ICFA subraya que, en la actualidad, la economía azul es “lo más verde posible” y que la industria pesquera lleva décadas comprometida y es un participante activo en las soluciones para asegurar la resiliencia ante el cambio climático. En este sentido, ICFA insiste en que la pesca es parte de la solución para un futuro sostenible saludable y es necesario reconocer el papel fundamental que tienen los productos pesqueros por su alto valor nutricional y su baja huella de carbono, lo que los convierte en elemento importante para lograr los objetivos climáticos globales.

En este sentido, ICFA llama la atención sobre las denominadas Otras Medidas Efectivas de Conservación Basadas en Áreas (OECM, por sus siglas en inglés) como instrumento eficaz para la colaboración intersectorial entre la pesca y la conservación de la biodiversidad; y subraya el carácter crítico de reunir a los responsables políticos, las ONG y el sector pesquero para desarrollar de forma colaborativa soluciones pragmáticas e implantables en las seis áreas identificadas en la conferencia Our Ocean: AMP, economía azul sostenible, cambio climático, seguridad marítima, pesquerías sostenibles y contaminación marina.

Según ha afirmado, Javier Garat, secretario general de Cepesca y vicepresidente de ICFA, durante su participación en el evento paralelo organizado por la Oficina Europea para la Conservación y el Desarrollo (EBCD) bajo el título “Seguridad Alimentaria: el papel de los alimentos sostenibles acuáticos / azules en la transición verde’ en el marco de Our Ocean 2024, “si estamos atentos a lo que ocurre en el mundo, las OECM son las que verdaderamente están funcionando y no las AMP de papel o las grandes declaraciones de algunos políticos que, al final, son vacuas”.

El sector de la pesca, acuícola y de comercio especializado en alimentación [1] valora que el ministro Luis Planas coincida con su petición de que el próximo Ejecutivo europeo cuente con un comisario específico de Pesca capaz de velar por los intereses de esta actividad desde el conocimiento y defendiendo los tres ámbitos de la sostenibilidad: social, económica y medioambiental. Así se han manifestado esta mañana los representantes del sector tras la reunión mantenida con el ministro y la secretaria general de Pesca del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Isabel Artime.

El sector, que ha calificado el encuentro como positivo, también ha manifestado que seguirá defendiendo la reducción o la eliminación del IVA de los productos pesqueros como fórmula para incentivar su consumo, tras calificar como una equivocación la decisión del Gobierno de afrontar el descenso del consumo únicamente mediante campañas promocionales. Cabe recordar que en nuestro país se ha perdido un tercio del consumo de productos pesqueros en hogares en los últimos 10 años, pasando de 27,2 kilos por persona y año en 2013 a 18,48 kilos a noviembre de 2023.

Según han manifestado los representantes del sector, “estamos convencidos de que la eliminación del IVA sería fundamental para cambiar la tendencia del consumo de pescados y mariscos en España y que va más allá de este Ministerio, pero no vamos a bajar los brazos y seguiremos pidiéndolo como llevamos haciéndolo años”.

En la reunión el sector también ha solicitado al ministro: una mayor agilidad y flexibilidad en la aplicación de las normativa a la hora de sancionar infracciones que se consideran graves, pero que en realidad son menores, que impiden el acceso a ayudas europeas;  una acción decidida para luchar contra el etiquetado fraudulento de alimentos de base vegetal que confunden al consumidor, un plan de promoción profesional para empujar el relevo generacional, ayudas para el desguace y descarbonización de la flota, así como la renovación del acuerdo con Guinea Bissau, que concluye a mediados de junio y que, tanto el sector como Planas, plantearán que se prorrogue durante un año mientras se produce su renovación.

Respecto al acuerdo de pesca de la Unión Europea con Marruecos, el sector ha valorado la defensa realizada por Planas de la legalidad y respeto al derecho comunitario e internacional de este, suspendido desde julio de 2023 y cuya continuidad depende de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Por último, tanto sector y como Gobierno han coincidido en la importancia de hacer valer en el próximo Consejo informal de ministros de Pesca de la UE que se celebrará en Brujas (Bélgica), los próximos 24 y 25 de marzo, la sentencia del TJUE de enero de 2024 que defiende una gestión de la pesca y la acuicultura avalada por informes científicos y que no tenga únicamente en cuenta los objetivos medioambientales sino también los socioeconómicos.

En este sentido, cabe recordar que el sector pesquero español es un modelo en el mundo por su práctica de pesca sostenible y que afronta la competencia desleal que suponen flotas de terceros países que no cumplen las mismas reglas de juego y cuyos productos entran en el mercado comunitario, en algunos casos libres de aranceles. Este es uno de los puntos por lo que el sector solicita un cambio de orientación de la Política Pesquera Común (PPC) para que la actividad pesquera y toda su cadena de valor sea sostenible, pero también rentable.

Cabe recordar que el sector pesquero español cuenta con cerca de 8.600 buques, genera 31.000 empleos directos y 150.000 indirectos y factura en primera venta 2.000 millones de euros. Por su parte, la cosecha de acuicultura en España fue de 326.520 toneladas con un valor en primera venta de 760,7 millones de euros y los 6.200 establecimientos detallistas de venta de productos pesqueros y acuícolas frescos y congelados agrupados en FEDEPESCA emplean a más de 23.000 personas.

[1] Asociación Empresarial de Acuicultura Española (APROMAR), Confederación Española de Pesca (CEPESCA), Federación Nacional de Asociaciones Provinciales de Empresarios Detallistas de Pescados y Productos Congelados (FEDEPESCA) y Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP).

El sector pesquero español, representado por la Confederación Española de Pesca (CEPESCA), ha manifestado que respetará cualquier decisión que adopte el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el acuerdo pesquero entre la Unión Europea y Marruecos. No obstante, advierte de que su anulación definitiva tendría un impacto significativo en la flota de la UE y por ende en la española, e impediría gestionar eficazmente las actividades pesqueras de acuerdo con las normas de sostenibilidad comunitarias en esa parte específica de las aguas de África occidental. El sector pesquero sale así al paso de la propuesta de la abogada general de la UE al TJUE de anular el acuerdo pesquero con Marruecos.

Desde el sector recuerdan que la actividad pesquera en el marco de los acuerdos entre la UE y Marruecos ha sido enormemente importante para la utilización sostenible y basada en la ciencia de especies como boquerón, sardina, jurel, merluza, cefalópodos o atún. Estas pesquerías han sido esenciales para llevar millones de comidas al día a España, la UE, África y otros lugares, especialmente allí donde existe una mayor demanda de alimentos saludables y asequibles.

El sector apunta que, si bien el final del acuerdo de pesca entre la UE y Marruecos no afectará, de producirse, a un gran número barcos de la flota española, ya que en el último protocolo sólo se han usado en torno a una veintena de licencias de las 92 posibles, sí significará un gran problema para flotas con pocas alternativas, como la flota española de cerco o palangre de fondo, principalmente con base en los puertos andaluces de Barbate, Conil o Tarifa. Como afirma Javier Garat, secretario general de Cepesca, “la posible anulación definitiva supondría otro golpe significativo en medio de unas circunstancias ya complicadas para las empresas y los marineros de las flotas andaluza, gallega, vasca y canaria que han faenado en esas aguas, además de suponer una nueva restricción a la actividad pesquera de nuestra flota, sometida en los últimos meses a numerosos cierres de caladeros”.

Por último, el sector recuerda que su principal prioridad es continuar proporcionando pescado saludable y asequible de manera responsable y sostenible.

Luis Planas, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, recibirá al sector pesquero, acuícola y de comercio especializado en alimentación[1] español el próximo 22 de marzo y responde así a la reunión solicitada por este colectivo el pasado febrero.

Además de analizar las propuestas que se debatirán en el próximo Consejo informal de ministros de Pesca de la UE que se celebra en Brujas (Bélgica) los próximos días 24 y 25 de marzo, el sector planteará todas las reivindicaciones que le llevaron a respaldar desde su inicio las protestas del sector primario español. Este respaldo culminó con su participación en la manifestación celebrada en Madrid el 26 de febrero.

Como ya han manifestado en diversas ocasiones, los pescadores, acuicultores y pescaderos coinciden con el resto de los actores del sector primario en una serie de demandas, siendo una de ellas la obsesión medioambientalista de la Comisión Europea (CE) a la hora de legislar. Precisamente, el Parlamento Europeo (PE) aprobó el pasado 27 de febrero la Ley de la Restauración de la Naturaleza impulsada por la CE y que tiene el objetivo restaurar el 30% de los ecosistemas marinos integrados en la Red Natura 2000 en 2030. El sector ya ha manifestado en reiteradas ocasiones la falta de un respaldo científico suficiente y la ausencia de una evaluación del impacto socioeconómico de esta Ley.

Cabe recordar que los operadores del sector pesquero también quieren abordar con el ministro Planas la competencia desleal que ejercen terceros países, la falta de estímulos para empujar el relevo generacional, la negativa del Gobierno ante las reiteradas peticiones de reducción o eliminación del IVA para incentivar el consumo de productos pesqueros, sometido a una dramática reducción desde 2008, la escasa promoción de su consumo, o la cada vez mayor complejidad burocrática para gestionar la actividad ante las administraciones.

Por último, el sector volverá a solicitar a Planas el apoyo y la defensa de su actividad en Europa, siendo la primera potencia pesquera y de producción acuícola, y líder en transformación y comercialización del Viejo Continente, además de un modelo de sostenibilidad y buenas prácticas. En este sentido, el sector transmitirá al ministro la importancia de las próximas Elecciones Europeas en lo que respecta al sector primario y la defensa del sector alimentario europeo, más aún considerando los nuevos escenarios globales y la geopolítica internacional.

[1] Asociación Empresarial de Acuicultura Española (APROMAR), Confederación Española de Pesca (CEPESCA), Federación Nacional de Asociaciones Provinciales de Empresarios Detallistas de Pescados y Productos Congelados (FEDEPESCA) y Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP).

El sector pesquero europeo, representado por Europêche, de la que forma parte la Confederación Española de Pesca (Cepesca), celebra el acuerdo provisional alcanzado por el Consejo y el Parlamento Europeo sobre el reglamento que prohíbe la comercialización en el mercado comunitario de productos elaborados en violación de los derechos humanos y de los trabajadores, incluidos los productos del mar, y pide una rápida implementación del sistema para prohibir efectivamente el comercio de productos pesqueros derivados del trabajo forzoso, complementando las políticas de la UE contra la pesca ilegal (INDNR).

Según datos facilitados por el Consejo de la UE, aproximadamente 27,6 millones de personas soportan condiciones de trabajo forzoso en numerosas industrias y en todos los continentes. Abordar este problema es lo que ha llevado a la UE a alcanzar este acuerdo político que aclara las funciones tanto de la Comisión como de las autoridades nacionales competentes en los procedimientos de investigación y toma de decisiones.

Como explica Daniel Voces, director general de Europêche, “la batalla de la UE contra el trabajo forzoso está evolucionando hacia una nueva fase decisiva, caracterizada por una amplia gama de medidas legales para erradicar la explotación laboral. Junto con la política INDNR y el Convenio 188 sobre el trabajo en la pesca de la OIT, la nueva normativa sin duda ayudará a sostener el empleo digno y defender los derechos fundamentales dentro del sector pesquero en todo el mundo. La flota europea está dispuesta a ayudar a la Comisión y a los Estados miembros en sus esfuerzos por combatir el trabajo forzoso cuando y donde sea necesario”. En su opinión, “el nuevo reglamento ofrecerá a los consumidores europeos una confianza aún mayor a la hora de comprar productos de origen ético y sostenible”.

Desde Cepesca se recuerda que en 2023 España importó 23.751 toneladas de lomos de atún exentas de aranceles de las que el 79% procedía de China, país reconocido internacionalmente por practicar pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR). Cabe señalar que el 70% del pescado consumido en la UE proviene del exterior y es en buena parte de origen asiático.

Para facilitar la aplicación del reglamento, pendiente de ser respaldado y adoptado formalmente por ambas instituciones, la Comisión creará una base de datos que recopilará información verificable y actualizada periódicamente sobre los riesgos del trabajo forzoso, incluidos informes de organizaciones internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Su objetivo principal es ayudar a la Comisión y a las autoridades nacionales competentes a evaluar posibles infracciones de este Reglamento.

El acuerdo provisional establece también criterios explícitos para guiar tanto a la Comisión como a las autoridades nacionales competentes a la hora de evaluar la probabilidad de violaciones de este Reglamento, incluida la escala y gravedad del trabajo forzoso sospechado. Este enfoque cuenta con el firme apoyo de Europêche.

Igualmente, el acuerdo establece criterios que aclaran quién es la autoridad principal en las investigaciones. La Comisión dirigirá las investigaciones fuera del territorio de la UE, mientras que, dentro del territorio de un Estado miembro, será la autoridad competente del propio estado la que liderará las investigaciones en las que se identifiquen riesgos.

El sector pesquero español, representado por la Confederación Española de Pesca (Cepesca), ha manifestado la necesidad de prorrogar un año más la Operación ‘Atalanta’, puesta en marcha por la Unión Europea a finales de 2008 para hacer frente a la amenaza de los piratas somalíes para las flotas mercante y pesquera, y que España lidera en estos momentos. El sector pesquero se suma así a la petición realizada por carta a la ministra de Defensa, Margarita Robles, por el Clúster Marítimo Español (CME), asociación sin ánimo de lucro que defiende y representa los intereses de más de 140 entidades que engloban a más de 3.000 empresas y entidades relacionadas con la Economía Azul.

Esta petición surge tras conocerse el último Informe sobre Piratería y Robo Armado publicado en enero de 2024 por la Oficina Marítima Internacional (IMB, por sus siglas en inglés), que advierte del preocupante aumento de los incidentes de piratería marítima y robo a mano armada registrados durante 2023, y especialmente del secuestro registrado en diciembre en las costas de Somalia, el primero que se produce en esa zona desde 2017.

En concreto, según este informe, en 2023 se produjeron 105 abordajes, nueve intentos de ataque y el secuestro de cuatro embarcaciones de las que dos fueron objeto de disparos. En total, la IMB contabilizó el año pasado 120 incidentes de piratería marítima y robo armado contra barcos en comparación con los 115 registrados en 2022.

En estos incidentes, que ponen en peligro la seguridad de los trabajadores del mar, el número de tripulantes tomados como rehenes ha pasado de 41 a 73 mientras que, si en 2022 fueron dos los que fueron secuestrados por piratas, esta cifra se elevó a 14 en 2023.

Ante la evidencia de que la piratería sigue siendo un riesgo para los barcos que transitan frente a las costas de Somalia, el sector pesquero considera necesario que España prorrogue la Operación ‘Atalanta’, que tan buenos resultados ha dado en la seguridad de los buques españoles que transitan o faenan en la región, más allá del 13 de diciembre de 2024.

El sector pesquero estará presente en la manifestación del próximo 26 bajo el lema “Por el futuro de la pesca, la acuicultura, las pescaderías y la salud de los consumidores en España” con el objetivo de sumar a estos últimos a defender con el Gobierno y junto a su sector primario, ante la Comisión Europea (CE), el derecho a una producción y distribución digna de alimentos básicos, única forma de asegurar, según su criterio, una alimentación de calidad y un consumo saludable.

El sector, que prevé la asistencia a la jornada de representantes de todas las flotas, puertos de nuestro país, del entorno acuícola y del comercio especializado, repartirá ese día más de 1.000 bocadillos de calamares entre los asistentes como símbolo de la fusión de uno de los iconos más castizos de la capital con la actividad pesquera.

Con su participación en esta jornada de protesta, el sector de la pesca, acuícola y de comercio especializado en alimentación[1] refuerza el respaldo que ha manifestado desde su inicio a las reivindicaciones comunes con los agricultores y los ganaderos (obsesión medioambientalista de la CE a la hora de legislar, complejidad administrativa,  competencia desleal de terceros países y falta de estímulos para empujar el relevo generacional), y abre su perfil propio de problemas que han de resolverse, tales como la bajada del consumo de pescado o la indiferencia del Gobierno ante las reiteradas peticiones de reducción del IVA para su incentivación.

Según han manifestado el sector, “con este acto damos el pistoletazo de salida a nuestra reivindicación de resolver nuestros problemas de una vez por todas y aprovechar la constitución de un nuevo Parlamento Europeo para cambiar su percepción y valoración de su propio sector primario. Este es nuestro objetivo –agrega el sector–, y queremos contar con la colaboración y apoyo de nuestro Gobierno para defender nuestros intereses y los de España, como país líder pesquero de la UE”.  

A este respecto, el sector ha informado de que está pendiente de que el ministro Planas concrete fecha para la reunión que el sector solicitó el pasado 20.

[1] Asociación Empresarial de Acuicultura Española (APROMAR), Confederación Española de Pesca (CEPESCA), Federación Nacional de Asociaciones Provinciales de Empresarios Detallistas de Pescados y Productos Congelados (FEDEPESCA) y Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP).

El sector de la pesca, acuícola y de comercio especializado en alimentación[1] español, ha solicitado a Luis Planas, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, una reunión para exponerle las inquietudes de las empresas y los trabajadores que lo conforman, y que las organizaciones que los representan han recopilado durante las intensas reuniones internas mantenidas durante las últimas semanas ante la “crisis de futuro” que atraviesa el sector primario español y europeo.

El sector, que ya ha manifestado públicamente su apoyo a las reivindicaciones de los agricultores y ganaderos españoles, confirma que se sumará a la manifestación de Madrid del próximo 26, coincidiendo con el Consejo de ministros de la UE (Agrifish). El sector productor y el comercio especializado en productos pesqueros quiere reforzar ante Planas las reivindicaciones comunes con agricultores y ganaderos, concretamente contra la obsesión medioambientalista de la Comisión Europea (CE), la complejidad administrativa, la competencia desleal de terceros países y la falta de estímulos para empujar el relevo generacional. Asimismo, quiere llamar la atención sobre los retos más genuinos de su actividad, tales como la dramática bajada del consumo de pescado o la indiferencia del Gobierno ante las reiteradas peticiones de reducción del IVA para su incentivación.

El sector también quiere transmitir a Planas el punto de inflexión que, a su juicio, debe significar para el sector primario comunitario la constitución de un nuevo Parlamento Europeo si el Viejo Continente no quiere perder su capacidad para alimentar soberanamente a sus ciudadanos.

En este sentido, el sector solicitará a Planas, con el que no oculta haber mantenido una relación constructiva y basada en el sentido común durante los últimos años, que el Gobierno haga valer y defienda en Europa los intereses de un sector, el pesquero, del que España es líder, no sólo por volumen de capturas y de producción de acuicultura, sino también por su modelo de sostenibilidad y buenas prácticas de su actividad, reconocido incluso por organizaciones ambientalistas.

[1] Asociación Empresarial de Acuicultura Española (APROMAR), Confederación Española de Pesca (CEPESCA), Federación Nacional de Asociaciones Provinciales de Empresarios Detallistas de Pescados y Productos Congelados (FEDEPESCA) y Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP).

El sector pesquero, acuícola y de comercio especializado en alimentación[1] español, que ya expresó su solidaridad con agricultores y ganaderos desde el inicio de sus movilizaciones, manifiesta mantener este apoyo de manera “inquebrantable” y deja en manos de las asociaciones y agrupaciones que integran los distintos órganos representativos del sector, la capacidad de acometer acciones apelando a la responsabilidad y a la no vulneración de los derechos de los ciudadanos. El sector, que ha mantenido intensas reuniones durante las últimas 48 horas, ha tomado esta decisión teniendo en cuenta la diversidad de pesquerías y realidades de su cadena de valor.

Además, ha acordado por unanimidad fortalecer los esfuerzos de su reivindicación de cara a las elecciones europeas del 9 de junio ya que, a su juicio, el próximo ejecutivo europeo deberá dilucidar “de una vez por todas” qué tipo de sector primario quiere y qué valor quiere otorgarle frente al resto del mercado y, en consecuencia, a la soberanía alimentaria de los ciudadanos del Viejo Continente.

El sector ha manifestado que ante estas elecciones reforzará sus peticiones al Gobierno español porque, a su juicio y como país líder pesquero de la Unión Europea, debe hacer valer y defender los intereses de su industria primaria española, sentirse orgullosa de ella y no frustrar a toda una nueva generación de profesionales su acceso a una actividad con un alto componente de tradición familiar.

Sobre este particular, el sector, desde la extracción y la producción acuícola hasta la comercialización, manifiesta que la UE, y en particular la Comisión Europea (CE), está muy lejos de la realidad, primando en sus políticas el componente medioambiental “de manera obsesiva”, lo que ha provocado, apunta, unos niveles de control y burocracia administrativa asfixiantes que comprometen “seriamente” la viabilidad de las empresas.

Cabe recordar que el sector pesquero español cuenta con más de 8.500 buques, genera 31.000 empleos directos y 150.000 indirectos y factura en primera venta 2.000 millones de euros. Por su parte, la cosecha de acuicultura en España fue de 326.520 toneladas con un valor en primera venta de 760,7 millones de euros y los 6.200 establecimientos detallistas de venta de productos pesqueros y acuícolas frescos y congelados agrupados en FEDEPESCA emplean a más de 23.000 personas.

El sector también cree que estas políticas debilitan “irresponsablemente” los intereses de los ciudadanos y apunta que Europa está poniendo en juego su soberanía al depositar su capacidad para alimentar a su ciudadanía en las importaciones. De hecho, el 70% del pescado consumido en la UE proviene del exterior y, según el sector, facilitando la entrada de estos productos, sobre todo de origen asiático, sin exigirles los mismos estándares que a los productores comunitarios, por lo que son más competitivos en precios al no estar sometidos a las mismas exigencias.

En el caso español, esta realidad de un saldo exterior negativo es creciente en el tiempo (-3.581 millones de euros en 2022, según el MAPA), con una tasa de cobertura que en la última década se ha situado en torno al 60% (60,5% en 2022). A modo de ejemplo, en 2023 España importó 23.751 toneladas de lomos de atún exentas de aranceles de las que el 79% procedía de China, país reconocido internacionalmente por practicar pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR).

El sector también llama la atención sobre la inacción de Europa ante la reducción del consumo de productos pesqueros, en vez de valorarlo y promocionarlo, no sólo por su contribución a una alimentación saludable, sino por ser los de menor huella de carbono e hídrica en su producción. Cabe destacar que en nuestro país se ha perdido un tercio del consumo en hogares en los últimos 10 años, pasando de 27,2 kilos por persona y año en 2013 a 18,5 kilos a octubre de 2023.

En este contexto, el sector recuerda que sus productos están gravados con un IVA del 10% sin que el Gobierno haya accedido a la petición de toda la cadena de producción y comercialización de la pesca, a reducir o eliminarlo, al igual que ha hecho con otros alimentos y tal como se ha aprobado en los países de nuestro entorno.

Peticiones de la cadena de valor de la pesca

La pesca, la acuicultura y el comercio especializado de alimentación solicitan que la UE cambie el rumbo de sus políticas, en particular de la Política Pesquera Común (PPC) y de la política medioambiental, y que tenga en cuenta el impacto socioeconómico derivado de la adopción de sus normas para buscar un equilibrio entre la conservación de la biodiversidad, el uso sostenible de los recursos naturales y la seguridad alimentaria.

Igualmente, demandan que se simplifique el marco legal y se reduzcan las cargas administrativas innecesarias, tanto europeas, como nacionales y autonómicas, y que los productos procedentes de las importaciones cumplan con los mismos requisitos que la producción comunitaria. Por su parte, frente a la bajada del consumo, el sector pide mayor inversión en campañas de promoción, así como la eliminación del IVA en los productos pesqueros.

Por último, solicitan, tanto a España como a Europa, reflexionar y dar un giro a sus percepciones sobre sus sectores primarios de los que a su juicio debe sentirse orgullosa. Así, según manifiesta el sector, no se debe olvidar su carácter esencial y estratégico, tal como fue declarado durante la pandemia, al producir y hacer llegar de manera eficiente y sostenible a la población la proteína animal más saludable y con menor impacto de huella de carbono e hídrica. A este respecto, recuerda que las capturas pesqueras de nuestro país originan cerca de 10 millones de raciones de pescado saludables al día y más de 3.700 millones de comidas al año, que representan el 25% de la UE.

El sector también recuerda que es parte de la historia, la cultura, la tradición y la gastronomía nacionales, su capacidad de fijación población en zonas costeras y rurales y que, en calidad de “guardianes del mar”, es el más interesado en preservar los ecosistemas de los que depende su actividad. A este respecto, subraya que la gran mayoría de las poblaciones del Atlántico Nordeste se encuentra en niveles de Rendimiento Máximo Sostenible (RMS), tras la reducción un 50% de la presión pesquera en los últimos 13 años y que, según la CE y el Consejo Internacional de Exploración del Mar (CIEM), más del 99% de los desembarcos de poblaciones gestionadas por la UE se pescaron de forma sostenible.

[1] Asociación Empresarial de Acuicultura Española (APROMAR), Confederación Española de Pesca (CEPESCA), Federación Nacional de Asociaciones Provinciales de Empresarios Detallistas de Pescados y Productos Congelados (FEDEPESCA) y Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP).

El sector pesquero y acuícola español[1] expresa su solidaridad con los agricultores y ganaderos de nuestro país, así como el apoyo a sus reivindicaciones, que afirma conocer y entender perfectamente, debido a las similitudes con las expresadas por los propios productores y comercializadores de la pesca, tanto ante nuestro Gobierno como ante el ejecutivo comunitario.

En este sentido, el sector debate internamente si acometer acciones para sensibilizar sobre el punto sin retorno al que las políticas europeas, a su juicio cada vez más alejadas de la realidad, están llevando a la pesca, la acuicultura y el comercio especializado comunitarios a una pérdida sin precedentes de su capacidad competitiva y, consecuentemente, a poner en riesgo la soberanía alimentaria de Europa, cada vez de manera más evidente.

Según ha manifestado el sector, “no queremos dejar de creer en Europa, pero después de todos los esfuerzos que sus políticas nos exigen desde hace años y de los derivados de las propias iniciativas desarrolladas por los pescadores, acuicultores y pescaderos para convertirnos en una actividad esencial, puntera y sostenible, o la Unión Europea da un giro de timón y simplifica el marco administrativo y las exigencias medioambientales maximalistas o Asia se encargará de dar de comer a los europeos”.

Por último, el sector, que siempre ha apelado al dialogo como fórmula para superar cualquier tipo de reto, vuelve a hacerlo en este momento, a su juicio, transcendental para definir el futuro de un sector primario europeo de calidad, competitivo y resiliente ante el incierto entorno socioeconómico global.

El sector pesquero español cuenta con más de 8.500 buques, 31.000 empleos directos y 150.000 indirectos, 800.000 toneladas de pescados y mariscos capturados al año y una facturación en primera venta de 2.000 millones de euros. Por su parte, la cosecha de acuicultura en España en 2022 fue de 326.520 toneladas con un valor en primera venta de 760,7 millones de euros.

Por último, los 6.200 establecimientos detallistas de venta de productos pesqueros y acuícolas frescos y congelados agrupados en FEDEPESCA emplean a más de 23.000 personas.

[1] Asociación Empresarial de Acuicultura Española (APROMAR), Confederación Española de Pesca (CEPESCA), Federación Nacional de Asociaciones Provinciales de Empresarios Detallistas de Pescados y Productos Congelados (FEDEPESCA) y Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP).

El sector pesquero europeo, representado por Europêche y la Asociación Europea de Organizaciones de Productores de Pescado (EAPO), cree que la decisión de Francia de prohibir la pesca en el Golfo de Vizcaya a más de 500 buques pesqueros de la UE (fundamentalmente arrastreros, cerqueros y buques de enmalle), para mitigar las posibles capturas accidentales de pequeños cetáceos, socava la esencia de la unidad europea y el marco de colaboración de la Política Pesquera Común (PPC). El sector así lo entiende debido a la forma en que este Estado miembro de la UE ha impuesto este cierre amparándose en el artículo 13.2 del Reglamento base de la PPC, pero sin cumplir los plazos, ni haber realizado las consultas previas que establece esta normativa. De hecho, la medida, publicada el pasado 18 de enero por el gobierno francés, y que entró en vigor el día 22 de enero, estará vigente hasta el 20 de febrero de 2024 y afectará a todos los barcos pesqueros europeos y de terceros países que faenen en esas aguas. 

El sector pesquero, además, no entiende la «urgencia» invocada por Francia para activar el artículo 13 por esta problemática de capturas incidentales, sobre todo teniendo en cuenta la recomendación del Consejo Internacional de Exploración del Mar (CIEM) y la propuesta de la Comisión Europea (CE) de revisar la recomendación conjunta en el invierno de 2025.

Además, EAPO y Europêche, de la que forma parte Cepesca, señalan que no todos los buques tendrán acceso a compensaciones a menos que las proporcione el Gobierno francés, que es el que ha tomado la decisión. Esto es particularmente apremiante ya que el texto de la prohibición se publicó el 18 de enero, para un cierre efectivo a partir del 22 del mismo mes, en apenas cuatro días.

Las organizaciones instan a la Comisión Europea a abordar y pronunciarse explícitamente sobre la medida de emergencia propuesta por Francia, en línea con los principios de la PPC.

Según Javier Garat, secretario general de Cepesca y presidente de Europêche “el precedente establecido por esta decisión socava la confianza que nuestros pescadores depositan en la Política Pesquera Común (PPC) por contradecir los principios de cooperación y proporcionalidad. Es imperativo realizar una evaluación exhaustiva del impacto en la UE y una revisión completa de estas decisiones para garantizar el cumplimiento de la PPC y sus salvaguardias. La Comisión, como guardiana de los tratados, debe intervenir para garantizar que las normas de la UE se apliquen correctamente”.

El sector pesquero español, representado por la Confederación Española de Pesca (Cepesca), ha manifestado su intención de permanecer alerta y utilizar todos los mecanismos e instrumentos internos de sus distintos estamentos para asegurar que los pescados y mariscos que llegan a los consumidores lo hacen, como es habitual, con los mayores estándares de calidad y seguridad.

El sector hace esta manifestación para tranquilizar a la opinión pública ante la posible incertidumbre que la polémica sobre los denominados “pélets” o “granza” aparecidos en distintas playas gallegas, asturianas, cántabras y vascas, así como francesas, pueda causar a la hora de consumir productos pesqueros.

Los pescadores apelan, una vez más, a la ciencia y a los científicos para determinar los efectos reales que sobre la salud puede tener este vertido de bolas de plástico. En este sentido, indican que las primeras informaciones apuntan a que se trata de polietileno que no sería tóxico. En cualquier caso, no se trata de microplásticos y, en caso de que fueran ingeridos accidentalmente por los peces, estarían presentes en el estómago e intestinos, no consumidos por el ser humano.

Por lo tanto, el sector pesquero, llama a la calma y a la no especulación informativa en torno a este hecho e insta a los partidos políticos, al Gobierno de España y a las Comunidades Autónomas a trabajar conjuntamente para aclarar y determinar de manera solvente el alcance real medioambiental, social y económico de este incidente, y para buscar soluciones eficaces para su erradicación. En este sentido, el sector pesquero ofrece toda su colaboración, como hace de manera habitual.

Por último, el sector pesquero cree que esta desafortunada situación puede servir para evidenciar la necesidad de reforzar las políticas preventivas y no reactivas capaces de minimizar el impacto de cualquier tipo de riesgo que el intenso tráfico marítimo de las cornisas cantábrica y atlántica pueda tener en su sostenibilidad ambiental, económica y social.  

Así mismo, el sector también aprovecha la oportunidad para concienciar a los ciudadanos y a las administraciones del problema que suponen los 1,7 millones de toneladas de plástico que cada año llegan a los océanos, procedentes de las actividades en tierra, según el informe “Global Plastics Outlook 2022” de la OCDE.

Por último, cabe recordar que los pescadores llevan años luchando contra esta lacra y limpiando los fondos de basuras y plásticos de forma voluntaria Así, a modo de ejemplo, en 2022, cerca de 2.600 pescadores recogieron casi 19 toneladas (189.844 kilos) de basura – mayoritariamente plásticos – de los fondos marinos españoles a través del programa Upcycling the Oceans. Gracias a este programa, prendas de ropa, calzados y otros utensilios se fabrican utilizando estos residuos como materia prima. El programa de reciclaje, que comenzó en 2015, ya ha recogido aproximadamente 1.400 toneladas de residuos en el mar.

Otras iniciativas impulsadas por el sector pesquero, como RED-USE, persiguen la circularidad de las redes y aparejos de pesca cuando acaban su vida útil, pasando a formar parte de mobiliario urbano y doméstico, entre otros. En 2022 se recogieron de los puertos españoles participantes más de 19 toneladas de redes, confirmando el compromiso del sector con una política de residuo cero.

Julio Morón Ayala, doctor en biología por la Universidad Complutense de Madrid, ha sido nombrado nuevo presidente de la Confederación Española de Pesca (CEPESCA) por su Junta Directiva. Julio Morón sustituye a Juan Manuel Liria Franch, que ocupaba este cargo desde el fallecimiento en 2020 de Amador Suárez, que ocupó la presidencia de la patronal pesquera española desde su fundación en 2007.

Morón atesora una dilatada trayectoria en el entorno pesquero, tanto nacional como internacional y desde la doble perspectiva de la gestión y el estudio de la sostenibilidad biológica. Tras la finalización de sus estudios en la Universidad Complutense de Madrid en 1989, trabajó como observador a bordo de buques de pesca de diversas artes y en distintos caladeros, tales como Malvinas, el Atlántico Central o el Golfo de Cádiz.

Tras esta primera etapa profesional, en 1991 fue experto asociado de la FAO para el Programa de atún del Indo-Pacífico (IPTP) en Colombo, Sri Lanka. En 1994 colaboró con el Instituto Español de Oceanografía (IEO) dirigiendo la Oficina Española de Pesca, dependiente de la Secretaría General de Pesca de España, en el archipiélago de las Seychelles.

Posteriormente, en 1997, fue nombrado asesor científico de la Organización de Productores Asociados de Grandes Atuneros Congeladores (OPAGAC), bajo la que se agrupa un alto porcentaje de la flota atunera española con operaciones en los océanos Índico, Pacífico y Atlántico y sucederá a Gabriel Sarró, como director gerente, en 2007.

Desde esta organización Morón impulsa uno de los proyectos más ambiciosos del sector pesquero español al convertir a flota atunera española en la primera del mundo en diferenciar su actividad con un sello de calidad (Atún de Pesca Responsable, APR), integrando por vez primera en la actividad pesquera la certificación de la sostenibilidad, no sólo biológica, sino también social y laboral. Este modelo es actualmente un referente en este ámbito y guía muchas de las iniciativas de la actividad pesquera en todo el mundo.

Antes de su actual nombramiento, Morón era vicepresidente primero de la Confederación Española de Pesca (CEPESCA) desde el 20 de abril de 2021. Asimismo, es miembro correspondiente de la Real Academia del Mar y presidente del Grupo 4 del Consejo Consultivo de Larga Distancia de la Unión Europea (LDAC).

Como nuevo presidente de Cepesca, Julio Morón afirma querer contribuir a que la sensatez, el sentido común y la colaboración sean los ejes que guíen a los diversos y numerosos actores que, de una forma u otra, intervienen en la toma de decisiones sobre la actividad pesquera, “única manera, a mi juicio, de desarrollarla con garantías de futuro, tanto en lo biológico como en lo social y lo económico –apunta Morón–. Teniendo en cuenta el crecimiento imparable de la población mundial y la necesidad de proteínas de calidad, como las provenientes del mar, para alimentarla –añade Morón–, sólo desde estos axiomas podemos mantener un equilibrio sostenible y satisfactorio”.

Por último, y durante la misma Junta Directiva que ha nombrado como presidente a Julio Morón, se rindió también homenaje a Manuel Liria, que a lo largo de su vida profesional ha contribuido de forma decidida al fomento del asociacionismo pesquero y a la defensa de la pesca española en el mundo. Después de más de 25 años liderando las patronales españolas, Liria, de forma voluntaria, ha querido renunciar al cargo para dar paso a un nuevo presidente.

La Confederación Española de Pesca (CEPESCA) y ABANCA han renovado un año más el convenio de colaboración que ambas organizaciones mantienen desde 2019 para facilitar a los asociados de la patronal española asesoramiento, productos y servicios financieros específicamente diseñados para el sector pesquero. ABANCA desarrolla esta labor a través de su unidad de negocio ABANCA MAR, especializada en el sector pesquero y única de este tipo del entorno financiero español.

Una de las particularidades de este convenio, que desde que se puso en marcha ha posibilitado la financiación de numerosas operaciones, es la capacidad de ABANCA MAR para adecuar su asesoría y recursos a las circunstancias que guían en cada momento las necesidades del sector.

Así, la renovación de este año contempla la transformación verde del sector y el apoyo a las iniciativas relacionadas con la sostenibilidad y los criterios ESG como uno de los puntos fundamentales a desarrollar. Ambas entidades han coincidido en la necesidad de diseñar productos a medida encaminados a hacer cumplir el Pacto Verde Europeo en el sector pesquero. Bajo este mismo prisma la renovación del convenio continuará respaldando la renovación y remotorización de la flota, con especial énfasis en los proyectos para mejorar la eficiencia y la reducción de las emisiones de los buques.

El acuerdo de renovación fue rubricado ayer en la sede corporativa de ABANCA en Madrid por Javier Garat, secretario general de Cepesca, y por Víctor Casal Antón, director ejecutivo de Banca Corporativa, Empresas y Pymes de ABANCA. También estuvo presente en el acto el director de ABANCA Mar, Javier Fraga.

Nuevas generaciones de pescadores

Al igual que ocurriera en la anterior renovación, en esta nueva el convenio contempla mantener una línea de colaboración financiera con condiciones específicas dirigida a jóvenes armadores. Con ello, ambas organizaciones se proponen incentivar el relevo generacional, un aspecto crítico para el futuro del sector. También se buscarán fórmulas de financiación para paliar las situaciones de cierres temporales de caladeros o paros biológicos, así como facilitar la movilización de fondos del FEMPA (Fondo Europeo Marítimo de Pesca y de Acuicultura). También se incidirá en satisfacer las necesidades ante problemáticas transversales, tales como el incremento de los costes debido a la inflación.

Igualmente, el acuerdo pone un foco especial en colaborar para la financiación de distintas Organizaciones de Productores Pesqueros (OPP). Sobre este particular, ABANCA destaca el apoyo a Pesca España, Asociación de Organizaciones Pesqueras (AOP), creada ya hace un año y con la que la entidad prevé enriquecer sus vías de colaboración.

Por último, como viene siendo habitual desde 2019, ABANCA y Cepesca mantendrán el desarrollo de acciones conjuntas para fomentar la sensibilización medioambiental, como la retirada de residuos del medio marino y dar visibilidad a los retos y desafíos del sector. A ello se sumará la celebración de distintas jornadas y eventos en torno al ámbito pesquero.

Según Javier Garat, “ABANCA es un socio financiero fiable y capaz de entender nuestro entorno y peculiaridades y precisamente este conocimiento es lo que empuja y robustece una colaboración que arrancó en 2019. El sector pesquero, como la mar en la que trabaja, –añade Garat–, exige una enorme flexibilidad y capacidad de adaptación a los cambios, a veces radicales, tales como el incremento de los costes operativos o las consecuencias de los giros de la legislación europea. Con ABANCA –termina diciendo Javier Garat–, disponemos de esa flexibilidad y adaptación,  traducida a aspectos financieros”.

Por su parte, Víctor Casal ha destacado que “la colaboración que mantenemos con Cepesca es clave para seguir impulsando un sector estratégico para el banco, que materializamos a través de nuestra unidad especializada ABANCA Mar. Nos comprometemos con sus retos y desafíos, que son comunes a los del resto de la economía, pero también muy específicos. La apuesta por la sostenibilidad, el relevo generacional o las nuevas directrices comunitarias van a marcar las agendas de los próximos años y es importante apostar por socios confiables».

El sector pesquero español, representado por la Confederación Española de Pesca (CEPESCA), ha acogido de forma desigual el acuerdo alcanzado esta mañana en Bruselas, que determina los días de pesca en el Mediterráneo para 2024, así como las cuotas asignadas a cada Estado miembro en el Atlántico y el Mar del Norte para el próximo año, y también para 2025 en el caso de algunas especies.

En el Mediterráneo, cuya negociación ha sido la más compleja, Cepesca destaca el establecimiento de un mecanismo de compensación, con 12 posibles condiciones, para poder conseguir que la reducción de los días de pesca sea inferior a la acordada del 9,5%. Entre las condiciones se encuentra mejorar la selectividad del arte de arrastre con mallas cuadradas en los copos de 45 mm para que permitan reducir la captura de juveniles de merluza en un 25%; o de 50 mm para reducir en un 25% la captura de gamba roja pequeña; o la utilización de rejillas separadoras; o el cierre temporal de zonas de pesca que permita la reducción del 25% de juveniles de todas las especies demersales o del 20% de los reproductores; o prohibir la pesca con arrastre en profundidades superiores a 800 m; o la utilización de redes voladoras que reduzcan el impacto en el fondo marino, etc.

El mecanismo de compensación de días de pesca mitigaría la reducción del 9,5% de los días de pesca en el Mediterráneo acordada por el Consejo a propuesta de la Comisión Europea, de tal manera que, si se cumpliese con una de las conficiones arriba mencionadas, el armador del buque en cuestión recibiría una compensación de 4,5% de los días de pesca; si cumpliera dos de las condiciones, la compensación sería del 5% y si cumpliera tres condiciones, sería del 6%, de tal manera que permitiría limitar la reducción de los días de pesca de 9,5% hasta un 3,5%. “Esta reducción de días de pesca, si bien a nadie agrada, es muy inferior a los 9,5% planteados por la CE”, señala Javier Garat, secretario general de Cepesca. “Hemos pedido al ministro que sea flexible a la hora de aplicar los criterios y el mecanismo de compensación en la flota del Mediterráneo, que nos sentemos pronto para verlo y que hagamos todos el mayor esfuerzo posible para que el impacto en nuestra flota sea también el menor posible”, añade Garat.

Por su parte, la cuota de gamba roja del Mediterráneo se ha reducido en un 5% cuando la propuesta era de un 9%.

Siguiendo este análisis, Cepesca valora el aumento del 9,7% de las capturas de merluza sur para España, hasta casi 11.000 toneladas, y el incremento acordado para nuestro país en el caladero nacional de las cuotas de gallo (11,4%) o rape (7,3%) donde, además, se mantiene un Total Admisible de Capturas (TAC) de 33.000 toneladas para la anchoa del golfo de Vizcaya. Para Cepesca, la subida de cuotas en estas especies es una constatación del buen estado de los stocks “ibéricos”. No obstante, en el Cantábrico Noroeste preocupa la disminución de las cuotas de especies como el abadejo (-53%), el merlán (-40,8%), el lenguado (-17% – 34% dependiendo de la especie) y la solla (-20%), que pueden poner en problemas a varias flotas de la zona.

En cuanto al Golfo de Cádiz, para Cepesca ha sido realmente importante conseguir que la cuota de cigala se haya mantenido, lo que, sumado al incremento de las especies arriba indicadas (merluza, gallo y rape), además del jurel sur (5,3%), es positivo para la flota de la zona.

Por otro lado, cabe recordar la decisión sobre las cuotas de Gran Sol tras el acuerdo alcanzado entre la UE y Reino Unido que, en general, satisfacen a la flota española. “Se ha producido incremento para especies importantes como el gallo (3,03%) y el rape (5,34%), y una disminución asumible del 12,38% del TAC para la merluza norte”, explica Javier Garat.

Por último, Cepesca agradece al ministro Planas y a su equipo el trabajo realizado en el maratoniano Consejo de ministros de Pesca para intentar conseguir el mejor resultado para el sector pesquero español, buscando un equilibrio entre la conservación de la biodiversidad, la gestión sostenible de las poblaciones de peces y la seguridad alimentaria; y lamenta la poca flexibilidad mostrada por el comisario Sinkevicius, sobre todo en todo lo referente al Mediterráneo.

Por otra parte, la flota bacaladera agradece la defensa de los derechos históricos realizada en sus cuotas de Svalbard y apoya la línea adoptada para conseguir un deseado acuerdo con Noruega sin comprometer lo que por historia le corresponde a España.

El jurado de la VI edición de los Premios de Periodismo y Sector Pesquero Español, organizados por la Confederación Española de Pesca, CEPESCA, han reconocido, en el apartado medios de comunicación del certamen, la labor informativa de Corporación Voz de Galicia y Onda Pesquera en las categorías “Mejor Labor de Difusión del Sector Pesquero Español” y “Mejor Labor de Difusión sobre Sostenibilidad y Medio Ambiente en la Pesca”, respectivamente.

El galardón a Corporación Voz de Galicia reconoce al grupo multimedia gallego por mantener al sector pesquero y al conjunto de la cadena mar-industria bajo el radar de su labor informativa profesional e innovadora; también valora su compromiso con la objetividad y la pluralidad del grupo y, específicamente, el trabajo del equipo que capitanea Xosé Luís Vilela, en concreto, los que nutren la sección “Marítima” del diario impreso y el portal especializado en información marítima “Somos Mar” que inició su singladura en 2021 y tiene a los mandos a Esperanza Abuín y Salvador Serantes. El premio reconoce también la labor de los periodistas de programas y emisoras de Radio Voz, como “Despierta Galicia”, “Voces de Galicia”, “Voces de tu ciudad” o “Un café con Eva”, que puntualmente, y siempre que se produce un acontecimiento importante para el devenir del sector pesquero, dan cuenta del hecho y voz a los profesionales de la pesca.

El premio a Onda Pesquera, histórico programa de la radiodifusión española dedicado al mundo del mar y la pesca que el 12 de diciembre celebra un año de su vuelta a las ondas a través de Radio España, reconoce sus más de cuatro décadas de difusión de la actividad del sector pesquero. Con Jesús Ferreiro como creador, director y presentador, Onda Pesquera continúa en esta nueva marea poniendo el foco en la sostenibilidad integral de la pesca, el estrecho vínculo entre esta, la ciencia y el medio ambiente; la evolución del estado de los stocks; los diferentes proyectos de nuestro sector para el cuidado de los océanos y, específicamente, en la defensa personal de “nuestra buena gente de la mar”, en palabras de Ferreiro.

En el acto de entrega de los galardones, que ha vuelto a celebrarse en el Centro Cultural de los Ejércitos con la presencia el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y la secretaria general de Pesca, Isabel Artime, también se han distinguido los mejores trabajos de periodistas. En la categoría “Premio Amador Suárez – Mejor Artículo sobre el Sector Pesquero” la ganadora ha sido la periodista Esperanza Abuín por el artículo “No lo llames atún, que son chícharos” [legumbres], publicado en La Voz de Galicia, del que el jurado ha valorado su capacidad para mostrar de forma amena la vertiente del sector pesquero relativa al consumo y para poner al descubierto, con argumentos científicos y el rigor que aportan los datos, la imposible equiparación de los beneficios para la salud derivados del consumo de productos pesqueros frente a los productos veganos que se comercializan bajo una nomenclatura engañosa, desmontando también la supuesta teoría de su mayor sostenibilidad frente a la pesca.

El premio en la categoría “Mejor Artículo sobre Sostenibilidad y Medio Ambiente en la Pesca” ha correspondido a Adrián San Román, del programa Agrosfera de La 2 de TVE, por el reportaje “Descarbonización de la flota pesquera: hidrógeno, motores eléctricos, fluviodinámica y optimización de rutas”, que presenta una completa panorámica del estado del arte en el desarrollo de soluciones tecnológicas para la transición energética del sector pesquero.

La periodista y fotógrafa Loyola Pérez de Villegas Muñiz ha resultado ganadora del premio a la “Mejor Fotografía del sector pesquero” con la instantánea “Almadrabos”, que muestra el trabajo en tierra asociado al milenario arte de pesca de la almadraba; concretamente, en la almadraba de La Azohía, al oeste del municipio murciano de Cartagena. Esfuerzo, coordinación y cooperación, habitualmente en la sombra y siempre con la mar de fondo, se reflejan en este trabajo que forma parte de un amplio reportaje fotográfico publicado en “La Opinión de Murcia” bajo el título «La pesca de la almadraba empieza en tierra», del que el jurado ha valorado su amplitud, detalle y foco en las personas. La distinción de la instantánea reconoce, por extensión, a todos los profesionales que desarrollan su trabajo en tierra y son una parte fundamental e imprescindible de la actividad pesquera.

Los cinco galardonados han recibido el premio de manos del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), Luis Planas, que ha tenido gratas palabras para cada uno de los profesionales y los responsables de los medios distinguidos en esta VI edición.

Desarrollo empresarial, mujeres de la mar, alimentación sostenible y eólica marina

Por su parte, la secretaria general de Pesca del MAPA, Isabel Artime; el vicedirector científico del Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC), David Díaz Viñolas, y Julio Morón Ayala, vicepresidente primero de Cepesca y director gerente de Opagac, han hecho entrega de los diplomas a los periodistas finalistas.

En la categoría “Premio Amador Suárez – Mejor Artículo sobre el Sector Pesquero” han sido finalistas la periodista Abeta Chas por el artículo “Naufragio en Terranova, así se ha transformado el negocio de la pesca en Galicia”, publicado en Expansión, y Manuel Delgado Fraile por el reportaje radiofónico “Mujeres trabajadoras de la mar: visibles e iguales ante sus compañeros”, emitido en el programa Canal Sur Mediodía de Canal Sur Radio Huelva.

En la categoría “Mejor Artículo sobre Sostenibilidad y Medio Ambiente en la Pesca”, el finalista ha sido Gumersindo Feijoo, vicerrector de Transformación Digital e Innovación y Catedrático de Química en la Universidad de Santiago de Compostela, por sendos artículos divulgativos, publicados en la plataforma editorial The Conversation, sobre dos productos pesqueros tan populares como la merluza y la sardina, sus propiedades nutricionales y las artes de pesca con las que se capturan, que hacen que sean mega-alimentos sostenibles.

También finalista es Francisco López Jiménez de La Nueva España por el artículo “Malos vientos para la pesca en el Cantábrico”, por informar con un estilo divulgativo y muy ilustrativo, además de riguroso al dar altavoz a todos los actores implicados en una problemática compleja: el desarrollo de la energía eólica marina en aguas del Cantábrico Noroeste.

Según Javier Garat, secretario general de Cepesca y presidente de Europêche, “un año más el sector pesquero quiere agradecer a los medios de comunicación y a los periodistas su inestimable labor informando y divulgando sobre nuestro día a día. En todos aquellos foros a los que asisto suelo decir que podemos presumir de sector, pero también podemos presumir de informadores y de medios en torno a nuestra actividad, más aún si tenemos en cuenta la complejidad de nuestra industria, su amplio ámbito de actuación o el gran número de actores y foros, tanto nacionales como internacionales, que intervienen en nuestro mercado. Por ello –añade Garat–, el sector quiere dar las gracias a los excelentes profesionales del periodismo que se acercan a nosotros y a los que seguiremos facilitando su labor y ayudándoles a desarrollar su inestimable trabajo”.

El acto de entrega de la VI edición de los Premios de Periodismo y Sector Pesquero Español ha culminado con un cóctel en el que los asistentes han degustado diferentes productos pesqueros de los asociados de Cepesca: gamba roja de la Asociación Provincial de Empresarios de la Pesca de Almería (Asopesca), atún rojo Balfegó, merluza del pincho, tintorera y marrajo de la Organización de Productores Pesqueros del Puerto de Burela; merluza del pincho de la OPP-77 Puerto de Celeiro, gambón de Krustagroup, gamba blanca de la Asociación de Armadores de Punta del Moral, y choco y salmonetes de la Asociación de Armadores de Buques de Pesca de Cerco de Sanlúcar de Barrameda (Cercopesca).

El secretario general de la Confederación Española de Pesca (CEPESCA), Javier Garat, ha sido nombrado presidente del Clúster Marítimo Español, organización que representa a todas las actividades económicas, instituciones, asociaciones y empresas que tienen relación con el mar, y cuyo objetivo es extender y mejorar la llamada economía azul, ejerciendo de vehículo de comunicación del sector con el Gobierno y con las administraciones públicas.

Garat es licenciado en Derecho y diplomado en Derecho Comunitario por la Universidad Complutense de Madrid (C.E.U. San Pablo) y Máster en Derecho Internacional y Europeo por la Universidad Católica de Lovaina (U.C.L. Bélgica). El nuevo presidente del Clúster Marítimo Español, académico de Número de la Real Academia de la Mar, tiene una dilatada trayectoria en el ámbito de la pesca que arrancó en 1996 cuando se integró en el equipo del Servicio Jurídico de la Comisión Europea y como asistente del consejero de Pesca de la Representación Permanente de España ante la Unión Europea.

Javier Garat es también presidente de la Asociación de Organizaciones de Productores PESCA ESPAÑA, presidente de la Asociación de las Organizaciones Nacionales de Empresas Pesqueras de la UE (Europêche) y preside además la Coalición Internacional de Asociaciones Pesqueras (ICFA). Asimismo, es miembro del Comité Económico y Social Europeo, y de la Comisión de Economía Azul de CEOE.

El Clúster Marítimo Español (CME) es la organización que agrupa a todas las industrias, los servicios y las actividades económicas de nuestro país relacionadas con la mar. En el CME tienen cabida actividades como el transporte marítimo; la construcción y reparación naval; la ingeniería e industria auxiliar marítima; la pesca extractiva y la acuicultura marina; la industria náutica de recreo, marinas y puertos deportivos; las energías de origen marino; la Armada; los puertos y servicios portuarios; los servicios marítimos, así como los clústeres regionales; la investigación marina; los agentes del sistema de I+D+i; los organismos de formación; los sindicatos y las asociaciones profesionales; la cultura, el patrimonio y el bienestar social. Su misión es impulsar el desarrollo y la competitividad de las empresas y de las industrias marítimas españolas.

El Clúster Marítimo Español nació con la vocación de sintonizar con la Política Marítima Europea, cuyo principal objetivo es mantener y reforzar el liderazgo, el crecimiento, la competitividad y la sostenibilidad de las actividades marítimas europeas, y en cuyo contexto el CME representa un importante respaldo.

El sector pesquero español, representado por la Confederación Española de Pesca (CEPESCA), confía en que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) sea eficaz en la gestión de la abundante documentación que va a exigir la pesca y comercialización de la tintorera (también denominado tiburón azul o quella) tras su inclusión en el Apéndice II de CITES[1]. El sector, que ha manifestado reiteradamente su incomprensión por esta decisión a tenor de los datos sobre las poblaciones y su evolución, recuerda los problemas causados por la deficiente gestión de la especie marrajo dientuso y los graves perjuicios económicos aparejados para el sector y que la tintorera, al ser pesca dirigida[2] y la especie de tiburón más capturada por la flota de palangre de superficie española, supone multiplicar, al menos por 20, el volumen de las captura, “lo que exige un gestión ágil y eficaz si no queremos correr el riesgo de paralización de las flotas”.

El sector manifiesta su absoluta colaboración con el MITECO para intentar reducir al máximo los efectos burocráticos de la nueva normativa y los posibles sobre costes que se generarán y aboga por la colaboración también de todos los eslabones de la cadena de valor como única forma de garantizar la legalidad del comercio de esta especie.

Tras la inclusión de la tintorera en el Apéndice II de CITES, las autoridades deben garantizar el origen legal y la trazabilidad de todas las transacciones con la especie, así como que su explotación no sea perjudicial para la conservación de la especie o población, considerando el nivel de comercio actual y previsto. Para ello, se elaboran los Dictámenes de extracción no perjudicial (DENP). En España, la autoridad científica CITES (el IEO – CSIC) ha determinado que la extracción de tintoreras es posible sin cuotas CITES (sin perjuicio de otras cuotas que puedan imponer las autoridades de pesca) en el Atlántico Norte y Sur, y en el Pacífico Este, Central y Occidental, quedando excluido el Mediterráneo.

La normativa, que se aplicará a partir del próximo día 25 de noviembre, implica la puesta en marcha, para la tintorera, de los mecanismos previstos del anexo B del Reglamento (CE) 338/97 del Consejo, relativo a la protección de especies de la fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio, que es la norma por la que los Estados Miembros de la UE aplican CITES. Ese reglamento comunitario establece, entre otras cuestiones, las disposiciones para la importación, exportación y reexportación, de los especímenes de las especies incluidas, y los procedimientos y documentos necesarios para solicitar y obtener los permisos y certificados correspondientes.

Decisión incomprensible para el sector

Propuesta en 2022 por Panamá con otros 41 países co-proponentes, incluida la UE, la incorporación de la tintorera en el apéndice II de CITES no ha estado, a juicio del sector, científicamente justificada, tal y como constataron los informes del panel de expertos de la FAO y de los comités científicos de varias Organizaciones Regionales de Pesca (ORP), que claramente manifestaron que no se cumplían los criterios para su inclusión. De hecho, se justificó por la imposibilidad práctica de distinguir su carne de la de otras especies de esa familia de tiburones que sí están amenazados.

El sector, que defiende la gestión pesquera sostenible a través de las ORP como la mejor herramienta para garantizar la conservación y la captura sostenible de las poblaciones de tiburón azul, señala que esta especie tiene unas características biológicas incomparables con las de otras especies de elasmobranquios, familia nombrada específicamente en la propuesta de Panamá y disiente de la afirmación recogida en la propuesta de este país respecto a la imposibilidad de diferenciar visualmente a los ejemplares de los tiburones azules.

Los tiburones azules, incluyendo sus aletas, tienen características biológicas claramente distinguibles que pueden ser verificadas por los inspectores de pesca (como ocurre con muchas otras especies morfológicamente similares). La aleta de la tintorera (Prionace glauca), apunta el sector, se diferencia por su característica coloración azul metálico y debido a que carece de espinas en su base.

Por último, cabe recordar que los comités científicos de ORPs como ICCAT o IOTC[3] señalan que las poblaciones de tintorera en sus respectivos océanos se encuentran en buen estado biológico, constatando que no existe ni sobreexplotación ni sobrepesca. Así mismo, los estudios biológicos disponibles constatan la alta tasa reproductiva y de rotación del tiburón azul, que se mantiene como la especie de elasmobranquio más fértil, de rápido crecimiento y mayor distribución geográfica. La tintorera es la especie de tiburón pelágico con mayor tasa de reproducción conocida con grandes camadas (4 a 100 embriones). Vive hasta 20 años y se ha constatado su considerable resiliencia a la presión pesquera.

[1] El Apéndice II de CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres) incluye especies que no están necesariamente amenazadas de extinción, pero cuyo comercio debe ser controlado para evitar esa posibilidad.

[2] Esfuerzo de pesca dirigido a una especie específica o grupo de especies.

[3] ICCAT es la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico

IOTC es la Comisión del Atún del Océano Índico

El sector pesquero español, representado Cepesca, ha recibido con satisfacción la continuidad de Luis Planas al frente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) en el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez.

Según ha manifestado Javier Garat, secretario general de Cepesca, “es una noticia tranquilizadora dada la buena interlocución con el ministro, su preparación y conocimiento de nuestra actividad, factores importantes ante los retos a los que nos habremos de enfrentar conjuntamente. En este sentido –añade Garat–, ofrecemos a Luis Planas seguir trabajando juntos, tanto en España como en la UE, para conseguir el reconocimiento del importante papel de las empresas pesqueras y de los pescadores en el ámbito de la sostenibilidad, intentando conseguir un equilibrio entre la conservación de la biodiversidad, el uso sostenible de los recursos naturales y la seguridad alimentaria”.

A juicio de Cepesca, los principales retos de Luis Planas al frente de la cartera de Pesca deben cifrarse en promover un sector moderno y sostenible, impulsar el relevo generacional, trabajar para que la flota española siga ganando cuotas pesqueras, apoyar la descarbonización de la flota y su transición energética, y seguir negociando con otros países para ampliar los acuerdos internacionales de pesca. Todo ello dentro de una Estrategia Nacional de Alimentación para España, añade el sector, que sirva para desarrollar la cadena de suministro e incentivar el consumo de productos pesqueros, para lo que el ministro, “deberá aplicarse en lograr que el Gobierno de España apueste por la soberanía alimentaria y haga frente a todos aquellos que quieren acabar con la pesca en Europa”.

En este sentido, “Cepesca solicita al ministro Planas que defienda en Bruselas la necesidad de tener un Comisario de Soberanía Alimentaria para la gestión de las dos políticas comunes relacionadas con la producción primaria, es decir, la agrícola y la pesquera”.

“Además –añade Garat–, tenemos otros retos como la preocupante reducción del consumo en hogares españoles de productos pesqueros y la necesaria eliminación del IVA, y las múltiples iniciativas de la Comisión Europea que pueden tener serias repercusiones en nuestro sector pesquero, como el Plan de Acción para restaurar los ecosistemas, la revisión del cierre de las 87 zonas a la pesca de fondo, la reducción de días de pesca en el Mediterráneo o la aprobación de la Ley de Restauración de la Naturaleza”.

Cepesca también recuerda que nuestro país tiene por delante la negociación para la renovación de varios acuerdos de pesca de la Unión Europea con terceros países, el fin del periodo transitorio acordado en el Brexit y la consecuente negociación con el Reino Unido sobre el acceso a sus aguas y a las cuotas pesqueras, y todos los temas relacionados con la gobernanza internacional que afectan al sector pesquero español. En ese sentido, el sector pesquero aspira a que España tenga un mayor peso en las negociaciones con la Comisión, como primera potencia pesquera de la UE que es, y que se logre una mayor presencia de representantes españoles en las instituciones europeas.

“Por último –señala Javier Garat–, desde Cepesca ofrecemos al ministro Planas, como siempre, nuestra buena disposición para trabajar conjuntamente en defensa de los intereses de la pesca española”.

Las organizaciones más representativas del sector de la pesca, acuicultura, transformación y comercialización de nuestro país, reclaman al nuevo Ejecutivo, como ya ha realizado en reiteradas ocasiones, que el pescado y el marisco formen parte de la lista de alimentos básicos sobre los que se prorrogarán las medidas de reducción o supresión del IVA hasta junio de 2024 para hacer frente al alza de los precios de la cesta de la compra. El sector hace esta petición tras el anuncio hecho por Pedro Sánchez durante su discurso de investidura en el Congreso de los Diputados. Asimismo, el sector apunta al Ejecutivo que demuestre así su carácter social facilitando el acceso a este alimento básico a las capas poblacionales más afectadas por el alza de los precios.

El sector recuerda que cada vez son más las organizaciones que reclaman esta inclusión, tal y como hizo público la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) el pasado miércoles, que solicitó que se extienda la supresión o la rebaja del IVA al 4% a más alimentos básicos, en especial al pescado y la carne, una medida que apoyan también la industria y la distribución del sector agroalimentario.

El sector también recuerda que la progresiva reducción del consumo de pescado en España, que en el caso de los hogares ha caído un 31,91% en los últimos 10 años, incide de manera directa en el paulatino abandono de la saludable dieta mediterránea, así como el aumento de las patologías relacionadas con una mala alimentación (obesidad, sobrepeso, enfermedades cardiovasculares, etc.), que son la primera causa de mortalidad en nuestro país.

Aliados contra la inflación

Por otra parte, el índice de Precios de Consumo (IPC) de octubre, publicado el pasado miércoles, establece que la subida anual de los alimentos sigue en un elevado 9,5%, y recuerda que pescados y mariscos llevan 18 meses consecutivos siendo de los alimentos que menos han incrementado su precio, gracias al esfuerzo de toda la cadena de valor para facilitar el acceso a sus productos. A modo de ejemplo, el pescado fresco se ha encarecido un 7,1 %, casi cuatro puntos menos que hace un año, y por debajo de la media del IPC de los alimentos y bebidas.

Según los cálculos realizados por el sector, la rebaja del 10% al 4% del IVA para los productos pesqueros supondría una merma en la recaudación de IVA de menos de 500 millones de euros, cifra que se vería compensada con la disminución del incremento del gasto sanitario por enfermedades relacionadas con una mala alimentación. Según un informe de la consultora Cariotipo, realizado con el apoyo de la CEOE y la Fundación Española del Corazón, la mala alimentación le cuesta al Sistema Nacional de Salud unos 14.300 millones de euros al año, un 19,3% del total de gasto sanitario público español.

Según ha declarado el sector, “la eliminación o la reducción al 4% del tipo de gravamen del IVA para los productos pesqueros, actualmente en el 10%, además de equiparar a España con el resto de los países de la UE que han tenido en cuenta la necesidad de favorecer el consumo de estos productos entre la población, serviría para proteger los derechos de los consumidores, fomentar una dieta saludable y contener el descenso del consumo de pescado. Confiemos en que el nuevo Gobierno de España por fin aproveche esta nueva ocasión para demostrar un compromiso firme y real de impulso de la dieta saludable entre los españoles”.

[1] Asociación de fabricantes y distribuidores (AECOC), ANFACO-CECOPESCA, Asociación Empresarial de Acuicultura de España (APROMAR), Cooperativa de Armadores del Puerto de Vigo (ARVI), Confederación Española de Pesca (CEPESCA), Asociación Española de Mayoristas, Importadores, Transformadores y Exportadores de Productos de la Pesca y Acuicultura (CONXEMAR), Federación Nacional de Asociaciones Provinciales de Empresarios Detallistas de Pescados y Productos Congelados (FEDEPESCA), Federación Nacional de Mayoristas de Pescados (FENAMAR), Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP).

El sector pesquero europeo, representado por Europêche, organización de la que forma parte Cepesca, ha criticado duramente el acuerdo alcanzado la semana pasada por el Consejo y el Parlamento Europeo sobre la Ley de Restauración de la Naturaleza. El sector manifiesta que la norma es irreal, no especifica ni concreta los beneficios que va a aportar y, en su opinión, pone en peligro la soberanía alimentaria europea al debilitar la capacidad productiva y competitiva de su flota, más aún en el actual escenario geopolítico internacional. Por lo tanto, el sector insta al Consejo y al Parlamento a rechazar el acuerdo político.

El sector, que, por supuesto, considera importante proteger y restaurar la naturaleza, cree preocupante que este tipo de políticas se aborden sin rigor y que los responsables políticos de la UE ignoren aspectos fundamentales no especificados en el Reglamento. Así el sector señala la ausencia de una evaluación de impacto socioeconómico, ya que la Comisión “no ha proporcionado ningún dato concreto sobre los costes y beneficios esperados ni para los Estados miembros, ni para los propios ecosistemas marinos, ni, por supuesto, para el sector pesquero”.

Por el contrario, apunta el sector, la legislación se basa en “supuestos” beneficios teóricos sobre los que es imposible construir una plataforma sólida para una formulación política de esta índole y sobre los que la Comisión apunta hacia una ampliación “artificial” del ámbito de aplicación que, a juicio del sector, se traducirá en más cierres de zonas de pesca sin justificación científica.

Europêche también llama la atención sobre las contradicciones de la Comisión, que reconoce que, según la Directiva sobre hábitats de la UE, menos del 2% de las zonas marinas europeas necesitan restauración, para proponer después, sin ninguna justificación científica, multiplicar por 10 las zonas que necesitan restauración (20% de los mares). Como denuncia el sector, este umbral va más allá del objetivo internacional acordado en Kunming-Montreal (COP15 – CBD), poniendo una vez más a la flota pesquera en desventaja competitiva. Según Europêche, con este enfoque, los Estados miembros “gastarán tiempo y millones de euros en identificar y restaurar artificialmente zonas que no necesitan restauración”.

Según Daniel Voces, director general de Europêche, “el Reglamento sólo debería entrar en vigor cuando la Comisión proporcione datos científicos sólidos sobre el impacto que tendrá la nueva ley en la disponibilidad y los precios de los alimentos, los costes de las empresas y los caladeros afectados. Es una verdadera lástima que al final los responsables políticos hayan decidido no mantener esta orientación”.

Otra preocupación para el sector es la falta de financiación adicional para la aplicación del Reglamento, más aún si se tiene en cuenta, la presión que ya significa el proceso de descarbonización de la flota y soportar el cierre de caladeros tradicionales. A juicio del sector, “es difícil, absurdo y contraproducente,” suponer que los pescadores alcancen objetivos poco realistas con una financiación limitada, especialmente en un entorno económico difícil. Para Voces, “las nuevas ambiciones legislativas requieren una financiación adecuada. La propuesta no garantiza la creación de un fondo específico, sin el cual los objetivos serán inalcanzables y la política fracasará. Debemos recordar –añade Voces–, que la pesca es muy particular en el uso de los fondos y por lo tanto esta ausencia no podría cubrirse desviando fondos de otras áreas”.

Discriminación ante las renovables

A Europêche le preocupa igualmente la exención para las industrias de energías renovables del cumplimiento de algunas disposiciones de la legislación medioambiental. Este enfoque, a la luz de las preocupaciones medioambientales no resueltas y destacadas por el Tribunal de Cuentas, en relación con las energías renovables marinas, crea unas condiciones desiguales y discriminatorias, según el sector pesquero. A su juicio, ambos sectores compiten por el espacio marítimo y se pregunta si la ampliación del ámbito de aplicación del Reglamento sirve, precisamente, para cubrir esa excepción. El sector solicita un “trato igualitario para todas las economías azules”.

El sector concluye que la UE está dispuesta a limitar su producción de alimentos una vez más sin siquiera considerar las consecuencias internas y externas. Para Europêche, el debate “turbulento” sobre la nueva ley medioambiental, fortalece la vía de que la UE vuelva a un modelo en el que toda la producción de alimentos primarios esté bajo el mandato de un mismo Comisario y desea que así suceda en el próximo mandato de la Comisión Europea (2024-2029).

Según Javier Garat, presidente de Europêche, “el sector defiende y trabaja por la protección de los recursos día a día y este enfoque simplista y buenista no va a beneficiar a nadie, ni a los profesionales de la pesca, ni a los Estados miembros, ni a los ciudadanos. Sólo va a servir para engordar la abrumadora burocracia europea y a los intereses que respaldan a los lobbies de las ONG ambientalistas de despacho”.

El sector pesquero, representado por la Confederación Española de Pesca (CEPESCA), se muestra “realmente” preocupado ante el envejecimiento de sus trabajadores y el escaso relevo generacional que se vislumbra a medio plazo. De hecho, y según datos del Instituto Social de la Marina (ISM), el colectivo de profesionales del sector entre los 50 a 59 años ya representa el 33% del total. El sector solicita a las administraciones públicas, tanto nacional como autonómicas, tomar conciencia de esta situación y ahondar en estrategias conjuntas con el sector encaminadas a revertir esta situación.

Según los datos del Instituto Social de la Marina (ISM), el mayor porcentaje de trabajadores afiliados al Régimen Especial del Mar (REM) en pesca, acuicultura, industria auxiliar a la pesca y otras actividades a bordo de buques pesqueros, se sitúa, como se mencionaba anteriormente, en el tramo de edad de 50 a 59 años (el 33% de los trabajadores), seguido del tramo de 40 a 49 años (el 31%) y del de 30 a 39, que representa el 19% del total. Es decir, el 72,2% son mayores de 40 años, mientras que solo el 9% de los trabajadores del mar es menor de 30 años. En cuanto a los trabajadores a bordo, el grueso se sitúa en el tramo de edad de 40 a 64 años.

Por tanto, como indica Cepesca, se trata de un sector con una edad media elevada y un 8% cercano a la jubilación que, pese a las buenas condiciones laborales –son trabajos duros, pero bien pagados– no tiene visos de relevo. “Lo que cobra de media un tripulante de un barco de gran altura supera con creces el salario mínimo interprofesional y los buques son cada vez mejores y más cómodos. No obstante, enrolar tripulantes españoles entraña dificultades”.

Para Javier Garat, secretario general de Cepesca, “es preciso que el Gobierno y las administraciones públicas sean conscientes de la amenaza que representa el envejecimiento de nuestro sector para su supervivencia y la modernización de nuestro país. Por ello, los animamos a trabajar conjuntamente con los armadores, las escuelas náutico-pesqueras y los agentes sociales para impulsar el relevo generacional y que ni un solo barco deba permanecer amarrado por falta de tripulación”.

En 2022, la población total ocupada en pesca y acuicultura ascendía a 39.100 personas, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y la EPA. Se observa un claro predominio masculino en el empleo pesquero, con 33.500 hombres ocupados en el segundo trimestre de 2022 (el 85,7% del total de ocupados en esta rama), y una presencia femenina reducida: 5.600 mujeres (que suponen sólo el 14,3%).

Aunque el envejecimiento paulatino de las personas que trabajan en el ámbito pesquero es una cuestión que trasciende el género en tanto que afecta al conjunto del sector, sí que incide en mayor medida en aquellos oficios tradicionalmente desempeñados por mujeres, como pueden ser los de redera, neskatilla, mariscadora, etc., en los que la problemática del relevo se acentúa.

Desde el sector se asegura que, entre las causas directas de las tensiones productivas del sector por la falta de tripulantes cualificados, no solo están el envejecimiento y la falta de jóvenes dispuestos a formarse. También hay que sumar una alta tasa de abandono en FP y que gran parte de los titulados optan por trabajar en sectores distintos a la pesca. Sirvan de ejemplo los 1.725 titulados de puente y de máquinas salidos de las escuelas náutico-pesqueras gallegas en el último decenio. Hubieran podido enrolarse y dotar de mandos a unos 575 barcos pesqueros gallegos de litoral, altura y gran altura, pero en su mayoría han optado por dirigirse a la Marina Mercante, el turismo y otros sectores distintos a la pesca.

En definitiva, Cepesca alerta de que la inexistencia de una tasa de reposición y el envejecimiento acelerado del sector pesquero pueden enterrar muchos de sus objetivos de futuro, y aboga por ampliar la oferta formativa náutico-pesquera en todas las Comunidades Autónomas.

El secretario general de la Confederación Española de Pesca (CEPESCA), Javier Garat, ha sido nombrado presidente de la Comisión de Economía Azul de CEOE, que tiene como objetivos poner en valor e impulsar este sector económico y sus actividades asociadas en España, mejorando su conocimiento por parte de la sociedad.

Licenciado en Derecho y Diplomado en Derecho Comunitario por la Universidad Complutense de Madrid (C.E.U. San Pablo) y Máster en Derecho Internacional y Europeo por la Universidad Católica de Lovaina (U.C.L. Bélgica), Javier Garat es presidente de la Asociación de Organizaciones de Productores PESCA ESPAÑA, presidente de la Asociación de las Organizaciones Nacionales de Empresas Pesqueras de la UE (Europêche), y de la Coalición Internacional de Asociaciones Pesqueras (ICFA). Asimismo, es miembro del Comité Económico y Social Europeo.

Con una larga trayectoria ligada al ámbito de la pesca, desde que en 1996-97 desarrollara su actividad en Bruselas en el equipo de pesca del Servicio Jurídico de la Comisión Europea y como asistente del consejero de Pesca de la Representación Permanente de España ante la Unión Europea, Javier Garat se pone ahora al frente de este órgano consultivo de CEOE para trabajar ante los retos de este importante sector productivo.

El sector pesquero, representado por la Confederación Española de Pesca (CEPESCA), la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP), la Asociación Empresarial de Acuicultura de España (APROMAR) y ANFACO-CECOPESCA, ha dirigido un nuevo escrito a Bibiana Medialdea, directora general de Consumo, alertando sobre la presencia en el mercado de productos de origen vegetal que con un etiquetado y presentación confusos pretenden asimilarse a los productos pesqueros para favorecer su consumo, “cuando ni son pescado, ni aportan los nutrientes, minerales y beneficios de los productos pesqueros”.

En ambos escritos, el más reciente enviado el pasado 6 de septiembre, las organizaciones de ámbito nacional más representativas del sector pesquero y la acuicultura, a las que se ha sumado la Asociación Española de Mayoristas, Importadores, Exportadores y Transformadores de Productos de la Pesca y Acuicultura (Conxemar), solicitan al Ministerio de Consumo que realice, con la mayor urgencia, las gestiones necesarias para proceder a la revisión y posterior retirada de este tipo de productos fraudulentos, que buscan engañar al consumidor.

Según indica la última carta dirigida al Ministerio de Consumo, además de incumplir con varias normativas de ámbito europeo y nacional referidas a las prácticas de competencia desleal, el etiquetado, la presentación y publicidad de los productos alimenticios, y la seguridad alimentaria y nutrición, estos productos de origen vegetal “confunden claramente al consumidor ya que, al utilizar estas denominaciones, le hacen creer que con su ingesta se pueden obtener los mismos beneficios nutricionales que se consiguen con los productos pesqueros”.

Los escritos del sector se apoyan en dos ejemplos concretos: la merluza y el atún enlatado, e incluyen las tablas nutricionales comparativas con los nutrientes del producto vegano denominado «MERLVZA», de la empresa HEURA FOODS, y de la auténtica MERLUZA, así como del «ATÚN vegano al natural” de la marca SEA SO GOOD, junto a la del atún al natural. Estas tablas, cuya fuente remite al MAPA y su Guía de las Cualidades Nutricionales de los Productos Procedentes de la Pesca Extractiva y de la Acuicultura: Binomio Riesgo-Beneficio, dejan patente y de forma clara los beneficios nutricionales que reporta la ingesta de los auténticos pescados y que no se obtienen con los productos de origen vegetal, lo que, en opinión del sector, supone un fraude y un engaño para el consumidor.

Como explica el sector en su escrito, “mencionamos estos ejemplos, pero nos consta que hay más productos de origen vegetal vendidos por otras empresas que, aprovechando la tendencia cada vez mayor de las corrientes veganas entre la población, ocupan un nicho de mercado confundiendo al consumidor”.

La comercialización de estos productos –como recuerda el sector en sus escritos– incumple dos normativas en el ámbito de la competencia: la Directiva 2005/29/Ce del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas, en sus artículos 5 y 6. Y la LEY 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal. El artículo 5 de esta ley considera “desleal por engañosa cualquier conducta que contenga información falsa o información que, aun siendo veraz, por su contenido o presentación induzca o pueda inducir a error a los destinatarios”.

Asimismo, se incumple también con la Ley 17/2011, de 5 de julio, de Seguridad Alimentaria y Nutrición, y con el Real Decreto 1334/1999, de 31 de julio, por el que se aprueba la Norma general de Etiquetado, Presentación y Publicidad de los Productos Alimenticios, que en su artículo 4 sobre los principios generales, establece que: “El etiquetado y las modalidades de realizarlo no deberán ser de tal naturaleza que induzcan a error al comprador, especialmente sobre las características del producto alimenticio y, en particular, sobre su naturaleza, identidad, cualidades, composición, cantidad, duración, origen o procedencia y modo de fabricación o de obtención”.

El sector pesquero español, representado por CEPESCA y la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras (FAAPE), califica de mera campaña de manipulación la iniciativa de Oceana de organizar una expedición para evidenciar los impactos destructivos del arrastre de fondo en aguas españolas, concretamente en el Mar de Alborán. Ambas organizaciones lamentan una vez más este tipo de acciones, cuyo objetivo “sólo es confundir a la opinión pública con teorías negacionistas que ocultan la verdad en favor de otros intereses económicos ante los organismos oficiales y frente a la labor de miles de trabajadores que desarrollan su actividad con total legalidad”.

El sector pesquero recuerda que esta organización medioambientalista carece de validez desde el punto de vista científico y tampoco cuenta con el respaldo de las instituciones que asesoran, basándose en la ciencia, sobre asuntos relativos a la pesca, tales como, el Instituto Español de Oceanografía (IEO), el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) o centros universitarios, en España, o el Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES), en la Unión Europea.

Igualmente, el sector manifiesta que la pesca en el mar de Alborán se realiza bajo la normativa legal establecida, tanto en número de buques como zonas de pesca. El sector, dentro de su política de transparencia, apunta que en la Isla de Alborán (GSA 2 en las siglas internacionales ICES) y a la que hace referencia explícita la organización ambientalista, desarrollan su actividad menos de cinco barcos durante los meses de otoño-invierno, y un máximo de 15 durante los estivales.

Este número tan restrictivo de embarcaciones, apunta el sector, “da una idea clara de la sostenibilidad de la pesquería de arrastre en esta zona y del cumplimiento sólido de las normativas”. Igualmente, recuerdan los pescadores, la organización ambientalista omite en su eje argumental, “en una muestra más de su falta de rigor científico y manipulación de la verdad”, las innovadoras tecnologías que han integrado los barcos de arrastre, tales como las denominadas puertas voladoras que eliminan la fricción con el lecho marino y que reducen entre un 50% y un 60% el consumo de combustible y en 300 tn las emisiones de CO2 por buque y año.

FAAPE también recuerda que en las aguas de la Isla de Alborán existe una zonificación según profundidades y especies, como consecuencia de distintas investigaciones científicas “rigurosas y serias” y que definen con precisión las distintas zonas en las que los barcos de pesca pueden realizar su actividad.

Por último, FAAPE manifiesta que los buques de pesca profesional autorizados en la Isla de Alborán son conocedores y cumplidores de toda esta normativa, y que se desarrollan regularmente reuniones con la Secretaría General de Pesca del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) y los responsables de Áreas Marinas Protegidas (AMP), para revisar y definir las condiciones de pesca.

Según José María Gallart, presidente de FAAPE y vicepresidente de Cepesca para la flota de bajura, “es preocupante que una organización que basa sus argumentos en meras especulaciones pueda atentar gravemente contra la dignidad y respeto de pescadores que desarrollan su actividad de forma, no sólo legal, sino también ejemplar. Los pescadores –añade Gallart–, llevamos años implicándonos en la pesca responsable, con un alto compromiso social y ambiental, y por ello, no estamos dispuestos a que falacias subjetivas de personas que no conocen la zona ni la actividad ensucien nuestro buen hacer y pongan en peligro el sustento de miles de familias”.

El sector pesquero, representado por la Confederación Española de Pesca (CEPESCA), confía en que la situación política actual y el período de incertidumbre previsible hasta la definición de un nuevo Ejecutivo no deteriore la defensa de los intereses de la flota española en Europa, dada la trascendencia de las propuestas de la Comisión Europea (CE) que le afecta. Igualmente, los pescadores solicitan además que esta situación tampoco socave la agenda de temas y demandas del sector ante el Gobierno español.

Así, el sector recuerda que Europa afronta una posible revisión de la Política Pesquera Común (PPC), una evaluación de la política de la Unión Europea para gestionar la organización común del mercado de los productos de la pesca o la propuesta de la CE articulada a través del “Plan de Acción de la UE: proteger y restaurar los ecosistemas marinos en pro de una pesca sostenible y resiliente”, entre cuyos objetivos está incrementar las Áreas Marinas Protegidas (AMP) del 12% al 30% de aquí al año 2030 y prohibir el arte de arrastre en dichas zonas.

Esta última propuesta, dice el sector, tendría unas consecuencias muy negativas para los intereses de la flota española, más aún tras el cierre de 87 zonas a la pesca de fondo en el Atlántico Nordeste, desde las costas de Irlanda hasta el Golfo de Cádiz, tras la aprobación del Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1614 de la CE y su anunciada revisión antes de que finalice el año. A este respecto, el reciente dictamen del Comité Científico, Técnico y Económico de la Pesca comunitario sobre el impacto de estas vedas cifra en hasta 16,6 millones de euros las pérdidas anuales para la flota española.

Además de ello, apunta el sector, Europa también comienza a abordar el proceso de descarbonización de la flota con la meta de cero emisiones en 2050. Este objetivo, según el sector, exigirá traspasar los canales habituales de financiación destinados a la pesca y buscar fórmulas que aceleren el proceso, enfrentado a: un escaso desarrollo de fuentes de energía verdes o neutras sustitutivas, una edad media de la flota de 31,5 años que impide su adaptación al espacio que requerirán futuros motores, y las propias contradicciones de la PPC que, por ejemplo, fija restricciones de capacidad de tonelaje bruto (espacio a bordo) imposibilitando un mayor espacio a las nuevas formas de propulsión.

Por otro lado, asuntos importantes, como la no renovación del acuerdo de pesca entre la UE y Marruecos, el consejo anual de ministros de pesca para decidir las cuotas de pesca para el año próximo en las aguas de la UE, los días de pesca en el Mediterráneo o las medidas de gestión en las organizaciones regionales de pesca, como ICCAT o NAFO, también estarán en la agenda de los negociadores europeos.

Según Javier Garat, secretario general de Cepesca, “los tiempos de incertidumbre política no benefician a nadie y son especialmente lesivos para cualquier actividad económica, más aún para la nuestra, con una gran inflación normativa y muy sensible a los puntos de vista políticos, muchas veces poco o mal informados sobre la realidad. Por ello –añade Garat–, confiamos en que la situación política española, en la que no es descartable una repetición electoral, no mengüe la defensa de los intereses de nuestra flota que, en definitiva, también es la de los españoles, dada la trascendencia de los temas que están encima de la mesa en Europa”.

De igual manera y en el ámbito nacional, el sector tampoco quiere que el escenario actual debilite su agenda y sus solicitudes al Ejecutivo, más aún con una actualidad marcada por las incertidumbres que plantea el conflicto de Ucrania y sus impactos imprevisibles en los costes de producción o los recelos ante la augurada ralentización económica europea o la española que, en el segundo trimestre, creció en 1,8% frente al 4,2% del primero y en un entorno inflacionista.

Así, el sector mantendrá la reclamación sobre la necesidad de reducir o eliminar el IVA de los productos pesqueros para promover el consumo de alimentos saludables a la población, una estrategia que, a su juicio, debe de considerarse prioritaria por el Ejecutivo.

Precisamente, este es uno de los puntos fundamentales del decálogo que el sector pesquero hizo llegar a la totalidad de los partidos políticos que conforman el arco parlamentario español y en el que también reclama la creación de un Ministerio del Mar o, en su defecto, una Secretaría de Estado de Pesca para recibir un trato acorde como suministrador estratégico de un alimento esencial. Asimismo, añade beneficios fiscales y sociales a las empresas pesqueras para fomentar su competitividad, promocionar el relevo generacional, potenciar la investigación, mejorar la gestión de la flota y de los recursos pesqueros con normativa española desarrollada en colaboración con las organizaciones pesqueras y una defensa decidida de  los intereses de la pesca española ante las instituciones de la UE, buscando el equilibrio entre los aspectos sociales, económicos y medioambientales de la PPC.

El sector pesquero español, representado por la Confederación Española de Pesca (CEPESCA), ha vuelto a llamar la atención sobre el continuo descenso en el consumo de productos pesqueros en los hogares españoles. De hecho, y de acuerdo con los últimos datos hechos públicos por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), en 2022 ha sufrido una nueva contracción del 15,6%, situándose en 19,9 kg por persona/año frente a los 22,72 kg de 2021.

De hecho, el volumen de pescado consumido en los hogares de nuestro país en 2022 es el más bajo de toda la serie histórica, con la única excepción de 2020 coincidiendo con la pandemia de la Covid-19, y acumula una caída del 32,8 % desde 2008. A raíz de estos datos, el sector llama la atención del próximo Gobierno sobre la necesidad de adoptar medidas capaces de revertir esta situación, dadas las consecuencias que una ingesta pobre de productos pesqueros tiene para la salud.

Según Javier Garat, secretario general de CEPESCA, “es imprescindible que desde el entorno político se intensifiquen las iniciativas para promover el derecho a una alimentación saludable con un producto, además, que se obtiene bajo el cumplimiento de una estricta normativa, con respeto medioambiental, con una de las menores huellas de carbono del mundo, sin apenas huella hídrica y con un arraigo social, económico y cultural que lo convierten en parte de nuestro patrimonio”. “Seguimos sin entender –añade Garat-, “por qué no se apoya el consumo de los productos pesqueros con la reducción del IVA, si todos los expertos en nutrición y los facultativos médicos identifican los pescados y mariscos como un alimento básico y fundamental dentro de una dieta saludable”.

Descenso del valor

Como consecuencia de la reducción del consumo, también desciende el valor del mercado de los productos pesqueros destinados al consumo en el hogar. Así, aunque el precio medio creció un 7,4% en 2022 respecto a 2021, situándose en 9,99 €/kg, el valor total fue de 8.861,4 millones de euros, lo que representa un descenso del 9,4%. El gasto per cápita en productos pesqueros consumidos en el hogar al cierre de 2022 fue de 191,58 €.

De acuerdo con los datos del informe del MAPA, los productos pesqueros representaron solo el 3,24% del volumen total medio de la cesta de la compra de los hogares españoles en 2022, que destinaron el 11,88% de su presupuesto medio a la compra de estos productos.

En 2022 todos los segmentos del grupo de los productos pesqueros sufren un retroceso en las compras por volumen frente a 2021. En el caso de los pescados frescos pasó de 9,63 kg a 8,01 kg y también caen los pescados congelados (de 2,27 kg a 1,98 kg), los mariscos, moluscos y crustáceos frescos (de 3,38 kg a 2,72 kg), los mariscos, moluscos y crustáceos cocidos (de 0,77 kg a 0,63 kg) y las conservas (de 4,52 kg a 4,05 kg).

Desde 2008, la caída en el consumo de productos pesqueros es especialmente notable para los mariscos, moluscos y crustáceos frescos, con una reducción en volumen del 45%, así como del pescado fresco, que en 2022 pierde el 38,6% del volumen en comparación con ese año. Por el contrario, el segmento de mariscos, moluscos y crustáceos cocidos registra la caída menos acusada en el consumo dentro del hogar (15,1%), mientras que las conservas de mariscos y de pescados son los únicos productos cuyo consumo en los hogares con respecto a 2008 crece, concretamente un 6%.

Perfil socioeconómico del consumidor de pescado

Los datos del informe del MAPA también reflejan esta tendencia descendente en el consumo de productos pesqueros desde el punto de vista del perfil de los consumidores. De acuerdo con Cepesca, esta fotografía es altamente preocupante ya que permite constatar que la menor ingesta corresponde a colectivos en los que su consumo debería ser prioritario, como niños y jóvenes. Así, por debajo del consumo medio de 19,9 kg, se encuentran las parejas con hijos pequeños y en edad mediana (7,85 kg y 11,79 kg, respectivamente), los hogares monoparentales (15,89 kg), los jóvenes independientes (17,68 kg) y las parejas con hijos mayores (18,98 kg).

En el espectro contrario, con un consumo superior a la media, se encuentran los adultos independientes, las parejas adultas sin hijos y las personas retiradas, con un consumo per cápita de 29,22 kg, 29,82 kg y 36,94 kg, respectivamente.

Por otra parte, cuando se analizan los datos del consumo per cápita de productos pesqueros por situación socioeconómica, se constata que la media (19,9 kg) la superan los ciudadanos de clase alta y media alta (29,72 kg), mientras que los ciudadanos en una situación socioeconómica media, media-baja y baja se encuentran por debajo del promedio (18,98 kg, 17,79 kg y 17,93 kg, respectivamente).

Según concluye Javier Garat, “es evidente que la sociedad española se está alejando de las dietas mediterránea y atlántica, reconocidas como uno de los factores que han permitido a España situarse en las primeras posiciones del ranking de países por longevidad y calidad de vida. Desde el sector”, -indica Garat-, “trabajamos para contribuir al conocimiento de los beneficios para la salud de los productos pesqueros y evitar la pérdida de estos patrones dietéticos que, sin lugar a duda, tendría consecuencias nefastas para la salud de los ciudadanos”.

El dictamen del Comité Económico y Social Europeo (CESE) presentado hoy en la reunión informal de ministros de Pesca de la UE, que se celebra desde ayer en Vigo, apunta que si Europa quiere disponer de una flota pesquera (73.716 buques) descarbonizada y competitiva, que asegure a los europeos la seguridad alimentaria frente a la capacidad pesquera del resto del mundo (4,1 millones de embarcaciones, de las que 546.000 corresponden a China), hay que traspasar el ámbito actual de financiación europea y crear un fondo de emergencia capaz de acelerar este proceso con garantías de éxito.

El dictamen, aprobado por unanimidad en el Pleno del CESE el día 12 de julio pasado,  especifica el compromiso de la flota pesquera para contribuir al objetivo mundial de reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera. Sin embargo, califica como “enorme” el coste que conllevará su descarbonización por: escaso desarrollo de fuentes de energía verdes o neutras sustitutivas; la edad media de la flota (31,5 años), que imposibilita adaptar muchos buques a los mayores espacios que necesitarán los futuros motores (a veces hasta cuatro veces más) y las contradicciones de la Política Pesquera Común (PPC) que, por ejemplo, establece restricciones de capacidad de tonelaje bruto (espacio a bordo) imposibilitando un mayor espacio a las futuras formas de propulsión.

Así lo ha expuesto Javier Garat, secretario general de Cepesca y presidente de Europêche, que ha participado en la reunión de Vigo como ponente del dictamen y que ha transmitido a los ministros, tal como se apunta en el dictamen, que el gran reto que tiene Europa es “cómo mantener vivo a un sector esencial para la seguridad alimentaria europea al suministrar una proteína animal de gran valor y con una de las huellas de carbono más bajas frente a otros alimentos”.

El ponente, de acuerdo con el dictamen, recordó a los ministros que las emisiones de CO2 de todos los buques de pesca del mundo representarían en 2020 entre el 0,1 % y el 0,5 % de las emisiones antropogénicas globales de CO2 (datos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo –UNCTAD 2023–) y que la flota europea las ha reducido un 50% desde 1990, por la propia contracción del número de buques y por las inversiones desarrolladas por los armadores con el objetivo de la sostenibilidad y de la eficiencia energética.

Según el dictamen del CESE, el proceso de descarbonización debe abordarse con un calendario adecuado y realista con avances tecnológicos, logísticos y legislativos parejos, desarrollando las infraestructuras adecuadas de suministro en Europa y en los terceros países. Lo contrario, apunta el dictamen, incrementaría de forma desproporcionada tanto los costes, que convertirían el pescado en un artículo de lujo, como las pérdidas empresariales, la precariedad y el desempleo. Según el CESE, “el coste de la transición no debe ser insoportable para los empresarios y trabajadores de los diferentes sectores marítimos ni dejar a nadie atrás”.

El CESE felicita a la Comisión Europea por proponer crear una asociación multilateral de transición energética, por considerarla fundamental, además de por consultar al sector pesquero, sindicatos, especialistas técnicos, astilleros, ingenieros y puertos para buscar soluciones concretas, prácticas y sostenibles, y pide un plan global para reforzar la capacidad europea de construir buques pesqueros respetuosos con el medio ambiente. Dicho plan, apunta, debería prever un trato fiscal especialmente favorable para los astilleros.

El dictamen apunta que el desarrollo y la disponibilidad global de tecnologías verdes alternativas, nuevos combustibles y fuentes de energía neutras en carbono es prácticamente inexistente, y señala que, a corto plazo, las medidas más realistas pasan por soluciones mixtas como la introducción de motores híbridos así como la utilización de combustibles alternativos avanzados no producidos a partir de cultivos alimentarios y de forraje. Por ello, el CESE pide que se acelere el desarrollo y producción de combustibles avanzados y que se tome una decisión política clara que otorgue a los buques pesqueros acceso prioritario a estos combustibles avanzados a un precio asumible. Así mismo, el Comité considera que es importante congelar la introducción de nuevos impuestos al combustible pesquero tradicional (diésel) en tanto que las nuevas tecnologías de propulsión y combustible no estén disponibles y que los marcos de legislación para abordar las necesarias renovaciones queden perfectamente establecidos.

El dictamen repasa los distintos sistemas alternativos de propulsión, tales como el gas natural licuado (GNL) o el hidrógeno y apunta que requieren tres y cuatro veces más espacio de almacenamiento a bordo frente al fuel tradicional, respectivamente, lo que choca frontalmente con las restricciones de capacidad de tonelaje bruto (espacio a bordo) que existen en la UE. Por lo tanto, apunta, es imprescindible adaptar la definición de capacidad pesquera en Europa.

Según el dictamen del CESE, esta inadecuada definición de capacidad pesquera también limita las mejoras sociales y de seguridad ya que el espacio a bordo destinado al bienestar de las tripulaciones (cocina, camarotes, aseos o áreas de recreo) está computado por ley como de capacidad pesquera, por lo que la PPC está en clara contradicción con la legislación social, como el Convenio sobre el trabajo en la pesca C188 de la OIT.

Garat también expuso ante los ministros la trayectoria del sector en la adopción de prácticas de bajo impacto ambiental con las que ya ha logrado avances significativos en el camino hacia la descarbonización. Entre ellas, y tal como se indica en el dictamen, artes de pesca selectivas o reducciones del contacto con el fondo marino, lo que se traduce en un menor consumo de combustible y menos emisiones, adopción progresiva de motores diésel-eléctricos, hélices y sistemas de refrigeración eficientes o la participación en programas de economía circular.

El sector pesquero europeo, representado por Europêche, organización de la que forma parte la Confederación Española de Pesca (CEPESCA), solicita a la Comisión Europea (CE) que sólo conceda exenciones de derechos arancelarios a productos pesqueros importados que cumplan los mismos criterios de sostenibilidad exigidos a los capturados por la flota comunitaria. El sector alerta de nuevo de la incoherencia política, contraria a los intereses de la flota comunitaria, que supondría que la CE ignorase el principio de sostenibilidad en su próxima propuesta de Reglamento para establecer contingentes arancelarios autónomos (ATQ, por sus siglas en inglés) para determinados productos pesqueros para los años 2024 y 2025.

Europêche recuerda que no se opone a una exención arancelaria racional para determinados productos pesqueros que no se producen en cantidad suficiente en la Unión Europea. No obstante, denuncia que la única motivación que subyace, en muchos casos, al uso del sistema ATQ es bajar los precios, recompensando prácticas insostenibles y dando lugar a una competencia desleal, al no tener en cuenta el origen de estos productos, su método de producción, la sostenibilidad de las poblaciones o el cumplimiento de las normas laborales.

El Reglamento sobre los contingentes arancelarios autónomos se refiere a especies como el atún, la merluza, el abadejo, el bacalao o los peces planos. En este sentido, el sector alerta sobre el incremento en un 1.928 % del volumen de toneladas importadas con arancel reducido entre 1992 y 2020 (seis especies que representaban 43.000 toneladas frente a más de 15 especies, aproximadamente 830.000 toneladas, respectivamente).

Según Javier Garat, presidente de Europêche y secretario general de Cepesca, “no podemos aceptar que la UE defienda productos de origen y condiciones de pesca dudosos mientras nuestro sector lucha por adaptarse rápidamente a unas normas de sostenibilidad cada vez más estrictas».

Según Europêche, numerosas políticas pesqueras y medioambientales recientes de la CE se basan en la necesidad urgente de atajar el cambio climático y el declive de la biodiversidad. Sin embargo, apunta el sector, esa urgencia no es aplicada al sistema ATQ. Según Garat, “es chocante que mientras la flota de la UE se está diezmando debido a factores geopolíticos y a las políticas de la UE, los volúmenes de ATQ no paran de crecer. Nos preguntamos si la idea es sustituir la producción de la UE por importaciones de países alejados de las normas de sostenibilidad de la UE. ¿Es esta la definición de seguridad alimentaria que persiguen las instituciones comunitarias?”.

El paradigma de los lomos de atún de China

El sector recuerda que los acuerdos comerciales con terceros países sí exigen el cumplimiento de ciertos estándares de sostenibilidad para autorizar las reducciones arancelarias. Sin embargo y a modo de ejemplo, el sistema ATQ permite importar una cantidad notable de lomos de atún con arancel cero de Tailandia y China, países con un historial bien documentado de prácticas de pesca ilegal y abusos laborales. En el caso de España, las importaciones de lomos de atún exentas de arancel ascienden a más de 23.751 toneladas en 2023, de las que el 79% (18.695 toneladas) proceden de China. Frente a esta circunstancia, sigue argumentando el sector, la flota comunitaria se ve obligada a bajar los precios y buscar mercados alternativos. Asimismo, señala, deteriora los vínculos de la UE con socios de larga tradición como los países de la región ACP (Asia, el Caribe y el Pacífico) que no sólo soportan un trato discriminatorio, sino que también sufren la pérdida de valiosas oportunidades de mercado.

Asimismo, el sector insta a la CE que haga uso del sistema ATQ para contrarrestar prácticas insostenibles e irresponsables en el Atlántico nororiental, como las observadas por Noruega y las Islas Feroe. Su sobrepesca de caballa del Atlántico y su continuo desafío a los derechos históricos bien establecidos de la flota de la UE, al tiempo que exigen un mayor acceso a nuestro mercado, requieren acción inmediata.

En este contexto, es fundamental que la UE utilice las preferencias comerciales y aproveche su poder de mercado para salvaguardar y promover los intereses de la flota pesquera europea en el marco de los acuerdos comerciales y de pesca con terceros países. Al hacerlo, la UE puede proteger la sostenibilidad de sus aguas y garantizar una competencia leal.

Por último, el sector llama la atención sobre el hecho de que el sistema ATQ no distingue entre los países de procedencia de los productos pesqueros. A este respecto, cita como ejemplo las exenciones fiscales a los elevados volúmenes de bacalao y abadejo capturados por la flota rusa, lo que suscita inquietudes políticas y éticas, sobre todo, teniendo en cuenta que la UE ha roto relaciones con Rusia e incluso impuesto prohibiciones a determinadas importaciones de productos pesqueros en nuestro mercado. Ante esta circunstancia, el sector se pregunta cómo la CE puede proponer prohibiciones de pesca de fondo en la UE y seguir apoyando las importaciones a gran escala de pesquerías de arrastre de fondo controvertidas.

Garat concluye que «no es aceptable recompensar con acceso preferente al mercado a quienes han hecho poco por la sostenibilidad de las poblaciones de peces y el trato justo de las personas, incluidos los implicados en la pesca ilegal y en graves abusos laborales. El mercado europeo no exige nada menos que altos estándares y espera que las flotas de todos los países operen con el mismo nivel de sostenibilidad que las flotas europeas. Esto es esencial para garantizar una competencia leal en el mercado».

El sector pesquero español, representado por la Confederación Española de Pesca (CEPESCA), insta a los negociadores comunitarios y marroquíes a trabajar y tratar de definir lo antes posible las condiciones técnicas que guiarían la renovación del protocolo de pesca entre la Unión Europea (UE) y Marruecos a la espera de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE. Este órgano deberá decidir sobre el recurso presentado por la Comisión Europea (CE) y el Consejo contra la sentencia de 2021 del Tribunal General de la UE que anula el acuerdo.

El sector pesquero europeo lamenta el final de este acuerdo, que expirará el próximo 17 de julio, dado su peso específico y significado en la historia de las relaciones entre la UE y España con Marruecos. Cabe recordar que las relaciones pesqueras entre España y Marruecos se remontan a los años 50 del siglo pasado y que las competencias fueron asumidas por la UE con la entrada de España en la misma en 1986. Desde entonces, se han ido renovando los acuerdos entre ambas partes, salvo en un par de momentos puntuales en los que no estuvieron en vigor.

Igualmente, y tal como apunta Javier Garat, secretario general de Cepesca, “al margen de un simbolismo innegable, para el sector la finalización del acuerdo de pesca con Marruecos también se traduce en una nueva restricción a la actividad pesquera de nuestra flota, sometida en los últimos meses a numerosos cierres de caladeros”.

De hecho, el sector recuerda que el “Plan de Acción de la UE: proteger y restaurar los ecosistemas marinos en pro de una pesca sostenible y resiliente” pretende incrementar las Áreas Marinas Protegidas (AMP) del 12% al 30% de aquí al 2030, con las consiguientes consecuencias para la flota europea. Así mismo, el Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1614 de la CE, que cerró 87 zonas a la pesca de fondo en el Atlántico Nordeste, desde las costas de Irlanda hasta el Golfo de Cádiz, también está teniendo consecuencias negativas en la flota española.

Medidas urgentes

El sector apunta que, si bien el final del acuerdo de pesca entre la UE y Marruecos no va a afectar a un gran número barcos, ya que en el vigente protocolo sólo se han usado en torno a una veintena de licencias de las 93 posibles, si va a significar un gran problema para las empresas y los marineros de las flotas andaluza, gallega y canaria que han faenado en esas aguas, por lo que solicita al Gobierno la redefinición y ejecución inmediata del plan de ayudas anunciado.

En este sentido, el sector cree que hay lagunas en la definición de las condiciones de acceso a esas ayudas, que se financiarán utilizando el Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (FEMP), tal como expresó al Gobierno en una reunión mantenida el pasado día 11 con la Secretaria General de Pesca del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).

Así, el sector solicitó concretar de manera específica qué periodo de tiempo tienen que haber estado faenando los barcos en aguas marroquíes para acceder a las ayudas, que ahora mismo el Ejecutivo define como un período “razonable”, y que no haya necesidad de presentar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para acceder a ellas.

Además, los pescadores apuntan que no podrán beneficiarse aquellos barcos que ya hayan agotado los seis meses de ayudas por paralización temporal conforme al FEMP, situación en la que se encontraría, apunta el sector, prácticamente toda la flota andaluza. Por ello, desde Cepesca se insta al Gobierno a que articule otro tipo de ayudas que puedan beneficiar también a los pescadores andaluces.

El sector pesquero europeo, representado por Europêche, organización de la que forma parte CEPESCA, celebra que la Comisión Europea (CE) quiera reforzar el papel de Europa en la lucha mundial contra el finning (cortar las aletas de los tiburones y arrojar los cuerpos mutilados al mar). Así lo ha hecho saber la CE en un comunicado hecho público hoy en respuesta a la iniciativa ciudadana «Stop Finning – Detengamos el comercio», cuyo objetivo es poner fin al comercio internacional de aletas.

En ese mismo comunicado, la CE ha anunciado que pondrá en marcha una evaluación de impacto para medir la eficacia y la contribución de las normas de la UE contra el finning a finales de este año.  La CE tiene el objetivo de hacer cumplir mejor las ya exigentes medidas de trazabilidad y mejorar los datos relativos a las importaciones y exportaciones de productos derivados del tiburón.

Según Javier Garat, presidente de Europêche, “el sector celebra la postura de la CE sobre esta práctica que condenamos de manera rotunda como demuestra el hecho de que ningún buque pesquero de la UE haya sido sancionado por ello. En el mercado europeo, –añade Garat–, los consumidores valoran la carne de tiburón y no se desperdicia nada. De hecho, –termina diciendo Garat–, la mayoría de los ingresos provienen de la venta de la carne y no de las aletas”.

Igualmente, el sector pesquero valora que la Comisión evalúe previamente en profundidad la situación actual y no emprenda acciones legislativas que podrían dañar una actividad económica perfectamente legal y sostenible en Europa, “lo que sólo causaría pérdidas económicas a nuestras empresas y deterioraría la situación de los mercados asiáticos”, apunta Garat.

A este respecto, el sector recuerda que los pescadores han hecho una importante inversión para modificar sus operativas y garantizar así la plena trazabilidad de las aletas de tiburón y que asumirán las nuevas normas comerciales adoptadas recientemente por la comunidad internacional.

Según Europêche, la pesca de tiburón está meticulosamente regulada por la UE y por distintos organismos de la ONU en todos los océanos. Actualmente, las capturas de tiburón azul en aguas internacionales representan el 95% de los desembarcos totales y, según los últimos informes científicos, su población es abundante y se encuentra en buen estado en todos los océanos. Además, su aleta es fácilmente distinguible por los inspectores de pesca, incluso separada del cuerpo, por su característica coloración azul metálico y la ausencia de espinas en la base.

En cuanto al control del cercenamiento de las aletas, la UE exige desde 2013 que todos los tiburones lleguen a puerto con las aletas naturalmente adheridas, norma de obligado cumplimiento para todos los buques pesqueros de la UE que faenan en el mundo, paso reconocido por la comunidad de ONGs como definitivo para el cierre de lagunas legales en el sistema. Además, una vez desembarcados, las políticas para luchar contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR, por sus siglas en inglés) exige que las autoridades nacionales expidan un certificado de captura que acompañe al cuerpo del tiburón y a las aletas hasta el momento de su comercialización. Además, el Acuerdo sobre medidas del Estado rector del puerto de la FAO, ratificado mayoritariamente, exige la verificación e inspección de los buques pesqueros para garantizar el cumplimiento de la ley. Ello garantiza la legalidad de toda la actividad en esta pesquería.

A lo anterior se añade que desde el año pasado la comunidad internacional acordó incluir casi 100 especies de tiburones y rayas en el Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). Ello implica la necesidad de un permiso de exportación sólo concedido si la autoridad nacional verifica que no es perjudicial para la supervivencia de la especie y que los ejemplares no se han obtenido contraviniendo la legislación nacional.

Por último, el sector apunta que está desarrollando desde 2019 un programa de mejora pesquera centrado en el pez espada y la tintorera, con el objetivo de mejorar el conocimiento científico, las técnicas para reducir las capturas accidentales y aumentar el número de observadores a bordo para obtener la certificación MSC.

La Confederación Española de Pesca (CEPESCA) ha convocado la sexta edición de los “Premios Periodismo y Sector Pesquero Español”, que tienen como objetivo reconocer la labor de los medios de comunicación y el trabajo de sus profesionales en la difusión y el desarrollo del conocimiento de la actividad del sector pesquero.

La sexta edición del certamen vuelve a contar con dos categorías de premios a periodistas y medios que reconocen los mejores trabajos periodísticos (periodistas) y la mejor labor de difusión (personas jurídicas), respectivamente, en las áreas temáticas “Sector Pesquero Español” y “Sostenibilidad y Medio Ambiente en la Pesca”. Cabe recordar que la distinción en la primera categoría, “Mejor Artículo sobre el Sector Pesquero Español” adoptó en la cuarta edición de los premios la denominación Amador Suárez, en memoria del presidente de Cepesca desde 2007 a 2020.

La sexta edición del certamen también volverá a distinguir la “Mejor Fotografía de Actividad Pesquera”, galardón que se incorporó a la convocatoria en la tercera edición de estos premios.

Pueden concurrir a esta nueva convocatoria los trabajos periodísticos publicados o emitidos entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de mayo de 2023, ambos inclusive, tanto en formato escrito (impresos o en soporte electrónico) como audiovisual, en cualquier de las lenguas oficiales del Estado. Para los trabajos fotográficos se aplica el mismo plazo.

Las bases de los premios recogen toda la información referente a las condiciones, formato y plazo de entrega de los trabajos, que podrán ser remitidos hasta el 15 de septiembre de 2023 (inclusive) a través del correo electrónico premiosperiodismo@cepesca.es

Según el secretario general de Cepesca, Javier Garat, “la pesca forma parte del ADN de nuestro país y es el motor socioeconómico de las comunidades del litoral español y de una extensa cadena de valor, tanto en España como en terceros países, que empieza con la construcción y el equipamiento de los barcos y termina cuando los ciudadanos disfrutan de la proteína más saludable y con menor impacto de huella de carbono en su producción”. “Estamos muy satisfechos”, —añade Garat—“de que estos premios alcancen su sexta edición tras cinco años en los que, además de afrontar muchos desafíos, hemos querido poner en valor el trabajo de periodistas y medios de comunicación que contribuyen a ampliar el conocimiento, el merecido reconocimiento y la pasión por una actividad en vanguardia tecnológica de la que España, en la primera posición de la UE tanto por volumen como valor de sus capturas y referente en sostenibilidad y responsabilidad, puede estar orgullosa”.

La Confederación Española de Pesca (Cepesca) lamenta de nuevo que los productos pesqueros vuelvan a excluirse de la lista de alimentos básicos sobre los que el Consejo de Ministros de hoy ha decidido prorrogar la rebaja del IVA hasta el próximo 31 de diciembre para enfrentar la subida de los precios de la cesta de la compra tras el conflicto bélico en Ucrania.

El sector pesquero, que solicita la eliminación de este impuesto en sus productos al considerarlo insustituibles en una dieta saludable, sobre todo en el caso de los niños, calcula que facilitar el acceso a este alimento a la población más vulnerable a la actual escalada inflacionista supondría recaudar menos de 500 millones de euros para el Estado. Según los datos del sector, esta cantidad es notablemente inferior a los 14.000 millones de euros anuales que debe afrontar el Sistema Nacional de Salud como consecuencia de las enfermedades relacionadas con una alimentación deficiente.

Igualmente, los pescadores suman a este hecho su decepción por no haber recibido contestación alguna por parte del Ejecutivo a su solicitud, a pesar de haberla trasladado en dos ocasiones. Así, el sector remitió un escrito al presidente del Gobierno pocos días después de promulgarse el decreto anticrisis (27 de diciembre 2022) pidiendo la inclusión de los productos pesqueros como alimento básico y, posteriormente, ante el silencio de la Moncloa, solicitó una reunión con Pedro Sánchez, sobre la que tampoco obtuvo respuesta.

Según el sector, con la decisión de hoy el Gobierno vuelve a despreciar la oportunidad de marcar un punto de inflexión y de enviar un mensaje contundente para promover una alimentación saludable con productos, como los pesqueros, de alto valor biológico y, además, con una de las menores huella de carbono en su proceso productivo. Además, lamenta que España, la mayor potencia pesquera de la Unión Europea (UE), no decida, precisamente, alinearse con Europa y otros países de nuestro entorno en este objetivo y a través de distintas herramientas, entre ellas la denominada fiscalidad saludable.

Así, recuerda el sector, esta estrategia alimentaria a medio plazo ya está empezando a desarrollarse en países como Irlanda, Malta o Reino Unido, que han decidido gravar con un IVA cero a estos productos o Portugal, que desde el pasado marzo aplica un IVA cero a siete productos pesqueros con un alto consumo. Otros países aplican un IVA reducido, como es el caso de Luxemburgo (3%), Alemania, Chipre, Hungría y Polonia (5%) o Francia (5,5%). En España, actualmente los productos pesqueros están gravados con un IVA del 10%.

En los hogares españoles el consumo de productos pesqueros disminuyó un 20,4% entre 2008 y 2021 y, entre los meses de enero y noviembre de 2022, este consumo registró un descenso del 15,2%, según los últimos datos por el propio Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).

Según el sector, los malos hábitos alimenticios y el descenso del consumo de productos de alta calidad acarrearán problemas de salud a medio plazo. Así, España es el cuarto país de la UE con mayor porcentaje de niños con sobrepeso u obesos (41% en el caso de las niñas y 42% de los niños: Fuente: COSI 2015-2017, OMS Europa), índice que se ha duplicado en los últimos 20 años. Igualmente, el impacto económico de estos problemas de salud, según un estudio realizado en 52 países por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en el caso de España es notable: reducción de la esperanza de vida en 2,6 años, 9,7 % del gasto sanitario y reducción de la productividad laboral en el equivalente a 479.000 jornadas anuales, lo que en su conjunto supone una reducción del PIB del 2,9 %.

El sector pesquero europeo agrupado en Europêche, de la que forma parte la Confederación Española de Pesca (CEPESCA), ha expresado su compromiso para contribuir al objetivo mundial de reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera con alternativas energéticas viables para desarrollar su actividad. Para ello, aboga por abordar una transición energética justa de la flota que, a su juicio, exige plazos realistas y colaboración con el entorno científico y tecnológico, así como eliminar las barreras legislativas y contar con una financiación adecuada.

Aunque actualmente las emisiones del sector pesquero sólo representan entre el 0,1% y el 0,5% de las emisiones mundiales de Gases de Efecto Invernadero (GEI), el sector asume su responsabilidad como industria para minimizar su impacto. Así lo ha expresado la flota en diversos foros a la que ha sido invitada recientemente, tales como el 70º período de sesiones de la Junta de Comercio y Desarrollo de Naciones Unidas (UNCTAD) y la Comisión Europea (CE). De hecho, la flota pesquera europea ya ha conseguido avances significativos en este ámbito al reducir un 50 % sus emisiones desde 1990.

El sector afirma que este proceso de transición presenta una serie de desafíos que han de tenerse en cuenta. Así, afirma, que ciertas tecnologías, como el hidrógeno, requieren cuatro veces más espacio de almacenamiento a bordo frente al fuel tradicional, lo que choca frontalmente con las restricciones de capacidad de tonelaje bruto (espacio a bordo). Por lo tanto, el sector cree imprescindible adaptar la definición de capacidad pesquera en Europa.

Igualmente, el sector afirma que el nuevo Fondo Europeo, Marítimo, de la Pesca y la Acuicultura (FEMPA) es insuficiente para cubrir los costes asociados a este proceso e insiste en la necesidad de apoyo institucional y una financiación específica para abordarlo. Para ello, aboga por explorar fuentes adicionales de financiación, como el Banco Europeo de Inversiones, la creación de un nuevo fondo o, simplemente, la revisión del FEMPA.

Sobre este particular, el sector recuerda que la edad media de la flota europea es de 31,5 años, y que su renovación es imperativa para facilitar la transición hacia una pesca moderna. Según el sector, “cambiar el motor no es suficiente ni viable en buques con esa edad”.

Por último, recuerda su trayectoria en la adopción de prácticas de bajo impacto ambiental con las que ya ha logrado avances significativos en el camino hacia la descarbonización. Entre ellas, y a modo de ejemplo, cabe mencionar las inversiones en artes de pesca selectivas, las reducciones del contacto con el fondo marino, lo que se traduce en un menor consumo de combustible y menos emisiones, la adopción progresiva de motores diésel-eléctricos, hélices y sistemas de refrigeración eficientes o la participación en programas de economía circular.

Según Javier Garat, presidente de Europêche y secretario general de Cepesca, respectivamente, «el sector pesquero es clave en nuestra sociedad y un ejemplo a seguir en la lucha contra el cambio climático ya que es un perjudicado directo de él. La flota europea –añade– lleva trabajando en la neutralidad climática desde 1990, año que consecuentemente debería ser referente para marcar la reducción de sus emisiones y para reconocer esos esfuerzos. En la industria alimentaria estamos a la vanguardia de la lucha contra el cambio climático –termina diciendo Garat–, como proveedores de una de las proteínas animales más saludables con una huella de carbono mínima”.

Por su parte, y según Daniel Voces, director general de Europêche, “una descarbonización completa del sector pasa por un enfoque global que incluya fuentes de energía con cero emisiones, modernización de los buques, mejora del diseño y composición de las artes, reducción del tiempo en el mar y un análisis minucioso del consumo de energía por kilo de pescado desembarcado. Esta transición –añade Voces–, no debe poner en peligro la contribución continuada del sector a la producción sostenible de alimentos en la UE y debe implicar a todas las partes interesadas de la cadena de suministro y en el desarrollo de las infraestructuras necesarias, que son también componentes vitales del proceso».

El sector pesquero español, representado por la Confederación Española de Pesca (CEPESCA), ha remitido a los partidos políticos que concurren a las próximas elecciones del 23 de julio, un decálogo de propuestas que, a su juicio, debe impulsar el nuevo Gobierno. El sector cree que ha llegado el momento de que España “realmente” reconozca la importancia de su pesca y, por lo tanto, respaldarla y apoyarla de manera acorde a su labor y contribución, más aún, teniendo en cuenta los cambiantes escenarios geopolíticos globales.

Según el sector, el nuevo Ejecutivo que nazca de las urnas debe considerar la labor estratégica de la actividad pesquera como suministrador de un alimento clave para la salud y la seguridad alimentaria del país, su contribución económica, social, cultural y gastronómica, en especial en las regiones costeras y su condición de líder de la actividad pesquera en Europa. Esta posición, se apunta en el documento, es precisamente la que le ha convertido en uno de los sectores económicos que mayor esfuerzo de transformación ha acometido durante los últimos años para adaptarse a las exigencias derivadas de la Política Pesquera Común (PPC) y de los que más ha avanzado en la sostenibilidad medioambiental.

Así, en su decálogo de propuestas, Cepesca plantea, en primer lugar, la creación de un Ministerio del Mar que agrupe todas las actividades implicadas en la economía azul y coordine y gestione todo lo relacionado con la pesca y los asuntos marítimos entre los distintos ministerios. En su defecto, el sector pesquero solicita que se eleve el rango de esta actividad a través de una nueva Secretaría de Estado de Pesca. Así mismo, reclama que España, como primera potencia pesquera de la UE, tenga un mayor peso en las instituciones europeas, sobre todo en la DG MARE de la Comisión Europea, apoyando a los funcionarios españoles para que ocupen puestos de responsabilidad con el fin de que la Comisión Europea sea más sensible con las peculiaridades de la pesca española.

Por otro lado, para Cepesca es fundamental que el gobierno de España trabaje con el resto de los gobiernos de los Estados miembros de la UE para que la próxima Comisión Europea priorice la apuesta por la soberanía alimentaria y que, para ello, unifique la pesca, la agricultura, la ganadería y el medio rural bajo un mismo Comisario, tal y como ocurre en el Consejo de Ministros de la UE.

Para Cepesca, promover el consumo de alimentos saludables, apostando por una fiscalidad saludable, debe ser una prioridad del nuevo Gobierno, más todavía en el contexto actual de inflación. Por ello propone la total eliminación del IVA, de forma permanente, para los productos pesqueros, una medida que supondría menos de 500 millones de recorte de ingresos para el Estado frente a los 14.000 millones de euros anuales que cuestan al Sistema Nacional de Salud las enfermedades relacionadas con la mala alimentación.

El decálogo incluye además propuestas para potenciar la carrera profesional marítimo-pesquera y conseguir atraer a los jóvenes al sector de la pesca, atajando la escasez de tripulantes y la falta de relevo generacional, el problema más grave que viene padeciendo el sector en estos últimos años. En esta misma línea, Cepesca insta a agilizar el procedimiento de contratación de tripulantes extranjeros en la flota, flexibilizando los trámites administrativos, facilitando la formación a distancia o en sus países de origen y agilizando los procesos de homologación de los títulos profesionales.

La patronal pesquera pide, además, medidas para impulsar la competitividad de las empresas pesqueras. Entre otras, solicita la puesta en marcha de beneficios fiscales y sociales, tal y como han hecho otros países europeos de nuestro entorno. Y solicita más controles sobre los productos pesqueros procedentes de terceros países, sobre todo de algunos países asiáticos, que garanticen la aplicación y el cumplimiento de la misma normativa pesquera y sanitaria que los capturados por las flotas española y europea, sometidas a férreos controles y regulaciones, comprometidas con las prácticas de pesca más sostenibles y que apuestan por lograr las mejores condiciones laborales para sus tripulantes. Por ello, apunta el sector en su decálogo, son necesarias medidas que frenen la entrada de productos procedentes de flotas que no cumplan con los estándares europeos y evitar el apoyo a su comercialización en España mediante, por ejemplo, la eliminación de determinados contingentes arancelarios autónomos (como los lomos de atún), que entran en conflicto con los intereses de la flota española y europea.

En el ámbito internacional, también solicitan el apoyo e impulso de la red de acuerdos de pesca de la UE con terceros países para garantizar la seguridad jurídica de las empresas y el acceso a las posibilidades de pesca excedentarias de sus aguas.

Para afrontar la transición energética y continuar avanzando en la sostenibilidad de los recursos pesqueros, Cepesca anima a los nuevos gobernantes a potenciar la investigación favoreciendo las inversiones y el desarrollo de los combustibles verdes (bio o eco-combustibles) y las fuentes de energía neutras en carbono, así como dotando al CSIC-IEO de mayores medios humanos y financieros con el fin de que pueda ejercer sus labores de evaluación y asesoramiento de forma adecuada.

El sector reclama conseguir el equilibrio entre los aspectos sociales, económicos y medioambientales en la política pesquera de la UE, hacer compatible la pesca con la energía eólica marina, priorizando a la primera y analizando el impacto de los parques eólicos sobre la pesca y los ecosistemas marinos antes de poner en marcha cualquier proyecto, y el desarrollo legislativo de la Ley de Pesca Sostenible, consultando debidamente al sector.  Por último, la patronal solicita la mejora de los procedimientos para agilizar los trámites administrativos y lograr el aprovechamiento óptimo de los fondos europeos FEMPA, además de favorecer los proyectos de colaboración público-privada, de apoyar adecuadamente a las organizaciones de productores y sus asociaciones como herramientas fundamentales en la promoción del consumo de productos pesqueros y en la puesta en valor del sector de la pesca; y no añadir más restricciones a las ya establecidas por la UE en la ejecución de dichos fondos.

“Miles de personas, con su esfuerzo y dedicación, logran que todos los días del año haya pescados y mariscos en nuestros mercados, motor económico y social de muchas comunidades altamente dependientes de la pesca que siguen fijando población, no sólo en numerosos pueblos del Reino de España, sino en muchos países del mundo”. Con estas palabras, Javier Garat, secretario general de la Confederación Española de Pesca (CEPESCA) y presidente de Pesca España y Europêche, ha abierto su discurso de ingreso como Académico de Número en la Real Academia de la Mar (RAM), con el que ha llamado al reconocimiento del sector pesquero y de toda la industria en torno a él, y especialmente, al de los fallecidos y desaparecidos en naufragios, en particular, los del Villa de Pitanxo y el Villaboa Uno.

En la introducción de su disertación, Garat ha destacado los valores de los profesionales de la pesca: “personas generosas que realizan un trabajo que requiere un esfuerzo impresionante, peligroso y vocacional; personas con valores de integridad, lealtad, disciplina, responsabilidad, sentido del deber, valor y compañerismo”.

A pesar de ello, indicó Garat, la dimensión social de la pesca sigue siendo la gran olvidada de las políticas pesqueras y se ve relegada a un segundo plano frente a la dimensión medioambiental. Garat reconoce la importancia de asegurar el buen estado de los océanos y sus recursos, pero considera que ello no puede implicar olvidar las necesidades de los hombres y mujeres de la mar.

El olvido de la dimensión social de la pesca se produce, además, tras el enorme sacrificio hecho por los pescadores para adaptarse a la Política Pesquera Común (PPC) y asegurar el cumplimiento de los estándares más altos del mundo en materia de conservación, seguridad, control, sanitario, laboral, etc. Por ello, Garat considera necesario “dar la vuelta a la situación y posicionar al pescador en el centro del debate de la política pesquera de la UE y del mundo” y pone el acento en las oportunidades que ofrece el sector: “trabajar hoy en día en la pesca supone profesionalidad, estabilidad, hacer carrera en el mar, sentido de pertenencia, un estilo de vida y muchas satisfacciones personales”.

Garat también recordó en su discurso de ingreso en la RAM la importancia de la ratificación por parte de España del Convenio 188 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el trabajo en la pesca e incidió en la necesidad de que más países lo ratifiquen: “es la mejor forma de garantizar unas condiciones mínimas a bordo de los buques de pesca y condiciones de igualdad que permitan la competencia leal entre los pescadores de distintos países”.

El secretario general de Cepesca se ha referido igualmente al peso socioeconómico de la pesca y al fruto de su actividad, la proteína animal más saludable y con menor impacto de huella de carbono que, como ha destacado, “no solo produce grandes beneficios para la salud, también produce felicidad de forma natural, puesto que el consumo de pescados y mariscos induce cambios en las neuronas que mejoran su conexión y producen serotonina”.

Historias de éxito en la gestión pesquera

En su discurso, Garat se ha referido a la visión medioambiental de la pesca, ámbito en el que “nuestro objetivo debe ser conseguir que el 100% de las poblaciones de peces y de los océanos estén gestionados de forma sostenible, y lograr un equilibrio entre la conservación de la biodiversidad, el uso sostenible de los recursos naturales que nos ofrecen los océanos y la seguridad alimentaria”.

En este sentido, compartió algunas historias de éxito en la gestión pesquera, como la del atún rojo del Atlántico Este y del Mediterráneo, y la de la merluza norte que captura la flota de Gran Sol. “En el Atlántico Nordeste, la gran mayoría de las poblaciones de peces se encuentran en Rendimiento Máximo Sostenible (RMS) tras la reducción de la presión pesquera en un 50% en los últimos 13 años”. Y, según la Comisión Europea (CE) y el Consejo Internacional de Exploración del Mar (CIEM), más del 99% de los desembarcos de poblaciones gestionadas por la UE se pescaron de forma sostenible.

Estos logros no son resultado de la casualidad, sino de la alianza de los pescadores con empresas tecnológicas, muchas de ellas españolas como Satlink, así como con la comunidad científica, para ser más selectivos, reducir el impacto medioambiental y ser más eficientes energéticamente. “En la UE hemos reducido las emisiones de CO2 en la pesca en más de un 50% desde los años 90”, ha subrayado Garat, quien ha mencionado asimismo las iniciativas de los pescadores para reducir las capturas accesorias de aves marinas, tortugas o tiburones.

Por último, Garat ha vinculado la pesca al cristianismo, relatando algunos de los pasajes bíblicos que relacionan a Jesucristo con los pescadores. Tras parafrasear al Papa Francisco y a Monseñor Fernando Chica, Observador Permanente de la Santa Sede ante la FAO, para vincular las vertientes social y medioambiental de la pesca, Garat concluyó su discurso recordando a la Virgen del Carmen, patrona de los pescadores y guía y protectora de los hombres y mujeres de la mar.

Los principales puertos de las comunidades pesqueras españolas (Galicia, Andalucía, Cataluña, Valencia, Asturias y Cantabria) se han movilizado hoy, coincidiendo con la celebración del Día de Europa, para protestar contra las políticas de la Comisión Europea (CE), que están poniendo en riesgo el futuro del sector. En particular, el “Plan de acción de la UE: proteger y restaurar los ecosistemas marinos en pro de una pesca sostenible y resiliente”, aprobado por la CE el pasado 21 de febrero y que pretende prohibir la pesca de fondo en el 30 % de las aguas jurisdiccionales comunitarias y la Ley de Restauración de la Naturaleza.

Los pescadores de los puertos de Vigo, Coruña, Burela, Barcelona, Almería, Carboneras, Vélez Málaga, Punta Del Moral, Isla Cristina, Ayamonte, Puerto de Santamaría y Sanlúcar de Barrameda, entre otros, al igual que los buques marisqueros de ANAMAR, que faenan en diferentes caladeros africanos, han hecho sonar las bocinas de sus barcos, como una llamada de auxilio, para dar voz a la flota pesquera y denunciar su desaparición gradual. Si el Plan de Acción de la CE y la Ley de Restauración de la Naturaleza se implementan como se proponen, Europa arriesga el 25% de su producción de productos del mar, 7.000 embarcaciones y 20.000 pescadores, hombres y mujeres. En la flota española, 884 barcos practican la modalidad de pesca de arrastre: 765 en aguas nacionales, 41 en aguas europeas y 78 en aguas internacionales.

El sector pesquero español en bloque se ha unido de forma masiva a una protesta sin precedentes con la que los pescadores y las comunidades pesqueras de toda Europa expresan su malestar y preocupación con pancartas, bocinas y diversas acciones locales en los puertos y en el mar. El objetivo: enviar un mensaje claro a las autoridades de la CE y, en especial, al comisario de Medioambiente, Agricultura y Pesca, Virginijus Sinkevicius, de que la pesca de fondo está al borde del colapso.

La convocatoria de la Alianza Europea de la Pesca de Fondo (EBFA), Europêche y la Asociación Europea de Organizaciones de productores Pesqueros (EAPO), junto con la sección de Pesca de la Federación Europea de Trabajadores del Transporte (ETF), culmina hoy 9 de mayo, el Día de Europa. En España, las acciones que se desarrollan en distintas ciudades y puertos pesqueros se prolongarán hasta el 11 de mayo.

Cepesca, al igual que todo el sector español y europeo, espera que los responsables políticos europeos tomen en serio este llamamiento conjunto y detengan las políticas que están desencadenando esta crisis. El sector pesquero recuerda los enormes avances realizados en los últimos 20 años en la protección del medio marino y la recuperación de las poblaciones de peces. A modo de ejemplo, casi el 100 % de los desembarques de stocks gestionados por la UE en el Atlántico Nordeste son sostenibles, desde los años 90 se han recortado un 50 % las emisiones de gases de efecto invernadero, se han cerrado miles de km2 a la pesca de fondo y ha desaparecido el 28 % de la flota pesquera. Pero a los ojos de la CE, esto no es suficiente.

Según Iván López van der Veen, presidente de la Alianza Europea de la Pesca de Fondo (EBFA), “los pescadores y sus comunidades han hablado alto y claro. No podemos seguir tolerando políticas de la CE que pongan en peligro nuestra forma de vida y la de las generaciones futuras”. “Las políticas de la CE”, —añade—“están poniendo de rodillas al sector. Si seguimos así, solo podremos consumir productos pesqueros de terceros países. Es hora de que la CE reconsidere de dónde quiere que provengan los productos del mar. El sector quisiera recordar al Comisario su mandato de mantener la rentabilidad de la flota pesquera comunitaria y maximizar la producción de alimentos en la UE, como se establece claramente en los tratados fundacionales de la UE”.

La Confederación Española de Pesca (CEPESCA) se sumó desde el inicio a las movilizaciones impulsadas por EBFA, Europêche y EAPO para pedir la retirada del Plan de Acción sobre ecosistemas marinos de la CE y que se debata con los interlocutores socioeconómicos de cara a consensuar un plan de sostenibilidad integral para el sector pesquero.

La UE depende ya en gran medida de las importaciones de pescado blanco capturado por arrastreros de fondo de terceros países. El 70% de los productos del mar que se consumen en Europa son importados. El Plan de Acción solo aumentará la brecha de seguridad alimentaria (del mar) a favor de países donde los estándares de sostenibilidad ambiental y social son cuestionables e inferiores a los que se aplican en aguas de la UE.

La Confederación Española de Pesca (CEPESCA) ha manifestado su apoyo incondicional a los distintos actos de protesta que se sucederán el próximo 9 de mayo, Día de Europa, en muchísimos puertos pesqueros europeos y en los que pescadores, armadores y sindicatos trasladarán a la Comisión Europea (CE) su rechazo al “Plan de acción de la UE: proteger y restaurar los ecosistemas marinos en pro de una pesca sostenible y resiliente”, aprobado por la CE el pasado 21 de febrero. Entre las acciones previstas para esa jornada, los buques pesqueros harán sonar sus bocinas a las 12 del mediodía y se leerán manifiestos en todos los puertos.

La protesta reunirá a pescadores, armadores y sindicatos, representados a través de la Alianza Europea de Pesca de Fondo (EBFA) y Europêche, organizaciones a las que pertenece Cepesca y la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP), la Asociación Europea de Organizaciones de productores Pesqueros (EAPO) y la Federación Europea de Trabajadores del Transporte (ETF), en la que están integradas los sindicatos españoles CC.OO. y UGT. Con estas acciones, los pescadores quieren dejar constancia de que la pesca es parte de Europa, de su historia, cultura y tradiciones y de que es necesaria la unidad para defender las comunidades pesqueras que, a juicio del sector, las decisiones de la CE están poniendo en riesgo.

El sector ha elegido la celebración de esta protesta coincidiendo con el Día de Europa, jornada que sirve para celebrar la unidad de los europeos y los logros conseguidos a lo largo de los últimos años. A juicio del sector, «la pesca es una política común de competencia de la UE, pero lo que debería ser una política que uniera a los pescadores y les hiciera sentirse orgullosos de la Unión Europea, está provocando, sin embargo, una serie de sentimientos en contra y una clara indefensión, convirtiéndose en una máquina de crear euroescépticos entre toda la cadena de valor del sector pesquero”.

Para el sector, una de las principales amenazas para su actividad dentro del paquete de medidas englobado en el Plan de Acción lo constituye el incremento de las Áreas Marinas Protegidas (AMP) del 12 % al 30 % en las aguas de la UE y la eliminación gradual de la pesca de arrastre de fondo en todas las AMP de aquí al 2030. Además, apunta el sector, pretende que no se permita la pesca de arrastre de fondo en ninguna AMP de reciente creación. Por ello, y a juicio del sector, el plan incluye una voluntad explícita de eliminar gradualmente la pesca europea de fondo móvil, que emplea actualmente a 20.000 pescadores, lo que puede significar la desaparición de esta actividad.

El veto a la pesca de fondo en el 30 % de nuestros mares afecta a 7.000 buques que aportan el 25 % de los desembarques totales y generan el 38 % de los ingresos de la flota de la UE. Dentro de la flota española, 884 barcos practican la modalidad de pesca de arrastre: 765 en aguas nacionales, 41 en aguas europeas y 78 en aguas internacionales. Según un estudio interno de la Comisión Europea, la prohibición del arte de arrastre en las AMP (que en la actualidad suponen en torno al 12% de las aguas de la UE) tendría un impacto superior a 870 millones de euros. Cuando se llegue al 30% ese impacto se triplicará.

Al margen de las consecuencias sociales y económicas, el sector también apunta su impacto en los propios ciudadanos, que sufrirán el incremento de la brecha de seguridad alimentaria (del mar) a favor de países donde los estándares de sostenibilidad ambiental y social son cuestionables e inferiores a los de la flota comunitaria. La UE ya depende en gran medida de las importaciones de pescado blanco capturado por arrastreros de fondo de terceros países. Cabe recordar que el 70 % de los productos del mar que se consumen en Europa son importados.

Según Javier Garat, secretario general de Cepesca y presidente de Europêche, “este paquete de medidas de la Comisión Europea es un punto de no retorno para la capacidad pesquera europea del que creemos será imposible recuperarse. Europa –prosigue Garat– debe replantearse la sostenibilidad futura de esta actividad con una visión global y no dejar en manos de terceros la alimentación de los ciudadanos, al igual que ha ocurrido ya, lamentablemente, con otras industrias, debilitando aún más su soberanía alimentaria”.

Todo el sector pesquero europeo lleva años argumentado que las razones del estado de algunas poblaciones de peces van más allá de la pesca. El cambio climático y su efecto adverso sobre la biomasa no son atribuibles al sector pesquero, y otras actividades humanas, como la contaminación, los desechos marinos o el calentamiento global, impactan en la salud de los mares. Estas circunstancias, argumenta el sector, requieren de un enfoque abierto en el que el sector pesquero “no pague todo el precio de esta situación” y que, en cambio, incluya medidas que aborden el problema de una manera global. “Nos llama la atención la total ausencia de referencias a estas causas en el Plan de Acción de la CE”.

Igualmente, el sector detecta en el plan de la CE la ausencia de cualquier posible revisión de la definición de capacidad pesquera para permitir e incentivar mejores condiciones de vida y de trabajo a bordo, lo que puede hacer que la pesca sea más atractiva para las nuevas generaciones.

Con esta movilización, los pescadores también quieren recordar a la CE su total compromiso de mantener el equilibrio entre los tres pilares de la sostenibilidad para avanzar en la construcción de una industria pesquera ambiental, social y económicamente sostenible fiel al espíritu y aspiraciones de la Política Pesquera Común (PPC).

La Confederación Española de Pesca (CEPESCA) y ABANCA han renovado un año más el convenio de colaboración que ambas organizaciones tienen vigente desde 2019 y que tiene como objetivo facilitar a los asociados de la patronal española asesoramiento y productos y servicios financieros específicamente diseñados para sus particularidades. ABANCA desarrolla esta labor a través de su unidad de negocio ABANCA MAR, especializada en el sector pesquero y única de este tipo del entorno financiero español.

Con esta renovación, ambas entidades cumplen ya un lustro de trabajo conjunto que se ha traducido en la financiación de casi 400 operaciones vinculadas, en su mayoría, con la mejora de buques pesqueros en distintas vertientes, tales como sostenibilidad, digitalización, eficiencia energética, descarbonización o mejora de las condiciones a bordo.

Igualmente, durante este período, ambas entidades han colaborado estrechamente en la financiación de distintas Organizaciones de Productores Pesqueros (OPP). Sobre este particular, ABANCA destaca el apoyo prestado a Pesca España, Asociación de Organizaciones Pesqueras (AOP) recientemente creada y con la que la entidad prevé enriquecer sus vías de colaboración de aquí en adelante por el potencial de crecimiento de esta asociación.

El acuerdo con ABANCA permite a los asociados de CEPESCA acceder a productos y servicios financieros desarrollados a medida y teniendo en cuenta las peculiaridades del sector, así como disponer de asesoramiento, pero caracterizado por el profundo conocimiento del sector. Todo ello posibilita una adecuación y evolución de la oferta financiera de ABANCA MAR, dinámica y acorde a la realidad de cada momento.

En este sentido, el equipo de trabajo conjunto de ABANCA y Cepesca ha anunciado durante la firma, estar profundizando, por ejemplo, en fórmulas de financiación para el desarrollo de proyectos alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en el entorno de la sostenibilidad o en las destinadas a paliar las situaciones de cierres temporales de caladeros o paros biológicos. También se marcan como objetivo, la movilización de los fondos del nuevo FEMPA (Fondo Europeo Marítimo de Pesca y de Acuicultura) o los destinados a la mejora de la sostenibilidad de la flota.

Jóvenes armadores

En la firma de renovación se ha anunciado una línea de colaboración financiera con condiciones específicas para jóvenes armadores. Esta tiene el objetivo de fomentar y favorecer el relevo generacional dentro del sector, aspecto crítico para su futuro. Esta decisión forma parte del compromiso de ambas organizaciones de trabajar para fortalecer al sector pesquero, así como su capacidad de resiliencia.

Por último, ABANCA y Cepesca también han anunciado su intención de incrementar el desarrollo de acciones conjuntas para fomentar la sensibilización medioambiental mediante diversas acciones de retirada de residuos del medio marino. A este respecto, y como ha venido ocurriendo desde su creación, el acuerdo busca crear un marco de colaboración estable para fomentar actividades que den visibilidad a los retos y desafíos del sector, así como para abordar la celebración de todo tipo de jornadas y eventos sectoriales. Dentro de él, tiene un peso específico importante el área de formación y divulgación de las mejores prácticas pesqueras.

El director ejecutivo Banca Corporativa, Empresas y Pymes de ABANCA, Víctor Casal Antón, y el presidente de Cepesca, Juan Manuel Liria Franch, fueron los encargados de rubricar la renovación del convenio. Al acto también asistieron el vicepresidente de para la flota de altura y el secretario general de Cepesca, Julio Morón y Javier Garat, respectivamente, así como el director de ABANCA MAR, Javier Fraga.

Según Juan Manuel Liria, “para el sector pesquero renovar este acuerdo va más allá de disponer de un socio financiero fiable y capaz de entender nuestro entorno y peculiaridades. Y digo esto porque el último lustro –añade Liria– ha sido especialmente convulso para nuestra actividad debido a la crisis sanitaria, la posterior invasión de Ucrania por parte de Rusia y su brutal impacto en nuestros costes operativos por el incremento de los carburantes, o por el desarrollo de una legislación europea cada vez más influenciada por los ambientalistas radicales. ABANCA –acaba diciendo Liria– ha sabido fluir a nuestro lado de manera impecable para ayudarnos a sortear todos estos obstáculos y nuestro deseo es que esta relación se mantenga durante muchos años más”.

Por su parte, Víctor Casal ha destacado que “este acuerdo es fundamental para ABANCA, pues permite estar en continuo diálogo con CEPESCA y asociados y trabajar conjuntamente proyectos como la renovación de flota y situaciones de paros de actividad estacionales en el sector. Demuestra además el mantenimiento y la apuesta de ABANCA con su división ABANCA MAR, por el sector de la economía azul y en concreto por el sector armador. Los grupos de trabajo creados entre ambas entidades seguirán dando frutos movilizando mayores fondos y también trabajaremos en líneas de colaboración que persigan la sostenibilidad en los ámbitos social, económico y medioambiental. CEPESCA y sus asociados pueden contar con nuestra entidad para afrontar los retos actuales y futuros, pues para ABANCA el sector del mar siempre será prioritario”.

Las organizaciones más representativas del sector de la pesca, la acuicultura, la transformación y la comercialización de nuestro país han solicitado a los responsables de los principales partidos políticos españoles (PSOE, PP, VOX, Podemos, Ciudadanos, PNV y BNG) que, de cara a las elecciones generales, autonómicas y municipales de 2023, incluyan en sus programas la reducción a cero del IVA de todos los productos pesqueros de forma permanente, tal y como ya ocurre en países como Irlanda, Malta y Reino Unido, o, al menos, que defiendan el tipo superreducido del 4%, tal y como ocurre en Luxemburgo (3%), Alemania, Chipre, Hungría y Polonia (5%) o en Francia (5,5%).

En una carta común, dirigida a los responsables de las fuerzas políticas, el sector pesquero constata su decepción por el hecho de que no se incluyese a los productos pesqueros entre aquellos que sí se han visto beneficiados por la rebaja fiscal del paquete de medidas de apoyo aprobado para este año con el fin de paliar las consecuencias de la guerra de Ucrania. Así mismo, recuerdan que las organizaciones más representativas de los sectores de la pesca, la acuicultura, la transformación y la comercialización, llevan ya muchos años solicitando la reducción del IVA de los productos pesqueros en sus distintas presentaciones (fresco, refrigerado, conserva, congelado, ahumado, etc.) como una medida fundamental para promocionar su consumo y, con ello, favorecer que la ciudadanía mantenga una dieta saludable.

En su escrito a los partidos políticos, las asociaciones firmantes apuntan que esta rebaja del IVA se hace ahora aún más necesaria debido al “incremento constante de los precios de la cesta de la compra y la bajada en el consumo de productos pesqueros por parte de los consumidores españoles, a pesar de que la evolución de sus precios ha sido de las más contenidas”. En esa línea destacan el caso de Portugal, cuyo gobierno ha decidido eliminar el IVA para los principales productos pesqueros que se consumen en el país.

“Entendemos –dice la misiva– que la apuesta por una dieta saludable y sostenible debe ser una prioridad para cualquier gobierno, tal y como vienen haciéndolo en otros países europeos de nuestro entorno, con el fin de ayudar a resolver el gran problema de la obesidad y sobrepeso infantil y en adultos y aminorar los gastos sanitarios derivados de una deficiente alimentación. El sistema sanitario español se enfrenta al gran reto de mantener su calidad asistencial, por lo que la prevención es clave para su sostenibilidad y, por ende, el consumo de productos pesqueros según base científica es fundamental en la dieta de los ciudadanos”.

Por último, pescadores, acuicultores, transformadores y comercializadores solicitan una reunión a los distintos partidos “con el fin de poder informarles con más detalles de los motivos de nuestra petición”; una rebaja del IVA de todos los productos pesqueros, olvidados en el Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre pasado, para hacer frente a la carestía de la cesta de la compra debido a la inflación. En los hogares españoles el consumo de productos pesqueros disminuyó un 20,4% entre 2008 y 2021. Así mismo, entre los meses de enero y noviembre de 2022, este consumo registró un descenso del 15,2%, según los últimos datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).

A juicio del sector, la exclusión de los productos pesqueros como alimento básico resta proteínas de alta calidad nutricional de la dieta de amplias capas de población, las más desfavorecidas en el contexto inflacionario actual, y acarreará a medio plazo graves perjuicios de salud.

Según datos aportados por el sector, las enfermedades relacionadas con la mala alimentación cuestan 14.000 millones de euros anuales al Sistema Nacional de Salud (SNS), que representa casi un 20% del total del gasto sanitario. Frente a estas cifras, y según los cálculos del sector, la reducción del IVA de los productos pesqueros que se solicita supondría menos de 500 millones de reducción de ingresos para el Estado.

El sector pesquero europeo, representado por Europêche, organización en la que está integrada CEPESCA, compareció ayer ante el Parlamento Europeo (PE) para participar en la audiencia pública sobre la iniciativa ciudadana ‘Stop finning, Stop the trade’, referida a la pesca del tiburón, más en concreto a la captura y comercialización de aletas de tiburón.

En su exposición, Daniel Voces, director general de Europêche, aprovechó para informar sobre la pesca europea de estas especies, aclarar conceptos y recordar que la flota de la Unión Europea condena unánimemente la práctica del “finning” (cortar las aletas de los tiburones y arrojar los cuerpos mutilados al mar) por parte de cualquier flota del mundo. De hecho, como señaló Voces en su intervención, la flota de la UE nunca ha practicado el “finning”, como demuestra el que no haya cometido ninguna infracción o recibido ninguna sanción por esta práctica. “Nosotros valoramos, comerciamos y comemos la carne de tiburón, especie de la que se aprovecha todo. De hecho, en todas las Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera (OROP), el «finning» está estrictamente prohibido. Este es también el mandato dado por la ONU a todos los países”, afirmó el director general de Europêche.

Para garantizar la gestión sostenible de los tiburones, sus pesquerías están minuciosamente reguladas por los diferentes países en sus aguas jurisdiccionales y por las OROP en todos los océanos. Además, según explicó Voces, se dispone de muchos instrumentos internacionales legalmente vinculantes que regulan la pesca desde un punto de vista biológico, ambiental y de control.

En cuanto al control del finning, desde 2013 todos los buques de la UE deben cumplir la política de aletas adheridas en las descargas de tiburón, es decir, todos los buques europeos deben descargar sus capturas de tiburones con las aletas adheridas al cuerpo. Esta regla de la UE debería respetarse por todas las flotas del mundo. Además, el Acuerdo de Medidas del Estado Rector del Puerto, ampliamente ratificado, exige la verificación e inspección de los buques pesqueros que ingresan a los puertos para garantizar que cumplan con la Ley. Y por si esto no fuera suficiente, apuntó Voces en la reunión, una vez desembarcados los ejemplares, las autoridades nacionales deben emitir un certificado de captura que acompañará al cuerpo del tiburón y sus aletas hasta el momento en que llegan al consumidor. En este sentido, puede decirse que la UE tiene la política más avanzada para perseguir y combatir la pesca ilegal (INDNR) de tiburones.

La flota europea (España y Portugal) captura principalmente dos especies, la tintorera y el marrajo dientuso. Sobre esta última existe una prohibición de retención impuesta por la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT) en 2021 para el stock del norte y el año pasado se acordó una cuota para el stock del sur, que la UE, basándose en las normas de CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres) ha reducido prácticamente a 0. Por lo tanto, actualmente las capturas de marrajo dientuso en el océano Atlántico están prohibidas.

En cuanto al tiburón azul o tintorera, es la especie de escualo de mayor distribución geográfica y de rápido crecimiento. La información científica más reciente muestra que la población de esta especie es abundante y goza de buena salud en todos los océanos. Su aleta es fácilmente distinguible, incluso separada del cuerpo, debido a su característica coloración azul metálico, la falta de espinas en la base y otros factores. Por tanto, los inspectores de pesca, y también los comerciantes, pueden realizar fácilmente una identificación visual.

La mayoría de las capturas de tiburones de la flota europea en todos los océanos se transportan a Vigo (España), donde finalmente se separa la aleta del cuerpo. La carne se vende en muchos países de la UE, en América del Sur, Rusia y Ucrania (antes de la invasión). Las aletas se envían a países asiáticos y Estados Unidos.

Según la FAO, las regulaciones más restrictivas del mercado en los distintos estados han provocado la reducción del comercio de aletas de tiburón. Así, por ejemplo, las ventas de aletas de marrajo dientuso han disminuido un 50 % desde 2003. Y, en cualquier caso, como explicó Voces, la pesca de tiburones no sería rentable sin la venta de los cuerpos. Los ingresos que obtienen los pescadores por su comercialización representan alrededor del 60% del total, el 40% restante proviene de la venta de las aletas. Hay que tener en cuenta que las aletas solo suponen el 5% del peso total del tiburón.

Tras brindar estas y otras aclaraciones sobre la pesquería europea de tiburones, Voces informó sobre el impacto de las medidas propuestas por esta iniciativa: supondría prohibir una actividad económica perfectamente legal y sostenible en Europa, generaría graves consecuencias para nuestras economías(sobre todo para la de Galicia) y consumidores tanto en Europa como en Asia, forzaría a trasladar el procesamiento y el comercio de nuestras capturas a países no pertenecientes a la UE, y la demanda asiática tendría que satisfacerse con aletas de otras flotas que operan con estándares más bajos.

El director general de Europêche concluyó afirmando que la prohibición no está justificada y no es una opción, y propuso potenciar la ciencia, la gestión, el control, la aplicación, la trazabilidad y la cooperación entre países y administraciones, además de implementar mejor las políticas porque “siempre hay margen de mejora”.

El sector pesquero europeo ha reiterado su llamamiento al Consejo y al Parlamento Europeo para detener el Plan de Acción propuesto por la Comisión Europea (CE) sobre protección y restauración de los ecosistemas marinos para una pesca sostenible y resiliente. El sector, representado por Europêche, la Alianza Europea de Pesca de Fobdo (EBFA) -de las que forma parte la Confederación Española de Pesca (Cepesca)- y la Asociación Europea de Organizaciones Productoras de Pescado (EAPO), ha vuelto a hacer esta petición durante la reunión que ha mantenido en Bruselas con los Estados miembros de la UE para analizar conjuntamente la naturaleza, el impacto y las consecuencias de esta iniciativa.

En ella, todas las partes han mostrado su preocupación por la propuesta de la CE de prohibir gradualmente la pesca de fondo en el 30 % de nuestros mares para 2030, especialmente dada la falta de una evaluación del impacto socioeconómico y el necesario respaldo científico. El sector afirma que se trata de una medida completamente nueva, que no se basa en ninguna norma internacional o europea, ni seguirá el trámite legislativo ordinario, lo que limita el debate político, la opinión de las administraciones nacionales y el Parlamento Europeo en el proceso de toma de decisiones. Para el sector, está claro que introduce cambios en la Política Pesquera Común (PPC), por lo que la CE debería seguir el proceso legislativo establecido a través del Consejo y el Parlamento Europeo.

El sector pesquero, que agradece a los gobiernos de la UE su apoyo, afirma que el Plan de Acción de la CE impone una carga pesada y desproporcionada a la flota de la UE, que todavía lucha con las consecuencias del Brexit, la pandemia de la Covid, la inflación y la crisis energética. Así mismo, apunta el sector, el plan ejerce una presión adicional sobre los Estados miembros, que tendrán que abordar objetivos no justificados por la ciencia y que afectará negativamente a comunidades enteras que dependen de la pesca en un calendario poco realista.

Según Iván López van der Veen, presidente de EBFA, “los gobiernos nacionales tienen una misión y una responsabilidad específicas frente a sus ciudadanos para implementar las normas de la UE, asegurar puestos de trabajo y abastecer el mercado con productos del mar sostenibles. Sin embargo, la Comisión Europea –prosigue López–, ha optado por adoptar un plan de acción unilateralmente, sin consultar a esos gobiernos que estarán a cargo de su implementación. Además, –acaba diciendo Iván López–, dado que no se trata de una ley de la UE, los ciudadanos y empresas afectados no tienen derecho a acudir a los tribunales quedando indefensos e incapacitados para protegerse del impacto desproporcionado del plan de acción”.

Por lo tanto, la EBFA, al igual que EAPO y Europêche considera la prohibición de los artes móviles de fondo como una medida claramente desproporcionada, injustificada, que no se apoya en los fundamentos científicos disponibles y es contraria a los compromisos internacionales. Cabe recordar que el veto a la pesca de fondo en el 30 % de nuestros mares afecta a 7.000 buques que aportan el 25 % de los desembarques totales y generan el 38 % de los ingresos de la flota de la Unión Europea.

La empresa Baltimar (Herederos de Ángel Muriel Santana), integrada en la Asociación Nacional de Armadores de Buques Congeladores de Pesca de Marisco (ANAMAR), que forma parte de la Confederación Española de Pesca (Cepesca), ha celebrado hoy el acto de bendición de su nuevo buque pesquero “Doce de Julio”, que faenará en aguas de Guinea Bissau y Mauritania en el marco de los acuerdos de pesca sostenible (SFPA) que la Unión Europea (UE) mantiene con estos países africanos.

El acto ha tenido lugar en el Muelle de Levante del Puerto de Huelva y se produce tras la botadura del buque el pasado febrero en la localidad asturiana de Navia, coincidiendo con el 60 aniversario de Baltimar, creada en 1965 por el matrimonio Ángel Muriel Santana y Josefa Moreno Benítez. Con este nuevo buque, cuyo nombre recuerda la fecha de nacimiento del fallecido Ángel Muriel Moreno, hijo de los fundadores, son ya 10 los buques de la flota pesquera de la empresa onubense.

Dotado de tecnologías marítimo-pesqueras punteras

De los astilleros Armón, el “Doce de Julio” es uno de los pocos buques pesqueros construidos en España en los últimos años. Se trata de un buque marisquero congelador de 32,70 metros de eslora, un arqueo bruto (GTs) de 310 Tn y una potencia propulsora de 1200 CV.

El nuevo buque está dotado de tecnologías marítimo-pesqueras punteras. Tanto su motor principal como sus motores auxiliares son de última generación, de forma que consumen en torno a 200 litros de gasoil menos al día en comparación con los antiguos motores, lo que reduce las emisiones de CO2.

Este avance se combina con otras tecnologías, incluyendo avanzados sistemas de comunicación vía satélite y un sistema de puertas (las denominadas puertas voladoras) y redes de última generación, como un panel de malla cuadrada en la manga que aumenta su selectividad. Gracias a este arte de pesca ecosistémico asegura una actividad pesquera eficiente y selectiva, la explotación sostenible de los recursos pesqueros con el mínimo impacto en el medio marino ya que el arte de pesca apenas toca el fondo y se reducen las emisiones de CO2, así como la seguridad y el confort de sus tripulantes.

El nuevo buque de Baltimar, que se dedicará a la pesca de gambas, langostinos, carabineros y otros crustáceos, también cuenta con tecnología de frío de vanguardia, que asegura la correcta congelación del producto a una temperatura de entre -25° y -30° durante un período aproximado de 40/50 días.

La tripulación del “Doce de Julio” integrará 18 personas, incluyendo dos patrones, dos mecánicos y un contramaestre experto en maniobras de pesca, elaboración y tratamiento de mariscos. Cabe señalar que también embarcará a un estudiante del ciclo formativo de Técnico Superior de Transporte Marítimo y Pesca de Altura del Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) Marítimo Zaporito, en San Fernando (Cádiz) y con el que ANAMAR mantiene un acuerdo dentro de su programa de FP Dual.

A la bendición, realizada por los sacerdotes Diego Capado y Francisco Echevarría, han asistido entre otras personalidades, la consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo Díaz; la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, Bella Verano; el director de Pesca y Acuicultura de la Junta de Andalucía, José Manuel Martínez Malia; el delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Álvaro Burgos; el gerente de la Agencia Agraria y Pesquera, José Carlos Álvarez; el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz; la presidenta de la Autoridad Portuaria de Huelva, Pilar Miranda; el director de la Autoridad Portuaria, Ignacio Álvarez-Ossorio; la delegada de Salud y Consumo, Manuela Caro; el secretario general de Cepesca y presidente de Pesca España, Javier Garat; el presidente de FAAPE y vicepresidente de Cepesca, José María Gallart; y el gerente de Pesca España, Antonio Nieto.

Según José Ramón Muriel, gerente de Baltimar y presidente de ANAMAR, “es una enorme satisfacción contar con la bendición de este nuevo buque, que tienen un significado muy especial para nuestra familia ya que guardará la memoria de nuestro hermano Ángel”. “A pesar de los muchos desafíos a los que se enfrenta la pesca” -añade Muriel-, “en Baltimar mantenemos el espíritu con el que nuestros padres pusieron en marcha esta empresa y estamos orgullosos de forman parte del sector pesquero andaluz, español y europeo”.

Según Javier Garat, secretario general de Cepesca, “la flota marisquera onubense es un referente en términos de sostenibilidad y responsabilidad, desde Cepesca hemos querido acompañar a la familia Muriel, ejemplo de éxito y superación, en este acto tan especial, que pone de relieve la visión a futuro de nuestro sector que, a pesar de todas las dificultades que venimos afrontando, sigue desarrollando una labor tan esencial como es proveer de alimento saludable”.

Según las estimaciones del sector pesquero las ventas de sus productos en nuestro país en sus distintas presentaciones (fresco, refrigerado, conserva, congelado, ahumado, etc.) se ha contraído un 20% en los dos primeros meses de 2023 frente a igual periodo del año anterior, tras no ser incluidos como alimentos básicos por el Gobierno en la lista de productos de alimentación a los que decidió reducir o eliminar el IVA para paliar el incremento de precios de la cesta de la compra.

Como consecuencia, según el sector en bloque[1], la exclusión de estos productos está empujando la desincentivación que ya padece desde hace años su consumo en nuestro país, a pesar de ser uno de los alimentos más básicos y económicos de cualquier dieta saludable (el gasto medio mensual por habitante para acceder a estos productos es sólo de 18 euros), a favor de otros menos recomendados para la salud por sus altos contenidos de calorías, grasas, azúcares o sal, y con pocos nutrientes esenciales como las grasas esenciales Omega-3, vitaminas y minerales.

En este sentido, según los últimos datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), el consumo de productos pesqueros ha registrado un descenso del 15,2% entre los meses de enero y noviembre de 2022 con respecto al mismo periodo del año anterior. Esta caída se suma al descenso del 20,4% del consumo en los hogares entre 2008 y 2021.

Además, señala el sector, esta decisión “paradójicamente” debilita el potencial privilegio de la población española, frente a la de otros países, de disponer de esta proteína de gran calidad en una extensa variedad de especies, productos y preparados que “posibilita el hecho de contar con una de las cadenas pesqueras más grandes y profesionales del mundo”.

Al margen de ello, apunta el sector, esta menor ingesta a favor de otros alimentos menos saludables tendrá a medio plazo serias consecuencias en la salud de las capas poblacionales más sensibles a las variaciones de precios ante circunstancias excepcionales, como la actual, y disparará, consecuentemente, el gasto del sistema sanitario.

De hecho, está demostrado científicamente que el consumo regular de productos pesqueros (2-3 veces a la semana) disminuye hasta en un 45 % el riesgo de sufrir accidentes cerebrovasculares (ACV) y en un 70 % la probabilidad de muerte súbita, en su preparación a la plancha o al horno. También reduce un 20% el riesgo de fallecer por infarto agudo de miocardio y cada 100 gr. adicionales aumenta este porcentaje un 5 %.

Cabe recordar que, en nuestro país, las enfermedades consecuencia de una mala alimentación tienen un coste estimado de 14.000 millones de euros al año para el Sistema Nacional de Salud (SNS), cifra que, a medio plazo, podría incrementarse como consecuencia de la disminución de la ingesta de productos pesqueros, desequilibrando aún más la ya extrema proporción entre gasto en tratamiento sanitario y gasto en prevención (98% y 2%, respectivamente).

Movilización social en pro de una fiscalidad saludable

El sector pesquero en bloque ha intentado dialogar con el Gobierno para exponerle esta realidad y solicitar una reflexión sobre la reducción del IVA de los productos pesqueros, pero ha obtenido el silencio del Ejecutivo como respuesta.

Ante ello, el sector ha acordado iniciar una ronda de conversaciones con todos los partidos políticos concurrentes a las próximas citas electorales autonómicas y generales, con el objetivo de recabar su apoyo a la reducción del IVA de sus productos y solicitar la incorporación de esta reivindicación en sus respectivos programas, más aún, señala, ante la retracción continuada de su consumo y la posición de vulnerabilidad de amplias capas de población al alza de precios.

Así mismo y con la finalidad de incentivar la movilización social, el sector está considerando poner en marcha una campaña de recogida de firmas a pie de calle. Bajo el lema ‘Todos tenemos derecho a comer pescado’, esta iniciativa tratará de revertir la actual “discriminación” que, a su juicio, están sufriendo amplias capas de la población, así como el propio sector de los productos pesqueros, “siempre fiel, incluso en las peores circunstancias, a su compromiso de abastecer el mercado con productos de primera calidad”.

Igualmente, el sector tampoco entiende las argumentaciones económicas ofrecidas, de manera esporádica, por distintos miembros del Ejecutivo sobre los efectos que tal medida tendría en la política recaudatoria o su impacto en el propio Índice de Precios de Consumo (IPC) de la alimentación.

De hecho, y según los datos de un informe de AECOC y PwC, con la eliminación del IVA de los productos pesqueros el IPC de la alimentación de enero de 2023 se habría situado en el 14,3%, más de un punto por debajo del 15,4% registrado. En caso de aplicar una reducción del IVA al 5%, el IPC de la alimentación hubiera sido del 14,9%.

Cabe recordar que en prácticamente todos los países de la Unión Europea los productos pesqueros disfrutan de un tipo de IVA reducido con respecto al general. La mayoría de los gobiernos están aplicando tipos inferiores al 10 % que actualmente se imputa en España. Así, por ejemplo, en Irlanda, Reino Unido y Malta no se aplica IVA al pescado. Francia lo grava con un 5,5 %, Luxemburgo con un 3 %, Bélgica con un 6 %, Chipre con un 5 % al igual que Hungría y Polonia, nuestro vecino Portugal con un 6 %, y Alemania, que aplicaba un IVA del 7 %, lo redujo al 5 %.

Según manifiesta el sector “queremos dialogar con el Gobierno sobre las verdaderas razones que le motivan para alejar a la población española de sus productos pesqueros y tener la oportunidad de mostrarle las ventajas de su consumo con el fin de hacer un ejercicio de reflexión antes de que sea demasiado tarde para muchas personas. No existe ninguna razón –añade el sector –, de carácter macroeconómico ni tampoco operacional de nuestra industria, que justifiquen este empecinamiento. Por ello –acaba diciendo el sector–, queremos que también los consumidores se sumen a esta reivindicación de una fiscalidad saludable, que a nuestro juicio debería aplicarse de manera permanente, porque con los datos encima de la mesa, sólo aporta beneficios a todos”.

[1] Asociación de Fabricantes y Distribuidores (AECOC), ANFACO-CECOPESCA, Asociación Empresarial de Acuicultura de España (APROMAR), la Cooperativa de Armadores de pesca del Puerto de Vigo (ARVI), Confederación Española de Pesca (CEPESCA), Asociación Española de Mayoristas, Importadores, Transformadores y Exportadores de Productos de la Pesca y Acuicultura (CONXEMAR), la Federación Nacional de Asociaciones Provinciales de Empresarios Detallistas de Pescados y Productos Congelados (FEDEPESCA), la Federación Nacional de Mayoristas de Pescados (FENAMAR) y la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP)

A la cabeza del ranking de países por longevidad, España es también el país con mayor calidad de vida, según Bloomberg. Uno de los secretos para lograrlo es la dieta pesco-mediterránea, un término recientemente acuñado para referirse a un patrón dietético rico en frutas, verduras, hortalizas, legumbres, aceite de oliva y semillas, en el que una de las principales fuentes de grasas saludables y proteínas es el pescado. Así lo ha relatado el Dr. Guillermo Aldama, cardiólogo del Hospital Universitario de La Coruña (CHUAC) y firme defensor de los productos pesqueros como fuente de salud.

Prevención, prevención y prevención

Las principales causas de mortalidad en los países de altos ingresos como España son las denominadas tres Cs (corazón, cáncer y cerebro), recuerda Aldama. España es el país de la OCDE con la menor tasa de mortalidad por enfermedades cardiovasculares y, según el facultativo, una de las razones fundamentales es nuestro patrón dietético. La mejor manera de impedir que una persona muera de una enfermedad es evitar que la padezca, es decir, prevenirla. Es en este punto donde la dieta juega un papel fundamental. La pregunta que surge a continuación es, ¿qué tipo de dieta es la que ofrece las mejores oportunidades de calidad y cantidad de vida?

La dieta pesco-mediterránea

En una reciente revisión científica, el Colegio Americano de Cardiología exploró los beneficios en salud de diferentes patrones alimenticios. Entre ellos se compararon dieta vegana, lacto-ovo-vegetariana, semi-vegetariana o una dieta convencional frente a la pesco-mediterránea. Se encontró que el único patrón dietético que conseguía reducciones de un 15 % en la tasa de mortalidad total y un 35 % en la tasa de mortalidad por cardiopatía isquémica fue la dieta pesco-mediterránea. Pero este aspecto no solo se queda aquí, “la cantidad sí importa”, hasta el punto de que “por cada 20 gramos adicionales de pescado que se consumen en la dieta se obtiene una reducción del 4 % en el riesgo de mortalidad cardiovascular”, apunta Aldama.

Estos hallazgos han sido corroborados por un estudio español que, precisamente, exploraba los beneficios de este tipo de patrón dietético. El estudio PREDIMED, publicado en una de las mejores revistas científicas médicas, reclutó a más de 7.000 personas divididas en dos grupos: practicantes y no practicantes de la dieta mediterránea. Lo que constató fue una reducción, en el primer grupo, de un 30 % en la tasa de los eventos cardiovasculares.

El pescado, fuente de “materiales premium”

¿Por qué el pescado debería ser una pieza fundamental como fuente de salud? La razón, según explica el facultativo, es que, aunque en el pasado todas las grasas fueron denostadas, existe un grupo selecto de ellas, que son esenciales para nuestro organismo. Se trata de las grasas insaturadas, como las Omega-3 que proporcionan los productos pesqueros. La razón de su exclusividad radica en dos aspectos. El primero es que no somos capaces de sintetizarlas, si no las ingerimos con la dieta no dispondremos de ellas. La segunda razón radica en que son fundamentales para la fabricación y reparación de todas las células de nuestro organismo. La “piel” de nuestras células (la membrana celular) se debe fabricar con este material “premium” para que tanto la estructura como el funcionamiento de todas las células sea “premium”. Cuando no se ingieren, el cuerpo recurre para esta función a grasas de menor calidad, mermando así también la calidad de nuestros órganos y sistemas.

Múltiples beneficios y fuente de buen humor

Como consecuencia, el consumo de pescado resulta beneficioso para el cerebro, mejora la función neuronal, cognitiva y psicológica. Existen estudios que demuestran su efecto antidepresivo, contribuyendo a mejorar el estado de ánimo y la capacidad de respuesta a los fármacos en pacientes con tratamiento antidepresivo.

También existe evidencia de su utilidad para la función visual, para la piel (retrasa su envejecimiento y evita enfermedades dermatológicas), para el sistema inmune (reduce la probabilidad de sufrir enfermedades autoinmunes, alergias y cáncer), para las articulaciones (aporta elasticidad y contribuye a su regeneración), para todos los componentes sanguíneos (glóbulos rojos, blancos y plaquetas), además de ser fundamental para el metabolismo de las grasas. A este respecto, Aldama destaca que las grasas poliinsaturadas que aporta el pescado cumplen una función capital en el hígado al favorecer la producción del conocido como colesterol bueno (HDL). “Estas grasas premium”, explica metafóricamente, “permiten que haya muchos camiones que recogen los excedentes de colesterol, evitando su depósito en las arterias y previniendo, de este modo eventos cardiovasculares”.

A la luz de esta pléyade de efectos beneficiosos, uno podría pensar en el pescado como un producto mágico, pero, en realidad, no hay magia, explica el facultativo. Se trata de la sencilla evidencia de que el funcionamiento de cada órgano dependerá de la calidad de sus células y esta, a su vez, de la calidad de los materiales que a través de la dieta le proporcionemos. Siendo el pescado una fuente de materiales “premium”, no es de extrañar que este beneficio se extienda a tantos órganos y sistemas de nuestro organismo.

Cuidando corazón y cerebro

El infarto agudo de miocardio es una de las enfermedades de mayor mortalidad en nuestro país. Aldama señala que el consumo regular de pescado (2-3 veces por semana, equivalente a 250 mg. de Omega-3) reduce el riesgo de fallecer por esta entidad un 20 % y este descenso se incrementa un 5 % por cada 100 gramos adicionales. Así mismo, añade, “si sustituimos el 3 % de las proteínas procedentes de la carne por proteínas del pescado, disminuye en un 30 % el riesgo de infarto y este descenso se incrementa un 5 % por cada 100 gramos adicionales”.

Por otra parte, en España cada año alrededor de 130.000 personas sufren un accidente cerebrovascular (ACV), siendo el ictus la primera causa de muerte en mujeres y la segunda en varones. El consumo de pescado disminuye ese riesgo hasta en un 45 %, eso sí, siempre que se evite consumirlo en fritura o rebozado.

La regla también se cumple en el caso de la muerte súbita, responsable de aproximadamente 30.000 fallecimientos de ciudadanos en nuestro país cada año. En este caso, el consumo de 250 mg. de Omega-3 (el equivalente a dos raciones de pescado a la semana) puede reducir hasta en un 70 % el riesgo de sufrir una arritmia potencialmente mortal.

Y lo mismo sucede en el caso de las personas que ya han sufrido un infarto, “en cuya dieta”, advierte Aldama, “no puede faltar el pescado”. Un estudio realizado en Reino Unido durante dos años dividió a un colectivo de más de 2.000 pacientes que acababan de sufrir un infarto de miocardio en tres grupos: al primero se le recomendó consumir pescado dos veces a la semana; al segundo, gran cantidad de fibra, y al tercero una ingesta baja en grasas (<30 % de la dieta). El primer grupo fue el único en obtener beneficios, reduciendo un 30 % la mortalidad por todas las causas y un 32 % por enfermedades cardiovasculares.

Alfabetización en salud

En las reflexiones finales, el Dr. Aldama ha resaltado el valor de todos los agentes sociales, cada uno en su ámbito, a la hora de alfabetizar en salud a la sociedad. Ha insistido también en la importancia de dar a los ciudadanos la oportunidad de conocer los beneficios de una dieta saludable y en la necesidad de que ésta sea no solo accesible sino también asequible. El objetivo final, ha señalado, es que España siga siendo un país líder en calidad y cantidad de vida, en el que ayudemos a los ciudadanos a poner años a la vida y vida a los años.

Los pescadores europeos, agrupados en Europêche, organización de la que forma parte la Confederación Española de Pesca (CEPESCA), celebran el nuevo tratado internacional acordado ayer por los Estados miembros de las Naciones Unidas (ONU). Se trata de un acuerdo histórico sobre la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional, es decir, de alta mar. Estas zonas comprenden alrededor de dos tercios de nuestros océanos. El tratado BBNJ, por sus siglas en inglés, implementará herramientas de gestión basadas en estas zonas, incluidas las áreas marinas protegidas (AMP), y regulará las actividades humanas en alta mar.

El sector pesquero de la Unión Europea acoge con satisfacción este acuerdo ya que desempeñará un papel fundamental en la protección y el uso sostenible de zonas marinas que no están suficientemente reguladas, respetando y aprovechando el éxito de la gestión pesquera. El Tratado BBNJ marca la culminación de casi dos décadas de trabajo y se basa en el legado de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

Europêche agradece que se hayan aclarado las competencias administrativas de las Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera (OROP). En particular, el texto especifica su mandato para garantizar la conservación y el uso sostenible a través de las herramientas de gestión basadas en zonas geográficas y el alcance de las evaluaciones de impacto ambiental, que se fortalecerán en el proceso de implementación.

En este contexto, el sector valora el reconocimiento a la gran labor que las OROP vienen realizando desde hace décadas en materia de gestión pesquera y protección del medio ambiente. Por lo cual, las disposiciones del acuerdo BBNJ no pueden menoscabar su alcance y mandato y deben respetar sus competencias. Así mismo, las disposiciones sobre recursos genéticos marinos no se aplicarán a la pesca regulada por el derecho internacional pertinente.

Según Javier Garat, presidente de Europêche y secretario general de Cepesca, “esto es exactamente lo que hemos estado defendiendo y creo que tiene mucho sentido. La pesca es la actividad más regulada en alta mar y es un buen ejemplo de cómo se pueden gestionar y proteger los ecosistemas marinos”. “Si tenemos datos sólidos sobre los ecosistemas marinos en alta mar”, -añade Garat- “se debe principalmente a los datos que reportan nuestros pescadores; ninguna otra actividad marina opera bajo un marco tan transparente y efectivo como el nuestro”.

Europêche considera que la regulación efectiva y exitosa de la pesca en alta mar debería servir como ejemplo de colaboración y gobernanza en el proceso de implementación del BBNJ. “No queremos decir con esto que la gobernanza pesquera sea perfecta, sino que los datos y las normas que ya existen para la gestión y protección de los ecosistemas marinos bajo la gobernanza pesquera se pueden utilizar para regular mejor otras actividades y proteger áreas vulnerables”, afirma Garat, para apostillar que “igualmente, necesitamos que los gobiernos continúen fortaleciendo el trabajo de las OROP para optimizar su desempeño”.

“Nuestro sector, –concluye el también presidente de la Coalición Internacional de Asociaciones Pesqueras (ICFA)– estará allí para ayudar a desarrollar soluciones basadas en la ciencia. Pedimos a la comunidad internacional, a las partes interesadas relevantes y a las ONG conservacionistas que se centren en los desafíos identificados por el tratado: actividades marinas no reguladas y áreas marinas no reguladas. Desperdiciar energía y esfuerzo en reinterpretar o distorsionar el acuerdo BBNJ para tratar de anular un régimen de ordenación pesquera sólido, desarrollado durante décadas por las OROP, solo serviría como disuasión y excusa para su no ratificación”.

Un estudio científico, liderado por el investigador John Hampton y publicado por la revista Frontiers in Marine Science, desvela el escaso impacto en las poblaciones de atún listado y patudo del Área Protegida de las Islas Fénix (PIPA), zona donde se prohibió toda pesca en 2015. El estudio, realizado por los principales expertos en atún del Pacífico y dado a conocer por la Confederación Española de Pesca (Cepesca), es la primera evaluación cuantitativa de un área marina protegida (AMP) con prohibición de pesca de túnidos tropicales y tiene implicaciones para muchas de las mayores AMP del mundo.

Los autores utilizaron la evaluación de las poblaciones de atunes tropicales y los datos oficiales de pesca para compararlos con un modelo biológico de estos túnidos y encontraron que el Área Protegida de las Islas Fénix, la mayor AMP del mundo (408.000 km2), no aumentó significativamente la abundancia de atún. El estudio señala, como se ha revelado en otras AMP, que el cierre a la pesca de algunas áreas del océano solo conduce a que en zonas adyacentes se pesque con mayor intensidad.

Los autores analizaron primero la eficacia del PIPA para aumentar las poblaciones de atún en la zona, y en segundo lugar estudiaron cómo afectarían al atún áreas protegidas hipotéticas aún mayores en el Pacífico. Descubrieron que el AMP de PIPA no contribuía significativamente a la abundancia de túnidos. De hecho, estiman un incremento del 0 % en la abundancia de atún listado y un aumento del 0,3 % en la abundancia de patudo gracias al cierre. Los investigadores, que aplicaron también su modelo para estimar el impacto de cerrar un tercio del Océano Pacífico Occidental a la pesca, encontraron resultados igualmente pobres para estas especies.

Según el científico John Hampton, autor principal de este estudio, “los atunes tropicales como el barrilete y el patudo tienen una amplia distribución en las aguas tropicales y subtropicales del Pacífico y son capaces de desovar en cualquier lugar donde la temperatura del agua supere los 25 grados centígrados. Sus larvas flotan en las corrientes de agua superficiales y, a medida que crecen, pueden moverse ampliamente por la región. Por lo tanto, cerrar una parte del área tiende a no ofrecer mucha o ninguna protección a este tipo de especies”.

Según recuerda el estudio, el Área Protegida de las Islas Fénix (PIPA) se estableció en 2006 y se convirtió en Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2010, pero no se cerró por completo a la pesca hasta 2015. Hasta esa fecha, cada año se capturaban en el PIPA una media de 110.000 t de listado, o el 6% del total de la captura total de esta especie en el Pacífico Central y Occidental, lo que supone una pérdida neta en términos de económicos para Kiribati que dejó de vender días de pesca en dicha zona, en aras de la conservación.

El análisis muestra que los beneficios de conservación para el listado dentro del AMP, cerca del AMP y a escalas de todo el stock son insignificantes. Según concluye el estudio, “está claro que algunas expectativas sobre el impacto de PIPA en la conservación del atún (p. ej., Oceana, 2016) eran demasiado optimistas”. Y termina sentenciando: “nuestros resultados también muestran que incluso para vedas hipotéticas mucho más grandes que comprenden aproximadamente el 33 % del área de Pacífico Central y Occidental, los impactos de conservación en el atún listado probablemente serían modestos; es decir, que lo que algunas ONG ambientalistas pretenden difundir como un gran beneficio para el ecosistema no es real y además conlleva unas consecuencias económicas que afectan gravemente a las economías de Países Costeros en Vías de Desarrollo, a los que supuestamente pretenden ayudar”.

Frontiers es la tercera revista de biología marina y de agua dulce más citada en el ámbito internacional, que aborda los desafíos globales de los sistemas marinos, incluida la sobrepesca, la contaminación y el cambio climático, con el objetivo de avanzar y facilitar la comprensión social de este campo.

Los pescadores europeos, agrupados en Europêche, organización de la que forma parte la Confederación Española de Pesca (CEPESCA), consideran que la Política Pesquera Común (PPC), con una antigüedad de 40 años y reformada hace 10, no responde a las prioridades de la actividad pesquera europea y dispone de herramientas “obsoletas” para enfrentar los cambios rápidos y los retos globales actuales. A juicio de los pescadores, la PPC fue diseñada para un escenario anterior a la pandemia de Covid-19, la crisis energética, el Brexit o la recuperación de las poblaciones de peces de la Unión Europea (UE), que exigen “activar” maquinarias legislativas urgentemente, para lo que es necesario identificar las lagunas y carencias de las actuales herramientas políticas como paso necesario para tomar las decisiones correctas.

Así valora el sector el paquete de medidas de la Comisión Europea hecho público ayer, que consta de cuatro documentos principales: una evaluación de la PPC, una evaluación de la Organización Común de Mercados de los productos de la pesca y la acuicultura, un plan de acción para proteger y restaurar los ecosistemas marinos para una pesca sostenible y resiliente, y una estrategia para la transición energética del sector pesquero de la UE.

Según Europêche, la PPC ha sido extremadamente eficaz en la recuperación de las poblaciones de peces (en 2018, se incrementó un 50% los niveles de abundancia respecto a los de 2010 y en 2020 la presión pesquera global en el Atlántico Nororiental tocó fondo en un mínimo histórico), pero no puede ser sólo una herramienta para la protección de las poblaciones de peces. A juicio de los pescadores, debe ser más amplia para resolver los nuevos retos geopolíticos, climáticos y de gobernanza y lamenta que no haga referencia a preocupaciones, tales como el «cambio climático», el «Brexit», el «Pacto Verde» o la crisis energética.

Igualmente, y según los pescadores, tampoco aborda las repercusiones del creciente número de áreas marinas protegidas, la expansión masiva de los emplazamientos de energías renovables en el mar, la seguridad alimentaria y la transición energética. Europêche alude además a la necesidad de reformar políticas mal concebidas como la obligación de desembarque o de abordar la dimensión social de la pesca.

Los pescadores europeos recuerdan que la UE depende cada vez más de los productos del mar importados de terceros países (70% del consumo total), al tiempo que se reduce su capacidad pesquera (20.000 buques pesqueros menos que en 2008) y pierde acceso a caladeros de terceros países. A este respecto, y según Javier Garat, presidente de Europêche, “antes de ponerse en marcha planes de acción que reduzcan aún más la producción pesquera de la UE, debe haber una visión estratégica sobre la futura gobernanza y gestión de los océanos. Da la sensación –añade Garat–, de que la Comisión está poniendo el carro delante de los caballos».

Los pescadores europeos recuerdan al comisario de Pesca de la UE, Virginijus Sinkevičius, su compromiso de mantener el equilibrio entre los tres pilares de la sostenibilidad, no sólo la dimensión medioambiental, y de colmar las lagunas de la dimensión social de la PPC. En este sentido, los pescadores habrían esperado una acción enérgica para desarrollar políticas pesqueras en esa dirección, como la redefinición de la capacidad pesquera para permitir la mejora de las condiciones de trabajo, la seguridad y la eficiencia energética.

Europêche lamenta el hecho de que, al tiempo que no se muestra ninguna intención de reformar la PPC, la Comisión esté socavando esta legislación primaria al proponer legislación medioambiental secundaria (por ejemplo, la ley de restauración de la naturaleza) y planes de acción política que tienen un enorme impacto en la actividad regulada por la normativa básica de la PPC.

Según acaba diciendo Garat, “en la pesca hemos llegado a un punto en el que protección es sinónimo de exclusión e intentar convertir nuestros mares en santuarios marinos impactaría de forma notable en la deforestación y pérdida de biodiversidad en tierra. Los productos pesqueros –termina diciendo Garat–, son la fuente de proteínas más sana y respetuosa con el medio ambiente del planeta y por ello, suscribimos plenamente las críticas formuladas por la Alianza Europea de Pesca de Fondo (EBFA) en relación con el objetivo de eliminar progresivamente las artes de contacto de fondo, en el marco del plan de acción».

La pesca de fondo en la picota

Por otra parte, el plan de la Comisión Europea para eliminar gradualmente los artes móviles de fondo en el 30 % de las aguas de la UE supone el cumplimiento de los peores temores del sector pesquero europeo. A su juicio, este plan pone en riesgo el 25 % de la producción pesquera de la UE y la supervivencia de 7.000 buques que, además de aportar el 25 % de los desembarques europeos, generan el 38 % de los ingresos totales de la flota de la UE. “Esta política devastará comunidades pesqueras enteras de la Unión. Pero habrá un claro beneficiario: los arrastreros de fondo no pertenecientes a la UE. Estos buques aumentarán la exportación de productos del mar a la UE para llenar el vacío dejado por la flota de los países miembros y sin enfrentar ninguna de estas prohibiciones”, apunta Iván López Van der Veen, presidente de la Alianza Europea de Pesca de Fondo (EBFA) y miembro de la Junta Directiva de Cepesca.

El Plan de Acción de la CE forma parte de la Estrategia de Biodiversidad de la UE que establece el objetivo de proteger el 30 % de las aguas de la UE para 2030. En el documento, la CE instruye a los Estados miembros para que eliminen gradualmente los artes móviles de fondo en estas áreas marinas protegidas (AMP), manteniendo un papel de facilitador y seguidor del proceso.

Para justificar la prohibición, la CE explica que la compensación provendrá de la recuperación de las poblaciones de peces y del movimiento de especies comercialmente explotables de las AMP a otras zonas de pesca. Para la EBFA, “el único efecto que conocemos con certeza, también reconocido por la Comisión, es el desplazamiento del esfuerzo pesquero a otras zonas de pesca, lo que aumentará el consumo de combustible, la inaccesibilidad a las especies objetivo y las consecuencias no deseadas en la gestión de las pesquerías y zonas afectadas”, advierte López.

La CE también reconoce que la prohibición de los artes móviles de fondo en las AMP actuales (10 %) puede tener un impacto económico global de alrededor de 870 millones de euros al año. A juicio del sector, estos números deberían multiplicarse al menos por tres, ya que el área total cubierta por AMP en aguas de la UE aumentará del 10 % actual al 30 % para 2030. Estas cifras no incluyen el coste del desplazamiento ni el de sustituir la pérdida de proteínas marinas por otras fuentes.

EBFA se pregunta, además, cómo pretende utilizar la CE los fondos públicos para apoyar este proceso. ¿Será con planes de desmantelamiento de buques o para la transformación de embarcaciones? A juicio del sector, los costos y los impedimentos técnicos de cambiar de un arte a otro hacen que este enfoque sea inalcanzable. Por no hablar del derroche de dinero público en ciencia, gestión y selectividad si se prohíbe la pesca de arrastre de fondo.

Así mismo, la EBFA advierte de que la UE ya depende en gran medida de las importaciones de pescado blanco capturado por arrastreros de fondo de terceros países. Como recuerda López: “el 70 % de los productos del mar que se consumen en Europa son importados. El Plan de Acción solo aumentará la brecha de seguridad alimentaria (del mar) a favor de países como Rusia, cuya invasión despiadada de Ucrania se menciona explícitamente en el texto. No obstante, la UE aún permite la importación de productos pesqueros de este país sin restricciones, a diferencia de otros países occidentales, mientras adopta políticas, como el Plan de Acción, que solo aumentará nuestra dependencia de las importaciones de pescado de este país”.

La Confederación Española de Pesca (Cepesca) y Vítaly han firmado un convenio de colaboración mediante el cual la empresa ofrecerá al sector pesquero sus soluciones y servicios en materia de riesgos laborales para mejorar así la seguridad y salud de sus tripulantes y personas trabajadoras.

El convenio entre ambas organizaciones fue rubricado por Juan Manuel Liria, presidente de Cepesca, y José Germán Román, director nacional de Grandes Cuentas de Vítaly, durante la Junta Directiva de la patronal pesquera. A través de él, Vítaly pondrá a disposición del sector pesquero español una serie de servicios diseñados para las particularidades de esta actividad con el objetivo de ofrecer todo tipo de coberturas para requerimientos específicos. El convenio también contempla el desarrollo conjunto de actividades de carácter formativo y divulgativo.

Vítaly nace de la fusión de Cualtis y Grupo Preving, dos de las entidades más representativas del sector de la seguridad y salud laborales en España. Con 4.000 empleados, Vítaly presta servicio a más de 127.000 clientes y protege a más de 2,5 millones de personas trabajadoras. Para ello dispone de una infraestructura de servicio de ámbito nacional conformada por 283 centros propios, 110 unidades móviles para la realización de reconocimientos médicos, 23 unidades móviles de formación práctica y 15 centros especializados de formación avanzada. Vítaly cuenta así mismo con presencia internacional en Latinoamérica y tiene un elevado interés estratégico en Portugal.

Según Juan Manuel Liria, presidente de Cepesca, “la seguridad de los hombres y las mujeres del mar ha sido siempre fundamental en el entorno pesquero y ahora constituye el centro de las prioridades de nuestra flota. Por ello –añade Liria–, con este acuerdo, tanto los profesionales del mar como los armadores, contaremos con un socio con la experiencia y capacidad suficientes para ofrecernos servicios adaptados a la particular idiosincrasia de nuestra actividad”.

Según José Germán Román, director nacional de Grandes Cuentas de Vítaly, “nuestra actividad principal es la prevención de riesgos laborales y, como servicio de prevención ajeno, nuestro objetivo es implantar, gestionar y promover una actividad preventiva eficaz en nuestras empresas clientes, mejorando la seguridad y salud de sus personas trabajadoras”. “Además”, -apostilla Román- “en nuestro grupo contamos con otras empresas que nos ayudan a mejorar la propuesta de valor a nuestros clientes a través de actividades de promoción de la salud, telemedicina, gestión de absentismo o de seguridad de la información, que ahora ponemos a disposición de Cepesca y sus asociados”.

El sector pesquero, representado por la Confederación Española de Pesca (CEPESCA), califica de absurdo e impreciso el documento “Una vía para la descarbonización del sector pesquero en 2050”, hecho público hoy por Oceana. A juicio de los pescadores, el informe demuestra, una vez más, su “profundo” desconocimiento sobre la realidad de un sector altamente complejo, tanto desde un punto de vista social como económico, y alerta sobre las consecuencias que puede tener en los ciudadanos europeos la progresiva radicalización medioambientalista de este tipo de grupos, presentes en las instituciones europeas y cuyo único objetivo, en el caso de la pesca, apunta, es la erradicación de la actividad pesquera europea.

En este sentido, el sector manifiesta que la pesca es una actividad global y que un debilitamiento progresivo de la capacidad y potencial pesquero europeo va a provocar que el pescado se convierta en un alimento de lujo para grupos privilegiados de población y dejará en manos de países terceros, básicamente asiáticos, el abastecimiento de esta proteína para el resto de la población, proveniente, curiosamente, de pesquerías no controladas y al margen de cualquier tipo de regulación, tanto medioambiental como social.

A juicio del sector, el informe presentado hoy, lejos de defender el reto de la descarbonización de la flota pesquera europea con rigor y apostando por el asesoramiento de expertos y científicos, hace un planteamiento simplista, generalizando la realidad de esta actividad y sin tener en cuenta el trabajo, los esfuerzos y los logros que el propio sector pesquero ya ha conseguido en este ámbito. Además, y según el sector, el documento refleja claramente su estrategia, “en la que lleva invirtiendo varios millones de euros en los últimos años”, de demonizar a artes de pesca como el arrastre de fondo y de “vender” las bondades de las Áreas Marinas Protegidas (AMP).

Según Javier Garat, secretario general de Cepesca y presidente de Europêche, “Europa es un proyecto de convivencia que se caracteriza por dar cabida a multitud de sensibilidades, pero para conseguirlo es necesario, al margen del sentido común, inteligencia y conocimiento. Por lo tanto –agrega Garat–, confiamos en el poco peso que planteamientos como los expuestos en este documento deben de tener en el proyecto europeo”.

Así, y según manifiesta el sector a modo de ejemplo, las gráficas de consumos por litro sólo pueden ser calificadas como “absurdas” invalidando cualquier desarrollo posterior porque las pesquerías son muy especializadas y cada una va dirigida a especies determinadas en caladeros específicos, con rendimientos diferentes y técnicas de pesca concretas. Por lo tanto, apunta el sector, carece de sentido tratar de compararlas directamente desde un único punto de vista.

Por otra parte, el sector recuerda que ya ha reducido ostensiblemente sus emisiones desde 1990, como publicó en un documento sobre la descarbonización de la flota. De hecho, y según los datos analizados y comunicados por la UE desde la firma del Acuerdo de Kioto de 1992, el sector ha reducido casi a la mitad las emisiones de gases de efecto invernadero frente a las de 1990, año base para los acuerdos sobre el cambio climático.

La flota ha disminuido igualmente una media del 59 % la potencia de los motores en comparación con ese mismo año y las nuevas tecnologías aplicadas han permitido un crecimiento continuo de su eficiencia energética (ratio proporcional del combustible utilizado para realizar sus capturas).

Además, el sector también apunta la reducción permanente de la flota europea, que actualmente tiene operativos 65.000 buques (75 % con menos de 12 metros), frente a o 81.600 en 2018 y 103.800 en 1996. En este sentido, llama la atención sobre un hecho lógico que el informe de Oceana convierte en ataque: la flota pesquera española es la más consumidora de combustible puesto que es la más importante del conjunto de la UE, tanto en términos de capacidad (GTs) como de capturas.

Al margen de esta realidad, el sector lamenta que el informe no tenga en cuenta que lleva años trabajando e implantando nuevas tecnologías para la optimización energética de su actividad tanto en lo que se refiere al diseño y materiales de los aparejos de pesca, como para la digitalización de procesos como, por ejemplo, el uso de Inteligencia Artificial (IA) para mejorar la planificación de rutas que permite ahorros de combustible de hasta un 8 %, y en un procentaje similar el de emisiones de CO2 a la atmósfera. El sector cree que estas mejoras, nacidas a instancias de los propios pescadores, podrían ser el punto de partida para abordar una transformación energética de la actividad pesquera frente a planteamientos alejados de la realidad.

La CE debería crear un Comité de expertos

Como ha expuesto el sector a la Comisión Europea (CE), abordar la descarbonización de la flota comunitaria de manera eficaz y objetiva exige analizar las posibilidades reales del uso de combustibles verdes y fuentes de energía neutros en carbono en los buques pesqueros. Esto debe hacerse teniendo en cuenta factores como el desarrollo tecnológico actual de estos combustibles, la existencia de infraestructura de suministro, la financiación para abordar estos cambios, la seguridad a bordo o la necesidad de modificar el tamaño de los buques para albergar nuevas formas de propulsión. De hecho, y según el sector, la realidad indica que el día en que los desarrollos tecnológicos den resultados y las nuevas fuentes de energía estén disponibles, será necesario construir nuevos buques para poder utilizarlos.

Sobre este particular, el sector considera que las actuales limitaciones de capacidad de los buques que fija la Política Pesquera Común (PPC) obstaculizan este objetivo y son contradictorias con la estrategia de la UE para abordar esta transición energética. Definir la estrategia de transición energética del sector pesquero y acuícola, que está prevista para finales de 2023, requiere además precisar el año de referencia para medir las reducciones adecuadamente, así como considerar los ahorros de combustible y, consecuentemente, de reducción de emisiones (entre un 5 % y un 50 %, apunta) que implica la optimización de la gestión pesquera. Por todo ello, el sector solicita a la CE que cree un grupo de expertos (científicos, ingenieros navales y expertos de la industria) para asesorar sobre las diferentes alternativas disponibles e identificar las óptimas para cada arte, caladero y segmento de la flota.

Este grupo, sobre el que el sector se pregunta por qué no se ha constituido hace ya años por parte de la CE, deberá resolver y recomendar qué vías escoger ante el hecho de que los combustibles del futuro de los que se está hablando (hidrógeno, amoniaco, metanol, LNG o electricidad) no se producen ni transportan en cantidad suficiente hoy en día, tampoco se distribuyen en los puertos ni pueden ser usados en los buques actuales. De hecho, las estimaciones previas indican que los nuevos buques necesitarían un 40 % más de GT (tonelaje bruto, por sus siglas en inglés) para poder almacenarlos, y algunos de ellos son peligrosos y producen derivados que son tóxicos y que dañan a la capa de ozono (gases de efecto invernadero).

Por último, cabe resaltar que Cepesca lleva ya varios meses formando parte de la Plataforma para la Promoción de los Ecocombustibles, junto con muchas otras organizaciones sectoriales y empresas, con el fin de promover el biodiesel, un combustible renovable, limpio y de origen natural, usado ya en vehículos terrestres, marinos y aéreos. Este ecocombustible reduce considerablemente las emisiones, puesto que el CO2 que se capta en el proceso industrial de generación se compensa con el que se produce en la combustión, con lo que sus emisiones netas son nulas.

El sector pesquero europeo ha solicitado a la Comisión Europea que aborde el proyecto de transición energética de su flota de manera no simplista, sino analizando en profundidad las posibilidades reales del uso de combustibles y fuentes de energía neutros en carbono en los buques pesqueros, teniendo en cuenta factores como el propio desarrollo tecnológico actual de estos, la infraestructura necesaria para su suministro, la financiación para abordar estos cambios, la seguridad a bordo o la necesidad de modificar el tamaño de los buques para albergar nuevas formas de propulsión. Sobre este particular, el sector apunta que las actuales limitaciones de capacidad de los buques que establece la Política Pesquera Común (PPC) obstaculizan este objetivo y son contradictorias con la estrategia de la UE para abordar esta transición.

El sector, representado por Europêche, organización de la que forma parte la Confederación Española de Pesca (CEPESCA), responde así a la consulta pública hecha por la Comisión Europea (CE) para definir una estrategia de transición energética del sector pesquero y acuícola que está en preparación para 2023.

En su respuesta, el sector también cree que es necesario definir adecuadamente el año de referencia para medir las reducciones. De hecho, apunta Europêche, si bien la Organización Marítima Internacional (OMI) lidera la iniciativa para limitar un 50% las emisiones del transporte marítimo en 2050, respecto a 2008, el sector pesquero, además de no estar cubierto explícitamente por este organismo, ya ha reducido ostensiblemente sus emisiones desde 1990, año que solicita como referente.

De hecho, y según los datos analizados y comunicados por la UE desde la firma del Acuerdo de Kioto de 1992, el sector ha reducido casi a la mitad las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) frente a las de 1990, año base para los acuerdos sobre el cambio climático.

Igualmente, se ha reducido un 59 % la potencia del motor en comparación con ese mismo año y las nuevas tecnologías aplicadas han permitido un crecimiento continuo de su eficiencia energética (ratio proporcional del combustible utilizado para realizar sus capturas). Además, el sector recuerda la reducción permanente de la flota europea, que actualmente tiene operativos 65.000 buques (75% con menos de 12 metros), frente a 103.800 en 1996 o 81.600 en 2018.

Seguridad, espacio y rentabilidad

Según aduce el sector pesquero europeo, las energías de cero emisiones, además de por disponibilidad, rentabilidad y existencia de la red de distribución y las infraestructuras portuarias necesarias, han de analizarse también desde el punto de vista de la seguridad para las tripulaciones y no pueden suponer un riesgo añadido al ya implícito a la actividad pesquera. Así, el sector alude a que la mayoría de las fuentes de combustible alternativas no están en la forma líquida actual (diésel), sino en estado gaseoso y, por lo tanto, más inflamable, lo que constituye un mayor peligro para la seguridad.

Igualmente, el sector afirma que estas fuentes de energía también requieren mayor espacio para la instalación de nuevos motores y tecnologías de propulsión, lo que “choca” con las restricciones de capacidad en la UE en términos de arqueo bruto. Este problema, señala Europêche, se agrava en el caso de barcos pesqueros pequeños, por lo que, a juicio del sector, esta estrategia de la UE requeriría una revisión.

En este sentido, el sector cree que la definición “inadecuada” de la capacidad pesquera en la PPC, no solo es un obstáculo a la modernización de la flota, sino también para las mejoras sociales y de seguridad. De hecho, apunta el sector, el espacio destinado a cocina, camarotes, aseos o zonas de ocio, es independiente del dedicado al almacenamiento de pescado y, por tanto, a su capacidad pesquera.

Sobre las alternativas de propulsión, el sector señala a la CE que carece de instrucciones de los proveedores o de responsables políticos sobre en qué tecnologías invertir y recuerda que muchas fuentes de combustible alternativas solo se encuentran en fase de prueba y no son adaptables a los buques que operan durante períodos más largos en el mar. Por lo tanto, solicita crear un grupo de expertos (científicos, ingenieros navales y expertos de la industria) para asesorar sobre las diferentes alternativas disponibles e identificar las óptimas para cada segmento de la flota. Además, apunta Europêche, las nuevas tecnologías ofrecen una autonomía limitada (5 a 6 horas), insuficiente para un día completo de pesca (hasta 12-14 horas), sin mencionar las mareas más largas.

Este comité también debería contemplar el impacto que puede tener la mejora del diseño y la eficiencia del buque o la utilización de otras tecnologías y áreas de mejora (buques asistidos por vela, hidrodinámica mejorada, cambios de mecanismos mecánico-hidráulicos por eléctricos o uso de materiales ligeros en la construcción).

Según el sector, esta estrategia europea también ha de considerar los ahorros de combustible y, consecuentemente, de reducción de emisiones (entre un 5% y un 50%, apunta) que implica la optimización de la gestión pesquera. En este sentido, recuerda que las empresas pesqueras llevan trabajando durante décadas con la comunidad científica para mejorar el diseño y la eficiencia de los aparejos y se han logrado muchos avances en muchas técnicas de pesca innovadoras para aumentar la selectividad, reducir el contacto y / o arrastre del fondo marino, y reducir las emisiones de GEI (gases de efecto invernadero) y el uso de combustible.

Europêche también considera esencial crear un fondo específico para el proyecto de transición energética y ver cómo el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y Acuicultura (FEMPA) y otras fuentes de financiación pueden apoyarlo. Más aún, apunta, teniendo en cuenta que el 86 % de la flota pesquera de la UE es de pequeña escala y las tecnologías innovadoras y las alternativas a los combustibles requerirán costes y volúmenes elevados. Sin embargo, dice el sector, actualmente el fondo Horizonte Europa no tiene una convocatoria específica para la pesca. Además, existen fuertes limitaciones de financiación en el marco del nuevo FEMPA, ya que solo concede porcentajes bajos de ayuda para inversiones de flota y las subvenciones están condicionadas por el tamaño de los buques.

Igualmente, dice Europêche, dada la falta de fuentes alternativas de combustible, los posibles impuestos al gasóleo pesquero no impulsarán ninguna transición hacia la descarbonización, sino que penalizarán al sector, bastante penalizado ya por los altos precios actuales del combustible. Por ello, y según los pescadores, hasta que las nuevas tecnologías de propulsión estén disponibles comercialmente y el marco legislativo permita la modernización, instalación y uso de dichas tecnologías, la UE no debe introducir impuestos sobre el combustible utilizados para las operaciones de pesca.

El sector recuerda que actualmente la crisis provocada por la guerra en Ucrania obliga a las empresas pesqueras a destinar entre el 25% y 50% de sus ingresos al combustible y que muchas pesquerías han estado inmovilizadas recientemente en los puertos ya que las operaciones de pesca se volvieron inviables debido al aumento de estos costes.

Por último, Europêche también recuerda la formación adicional requerida para adoptar nuevas tecnologías y cómo la financiación pública, actualmente centrada en proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, también debería dedicar presupuesto a este fin.

Las organizaciones más representativas del sector de la pesca, la acuicultura, la transformación y la comercialización de productos pesqueros de nuestro país han solicitado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, una reunión urgente para conocer las razones que han llevado al Ejecutivo a no contemplar una rebaja del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) de todos los productos pesqueros en el Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre pasado, para hacer frente a la carestía de la cesta de la compra debido a la inflación. El sector también ofrece al presidente aprovechar la reunión para resolver conjuntamente cualquier problema que haya abocado al Gobierno a dejar fuera del Real decreto-ley a los productos pesqueros y con el objetivo de permitir a la población poder acceder a ellos teniendo en cuenta su papel esencial en una dieta equilibrada.

Con esta petición de una reunión, pescadores, acuicultores, transformadores y comercializadores responden al silencio administrativo, tras su escrito de principios de enero.  También solicitan tener oportunidad de exponer a Pedro Sánchez los argumentos científicos, sociales y medioambientales que respaldan su reivindicación de reducir al 4% el IVA de todos los productos pesqueros en sus diferentes presentaciones: refrigerado, conserva, congelado, ahumado, salado, etc. y actualmente gravados con un 10%.

Los representantes del sector afirman que “realmente, no llegamos a entender lo que ha llevado al Ejecutivo a no rebajar el IVA de todos los productos pesqueros, ya no de forma temporal para que las familias puedan capear mejor la inflación, sino como medida definitiva que permita lanzar un mensaje contundente del Gobierno sobre la necesidad de consumir estos productos, imprescindible en una dieta saludable, ante el retroceso grave de su consumo y el avance imparable de las enfermedades relacionadas con una mala alimentación, con el enorme coste que ello supone para las arcas públicas”.

La cadena pesquera en pleno (pesca, acuicultura, transformación y comercialización) traslada al presidente su firme convicción de que “el Gobierno debería apostar por una fiscalidad que impulse la alimentación saludable, como promueve Europa, e impida el abandono de nuestras dietas atlántica y mediterránea”.

A juicio del sector, la exclusión de los productos pesqueros como alimento básico resta proteínas de alta calidad nutricional de la dieta de amplias capas de población, las más desfavorecidas en el contexto inflacionario actual, y acarreará a medio plazo graves perjuicios de salud.

Argumentos de peso

Según datos aportados por el sector, las enfermedades relacionadas con la mala alimentación cuestan 14.000 millones de euros anuales al Sistema Nacional de Salud (SNS), que representa casi un 20% del total del gasto sanitario. Frente a estas cifras, y según los cálculos del sector, la reducción del IVA de los productos pesqueros que se solicita supondría menos de 500 millones de reducción de ingresos para el Estado.

El sector, como ya manifestó en su escrito anterior, no entiende que el Ejecutivo olvide su carácter social y desaproveche la oportunidad de apoyar el consumo de unos productos indispensables para la salud, más aún, en la situación actual con capas poblacionales vulnerables. En los hogares españoles el consumo de pescado ha disminuido un 25% desde 2008.

Han sido numerosas las ocasiones en que las organizaciones firmantes han solicitado al Gobierno la rebaja del IVA de todos los productos pesqueros, así como la necesidad promover una dieta variada, equilibrada, y sumarse así a la fiscalidad saludable de la que ya se habla en Europa. En esas solicitudes han facilitado datos del tipo impositivo en otros países europeos, en los que se gravan al 0% o al 5%, y ofrecido datos de la situación sociosanitaria: el aumento de las patologías relacionadas con una mala alimentación, como la obesidad y el sobrepeso (España es el cuarto país de la Unión Europea con mayor porcentaje de niños obesos), y las enfermedades cardiovasculares –que generan un gasto de unos 8.000 millones de euros anuales al SNS y son la primera causa de mortalidad en nuestro país–, así como con el progresivo abandono de la saludable dieta mediterránea y la dieta atlántica.

La petición de reunión la suscriben ANFACO-CECOPESCA, la Asociación Empresarial de Acuicultura de España (APROMAR), la Cooperativa de Armadores del Puerto de Vigo (ARVI), la Confederación Española de Pesca (CEPESCA), la Asociación Española de Mayoristas, Importadores, Transformadores y Exportadores de Productos de la Pesca y Acuicultura (CONXEMAR), la Federación Nacional de Asociaciones Provinciales de Empresarios Detallistas de Pescados y Productos Congelados (FEDEPESCA), la Federación Nacional de Mayoristas de Pescados (FENAMAR) y la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP).

El sector pesquero en bloque ha remitido una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que el Ejecutivo reconsidere urgentemente su decisión de no reducir el IVA de los productos pesqueros, actualmente gravados con un 10 %, en lugar de con un 4 %. En su misiva, todo el sector (pesca, acuicultura, transformación y comercialización) traslada al presidente la profunda decepción que ha creado en toda la cadena de valor de estos productos en nuestro país, en la que trabajan más de 120.000 personas, desaprovechar la ocasión de incentivar el consumo de un alimento de tan alta calidad nutricional y sostenible, como es el pescado en la dieta de los españoles, tras las medidas adoptadas por el Ejecutivo para mitigar el encarecimiento de los precios de los alimentos.

A juicio del sector, la no consideración de los productos pesqueros como un alimento básico, a pesar de que el propio Ministerio de Consumo recomienda su consumo tres veces por semana, se traduce en la segregación de proteínas de alta calidad nutricional en la dieta de amplias capas de población, las más desfavorecidas en el contexto inflacionario actual, y acarreará a medio plazo graves perjuicios de salud.

Según los datos aportados por el sector en su carta a la Moncloa, las enfermedades relacionadas con la mala alimentación cuestan 14.000 millones de euros anuales al Sistema Nacional de Salud, que representa casi un 20% del total del gasto sanitario. Frente a estas cifras, y según los cálculos del sector, la reducción del IVA de los productos pesqueros que se solicita supondría menos de 500 millones de reducción de ingresos para el Estado.

Las organizaciones firmantes recuerdan en su carta al presidente Sánchez que han sido numerosas las ocasiones en que han solicitado la rebaja del IVA de los productos pesqueros, así como la necesidad de enviar un mensaje contundente desde el Gobierno para apostar por el consumo de alimentos saludables potenciando su consumo. Igualmente, en esas solicitudes han ofrecido datos y estudios del tipo impositivo en otros países europeos, en los que se gravan al 0% o al 5% y cómo en Europa se habla ya de una fiscalidad saludable.

Datos de salud preocupantes

En su carta, el sector enumera algunos de los problemas de salud derivados de una dieta alimenticia de mala calidad, en especial el de la obesidad. Así, recuerdan al presidente que España es el cuarto país de la Unión Europea (UE) con mayor porcentaje de niños obesos, con una tasa del 19 %, que se eleva hasta el 42% si se incluyen también los niños. En el caso de las niñas, España ocupa el segundo puesto, con un 17 % de niñas obesas y con un 41 % incluyendo a las niñas con sobrepeso (Fuente: COSI 2015-2017, OMS Europa).

En este mismo sentido, en el escrito se informa de que la obesidad se ha duplicado en las niñas y las adolescentes (8-16 años) en los últimos 20 años (Estudio PASOS) y España es uno de los países de la UE en los que la tasa de riesgo de pobreza infantil y obesidad presentan una correlación más alta; de hecho, el porcentaje de niños con obesidad se duplica para los hogares con menos ingresos (23,7 %).

Sobre el impacto económico de este problema, el sector recuerda en su escrito que según un estudio realizado en 52 países por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), los resultados para España son impactantes. Así, reduce en 2,6 años de esperanza de vida de la población, es responsable del 9,7 % del gasto sanitario y reduce la productividad laboral en el equivalente a 479.000 jornadas anuales, lo que en su conjunto supone una reducción del PIB del 2,9 %. La cobertura de estos costes, de acuerdo con el estudio, exige a cada ciudadano de nuestro país un promedio de 265 euros anuales en impuestos; y concluye el estudio que, por cada euro invertido en prevenir la obesidad, se recuperarían 6.

El sector también apunta en su carta que los hogares conformados por parejas con niños pequeños sólo consumen 9,71 Kg de productos pesqueros por persona y año, menos de la mitad de la media del consumo en España. Las parejas con hijos de edad media se quedan en 14,80 Kg al año.

Así mismo, en los hogares españoles el consumo de pescado ha disminuido un 25 % desde 2008, por lo que el sector, dice en su carta, no entiende que el Ejecutivo no muestre su carácter social, apoyando el consumo de unos productos indispensables para la salud y, más aún, en la situación actual con capas poblacionales vulnerables.

Por último, la reducción del IVA de los productos pesqueros, se apunta en la carta, también ayudaría a fortalecer al sector, líder en la UE y uno de los más relevantes del mundo en todos sus eslabones, desde el productor a la comercialización, pasando por la transformación, y del cual el Gobierno debería sentirse orgulloso, tanto por su labor de proporcionar alimento saludable y sostenible, como por su forma de obtenerlo, cumpliendo los más altos estándares de calidad y de sostenibilidad, tanto social, como económica y medioambiental.

La misiva la rubrican ANFACO-CECOPESCA, Asociación Empresarial de Acuicultura de España (APROMAR), la Cooperativa de armadores de pesca del Puerto de Vigo (ARVI), Confederación Española de Pesca (CEPESCA), Asociación Española de Mayoristas, Importadores, Transformadores y Exportadores de Productos de la Pesca y Acuicultura (CONXEMAR), la Federación Nacional de Asociaciones Provinciales de Empresarios Detallistas de Pescados y Productos Congelados (FEDEPESCA), la Federación Nacional de Mayoristas de Pescados (FENAMAR) y la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP).

El sector pesquero español, representado por la Confederación Española de Pesca (CEPESCA), valora el mantenimiento de ayudas a los carburantes en el sector anunciado hoy tras el Consejo de Ministros que ha aprobado un paquete de medidas para paliar el incremento de los precios debido al conflicto bélico en Ucrania. Sin embargo, el sector lamenta que el Gobierno siga considerando al pescado como un alimento no básico para la población y mantenga, consecuentemente, su tipo impositivo del 10%, “lo que -a su juicio-, no contribuirá a revertir el descenso del 25% que se viene produciendo en España en el consumo en hogares de pescados y mariscos en los últimos 14 años”.

Aunque aún ha de estudiar en profundidad el paquete de 120 millones de euros aprobado hoy por el Gobierno para ayudas directas, el sector valora el criterio del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), ya que como manifestó hace sólo unos días, Javier Garat, secretario general de Cepesca, era imprescindible “para no ahogar a buena parte de la flota de bajura y altura, duramente castigadas por el aumento de los costes de producción, los recortes en el Mediterráneo, el cierre unilateral de 87 zonas a la pesca de fondo en las aguas europeas del Atlántico noroeste, la reducción de cuotas para algunas especies, o la competencia desleal que ejercen flotas como las asiáticas”.

Tras el paquete de medidas anunciado hoy, el sector lamenta que el Gobierno no haya aprovechado la oportunidad que brinda la situación de encarecimiento de la cesta de la compra para reducir el IVA con el que se grava actualmente el pescado ya que, a su juicio, vuelve a alejar a los consumidores de un producto sustancial en cualquier dieta equilibrada por su calidad y propiedades nutricionales, en particular, en la dieta “pesco” Mediterránea y Atlántica.

El sector recuerda que el descenso en el consumo de productos pesqueros tiene consecuencias en distintos aspectos de la salud, como el aumento de las patologías relacionadas con una mala alimentación, tales como la obesidad, el sobrepeso y las enfermedades cardiovasculares –que generan un gasto de 7.700 millones de euros anuales al Sistema Nacional de Salud y son la primera causa de mortalidad en nuestro país–, y el progresivo abandono de la saludable dieta mediterránea.

A este respecto, el sector recuerda al Gobierno que prácticamente todos los países de la Unión Europea gravan al pescado fresco con un tipo de IVA reducido con respecto al general para favorecer su consumo debido a sus propiedades. Así, por ejemplo, en Irlanda, Reino Unido y Malta no se aplica IVA al pescado. Francia lo grava con un 5,5%, Luxemburgo con un 3%, Bélgica con un 6%, Chipre, Hungría y Polonia con un 5%, Portugal con un 6% y Alemania con un 5%.  

Según los cálculos realizados por el sector reducir el tipo impositivo del pescado del 10% actual al 4%, reivindicación histórica de los pescadores, supondría una merma en la recaudación de IVA de menos de 500 millones, que se vería compensada con la disminución del incremento del gasto sanitario por enfermedades relacionadas con una mala alimentación.

Por otro lado, Cepesca también valora las ayudas anunciadas en el día de hoy por la Junta de Andalucía para compensar el lucro cesante por el aumento de los precios del combustible.

El sector pesquero español, representado por la Confederación Española de Pesca (CEPESCA), manifiesta su confianza en que el Gobierno mantenga la subvención de 0,20 euros por litro de carburante, incluida en el paquete de ayudas aprobado el 30 de marzo de 2022 para hacer frente a la crisis provocada por el incremento de los costes de actividad debido al conflicto bélico en Ucrania.

Esta ayuda, que vence el próximo 31 de diciembre como todo el plan, consiste en una subvención de 20 céntimos de euro por litro de carburante, de los que 15 céntimos corresponden al Gobierno y los 5 céntimos restantes corren a cargo de los proveedores. El sector espera que el nuevo plan de ayudas que prepara el Gobierno, que tendría que estar aprobado antes del 1 de enero, prorrogue esta medida, al menos para el sector primario, vital en Europa, ya que sobre él descansa el suministro de alimentos para la población.

Como explica el secretario general de Cepesca, Javier Garat, “esta ayuda es imprescindible para dar algo de aire a las flotas de bajura y altura, duramente castigadas por el aumento de los costes de producción, los recortes en el Mediterráneo, el cierre unilateral de 87 zonas a la pesca de fondo en las aguas europeas del Atlántico noroeste, la reducción de cuotas para algunas especies, o la competencia desleal que ejercen flotas como las asiáticas que, sin cumplir los mismos estándares de calidad, socio económicos y de respeto al medioambiente, siguen introduciendo sus productos para el consumo de los ciudadanos europeos”.

Según Garat, “eliminar esta ayuda e incrementar el gasto energético puede ser el golpe de gracia que ahogue a buena parte de la flota de bajura y de altura y que ponga contra las cuerdas a muchos armadores”.

La Confederación Española de Pesca (CEPESCA) ha expresado un sentimiento agridulce ante el resultado de las negociaciones de TAC y cuotas de pesca para 2023, que culminaron esta mañana en Bruselas con “resultados desiguales en función de las distintas pesquerías y flotas”, en palabras de Javier Garat, secretario general de Cepesca y presidente de la patronal europea Europêche.

A pesar del incremento de cuotas para especies como la merluza, el gallo, el rape, la caballa o el merlán en aguas del Cantábrico Noroeste y del Golfo de Cádiz, que supone una buena noticia para las flotas beneficiadas, el sector califica de decepcionantes para los pescadores del Mediterráneo los resultados de las negociaciones. A su entender, la “intransigencia” del comisario Sinkevicius ha provocado que la propuesta inicial de la Comisión Europea (CE) de recorte de un 7,5% de los días de pesca se haya mantenido prácticamente idéntica, con un 7%. Este porcentaje se traduce en que muchos barcos van a disponer de menos de 150 días para pescar a lo largo del año, teniendo en cuenta que el sector ya había reducido entorno al 30% su esfuerzo pesquero desde la entrada en vigor del Plan Plurianual puesto en marcha en 2020.

Según Garat, “los pescadores del Mediterráneo, que ya están al límite y han hecho grandes esfuerzos en los últimos tres años para revertir la situación de las poblaciones de peces, han visto cómo el comisario Sinkevicius se ha mostrado de nuevo insensible, no ha reconocido estos sacrificios y ha forzado un nuevo giro de tuerca que pone en peligro la viabilidad de muchas empresas de las cinco CCAA mediterráneas, sin esperar a conocer los resultados positivos de las medidas ya aplicadas”.

El sector cree, como ya hizo saber al Gobierno hace unos días, que en una pesquería multiespecífica como la del Mediterráneo es inviable alcanzar el RMS en todas las especies en 2025, tal y como contempla el Reglamento, y que este objetivo debería retrasarse a 2030, más aún si se tiene en cuenta que ni siquiera se ha evaluado seriamente el impacto de las medidas ya adoptadas en el marco del Plan Plurianual, tal y como el propio Gobierno comparte. A este respecto, y si bien el sector valora el trabajo hecho en Bruselas por el ministro Planas y su equipo durante las negociaciones, lamenta que no haya sido suficiente para salvar los intereses de la pesca española en la cuenca mediterránea frente a la “cerrazón” del comisario europeo, y que más allá de la actividad en el mar, tiene un enorme impacto social e incluso cultural en la zona.

Respecto al Mediterráneo, el acuerdo también contempla una compensación del 3,5% del número de días de pesca si se aplican medidas de mejora de la selectividad o cierres de al menos cuatro semanas consecutivas para proteger los reproductores de merluza o cierres temporales que permitan reducir un 25% la pesca de juveniles de especies demersales o un 20% la de reproductores o, finalmente, que se incremente la talla mínima de la merluza a 26 centímetros.

En cuanto a la gamba roja, se disminuyen las posibilidades de pesca en un 5% para 2023, frente al 7% propuesto. El sector abogaba por eliminar las restricciones o mantener el mismo nivel que en 2022, ya que todos los informes científicos consultados indican que el stock, salvo en zonas muy específicas, muestra mejoras considerables.

Por otra parte, el sector pesquero reconoce las mejoras conseguidas para ciertos stocks como la merluza sur y la caballa. En el caso de la merluza sur, que capturan flotas de Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y Andalucía, la cuota para 2023 es de 9.953 toneladas, una cifra que duplica la cuota asignada para 2022; mientras que, en el caso de la caballa, que se captura en el Cantábrico, la cuota ha aumentado un 20% respecto al año anterior hasta las 29.439 toneladas. Asimismo, muestra su satisfacción por la mejora de las posibilidades de pesca en otras especies de gran interés comercial del Atlántico, como el rape, el gallo, el merlán o la bacaladilla.

Sin embargo, el sector expresa su frustración ante el impacto negativo que tendrá para la flota de cerco del Cantábrico Noroeste el hecho de que la escasa cuota de jurel se permita únicamente para captura accesoria y no para pesca dirigida. Así mismo, se lamenta del perjuicio que supone para la flota de arrastre que pesca cigala en el Golfo de Cádiz la reducción de su cuota en un 36%, al sumarse a la reducción de un 30% sufrida este año y al cierre a las artes de fondo de determinadas zonas para proteger los ecosistemas marinos vulnerables.

Ante el bloqueo de la negociación entre la Unión Europea y Noruega, el sector valora la declaración firmada por España, Francia, Alemania, Polonia y Portugal que lamenta que Noruega no esté cumpliendo el acuerdo político alcanzado en abril de 2022, al no fijar la cuota de bacalao de Svalbard que le corresponde a la flota europea en base a sus derechos históricos. En este sentido, urgen a Noruega a respetar los derechos e intereses de la UE y de sus Estados miembros en Svalbard, incluyendo los derechos de pesca. Por ello, invitan a Noruega y a la Comisión Europea a retomar las consultas para establecer la cuota total de la UE para 2023 antes de marzo del próximo año y a poner a disposición de la flota europea las 5.143 toneladas de bacalao que no se pudieron pescar en 2021 en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de Noruega por decisión de dicho país.

Por último, el sector apoya la propuesta liderada por España de abordar planes plurianuales de gestión de cuotas, ya que, según Garat, “permitiría mejorar notablemente la planificación del negocio a los pescadores y armadores, más aún teniendo en cuanta la imprevisibilidad de las circunstancias que determinan la rentabilidad de este sector”.

Las organizaciones pesqueras de las cinco comunidades autónomas del Mediterráneo, incluyendo cofradías, cooperativas y asociaciones, han manifestado al Gobierno la imposibilidad de asumir un nuevo recorte de su esfuerzo pesquero medido en días y, más aún, sin siquiera conocer el resultado de la aplicación de los realizados en los años anteriores sobre los distintos stocks que contempla el Reglamento europeo.

Los pescadores, en una carta dirigida a Alicia Villauriz, secretaria general de Pesca del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), tras conocer la propuesta de la Comisión Europea (CE) a debatir en el Consejo de ministros de Pesca de la UE, que se celebra los próximos 11 y 12 diciembre, manifiestan que, en los tres años de aplicación del Plan Plurianual, este recorte ya ha superado el 30%.

Igualmente, apuntan que en una pesquería multiespecífica como la mediterránea es inviable alcanzar al unísono el Rendimiento Máximo Sostenible (RMS) en todas las especies que contempla el Reglamento y sin haber evaluado siquiera el impacto de las medidas ya adoptadas en el marco del plan plurianual. Cabe recordar que el Plan Plurianual de Pesca en el Mediterráneo Occidental fue adoptado en 2019 y entró en vigor en enero de 2020.

En su escrito, el sector pesquero del Mediterráneo manifiesta la necesidad de aplicar a este plan el mecanismo establecido en otros planes con un tipo de gestión basado en cuotas, permitiendo la posibilidad de trasladar los días que un Estado miembro no utilice durante un año al ejercicio siguiente o, en su defecto, un porcentaje de éstos.

Respecto al mecanismo previsto en el artículo 8 de la propuesta de la CE por el que se incrementaría en un 3% el número de días de pesca si se usan unas mallas más selectivas o se establece un cierre de al menos cuatro semanas consecutivas en áreas de desove o se incremente la talla mínima de la merluza a 26 centímetros, el sector cree que puede ser positivo para los recursos y la flota, pero insiste en que esos días deben de ser “extras”, independientes de los totales otorgados al Estado miembro. En este sentido, la flota considera como “raquítica” la propuesta de incremento de un 3%. Así mismo, el sector manifiesta en su escrito que su definición debe tener en cuenta medidas de selectividad asumibles, en un plazo temporal adecuado y con avales científicos, y que no todas las medidas pueden ser consideradas de forma general para todas las flotas y todos los caladeros, por lo que es necesaria la identificación por segmentos de pesquerías y zonas de pesca.

Cabe recordar que el sector está desarrollando distintos proyectos dentro de la actividad de pesca directa, tales como el uso de puertas voladoras hidráulicas para minimizar el impacto del arrastre en el fondo marino o la utilización de nuevos tipos de mallas experimentales más selectivas con las especies. A ellos se suman diversos proyectos de I+D+i de conservación marina.

Respecto a la gamba roja, para la que la propuesta de la CE propone una disminución del 7% del límite de capturas establecido para 2022, el sector manifiesta que todos los informes científicos consultados indican que el stock, salvo en zonas muy específicas, está explotado bajo criterios de sostenibilidad (RMS). Por ello, los pescadores consideran oportuno, o bien eliminar la propuesta de disminución o, en su defecto, mantenerla en el mismo nivel que en 2022.

Por último, en su escrito a Villauriz, el sector apunta la imposibilidad manifiesta de alcanzar el RMS en 2025 para todas las zonas de pesca y especies, y reitera la necesidad de aplazar este objetivo a 2030.

Cabe recordar que el Plan Plurianual de Pesca en el Mediterráneo Occidental ya ha supuesto un gran esfuerzo para el sector, incluida la reducción de más del 30% de los días de pesca, además de paralizaciones temporales de la flota de arrastre de dos meses de duración y vedas espacio temporales para la protección de juveniles.

El jurado de la V edición de los Premios de Periodismo y Sector Pesquero Español, organizados por CEPESCA, ha reconocido, en el apartado medios de comunicación, la labor informativa del periódico Faro de Vigo y del suplemento digital “Agua y Medioambiente” del diario económico El Economista, en la categoría “Mejor Labor de Difusión del Sector Pesquero Español” y “Mejor Labor de Difusión sobre Sostenibilidad y Medio Ambiente en la Pesca”, respetivamente.

El galardón a Faro de Vigo, periódico decano de la prensa española que mantiene desde su fundación en 1853 una mirada atenta en el devenir del sector pesquero, no solo reconoce su labor periodística, sino que también valora el trabajo de su equipo de profesionales que realiza un seguimiento continuo de la actividad del sector, empezando por la dirección de Rogelio Garrido García y por la sección de Economía, de la que forman parte periodistas seniors como la jefa de Economía, Lara Graña, y el periodista especializado, Adrián Amoedo.

El premio a “Agua y Medio Ambiente” del diario El Economista, especializado en el mundo del agua y el desarrollo sostenible, reconoce su vocación de tener a la pesca dentro de su radar informativo desde su creación en 2013. La publicación dirigida por Rubén Esteller viene prestando especial atención al estado de los recursos pesqueros y al compromiso del sector pesquero con la explotación sostenible de los océanos, así como a sus proyectos, innovaciones y certificaciones dirigidas a garantizar su sostenibilidad.

En el acto de entrega de los galardones, celebrado en el Centro Cultural de los Ejércitos con la presencia de Luis Planas, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, también se han distinguido los mejores trabajos de periodistas. En la categoría “Premio Amador Suárez – Mejor Artículo sobre el Sector Pesquero” ha resultado ganadora la periodista de EFE Agro, Mercedes Salas, por la pieza informativa “El capitán Otero reclama desde el Polo Norte la vacuna para los pescadores” que, acompañada de un vídeo, difundió la reivindicación de los profesionales de la pesca para priorizar su vacunación contra el Covid-19.

En la categoría “Mejor Artículo sobre Sostenibilidad y Medio Ambiente en la Pesca” se han alzado ganadores los periodistas Jairo Marcos y María Ángeles Fernández por el reportaje “El sector pesquero: un presente envejecido con un futuro ¿sostenible?”, publicado en el medio online esGlobal y que abarca la realidad vasta y compleja de la pesca, desde el impacto de la pandemia, el Brexit y los retos que suponen el relevo generacional y la antigüedad de la flota, hasta el estado de los stocks, la pesca ilegal y la lacra de la esclavitud que aún practican ciertas flotas.

El premio a la “Mejor Fotografía del sector pesquero” ha correspondido a “Néboa” (niebla en gallego) de Martina Oubiña Miser, redactora gráfica de La Voz de Galicia, que capta el trabajo de varias mariscadoras desarrollando su labor en el banco marisquero de O Serridos (Cambados) en agosto de 2021 bajo un intenso banco de niebla. El premio valora la plasticidad y técnica de la fotografía, así como su capacidad de representar a un colectivo, el de las mujeres, y el importante papel que han desempeñado desde siempre.

Piratería, tecnología, economía circular y eólica marina

La secretaria general de Pesca del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Alicia Villauriz; María Gómez, vicedirectora técnica y de asesoramiento del Instituto Español de Oceanografía (IEO) y Juan Manuel Liria Franch, presidente de Cepesca, han hecho entrega de los diplomas a los periodistas finalistas.

En la categoría “Premio Amador Suárez – Mejor Artículo sobre el Sector Pesquero” han resultado finalistas Iñigo Inchusta, periodista de Radio 5 – Radio Nacional de España (RNE), por la pieza radiofónica “Piratas en el Golfo de Guinea”, emitida en el programa Radar; y Carlos Manso, periodista de ABC, por su artículo “La comunicación satelital modifica el rumbo de la industria pesquera”.

Por su parte, en la categoría “Mejor Artículo sobre Sostenibilidad y Medio Ambiente en la Pesca”, los finalistas son Eva González por el artículo “El reciclaje de residuos avanza en el sector pesquero”, publicado en El Confidencial; y Patricia Romero, periodista de la publicación del Instituto Social de la Marina (ISM), Revista MAR, por su artículo “¿Eólicas?, Así, no gracias”.

Según Javier Garat, secretario general de Cepesca y presidente de Europêche, “el sector pesquero y los muchos agentes que son eslabones de su cadena de valor queremos que la quinta edición de los premios Periodismo de Cepesca, cuyo acto de entrega se celebra un día después de la presentación de la campaña del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para promover el consumo de productos de la pesca, sirva para recordar el enorme trabajo que exige poder disfrutar de la proteína más saludable y con menor impacto medioambiental”. “En este tiempo de desafíos”, subraya Garat–, “el sector pesquero, y también los medios de comunicación, hemos sido capaces de mantener, sino reforzar, el esfuerzo y la pasión que exigen ambas profesiones y seguiremos, aún con más ahínco, defendiendo dos derechos esenciales como son la alimentación saludable y la información”.

El acto de entrega de la V edición de los Premios de Periodismo y Sector Pesquero Español, ha culminado con un cóctel en el que los asistentes pudieron degustar, por cortesía de los asociados de Cepesca, diferentes productos pesqueros. En concreto, gamba roja de la Asociación Provincial de Empresarios de la Pesca de Almería (Asopesca), gamba blanca, choco y pulpo de la Asociación de Armadores de Buques de Pesca de Cerco de Sanlúcar de Barrameda (Cercopesca), gambón de Krustagroup, y merluza del pincho de Puerto de Celeiro, merluza del pincho y pez espada de la Organización de Productores Pesqueros de Puerto de Burela, y atún rojo Balfegó.

La decimonovena reunión de la Conferencia de las Partes de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) debate estos días la propuesta panameña, apoyada incomprensiblemente por la UE, Bangladesh, Colombia, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Gabón, Israel, Maldivas, Senegal, Seychelles, Sri Lanka, Siria, RU de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, de incluir distintas especies de tiburón, incluyendo el tiburón azul o tintorera, en el Apéndice II de este convenio.

La Coalición Internacional de Asociaciones Pesqueras (ICFA, por sus siglas en inglés), que participa con estatus de Observador, se ha manifestado contraria a la propuesta de Panamá con argumentos científicos. Según ha explicado su presidente, el español Javier Garat, la propuesta de incluir en la lista a las cerca de 60 especies pertenecientes a la familia Carcharhinidae (tiburones réquiem) no está científicamente justificada y, por lo tanto, carece de fundamento.

Concretamente respecto a la tintorera, Garat ha afirmado que la literatura científica disponible la identifica como la especie más abundante, más ampliamente distribuida, más fecunda y de crecimiento más rápido entre los elasmobranquios, siendo esta especie una de las más tolerantes a la explotación frente a otras especies de tiburones, incluyendo frente a otras especies de su propia familia. Su estrategia reproductiva con camadas medias de unos 30 individuos (pero con niveles de hasta 60 individuos o más por camada) explica el éxito y la alta abundancia de esta especie en distintos océanos, con una muy amplia distribución geográfica.

Tras reiterar que la industria pesquera reconoce el trabajo de CITES para asegurar que el comercio internacional no amenace la supervivencia de las especies marinas, Garat, que ha reprochado a los proponentes por poner en duda la capacidad de las Organizaciones Regionales de Pesca (ORP) para gestionar las poblaciones de peces comerciales, ha señalado que todos los escenarios indican que las poblaciones de tiburón azul ni están sobreexplotadas ni son objeto de sobrepesca en ningún océano, por lo tanto, puede afirmarse con seguridad que el estado de esta especie no está amenazado.

Diferencias evidentes

Garat ha defendido la gestión pesquera sostenible como la mejor herramienta para garantizar la conservación y la captura sostenible de las poblaciones de tiburón azul, cuyas características biológicas no son en absoluto comparables con las de otras especies de elasmobranquios, familia nombrada específicamente en la propuesta de Panamá.

ICFA disiente así de la afirmación recogida en la propuesta de Panamá respecto a la imposibilidad de diferenciar visualmente a los ejemplares de la familia Carcharhinidae de los tiburones azules. “Al sector pesquero le sorprende saber que las autoridades estén considerando seriamente restringir el comercio de tintorera porque dicen que puede parecerse a otros tiburones para ojos inexpertos”, señala Javier Garat.

En primer lugar, los tiburones azules, incluyendo sus aletas, tienen características biológicas claramente distinguibles que pueden ser verificadas por los inspectores de pesca (como ocurre con muchas otras especies morfológicamente similares).

Por otra parte, en muchas partes del mundo, las aletas deben permanecer adheridas al cuerpo del tiburón hasta su desembarco. Una vez en puerto, los gobiernos emiten un certificado de captura que acompaña al pescado hasta que llega al consumidor.

Por último, como ha explicado Garat, la aleta de la tintorera (Prionace glauca) es fácilmente distinguible, incluso separada del cuerpo, por su característica coloración azul metálico y debido a que carece de espinas en la base de la aleta. En este punto, Garat se ha referido a las herramientas informáticas avaladas por la FAO como iSharkFin que utiliza técnicas de aprendizaje automático para identificar especies de tiburones.

El presidente de ICFA, organización de ámbito mundial que defiende los intereses de los empresarios pesqueros en los foros internacionales, confía en que se imponga la cordura y la propuesta de Panamá, al menos en lo que se refiere a la tintorera, no prospere. En su opinión, “las partes contratantes de CITES deberían hacer caso a las conclusiones del panel asesor de expertos de la FAO, que confirman que la tintorera no cumple los criterios para incluirla en el Apéndice II de CITES. Además, tienen que ser conscientes del daño socioeconómico que provocarán si finalmente aprueban la propuesta. Y, por último, deben tener presente que la carga burocrática que provocarían en las administraciones nacionales haría la aplicación inviable”.

El sector pesquero ha decidido apoyar de manera unánime la candidatura de Antonio Garamendi, presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), para renovar su mandato al frente de esta organización ante la próxima convocatoria de elecciones en la patronal española.

Cepesca, que es miembro de la junta directiva de CEOE, ha tomado esta decisión tras la estrecha colaboración entre ambas organizaciones, intensificada durante los últimos años a raíz de las distintas vicisitudes que ha tenido y tiene que hacer frente como consecuencia del entorno económico y político, tanto en España, como en Europa.

Así, y según manifiesta Cepesca, CEOE ha sido un apoyo fundamental, muy valorado por los empresarios de la pesca, ante las crisis provocadas por la pandemia del COVID o por la guerra en Ucrania. Así mismo, el equipo de CEOE está colaborando estrechamente con Cepesca en asuntos importantes para la pesca, como el intentar resolver los problemas generados por la escasez de tripulantes españoles, en particular con las relaciones con los ministerios relacionados con la contratación de nacionales y extranjeros; o en las relaciones con terceros países, en cuestiones medioambientales o en aspectos relacionados con la economía azul.

Según el sector, el apoyo recibido desde la patronal ha sido posible, en buena medida, por el empuje mostrado desde su presidencia para entender y defender a un sector que, además de ser considerado en la organización como parte de la economía española, lo es también como sector estratégico para el futuro del bienestar de los ciudadanos, más aún en el tenso escenario geopolítico internacional.

Según Javier Garat, secretario general de Cepesca, “durante estos últimos años el sector ha recibido de CEOE una colaboración extraordinaria ante los duros escenarios en los que hemos y seguimos desarrollando nuestra actividad y ha encontrado en Antonio Garamendi a un defensor comprometido con nuestra realidad. Creemos que su visión –añade Garat–, su sentido de Estado, su independencia, su lealtad institucional, su defensa de la unidad de mercado y de la unidad de España, le convierten en el mejor candidato para defender los intereses del empresariado español y por ello, hemos decidido hacer público nuestro apoyo a su candidatura”.

El sector pesquero europeo ha expresado su frustración tras la reunión mantenida hoy con el comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevicius sobre el Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1614 de la Comisión Europea (CE), que entró en vigor el pasado domingo 9 de octubre, y por el cual se han cerrado 87 zonas a la pesca de fondo en el Atlántico Nordeste. El sector, que apunta que “los problemas siguen encima de la mesa”, valora de la reunión la intención expresada por Sinkevicius de “estudiar los errores que se hayan podido cometer ahora, para no volver a repetirlos y mejorar el proceso legislativo de cara al futuro”.

Durante la reunión, en la que ambas partes han mantenido sus posturas, los pescadores han expresado su desacuerdo con aspectos tanto técnicos como de procedimiento y legislativos del Reglamento de Ejecución, argumentos también esgrimidos ante la CE por parte del Gobierno de España, a través del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas; como por los consejeros del ramo de las diferentes CCAA afectadas. Igualmente, durante el encuentro, el sector pesquero ha expuesto a Sinkevicius la posibilidad de explorar posibles soluciones al conflicto, tales como solicitar la suspensión de la norma, aunque la postura de la Comisión ha sido no admitir ninguna medida que resuelva la situación actual antes de la revisión del análisis científico.

La reunión del sector pesquero comunitario afectado por las vedas se produce 10 días después de la entrada en vigor del Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1614 de la Comisión Europea (CE), que ha cerrado 87 zonas a la pesca de fondo en el Atlántico Nordeste, desde las costas de Irlanda hasta el Golfo de Cádiz, afectando la actividad de más de 10.000 pescadores del conjunto del sector pesquero comunitario. El cierre afecta a 16.419 Km² entre los 400 y los 800 metros de profundidad en aguas de Irlanda, Francia, Portugal y España, donde se supone la existencia de ecosistemas marinos vulnerables (EMV).

En el caso de nuestro país, el cierre afecta a alrededor de 500 buques directa e indirectamente y unos  2.500  pescadores de distintas modalidades de pesca de fondo, incluyendo las flotas de arrastre del Golfo de Cádiz y de NEAFC (Gran Sol), donde, paradójicamente, se ven especialmente perjudicados los barcos de palangre de fondo (pincho) de los puertos de Celeiro, Burela y Vigo, a pesar del escaso impacto de este arte en el fondo marino. En el Cantábrico Noroeste, las vedas perjudican igualmente al arrastre, el palangre de fondo, la volanta, el rasco y las artes menores.

El sector pesquero comunitario ha estado representado en la reunión por Iván López Van der Veen, presidente de la EBFA; Javier Garat, presidente de Europêche y secretario general de Cepesca; Daniel Voces, director general de Europêche y secretario de EBFA; Esben Sverdrup-Jensen, presidente de la Asociación Europea de Organizaciones Productoras Pesqueras (EAPO, por sus siglas en inglés), y representantes del sector pesquero de Dinamarca, Francia, Holanda, Irlanda y Polonia.

El sector pesquero comunitario se reúne mañana en Bruselas con el comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevicius, para reiterarle su desacuerdo con el Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1614 de la Comisión Europea (CE), que entró en vigor el pasado domingo 9 de octubre y por el cual se han cerrado 87 zonas a la pesca de fondo en el Atlántico Nordeste. En la reunión, el sector estará representado por la Alianza Europea de Pesca de Fondo (EBFA, por sus siglas en inglés), que representa a más de 20.000 pescadores y 7.000 buques europeos y de la que forma parte la Confederación Española de Pesca (CEPESCA).

A la reunión, que inicialmente iba a ser virtual, pero que se celebrará de forma presencial a petición del comisario, asistirán Iván López Van der Veen, presidente de la EBFA; Javier Garat, presidente de Europêche y secretario general de Cepesca; Daniel Voces, director general de Europêche y secretario de EBFA; Esben Sverdrup-Jensen, presidente de la Asociación Europea de Organizaciones Productoras Pesqueras (EAPO, por sus siglas en inglés), y representantes del sector pesquero de Dinamarca, Francia, Holanda, Irlanda y Polonia.

El sector pesquero comunitario afectado por la medida volverá a trasladar al comisario su desacuerdo con aspectos tanto técnicos como de procedimiento y legislativos del Reglamento de Ejecución, argumentos también esgrimidos ante la CE por parte del Gobierno de España, a través del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas; como por los consejeros del ramo de las diferentes CCAA afectadas.

Según el presidente de EBFA, Iván López Van der Veen, “los pescadores somos los primeros interesados en la protección de los ecosistemas marinos vulnerables, pero consideramos que cualquier medida dirigida a cumplir ese objetivo debe basarse en la mejor información científica disponible y contar igualmente, tal y como exige la Política Pesquera Común (PCC), con un informe de impacto socioeconómico”. “Esta veda”, -añade López- “cierra caladeros en más de 16.000 kilómetros cuadrados y afecta no solo a las embarcaciones que practican el arrastre en profundidades de entre 400 y 800 metros, sino también y, muy especialmente, a artes como el palangre de fondo que, en ningún caso, tiene un efecto negativo en los fondos marinos”.

Según Javier Garat, presidente de Europêche y secretario general de Cepesca, “la Comisión Europea debería suspender inmediatamente la aplicación del reglamento de ejecución y proceder a su urgente revisión. Desde Cepesca apoyamos la decisión del Gobierno de España de presentar un recurso de anulación, esperando que solicite la suspensión cautelar. Y apoyamos que otras organizaciones pesqueras, como ya lo ha hecho la OPP Burela, vayan a hacer valer judicialmente sus derechos ante el Tribunal de Justicia Europeo”.

El sector pesquero español, representado por CEPESCA, se reunirá mañana jueves con el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, para analizar la situación y las problemáticas de los pescadores de nuestro país. En la reunión, Cepesca mostrará las magnitudes de nuestro sector, líder en Europa y que avalan su función esencial y estratégica, y tendrá un peso especial el cierre decretado por la Comisión Europea a la actividad pesquera de fondo en 87 zonas tradicionales de pesca de España, Portugal, Francia e Irlanda, previsto para entrar en vigor el 9 de octubre, así como la tramitación del proyecto de Ley de Pesca Sostenible e Investigación Pesquera.

Igualmente, se abordará la situación del Mediterráneo, las repercusiones para el sector pesquero del Pacto Verde europeo y la Estrategia de Biodiversidad, CITES, el Reglamento de control o la necesidad de adoptar medidas para incentivar el consumo de pescado. A este respecto, Cepesca agradecerá a Núñez Feijóo su solicitud al Gobierno de reducir el IVA del pescado del 10% al 4%, demanda constante del sector. Asimismo, Cepesca pondrá sobre la mesa la escasa presencia de funcionarios españoles en puestos de relevancia en la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca (MARE) y la importancia de contar con eurodiputados interesados en la pesca en el Parlamento Europeo en la próxima legislatura.

Reorientar la normativa europea para evitar el cierre

Sobre el cierre a la pesca de las 87 zonas antes mencionadas, Cepesca, miembro de la Alianza Europea de Pesca de Fondo (EBFA, por sus siglas en inglés), expondrá a Feijóo su intención de interponer un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, tras la publicación en su Diario Oficial del Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1614 de la Comisión. Según el sector, que no descarta la convocatoria de paros y manifestaciones, este hecho impactaría muy negativamente en el futuro de la pesca de fondo en el Atlántico nordeste y, por tanto, en más de 10.000 pescadores de la UE. La zona clausurada abarca 16.419 km2, entre los 400 y 800 metros de profundidad, en las que la CE aduce la existencia de ecosistemas marinos vulnerables o la posibilidad de que existan.

Cabe recordar que, en el anexo del reglamento, las coordenadas de las zonas de pesca en aguas profundas existentes incluyen fondos menores a los 400 y 800 metros, lo que ha generado perplejidad e inseguridad a los pescadores españoles y europeos.

El sector denuncia que el Reglamento de Ejecución no ha contado con las consultas correspondientes obligatorias ni con un análisis de impacto socioeconómico y se basa, además, en informes que los propios científicos reconocen con lagunas, tales como el uso exclusivo de la huella de pesca de los barcos de arrastre, y no de las artes fijas o que no se haya usado la mejor información científica disponible, ya que ésta tiene una mejor resolución y podría haber disminuido considerablemente el impacto socioeconómico al tiempo que protegido los ecosistemas marinos vulnerables. En este sentido, el sector aplaude la petición manifestada por el Partido Popular de “reorientar” la normativa europea para garantizar la triple sostenibilidad “social, económica y medioambiental” del sector pesquero y, más en concreto, para evitar que la Comisión Europea prohíba “de manera unilateral” la pesca de fondo en 87 zonas.

El español Javier Garat ha sido reelegido, por octavo año consecutivo, presidente de la Coalición Internacional de Asociaciones Pesqueras (ICFA, por sus siglas en inglés), organización de ámbito mundial que defiende los intereses de los empresarios pesqueros en los foros internacionales.

Garat, que ostentará el cargo durante un año, ha sido elegido por unanimidad de los 24 miembros integrados en esta coalición y que representan a asociaciones pesqueras de igual número de países.

La reelección del español Garat, secretario general de la Confederación Española de Pesca (Cepesca) y presidente de la patronal europea Europêche, ha tenido lugar durante la reunión mantenida por ICFA ayer en Roma en la que se han analizado, además, los principales retos del sector pesquero a escala global.

Así, durante la reunión de la coalición internacional se ha debatido y se han adoptado posturas comunes sobre los retos internacionales más destacados para el sector pesquero durante 2023 que se abordarán en los próximos foros globales. En el encuentro se han abordado, entre otros, la Conferencia del Clima de la ONU (UNFCCC COP27) y la decimonovena Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), que se celebran ambas en noviembre. En CITES se debatirá la propuesta de Panamá de incluir distintas especies de tiburón, incluyendo el tiburón azul, en el Apéndice II de este convenio.

Igualmente, se ha abordado la próxima Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica de Naciones Unidas que se celebrará en diciembre de este año y se destacó el Congreso Internacional sobre Áreas Marinas Protegidas (IMPACS), que se celebrará en Canadá en febrero de 2023. A este último respecto, los miembros de ICFA debatieron sobre la gestión de las diferentes Organizaciones Regionales de Pesca (ORP) ante la creciente presión de diferentes grupos ambientalistas para extender las Áreas Marinas Protegidas (AMP) al 30% de las aguas en 2030 y de la importancia de tener en cuenta las OECM (otras medidas efectivas de conservación).

Por otro lado, han analizado los positivos resultados del taller de pesca de fondo de Naciones Unidas, celebrado el pasado agosto en Nueva York, donde se pudo comprobar los avances producidos en la protección de los ecosistemas marinos vulnerables en el mundo, sobre todo, gracias el importante trabajo de las ORP.

Así mismo, ICFA también analizó la evolución y las expectativas sobre la aprobación de un instrumento jurídico vinculante en el marco de Naciones Unidas sobre la Biodiversidad más allá de la Jurisdicción Nacional (BBNJ) que, según la patronal mundial, podría tener un impacto negativo en las actividades de la pesca en alta mar, si no se tiene debidamente en cuenta el trabajo realizado en el seno de las ORP.

La coalición pesquera mundial también ha debatido sobre los efectos en los océanos de la contaminación por plástico y se comentaron los puntos fundamentales de la Conferencia sobre Microplásticos e Impacto en el Consumo Humano. Por último, ICFA también ha tratado las diversas iniciativas desarrolladas en distintas regiones para combatir los efectos del calentamiento global y sobre el uso de la tecnología blockchain aplicada a la trazabilidad de los productos pesqueros.

Según Javier Garat, “es un orgullo contar con el apoyo de los países miembros de ICFA para seguir encabezando la actividad pesquera mundial y más en los tiempos que nos están tocando vivir. La pesca –continúa Garat–, es esencial para mantener el equilibrio alimentario de la población mundial y además con unas proteínas de muy alta calidad y fundamentales en cualquier dieta. Por ello –termina diciendo Garat–, es realmente gratificante comprobar cómo en cualquier parte del mundo los pescadores se esfuerzan por seguir desarrollando esta labor respetando y enriqueciendo las propuestas para salvaguardar la biodiversidad marina frente a la persecución permanente de ambientalistas y de algunos gobiernos para acabar con nuestra actividad, eso sí, sin ofrecer alternativa alguna”.

Finalmente, durante todo el día de hoy mantendrán una reunión con altos representantes de FAO para dar un repaso a los principales temas de actualidad internacional.

El sector pesquero agrupado en la Confederación Española de Pesca (Cepesca) agradece a la Secretaria General de Pesca del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y a los representantes de las consejerías de las diferentes comunidades autónomas (Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y Andalucía), con los que se ha reunido esta mañana, su disposición a colaborar para minimizar el impacto o evitar el cierre de 87 zonas de pesca en aguas del Atlántico, tal y como establece el Reglamento de Ejecución de la Comisión Europea, cuya entrada en vigor está prevista para el próximo 9 de octubre.

El sector pesquero, integrado en la Alianza Europea de Pesca de Fondo (EBFA, por sus siglas en inglés), organización que representa a más de 20.000 pescadores y 7.000 buques europeos, insiste así mismo en sus criticas a la medida, que califica de “chapuza técnica y legal” y ha reiterado a la SG Pesca la firmeza en su intención de acudir a los tribunales.

Así mismo, y a la espera del estudio profundo que está realizando la SG Pesca, junto con la Abogacía del Estado de los ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación y  de Asuntos Exteriores, el sector pesquero confía en que el Gobierno español presente un recurso y solicite la posterior suspensión cautelar de la aplicación de la medida que, como ya ha alertado el sector, tendría consecuencias devastadoras para la flota pesquera, los profesionales de la pesca, toda su cadena de valor y también los consumidores.

Según Iván López van der Veen, miembro de la Junta Directiva de Cepesca y presidente de la EBFA, «la reunión ha discurrido en el tono que colaboración y cohesión que esperábamos y confiamos en la responsabilidad del Gobierno para la presentación del recurso porque ejercería su legítimo derecho en tanto que Estado miembro, como pueden hacer los otros Estados afectados, Irlanda, Francia y Portugal”.

Cabe recordar que el Reglamento de Ejecución de la CE prohíbe todas las actividades de pesca de fondo (arrastre, palangre, anzuelos, etc.) en 87 zonas de pesca de Francia, España, Portugal e Irlanda. A juicio de la EBFA, las consecuencias de este acto de ejecución serán dramáticas para todas las pesquerías europeas y solicita su retirada en vista de las reconocidas lagunas científicas, la falta de una consulta adecuada y de un análisis de impacto socioeconómico, así como la ausencia de respaldo por parte del Consejo (aunque éste no fuera preceptivo).

El sector pesquero español (CEPESCA) presentará un recurso de anulación en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ante el cierre inminente, el próximo 9 de octubre, de 87 zonas a la pesca de fondo de Francia, España, Portugal e Irlanda. El sector, tras una reunión mantenida con el resto de las flotas comunitarias afectadas y como integrante de la Alianza Europea de Pesca de Fondo (EBFA, por sus siglas en inglés), ya está analizando las demandas a interponer ante el órgano judicial comunitario, tras la publicación ayer en el Diario Oficial de la Unión Europea del Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1614 de la Comisión, por el que se determinan las zonas de pesca en aguas profundas existentes y se establece una lista de zonas en las que se conoce la existencia de ecosistemas marinos vulnerables o la posibilidad de que existan.

El sector confía en mantener el respaldo mostrado hasta ahora por los gobiernos central y autonómicos en su denuncia de la tramitación irregular de este acto de ejecución, fundamentalmente ante la brevedad de los plazos para su entrada en vigor y para la presentación del recurso, que se podrá plantear a lo largo de los próximos 60 días desde su publicación e imprescindible para solicitar una medida cautelar de suspensión.

Asimismo, el sector buscará el amparo del Parlamento y del Defensor del Pueblo europeos e intensificará su labor institucional para trabajar en la otra vía existente de enmendar la decisión de la CE en la revisión anual de la medida, tras la actualización del informe científico por parte del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (CIEM) en noviembre. En este caso, la entrada en vigor de cualquier modificación, alerta, se demoraría a los primeros meses de 2023.

Paralelamente, el sector mantiene su opción de convocar paros y concentraciones ante organismos, tanto nacionales como europeos, en coordinación con otras organizaciones europeas, a través de la EBFA.

Cabe recordar que el reglamento de ejecución prohíbe todas las actividades pesqueras que conllevan contacto con el fondo marino (arrastre, palangre, enmalle, etc.) en las 87 zonas de pesca antes mencionadas, lo que impactaría muy negativamente en el futuro de la pesca de fondo en el Atlántico nordeste y, por tanto, en más de 10.000 pescadores. En concreto, la zona clausurada abarca 16.419 km2, entre los 400 y 800 metros de profundidad, en las que la CE aduce la existencia de ecosistemas marinos vulnerables o la posibilidad de que existan.

El sector denuncia que el reglamento no ha contado con las consultas correspondientes obligatorias ni con un análisis de impacto socioeconómico y se basa, además, en informes con lagunas científicas, como el uso exclusivo de la huella de pesca de los barcos de arrastre, y no de las artes fijas. El propio CIEM ha reconocido este extremo y, además, como ya evidenció EBFA, ha utilizado en su informe la unidad de base de una CUADRA C de unos 15-25 km2 por celda, que no es representativa de la huella real de un buque pesquero. Así mismo, no ha utilizado la “mejor información científica y técnica disponible”, puesto que España había aportado datos con una resolución muy superior a la utilizada por el CIEM que no ha sido tenida en cuenta en la evaluación, propiciando que se muestre un impacto muy superior. Por otro lado, en el anexo del reglamento, las coordenadas de las zonas de pesca en aguas profundas existentes incluyen fondos menores a los 400 y 800 metros, generando la perplejidad e inseguridad a los pescadores españoles y europeos.

El sector pesquero español (CEPESCA), en una reunión de urgencia, ha decidido estudiar las opciones legales ante la decisión anunciada hoy por la Comisión Europea (CE) de cerrar 87 zonas de pesca, aprobada el pasado junio por un acto de aplicación en el marco del Reglamento sobre acceso a aguas profundas. El sector, que no descarta la convocatoria de paros y concentraciones ante distintos organismos europeos y españoles, actuará juntamente con otras organizaciones europeas a través de la Alianza Europea de Pesca de Fondo (EBFA, por sus siglas en inglés), que representa a más de 20.000 pescadores y 7.000 buques europeos. De hecho, esta organización se reunirá con carácter de urgencia mañana.

El acto de implementación todavía no se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE), aunque la Comisión ya ha emitido una nota de prensa anunciándolo. A la espera de conocer el texto legal, el sector denuncia que este no ha contado con las consultas correspondientes obligatorias ni con un análisis de impacto socioeconómico y se basa, además, en informes con lagunas científicas, como el uso exclusivo de la huella de pesca de los barcos de arrastre, y no de las artes fijas. El propio Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES, por sus siglas en inglés) ha recocido este extremo y, además, como ya evidenció EBFA, ha utilizado en su informe la unidad de base de una CUADRA C de unos 15-25 km2 por celda, que no es representativa de la huella real de un buque pesquero.

A pesar de esto, el acto de aplicación, que estaba pendiente de terminar el periodo de consultas al Reino Unido, prohíbe todas las actividades pesqueras que conllevan contacto con el fondo marino (arrastre, palangre, enmalle, etc.) en 87 zonas de pesca de Francia, España, Portugal e Irlanda, lo que tendría, de acuerdo con el sector, unas consecuencias devastadoras.

La normativa impactaría muy negativamente en el futuro de la pesca de fondo en el Atlántico y, por tanto, a más de 10.000 pescadores. En el caso español, afectaría a unos 500 buques de distintas modalidades de pesca de fondo: sobre todo, las flotas de arrastre del Golfo de Cádiz, las de palangre de fondo -pincho y volanta- y arrastre de NEAFC (Gran Sol), y las de arrastre, palangre de fondo, volanta y rasco, y artes menores del Cantábrico Noroeste; en total unos 500 buques que capturan gamba, cigala, merluza, besugo, alfonsino y sable negro, entre otras especies, y más de 2.500 pescadores.

Según Iván López van der Veen, presidente de EBFA, “por desgracia, nos temíamos que la Comisión no iba a atenerse a razones y, por este motivo, ya estaba convocada para mañana una Asamblea General de EBFA”. “Consideramos” -añade López- “que ha habido mucha arbitrariedad en la creación de esta normativa y también dudamos que la Comisión tenga capacidad para tomar estas decisiones en algunos casos. Por tanto, queremos ver el texto legal para tomar decisiones”.

El sector pesquero ha vuelto a solicitar garantía de seguridad jurídica para sus empresas ante la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso de los Diputados en la que ha comparecido hoy Javier Garat, secretario general de la Confederación Española de Pesca (CEPESCA), en representación de este. En su intervención, que forma parte de la tramitación del Proyecto de Ley de Pesca Sostenible e Investigación Pesquera, Garat ha invitado a los políticos a aprovechar la oportunidad que representa este trámite para ampliar su conocimiento sobre un sector “del que nuestro país puede presumir de estar a la cabeza de la Unión Europea, y de una actividad esencial y estratégica comprometida con suministrar un alimento saludable a la población, incluso en los escenarios más complejos, como los que estamos viviendo desde hace más de dos años”.

Durante su intervención, Garat ha solicitado a los grupos políticos un espíritu constructivo y el máximo esfuerzo para consensuar el texto de la Ley, aceptando las propuestas de enmiendas planteadas por el sector pesquero representado por Cepesca.

Javier Garat también ha apuntado en el Congreso de los Diputados que la propuesta, en su versión actual, no garantiza la seguridad jurídica de las empresas pesqueras de nuestro país al no explicitarse que los posibles nuevos criterios de reparto de las posibilidades de pesca no afectarán a los ya realizados conforme a la ley vigente. Garat ha llamado la atención sobre el hecho de que el sector lleva dos décadas regido por un reparto concreto (Ley de Pesca de 2001) que ha definido la estructura operativa e inversiones de las empresas pesqueras, familiares mayoritariamente, y que no respetarlo supondría un escenario inestable que atentaría contra la seguridad jurídica a la que tiene derecho cualquier actividad empresarial, poniendo en riesgo miles de puestos de trabajo.

Además, se modificaría la solvencia de los armadores y se dificultaría su acceso al crédito. Garat resaltó que algunas de las posibilidades de pesca han sido adquiridas con fondos propios, pero también con préstamos bancarios y que, en este último caso, el sistema financiero toma como referencia y a veces como garantía, la valoración del activo, en este caso las cuotas de pesca. Por lo tanto, esgrimió Garat, su modificación condicionaría negativamente las siguientes operaciones y las condicionaría en el futuro.

Por ello, el secretario general de Cepesca ha solicitado que se recoja “expresamente y con claridad” que los repartos de las posibilidades de pesca anteriores a la entrada en vigor del proyecto de Ley mantengan totalmente su vigencia. “Si no hay seguridad jurídica el sistema se derrumba”, añadió Garat.

Reserva de posibilidades de pesca

Garat también ha apuntado que la reserva del 10% de todas las posibilidades de pesca que establece el nuevo texto normativo es excesiva teniendo en cuenta que en los últimos años la Administración se ha reservado un máximo de entre un 2% y un 3%. El sector pesquero volvió a solicitar que este porcentaje no supere, por lo tanto, el 3%, ante las disfunciones que crearía su modificación.

En ese mismo artículo del Proyecto de Ley, se prevé la posibilidad de permitir la inclusión de barcos sin historicidad en una pesquería determinada, lo que, a juicio del sector, no es razonable, pues “podría dar lugar a una entrada indiscriminada de buques, creando, de nuevo, inseguridad jurídica para las empresas”, ha señalado el secretario general de Cepesca.

El sector también mostró ante la Comisión preocupación por el tratamiento de la gestión de las posibilidades de pesca no utilizadas, ya que el texto actual establece la posibilidad de “expropiarlas” sin compensar a las empresas que no las usen durante dos años consecutivos. Según ha expuesto Garat, “hay que conocer las causas reales que llevan a la existencia de posibles excedentes, y sería más adecuado regular este procedimiento a través de un Real Decreto u Orden Ministerial. Además, -ha añadido-, es injusto que las inversiones, en ocasiones muy importantes, realizadas por los armadores para adquirir posibilidades de pesca, puedan darse a otros actores por no utilizarse en momentos puntuales”. “Somos los primeros interesados en usar al máximo las posibilidades que la UE concede a España, pero necesitamos flexibilidad y políticas que favorezcan los intercambios y una pesca sostenible, pero también rentable”, ha subrayado.

Garat ha llamado así mismo la atención de la Comisión ante el error que supone eliminar del proyecto de ley el artículo 64 actual sobre la adopción de medidas para el fomento de las sociedades mixtas. Según los pescadores son importantes para crear empleo y riqueza dentro y fuera de España y contribuyen de manera decisiva al abastecimiento de pescados y mariscos al mercado español y a la soberanía alimentaria de la UE.

Aspectos positivos

Por otra parte, Garat ha apoyado ante los parlamentarios la relevancia que se otorga en el Proyecto de Ley a la investigación pesquera y “la inclusión de nuevos grupos laborales en los coeficientes reductores, lo que incrementa la protección y el adelanto de la jubilación de colectivos de mujeres como las mariscadoras, rederas, neskatillas o empacadoras”, ha indicado en su comparecencia. Igualmente, el sector ha expresado su acuerdo en la regulación que introduce el texto para la pesca recreativa, los recursos genéticos y la creación de un foro asesor de pesca.

Garat ha concluido su intervención apuntando que la tramitación del proyecto de Ley de Pesca Sostenible es una oportunidad para alcanzar un consenso entre el sector, el Gobierno y los diferentes grupos políticos, lo que, a su juicio, “aseguraría que la nueva Ley, en lugar de generar conflictos, fuera un éxito perdurable en el tiempo”.

Cepesca ha conseguido retirar más de 18 toneladas de redes para su reciclaje a través del proyecto REDUSE-II, recién finalizado y que ha desarrollado durante ocho meses en ocho puertos y dos empresas pesqueras del litoral español. Este proyecto, continuación de otro anterior (RED-USE), ha tenido como objetivo promover la economía circular para el aprovechamiento de la vida útil de los aparejos del sector pesquero mediante la implantación de un modelo de gestión responsable de este tipo de residuos.

En total, el proyecto REDUSE-II se ha traducido en el establecimiento de 17 acuerdos/convenios de colaboración o protocolos de actuación con 21 agentes del sector, tales como autoridades portuarias, organizaciones de productores, cofradías o cooperativas de pescadores, entre otros. El proyecto ha desarrollado 10 pilotos en los puertos de Cala Rajada e Ibiza (Baleares), Celeiro y Ribeira (Galicia), Luanco (Asturias), Santander (Cantabria) y Carboneras y Sanlúcar de Barrameda (Andalucía), así como en dos empresas marítimo-pesqueras, la atunera Grup Balfegó (L’Ametlla de Mar, Tarragona) y la empresa de diseño y confección de redes de pesca de arrastre Redes Tambores S.L. (Alicante).

El proyecto ha contado también con la participación de las empresas JJ Chicolino y Gravity Wave, cuya labor de coordinación ha sido fundamental en la gestión de residuos de artes de pesca y en la implementación eficaz de los pilotos.

REDUSE-II ha significado el diseño de 15 modelos de gestión de redes de pesca y la implantación, como se señalaba antes, de 10 proyectos piloto (puesta en práctica de los modelos con la logística necesaria para su ejecución -depósito, recogida, transporte, reutilización o reciclaje, e incluso la creación de nuevos productos a partir de los plásticos procedentes de los residuos-). El proyecto también ha incluido acciones de formación a todos los actores implicados (rederos, armadores, pescadores o autoridades portuarias, entre otros), tanto en gestión como en la normativa actual relativa a la reducción del impacto de determinados productos plásticos en el medio ambiente.

Igualmente, el proyecto ha permitido analizar y validar datos de los pilotos realizados para generar conocimiento para crear modelos de gestión futuros con riesgos operacionales mínimos y rentables desde el punto de vista de sus costes. Como resultado, REDUSE-II ha elaborado una propuesta de estrategia de gestión de estos residuos expansiva a puertos y entidades, así como su impacto positivo, tanto desde el punto de vista social, como ambiental y económico.

Estrategia a nivel autonómico y nacional

Los resultados obtenidos por REDUSE-II fueron divulgados durante una jornada organizada por Cepesca el pasado 1 de septiembre en la Antigua Cofradía de Pescadores de Sanlúcar de Barrameda. La jornada estuvo presidida por Javier Garat, secretario general de Cepesca y director del proyecto. Durante el acto, Garat señaló que “España puede presumir de ser un país donde las redes y los aparejos de pesca acaban reciclándose y teniendo un nuevo uso en el futuro”.

En esta misma jornada también estuvieron presentes representantes de los puertos que han participado en REDUSE-II, y seis de ellos compartieron su experiencia, así como las distintas oportunidades y retos que deberán afrontarse en el futuro. Asimismo, Rocío Béjar, secretaria general adjunta de Cepesca, hizo entrega de unas placas elaboradas con material procedente de redes de pesca recicladas en reconocimiento a los puertos y entidades participantes en el proyecto.

En la jornada, y a modo de conclusiones, el sector expuso que REDUSE-II ha supuesto un gran paso para la toma de conciencia y participación de los diferentes agentes implicados en la gestión de residuos de redes de pesca, y poder generar, en un futuro, una estrategia a nivel autonómico y nacional. Además, y gracias a la realización de los casos prácticos, se han facilitado las herramientas y contactos para iniciar la gestión responsable y aprovechar ese arranque para continuar en esta línea, así como formar sinergias que repercutan de manera positiva en la sostenibilidad del sector pesquero.

El proyecto REDUSE-II es continuación del llevado a cabo en 2021 (RED-USE) y se desarrolla con la colaboración con la Fundación Biodiversidad y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través del Programa Pleamar, cofinanciado por el FEMP (Fondo Europeo Marítimo y Pesquero).

El proyecto puede seguirse con los hashtags #REDUSEII #Pleamar #ProyectosFB en las redes sociales de Cepesca

Ocho puertos y dos empresas marítimo-pesqueras de nuestro país han puesto en marcha proyectos piloto de gestión responsable de redes y aparejos de pesca, en colaboración con la Confederación Española de Pesca (CEPESCA). La patronal desarrolla estos pilotos en el marco de su proyecto REDUSE-II, con el que contribuye a incorporar el criterio de la responsabilidad ampliada del productor en el tratamiento sostenible de estos materiales con la implicación de todos los agentes involucrados en su ciclo de vida útil.

En concreto, los pilotos se están llevando a cabo en los puertos pesqueros de Cala Rajada e Ibiza (Baleares), Celeiro y Ribeira (Galicia), Luanco (Asturias), Santander (Cantabria) y Carboneras y Sanlúcar de Barrameda (Andalucía). A estos se suman dos compañías del entorno portuario que también han implantado un protocolo individual: la atunera Grup Balfegó (L’Ametlla de Mar, Tarragona) y la empresa de diseño y confección de redes de pesca de arrastre Redes Tambores S.L. (Alicante).

En esta fase del proyecto REDUSE-II, el equipo técnico de Cepesca ha visitado las distintas localizaciones y ha mantenido reuniones con representantes de autoridades portuarias, empresas, cofradías de pescadores y resto de agentes implicados en cada caso, para comprobar la implementación del protocolo establecido, detectar incidencias y analizar las posibles soluciones para mejorar la gestión.

Concretamente, Cepesca supervisa el uso correcto de los contenedores y las distintas fases del protocolo: la retirada de las redes y aparejos de pesca desechados, su traslado a la planta de reciclaje, el análisis de los residuos retirados y su gestión.

Estos proyectos piloto son el punto de partida para que los puertos y demás entidades involucradas puedan dar continuidad al proceso de gestión de residuos de redes implantado, una vez finalice el proyecto REDUSE-II. Asimismo, Cepesca prevé generar el conocimiento social, económico y ambiental necesario para elaborar una estrategia de extensión a otros puertos y entidades.

En este sentido, la patronal valora la concienciación, sensibilización y colaboración entre los actores marítimo-pesqueros (autoridad portuaria, rederos, armadores, cofradías, gestores de limpieza de puertos, gestores de residuos, etc.)  para buscar vías de mejora de la gestión de estos residuos desde un enfoque de economía circular.

El proyecto REDUSE-II es continuación del llevado a cabo en 2021 (RED-USE) y se desarrolla con la colaboración de la Fundación Biodiversidad y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través del Programa Pleamar, cofinanciado por el FEMP (Fondo Europeo Marítimo y Pesquero).

El proyecto puede seguirse con los hashtags #REDUSEII #Pleamar #ProyectosFB en las redes sociales de Cepesca

El sector pesquero celebra los avances en la protección de los ecosistemas marinos vulnerables siguiendo los criterios aplicados por las Organizaciones Regionales de Pesca (ORP) para su detección y delimitación durante las dos últimas décadas. Así lo han manifestado Javier Garat, secretario general de CEPESCA y presidente de ICFA[1], e Iván López, miembro de ICFA y presidente de EBFA[2], durante una conferencia de Naciones Unidas para implementar varias resoluciones sobre pesca sostenible y en la que se ha analizado el impacto de la pesca de fondo en los ecosistemas marinos vulnerables (EMV) y la sostenibilidad a largo plazo de las poblaciones de peces de aguas profundas.

Ambos representantes pesqueros han destacado el modelo seguido por las ORP para la determinación de estos espacios. Estas organizaciones analizan, en primer lugar, la “huella pesquera” para ceñir la pesca sólo en esas zonas. En segundo lugar, cartografían los fondos marinos para determinar la ubicación de los EMV y prohibir las artes de fondo en estos. En el resto del área de regulación, sólo se permite pescar de forma exploratoria, tras una evaluación científica que garantice que no hay EMV. Durante la conferencia, se mostró el ejemplo de NAFO[3] que sólo permite pescar con artes de fondo en el 4,4% de los 2,7 millones de km2 que comprenden su área de actuación.  

Romper la polarización

Para la delegación española garantizar el futuro sostenible de los océanos pasa necesariamente por eliminar la polarización que actualmente existe entre los diferentes actores que actúan en este entorno. Así, durante su participación en el evento, Iván López reclamó la necesidad de romper los estereotipos y “caricaturas” que sobre el sector manifiestan las ONG, apoyándose en numerosas ocasiones en imágenes de procedencia “dudosa” y en argumentos no ajustados a la realidad. Según López, esta postura sólo conduce a objetivos también irreales, tales como, en el caso del arrastre, a la desaparición de este arte, pero sin considerar ningún otro aspecto, como su impacto en las comunidades costeras que dependen de la pesca y en el suministro de proteínas nutritivas, saludables y sostenibles.

Según el sector, hay que construir un escenario conjunto capaz de analizar desde criterios “serios y responsables” la mejor forma de abordar iniciativas equilibradas y eficientes para preservar la naturaleza y la producción de alimentos. De no ser así, señalan los pescadores, las empresas dudarán a la hora de acometer inversiones en tecnología e investigación a medio plazo. Sobre este particular, y en el caso de la pesca de arrastre, los ponentes recordaron que las mejoras más significativas y de mayor impacto en los ecosistemas han provenido del sector, tales como puertas de arrastre que no tocan el fondo, reducción del peso de las redes o los avances en la tecnología de los cabrestantes.  

Visión global y cartografiar los océanos

A juicio del sector, es necesario desarrollar una cartografía completa de los océanos, especialmente en alta mar, para lo que se necesita una coordinación centralizada. Según los pescadores, los desarrollos tanto en tecnología cartográfica como de navegación permitirían vedas de alta precisión y un mayor control de la actividad que, si se desarrollaran adecuadamente, permitirían un esquema de cierres más sensato, mucho más similar al terrestre, permitiendo una mejor coexistencia entre protección y producción.

El cierre de una zona a la pesca, a juicio del sector, debería requerir un conocimiento previo de hacia dónde se desviaría el esfuerzo pesquero y su consiguiente impacto o la presión sobre otros caladeros o sobre las importaciones. Igualmente, si la alternativa a la proteína proveniente del mar está en tierra, también es necesario medir el impacto, por ejemplo, del desarrollo de nuevas zonas de cultivo para producir más.  En definitiva, según el sector, es necesaria una visión global.

Según los pescadores, el impulso de las Áreas Marinas Protegidas (AMP), debe ser racional y acorde a los tratados y objetivos internacionales de protección del medio ambiente, pero también a la producción sostenida de proteínas marinas saludables y de bajo impacto. En este debate, apunta López, es fundamental incluir el alcance real de la huella de la pesca, muy inferior al de la producción de otro tipo de proteínas en tierra.  Sólo así, apunta, se podrán tomar decisiones con una reducción neta real de los impactos sobre el medio ambiente y no sólo actuar en respuesta a campañas.

En el caso de las aguas internacionales, considera fundamental que exista un mecanismo de cumplimiento para evitar la actividad de actores ilegales o que no reconozcan las áreas protegidas. En este sentido, los pescadores abogan por el reconocimiento de las ORP como las mejores impulsoras de la gobernanza internacional de la pesca.

[1] ICFA es una coalición internacional de asociaciones pesqueras de 25 países de todo el mundo.

[2] EBFA es una coalición pesquera europea de pesca de fondo que representa a más de 20.000 pescadores y 7.000 embarcaciones.

[3] Organización de Pesquerías del Atlántico Noroccidental (ORP responsable de la gestión pesquera en un área de 2,7 millones de km2).

La Confederación Española de Pesca (CEPESCA) defiende que el mecanismo de control de las capturas denominado margen de tolerancia se aplique a la captura total y no por especie en la pesquería de atún tropical. Según la patronal, esta es la única alternativa para no incumplir la normativa de seguridad alimentaria que exige que el pescado capturado sea congelado en un período corto de tiempo y eliminar así la acción de microorganismos perjudiciales.

Cepesca, en la que están integradas la Asociación Nacional de Armadores de Buques Atuneros Congeladores (ANABAC) y la Organización de Productores Asociados de Grandes Atuneros Congeladores (OPAGAC), avala su petición con un estudio científico[1], firmado por expertos del centro tecnológico AZTI y el Instituto Español de Oceanografía (IEO), entre otros. Debido a las varias especies que se capturan y a los volúmenes que se embarcan en cada operación de pesca de la pesquería de atún tropical con arte de cerco, el estudio demuestra la inviabilidad de estimar a bordo la composición de la captura por especies de atún (rabil, listado y patudo) con un margen de error del 10% respecto a las cantidades desembarcadas, por requerir un esfuerzo de muestreo intensivo y prolongado que pone en riesgo la seguridad del producto.

Cabe recordar que, según el texto del nuevo Reglamento de Control propuesto por la Comisión Europea, la diferencia entre las capturas de cada especie de atún y de cada una de las especies asociadas estimadas por la tripulación tras cada lance y reportadas en tiempo real en el Diario Electrónico de a Bordo (DEA) no puede superar el 10%. Las capturas contabilizadas en la declaración de transbordo y desembarque tampoco pueden superar el 10% de margen de error.

Ante la negociación actual del nuevo Reglamento entre la Comisión, el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE, la flota española subraya que quiere cumplir la obligación del margen de tolerancia, sin poner en riesgo la seguridad del consumidor y mediante una aplicación realista y práctica para una pesquería multiespecífica (diferentes especies capturadas de manera simultánea) y a granel (sin selección a bordo), como es la de los túnidos tropicales.

Según Javier Garat, secretario general de Cepesca, “la aplicación de la obligación del margen de tolerancia por especie, en el caso de la flota atunera cerquera congeladora, es un ejemplo claro de lo lejos que está Bruselas de la realidad y del recelo sin fundamento que existe por parte de los políticos hacia los pescadores. Ha de tenerse en cuenta –apunta Garat–, que el nivel de muestreo que se exige a bordo pone en riesgo el cumplimiento de la regulación sanitaria y que, además, no hay posibilidad de escapar del control, al contar con instrumentos como la nota de venta que refleja las capturas capturadas, desembarcadas y pesadas y es la información que se tiene en cuenta finalmente, según el reglamento de control”.

Solicitud avalada científicamente

Según el estudio esgrimido por Cepesca, las operaciones de pesca realizadas por los cerqueros atuneros tropicales permiten realizar estimaciones fiables de las capturas totales por lance, pero no estimar con exactitud las cantidades en kilogramos por especie, fundamentalmente, por tres factores: la no disponibilidad de tiempo, el tamaño exigido de muestreo para reducir el margen de error y las dificultades en la identificación de especies.

En relación con el primero, el estudio llama la atención sobre la importancia de que el atún sea congelado en un corto periodo de tiempo desde su captura, para evitar así el crecimiento bacteriano y, por tanto, la consiguiente generación de histamina; un proceso, señala, cuya aceleración es mayor en entornos tropicales con temperaturas oscilantes entre 30 y 40°C. En concreto, según la FAO, el almacenamiento de los productos de la pesca a 0° C, o muy cerca de 0° C, reduce la formación de histamina en el pescado a niveles mínimos, por lo que el factor clave en este aspecto de la seguridad alimentaria es el tiempo transcurrido desde la captura hasta su congelación.

Respecto al tamaño del muestreo, los autores señalan que el tamaño de la muestra debe aumentar exponencialmente según el volumen de la captura, con el objetivo de que en la estimación estén representadas las tres especies, incluidas las menos abundantes. Así, en el caso de especies poco representadas, como el patudo, alcanzar un margen de error igual o inferior al 10% supondría muestrear a bordo al menos el 80% de la captura total de cada lance, un porcentaje inviable por limitaciones de tiempo y espacio.

Por último, el estudio incide en la dificultad para distinguir ciertas especies de atún, en concreto los ejemplares juveniles de patudo y rabil, por sus similitudes morfológicas externas. En particular, señalan que características internas, como la forma y escarificación de los lóbulos del hígado, aptas para su identificación en otra clase de entornos no serían válidas para un muestreo intensivo a bordo.

[1] Comments on the assessment of catch by species in the tropical purse seine fishery: http://www.orthongel.fr/special/MargeTolerance/NoteAZTI-IEO-IRD-2019.pdf

Según los últimos datos recopilados por la Confederación Española de Pesca (CEPESCA) y reflejados en la cuarta edición de su Informe del Sector Pesquero Español, que analiza su evolución durante 2020-2021, el valor total de su producción en 2020 ascendió a 2.043 millones de euros, con un crecimiento de casi un 10% respecto a los 1.840 millones de 2019.

Con esta cifra, el sector, declarado esencial y estratégico por el Gobierno como parte de la cadena alimentaria, ha sabido mantener sus índices de actividad tras solventar los problemas causados por la crisis sanitaria, tales como garantizar la salud de los tripulantes, asegurar los relevos en terceros países o el cierre de determinados canales de comercialización y algunos mercados internacionales.

Sin embargo, y sin haberse normalizado aún las consecuencias de esta crisis, el sector enfrenta ahora dos nuevas. Por un lado, la creada por el conflicto bélico en Ucrania, que ha afectado de manera violenta a la estructura de costes de producción de las empresas, especialmente por el alza del precio del combustible, y una segunda por las restricciones a la actividad que provocan las políticas medioambientales de la UE.

Cabe recordar que el alza del gasóleo pesquero, que habitualmente supone entre el 30 y el 40% de los costes de explotación de los buques, afecta gravemente a las empresas del sector, pues ya supera el 60% de estos. Al aumento del coste del gasoil en 2021 (44,44%) se sumó el brusco incremento por el conflicto en Ucrania. En concreto, desde el último trimestre de 2020 hasta julio de 2022, el precio del litro de gasoil se ha más que triplicado, pasando de una media de 0,306 euros a superar 1,1 euro.

Según Javier Garat, secretario general de Cepesca, “a pesar de los acontecimientos que vivimos desde hace más de dos años, el esfuerzo del sector y su extraordinaria profesionalidad ha permitido mantener el nivel de actividad y el liderazgo europeo. Las capturas han descendido levemente, pero hemos crecido en valor y las importaciones/exportaciones se recuperaron en 2021, tras caer en 2019 y 2020. También nos llena de satisfacción –añade Garat–, el incremento del consumo de productos de la pesca por parte de los hogares españoles. No cabe duda de que, a diferencia de algunos políticos, los ciudadanos saben apreciar nuestro esfuerzo y las cualidades y efectos del pescado en la salud”.

Las grandes cifras del sector pesquero

Las capturas de pescado y marisco de nuestra flota ascendieron a 787.258 toneladas en 2020, decreciendo un 11,4% respecto a las 877.211 toneladas capturadas en 2019. Con estas cifras, España revalida un año más su liderazgo en la Unión Europea. A este respecto, en 2019 (últimas cifras disponibles de Europa), España suponía el 28% del valor total de la pesca y el 16,3% de las capturas.

Respecto a los puestos de trabajo que genera el sector, en 2020 fueron 31.093 empleos directos, con un descenso del 2,6% respecto a los 31.935 de 2019; y 150.000 indirectos. Estas cifras reflejan el proceso de ajuste del número de buques de la flota pesquera española, que en 2020 estaba compuesta por 8.839 barcos frente a los 8.884 de 2019. Este ajuste también se refleja en la cifra de 2021, ya disponible, y que apunta a un total de 8.732 barcos de pesca, ocupando la tercera posición del ranking europeo, tras Grecia (14.550) e Italia (12.179).

La mayor parte de la flota opera en el caladero nacional, con el 95,34% del total de buques en cuatro zonas de pesca: Cantábrico y Noroeste, Mediterráneo, Golfo de Cádiz y Canarias. En aguas comunitarias pesca el 1,18%, el 1,27% en caladeros internacionales y el 2,22% restante pertenece al censo unificado de palangre de superficie, que faena tanto en aguas españolas como en las de la UE, en las de terceros países y en alta mar.

En relación con las importaciones y exportaciones, ambas cayeron en 2020, pero se recuperaron en 2021, incluso superando los datos de 2018 y 2019. Las importaciones en 2021 fueron de 1.786,4 toneladas con un valor de 7.483 millones de euros, con un crecimiento del 5,8% y del 14,7%, respectivamente. Las exportaciones en 2021 fueron de 1.168 toneladas con un valor de 4.701 millones, lo que supone un crecimiento del 6,6% y del 17,1%, respectivamente. Con estas cifras, el saldo de la balanza comercial del sector pesquero fue deficitario en este periodo en 2.781 millones.

En cuanto al consumo de productos de la pesca en hogares, 2020 registró un aumento considerable, debido al confinamiento de los ciudadanos y al cierre del canal Horeca durante varios meses como consecuencia de la pandemia de la Covid-19. Así, en 2020 el consumo doméstico de pescado creció un 9% hasta 24,83 kilos anuales por persona, frente a 22,5 kilos de 2019. De hecho, ese año España se convirtió en el primer país de la UE en gasto en pescados y mariscos por parte de los hogares. Aun así, esta cifra no revierte la tendencia decreciente continua que se viene experimentando en el país desde 2014. Igualmente, el consumo también creció un 12% en valor, situándose en 2020 en 221,48 euros per cápita al año frente a 195,06 euros per cápita al año en 2019.

Reforma PPC y Ley de Pesca Sostenible e Investigación Pesquera

De cara al futuro, el sector habrá de afrontar la posible reforma de la Política Pesquera Común (PPC), en vigor desde 2013, y la futura Ley de Pesca Sostenible e Investigación Pesquera, cuyo proyecto de Ley se aprobó el pasado mayo. Respecto a la primera, el sector cree que, para responder a los nuevos retos geopolíticos y al cambio climático, ha de ponerse a los pescadores en el centro de las decisiones y basarse en la ciencia y los datos y no en las emociones que utilizan las campañas demagógicas. En este punto, cabe destacar que, según el último informe SOFIA de la FAO, el 82,5% de las capturas desembarcadas en el mundo proviene de poblaciones de peces gestionadas de forma sostenible.

Así mismo, a juicio del sector, no se trata de hacer una reforma completa de la PPC, sino de cuestiones esenciales en las que el problema no es la aplicación, tal y como afirma la Comisión Europea (CE), sino el mal diseño de ciertas normas. Tal es el caso de la obligación de desembarque sobre la que diferentes científicos ya han manifestado un necesario replanteamiento y utilizar un enfoque diferente para evitar capturas no deseadas y eliminar los descartes. Igualmente, sector y científicos apuntan la imposibilidad de lograr el Rendimiento Máximo Sostenible (RMS) para todas las especies al mismo tiempo o la necesidad de revisar algunas medidas de la propuesta de Reglamento de Control, como el margen de tolerancia, por la imposibilidad de su cumplimiento.

En relación con la propuesta de cierre de 87 zonas para proteger los ecosistemas marinos vulnerables en aguas de España, Portugal, Francia e Irlanda, el sector solicita disponer de toda la información científica y de un análisis profundo de impacto socio económico. A su juicio, tal y como está planteada la propuesta, sería un “desastre” para el sector y en especial para algunas pesquerías, como los palangreros de fondo del Puerto de Celeiro y de la Organización de Productores Pesqueros de Burela, al capturar en estas zonas en torno al 75% de merluza.

Por último y respecto al Proyecto de Ley de Pesca Sostenible e Investigación Pesquera, Cepesca considera que no garantiza la seguridad jurídica de las empresas pesqueras de nuestro país al no explicitar que los posibles nuevos criterios de reparto de las posibilidades de pesca no afectarán a los ya realizados conforme a la ley vigente. Además, sostiene que la reserva del 10% de todas las posibilidades de pesca es excesiva y más teniendo en cuenta que, en los últimos años, la Administración se ha reservado un máximo de entre un 2% y un 3%.

Preocupa igualmente al sector el artículo que se refiere a la gestión de las posibilidades de pesca no utilizadas, al establecer el Gobierno la posibilidad de “expropiarlas” sin compensación a las empresas que no las usen durante dos años consecutivos y lamenta la eliminación del proyecto de Ley del artículo 64 de la ley actual referido a la adopción de medidas para fomentar las sociedades mixtas. Para el sector, estas sociedades crean empleo y riqueza, en España y en los países donde invierten, además de contribuir al abastecimiento del mercado español y a la soberanía alimentaria de la UE.

Compromiso con el medioambiente

En el periodo que cubre este nuevo Informe, Cepesca se ha integrado en la Plataforma para la Promoción de los Ecocombustibles para cumplir con los compromisos de descarbonización que marca el Pacto Verde europeo y ha seguido desarrollando distintas iniciativas medioambientales.

Así, el sector puso en marcha el proyecto REDUSE para cumplir la Directiva europea sobre plásticos de un solo uso (SUP), impulsar el ecodiseño de las artes de pesca y definir una propuesta de sistema de gestión para la recogida, tratamiento y procesamiento sostenible de los residuos derivados de artes y aparejos de pesca. El proyecto, que este año tiene continuidad con REDUSE-II, ha permitido hacer el primer diagnóstico sobre gestión de artes y aparejos, establecer el potencial de reciclaje de redes en las principales modalidades de pesca y definir un protocolo de gestión de estos residuos.

A esta iniciativa se suman los proyectos ACTUAZUL y SEAYOURLITTER. El primero para cohesionar las poblaciones costeras mediante la creación de oportunidades en el ámbito de la economía azul y el segundo para prevenir la contaminación de mares y océanos, con la participación del sector en acciones de recogida -donde la flota de arrastre tiene un valor estratégico- y de sensibilización.

El 82,5% del pescado desembarcado a escala global en 2019 procedió de poblaciones en niveles de sostenibilidad biológica, lo que supone un incremento del 3,8% respecto a 2017 y el 64,6% de los stocks pesqueros disfrutaban de este mismo nivel. Así lo recoge el informe SOFIA 2022 sobre el Estado Mundial de la Pesca y la Acuicultura, que la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) hizo público ayer en el marco de la Conferencia Mundial de los Océanos, que se celebró la pasada semana en Lisboa.

El informe de FAO, de carácter bianual, actualiza los datos sobre el estado de los recursos pesqueros y muestra que, a nivel mundial, los stocks pesqueros estaban en niveles de sostenibilidad biológica (64,6%), resultado de la suma de los stocks que se pescan dentro de los niveles de Rendimiento Máximo Sostenible (RMS) y los stocks subexplotados, que representan el 57,3%, y el 7,2%, respectivamente. Por su parte, las poblaciones sobreexplotadas se sitúan en un 35,4% en 2019, (34,22% en 2017).

La FAO destaca y califica como señal alentadora que las poblaciones pescadas de forma sostenible representen el 82,5% del volumen total de desembarques en 2019 (3,8%, de crecimiento respecto a 2017); una progresión que indica que las poblaciones más grandes se están gestionando de forma más eficaz.

En 2019, entre las 16 áreas de pesca principales de la FAO, el Pacífico Sureste (Area 87) registra el porcentaje más alto (66,7%) de stocks sobreexplotados, seguido del Mediterráneo y el mar Negro (Área 37) con un 63,4% y Atlántico Suroeste (Area 41) con un 40%. Por el contrario, el Pacífico Noreste (Area 67), el Pacífico Centro-Oriental (Area 77), Pacífico Centro-Occidental (Area 71) y Pacífico Sur Occidental (Area 81) registran la proporción más baja (13-23%) de stocks sobreexplotados.

Contribución creciente a la nutrición y la seguridad alimentaria

SOFIA 2022 también constata la contribución creciente de los productos pesqueros a la nutrición y la seguridad alimentaria. De hecho, según el director general de la FAO, Qu Dongyu, “el crecimiento de la pesca y la acuicultura es vital para acabar con el hambre y la malnutrición en el mundo”. Con ese objetivo, de acuerdo con Qu Dognyu, “debemos transformar los sistemas agroalimentarios para garantizar una producción sostenible al tiempo que se salvaguardan los recursos y se protegen los hábitats y la biodiversidad marina”.

Según el informe, la producción mundial de productos pesqueros en 2020 se situó en 177,8 millones de toneladas, de las cuales 90,3 millones corresponden a la pesca de captura (78,8 millones de toneladas de pesca marina y 11,5 millones de toneladas de pesca de agua dulce). La acuicultura, por su parte, aportó 87,5 millones de toneladas. Esto significa que, en 2020, la producción de productos pesqueros fue un 30% superior a la media de la década del 2000 y un 60% mayor que la media de la década de 1990. El informe prevé que la producción total de productos pesqueros alcance los 202 millones de toneladas en 2030.

En cuanto a la producción mundial, cabe señalar que la reducción de la pesca de captura en 2020 (en 2018 alcanzó el nivel más alto registrado con 96,4 millones de toneladas), se vio principalmente motivada por la pandemia de la Covid-19, que interrumpió de forma severa las actividades pesqueras, el acceso al mercado y las ventas, así como por la reducción de las capturas de China y la caída de las capturas de anchoveta en línea con su fluctuación natural.

En 2020, los países asiáticos acapararon el 70% de la producción mundial de la pesca y acuicultura, seguidos de países de América, Europa, África y Oceanía. China se mantiene como el principal productor (11,77 millones de toneladas en 2020 y 15% de la producción mundial), seguida de Indonesia, Perú, Rusia, Estados Unidos, India y Vietnam. Por su parte, España, con 800.000 toneladas (1% de la producción mundial), se mantiene en la vigésima posición del ranking de productores.

En cuanto al consumo mundial de productos pesqueros también ha crecido, hasta situarse en 20,2 kg per cápita, más del doble del consumo registrado en la década de 1960. A pesar del impacto de la pandemia de la Covid-19, en 2020, se destinaron al consumo humano directo más de 157 millones de toneladas o el 89% de la producción de productos pesqueros, un volumen ligeramente superior al de 2018. Así, los productos pesqueros aportaron alrededor del 17% de las proteínas animales consumidas en 2019 y se espera que el consumo aumente en un 15% para alcanzar en 2030 un promedio de 21,4 kg per cápita.

Contribución al empleo, el comercio y el desarrollo económico

El informe SOFIA también muestra la contribución de la pesca y la acuicultura al empleo, el comercio y el desarrollo económico, y llama a una “Transformación Azul” para maximizar esta aportación sin salirse de los límites ecológicos. El valor total de primera venta de la producción pesquera y acuícola en 2020 se estima en 406.000 millones de dólares, de los cuales 141.000 millones de dólares corresponden a la pesca de captura. Por su parte, el valor del comercio internacional de productos de la pesca y la acuicultura se sitúa en 151.000 millones de dólares.

Respecto al empleo, en el sector pequero y acuícola trabajan 58,5 millones de personas en todo el mundo, de las cuales alrededor del 21% son mujeres; y se estima que la vida y el sustento de alrededor de 600 millones de personas dependen de alguna manera de la pesca y la acuicultura.

Según Javier Garat, secretario general de Cepesca y presidente de Europêche, “está demostrado que los productos pesqueros son la fuente de proteínas más saludable y con menor huella de carbono y, en lugar de nuevos obstáculos y limitaciones sin argumentos científicos, el sector necesita que se reconozca el carácter esencial de su labor y se facilite el desarrollo de su actividad, garantizando, por supuesto, la protección de mares y océanos. Para ello, -apostilla Garat-, el sector pesquero emprendió hace décadas la transformación azul que FAO impulsa apoyándose en la ciencia y la tecnología”.

La Alianza Europea de Pesca de Fondo (EBFA, por sus siglas en inglés), que representa a más de 20.000 pescadores y 7.000 buques europeos y de la que forma parte la Confederación Española de Pesca (Cepesca), denuncia el acto de aplicación del reglamento sobre acceso a aguas profundas presentado por la Comisión Europea al Consejo de la Unión Europea.

Este acto de aplicación prohíbe todas las actividades de pesca de fondo (arrastre, palangre, anzuelos, etc.) en 94 zonas de pesca de Francia, España, Portugal e Irlanda. A juicio de la EBFA, las consecuencias de este acto de ejecución serán dramáticas para todas las pesquerías europeas y solicita su retirada en vista de las reconocidas lagunas científicas, la falta de una consulta adecuada y de un análisis de impacto socioeconómico, así como la falta de respaldo por parte del Consejo.

Cabe señalar que, durante la votación de los Estados miembros de la UE de esta mañana, muchos de ellos -algunos de los cuales ni siquiera estaban afectados por este acto de ejecución- se abstuvieron en protesta contra la falta de consulta adecuada en el proceso y la debilidad de las evaluaciones de impacto que acompañan a esta posible decisión. La votación del Consejo se saldó sin una mayoría cualificada a favor o en contra del texto, un hecho extremadamente raro en los procedimientos legislativos.

Ahora, la Comisión debe decidir unilateralmente el futuro de este acto de ejecución. Según la EBFA, a la vista de las reservas expresadas por los Estados miembros, sería especialmente sorprendente ver a la Comisión forzar su aprobación.

Propuesta del peor escenario

De los cuatro escenarios posibles propuestos por los científicos, la Comisión eligió el más restrictivo, proponiendo cerrar a la pesca la totalidad de los caladeros tradicionales. Además, los científicos reconocieron que la capacidad cartográfica obsoleta utilizada en los dictámenes científicos puede sobreestimar la proporción de los fondos marinos en los que se pesca y con presencia de ecosistemas marinos vulnerables (EMV).

A juicio de la EBFA, la Comisión no se ha comprometido públicamente ni tiene la ambición de resolver este problema tan antiguo. Por ello, estas limitaciones no le han impedido cerrar zonas de pesca enteras aunque los EMV no existan o sólo existan en una fracción, descuidando y amplificando las notables consecuencias socioeconómicas para los pescadores y la seguridad alimentaria. Incluso descartó, señala, la posibilidad de incluir zonas en las que la existencia de EMV se ha determinado y cartografiado mejor.

Según la EBFA, esta información no parece interesar a la Comisión, a pesar de que el análisis científico procede de un proyecto financiado por la UE para mejorar la protección de la biodiversidad (Programa LIFE) que contó con la participación de las partes interesadas, incluida la flota pesquera. Además, alerta, el acto de aplicación introducirá zonas de amortiguación que triplican la superficie de las zonas de veda en las que existen ecosistemas vulnerables sin que se justifique claramente su necesidad.

Así mismo, otras artes, como el palangre o la pesca con anzuelos, cuyos impactos, ya sean ambientales o socioeconómicos, aún no se han estudiado, también se verán afectadas por las vedas de forma desproporcionada. Ello obligará a estos buques pesqueros a desplazarse de sus caladeros tradicionales a otras zonas sin presencia de especies objetivo, lo que sin duda perturbará las operaciones de pesca y reducirá su cuota. Según la EBFA, algunas de estas flotas se verán afectadas por estos cierres hasta en un 75% de sus capturas actuales sin ninguna evaluación previa del impacto socioeconómico.

Un proceso apresurado sin la debida consulta

A la EBFA le sorprende que la Comisión Europea no haya llevado a cabo un proceso de consulta digno de ese nombre con todas las partes interesadas. En los últimos años se han mantenido conversaciones y reuniones de manera informal, pero nunca se ha dado la oportunidad al sector de evaluar adecuadamente la propuesta concreta presentada hace sólo 14 días. En este sentido, subraya, el sector es el más interesado en dar una respuesta útil y basada en datos científicos, pero ello requiere algún tiempo para conseguirlo, igual que la Comisión tardó seis años en hacer esta propuesta.

Así mismo, la EBFA no entiende por qué la Comisión decidió optar por el plazo más breve posible desde la propuesta hasta la votación, dos semanas, cuando podría haber dado más tiempo a las flotas afectadas y a los Estados miembros para estudiar y proponer cambios en el plan. En su opinión, ello demuestra que la Comisión no está a la altura de las normas de transparencia y debate abierto exigido a los demás.

Según Iván López van der Veen, presidente de la EBFA, «somos plenamente conscientes de que nuestra actividad repercute en el medio ambiente, al igual que cualquier sistema de producción de alimentos. También entendemos y apoyamos la necesidad de cerrar las zonas donde existen ecosistemas vulnerables como parte de una mejor protección de los océanos. Lamentablemente, este no es el caso de esta aplicación. Los caladeros tradicionales se cierran a la pesca más allá de una necesidad real, sólo para alcanzar objetivos políticos sin ningún beneficio real para la naturaleza y con enormes consecuencias para los pescadores y la seguridad alimentaria».

En su opinión, “la Comisión defiende un sistema de cogestión que, cuando se trata de sus propias decisiones, lamentablemente no se aplica en la práctica. Por el contrario, se nos presenta como reaccionarios cuando lo único que queremos es una gestión y protección eficaces y basadas en la realidad y no en el objetivo de quién cierra más kilómetros cuadrados de mar a la pesca. La experiencia es aún más dolorosa al comprobar el distanciamiento de la misma Comisión cuando se trata de la minería de aguas profundas, una actividad que a Bruselas le parece perfectamente apropiada».

El sector pesquero europeo, agrupado en Europêche, cree que la Política Pesquera Común (PPC), adoptada en 2013, ha de reformar algunos elementos básicos, tales como la obligación de desembarque o la definición de capacidad pesquera y adaptarse a los nuevos retos geopolíticos, si Europa quiere disponer de un sector competitivo en el mundo y con capacidad de asegurar el suministro de productos pesqueros a los europeos y, consecuentemente, su seguridad alimentaria.  

Así lo ha manifestado Javier Garat, presidente de Europêche, organización a la que pertenece la Confederación Española de Pesca (CEPESCA), durante un acto organizado por la Comisión Europea (CE) para analizar esta normativa europea.

Durante el encuentro, el sector pesquero afirmó que la PPC ha permitido una rápida recuperación de las poblaciones de peces en toda Europa, especialmente en el Atlántico noreste, pero a costa de la flota y el empleo en el sector. Según el sector, los pescadores han debido enfrentarse a normas poco realistas e inviables, a lo que se suma la pandemia mundial vivida durante dos años y ahora la crisis energética provocada por el conflicto armado en Ucrania. “Todo ello –afirmó Garat–, está amenazando a los pescadores con convertirnos en una especie en peligro de extinción y Europa debe reflexionar sobre ello”.

A juicio del sector, si la Política Pesquera Común quiere dar respuesta a los nuevos retos geopolíticos y del cambio climático, ha de poner a los pescadores en el centro de las decisiones y basarse en la ciencia y no en campañas demagógicas fundamentadas en las emociones y no en datos”.

En este sentido, Garat apuntó como ejemplo la obligación de desembarque, propuesta como reacción a una campaña lanzada por un chef del Reino Unido o la actual petición de prohibir la pesca de arrastre de fondo. De hecho, durante el debate, la científica Clara Ulrich, del Instituto Frances de Ciencia y Tecnología Marina (Ifremer), apuntó replantear la obligación de desembarque y utilizar un enfoque diferente para evitar las capturas no deseadas y eliminar los descartes.

Según Garat, “nuestros pescadores necesitan normas racionales y comprensibles que les permitan seguir siendo competitivos e innovadores frente a legislaciones inaplicables y las nuevas políticas medioambientales radicales que sólo generan desconfianza y tensión entre el sector, los gobiernos y la propia sociedad”. Tenemos una nueva oportunidad”, -subrayó Garat-, para aprender de los errores del pasado y adaptarnos a las necesidades futuras y a las demandas globales, y ello pasa por modificar la dinámica normativa actual. Es inviable –añadió Garat–, que los pescadores necesiten ser abogados para poder salir a faenar”.

Durante el acto, Europêche reafirmó su compromiso con un entorno marino sostenible como elemento fundamental de su actividad, y expuso que la PPC no puede descuidar a los pescadores, su experiencia y conocimiento, así como las vertientes sociales y económicas de su actividad, y sólo tener en cuenta los objetivos medioambientales.

En este sentido, Garat subrayó que es necesario disponer de más y mejor ciencia para tomar decisiones, incluyendo estudios del impacto socioeconómico de las políticas pesqueras. Además, los pescadores pidieron que se mantenga el acceso a los recursos naturales y a sus caladeros tradicionales “que, poco a poco, están siendo apropiados por nuevas actividades marinas o convirtiéndose en áreas marítimas protegidas”, apuntó Garat, que cree que esta tendencia pone en serio riesgo nuestra soberanía alimentaria.

En la reunión, Europêche, expuso aspectos concretos de la normativa que deben de ser revisados, tales como considerar parte de la capacidad pesquera de un buque los espacios destinados a cocina, camarotes, aseos o zonas de recreo. Según el sector, ello resta capacidad a la flota para avanzar en su estrategia de introducir nuevas tecnologías de motores o en la de poner en marcha políticas para fomentar la incorporación de la mujer a la pesca o mejorar las condiciones de los tripulantes a bordo. “De ahí la necesidad –apuntó Garat–, de encontrar fórmulas alternativas, como el tonelaje neto, para medir la capacidad pesquera”.

Garat también solicitó el reforzamiento de la dimensión exterior de la PPC en la gobernanza de los océanos para lo que es necesario, apuntó, disponer de más recursos financieros y humanos. En este sentido, recordó la importancia de los acuerdos de pesca firmados con terceros países.  También elogió el trabajo de la CE en la lucha contra la pesca ilegal a nivel mundial y subrayó la necesidad de aplicar las mismas normas a todos los buques que operan en aguas internacionales para garantizar una actividad en igualdad de condiciones. Por último, Garat reiteró su petición de reconocer el papel de las empresas mixtas en terceros países.

La flota cañera atunera integrada en la asociación Dakartuna ha solicitado al comisario europeo de medioambiente, océanos y pesca, Virginijus Sinkevicius, el pago de las ayudas correspondientes en caso de causa extraordinaria o fuerza mayor, al encontrarse en una situación prácticamente de quiebra inminente. La flota ha hecho esta petición tras seis meses sin poder desarrollar su actividad por la negativa de Senegal para emitir las licencias correspondientes y obligada, no obstante, a hacer frente a gastos corrientes.

A pesar de que los armadores de Dakartuna, integrada en la Confederación Española de Pesca (Cepesca) abonaron en noviembre de 2021 el importe de las licencias correspondientes para faenar bajo el acuerdo de pesca existente entre la UE y el país africano, no ha sido hasta este mes de junio que Senegal ha procedido a su expedición ya que la reunión de la Comisión Mixta de la UE y Senegal mantenida los pasados días 24 y 25 de marzo no logró desbloquear la situación. Por el contrario, en esa reunión se exigió a Dakartuna el pago de una deuda por importe de 12.753 euros del buque pesquero Kermantxo, ajeno a la asociación que agrupa a los barcos Pilar Torre, Iribar Zulaika, Corona del Mar y Bearriz San Francisco.

Según Miguel Ángel Solana, armador del buque Pilar Torre y presidente de Dakartuna, “este mes de junio hemos recibido las licencias, pero a consecuencia de la situación vivida durante todos estos meses nos encontramos en una situación de quiebra inminente, lo que imposibilita el pago del despido de 75 marineros senegaleses y otro centenar de personas que venían desarrollando diferentes trabajos y tampoco podemos afrontar los pagos para reactivar la actividad como gastos de consignatario o portuarios, compra de gasoil o agua”. “Tras cinco meses de paro forzoso”, -apostilla Solana—“no podemos acceder a financiación para realizar nuestra actividad”.

En total, los barcos de Dakartuna suman 22 meses sin poder faenar de forma regular debido al veto de Senegal a su entrada en la bahía de Han para proveerse de cebo vivo, situación a la que se sumó la decisión unilateral del país africano de no expedir nuevas licencias a barcos europeos. En esta situación, Dakartuna solicita a la Comisión Europea el pago, con carácter urgente y retroactivo desde el mes de enero, de las ayudas establecidas en el protocolo del acuerdo de pesca entre la UE y Senegal en caso de causas extraordinarias o fuerza mayor.

La flota cañera agrupada en Dakartuna pesca habitualmente en aguas de Senegal, y bajo el acuerdo de pesca establecido por la UE y el país africano en julio de 2019, especies de túnidos tropicales, como el listado, el rabil o el patudo.  El acuerdo de pesca entre la UE y Senegal es por un periodo de cinco años y supone una contribución anual por parte de la UE de 1,7 millones de euros: 800.000 euros en concepto de acceso a las aguas senegalesas y el montante restante para apoyar la política de gestión de las pesquerías del país.

El sector pesquero español solicita al Gobierno la prórroga de las ayudas para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania, “más aún -apunta Javier Garat, secretario general de CEPESCA-, si tenemos en cuenta que la subida del precio de los carburantes prácticamente ya se ha comido la bonificación de 20 céntimos por litro que entró en vigor el pasado 1 de abril y el sector pesquero vuelve a acercarse a una situación difícilmente sostenible”.

Por otro lado, el sector también ha solicitado que el proyecto de ley de Medidas Urgentes, ahora en trámite, contemple las cinco enmiendas que los pescadores han introducido en él y que ya han sido remitidas a los grupos políticos del Congreso de los Diputados. Concretamente, el sector propone enmendar los artículos 15 (bonificación gasoil), 32 (ayudas a empresas armadoras); 33 (ayudas a los costes de producción); 37 (aplazamiento cuotas de Seguridad Social) y 38 (tasas portuarias).

Respecto al artículo 15, que hace referencia a los beneficiarios de la bonificación de 20 céntimos sobre el precio de los combustibles, el sector solicita incluir entre ellos, con efecto retroactivo, a la flota de pesca de altura que pesca fuera de las aguas españolas y que realiza el suministro de combustible fuera de España, más aún cuando muchos de estos buques se abastecen con gasoil de empresas españolas y hay barcos de pabellón extranjero que se benefician de esta bonificación al repostar en puertos españoles. Con la enmienda de este artículo, el sector busca modificar el criterio seguido hasta ahora por la Agencia Tributaria sobre este particular, coincidiendo con el propio Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que así lo ha manifestado.

En la enmienda del sector al artículo 32 del proyecto de ley, sobre ayudas a armadores de buques de pesca que estén dados de alta en la lista tercera del Registro General de la flota pesquera, el sector solicita incluir también a los inscritos en la lista cuarta de dicho registro. Concretamente, en esta relación se inscriben las almadrabas y los buques de apoyo de la flota atunera congeladora. A juicio de Cepesca, su no inclusión está injustificada, ya que estos últimos barcos sufren de igual manera las consecuencias de la continua subida de los costes de explotación.

Cepesca también ha solicitado enmendar el artículo 33 del proyecto de ley, que hace referencia a las ayudas a los sobrecostes de producción, y pide que se considere al combustible como tal, al igual que a otros materiales como, por ejemplo, el cebo, la sal el hielo o los aparejos. A juicio del sector, no tiene sentido excluir al combustible de los costes de producción a indemnizar, y considera, además, que serviría para compensar a la flota que opera desde puertos extranjeros.

En cuanto a los costes de transporte, contemplados en este mismo artículo, a juicio del sector, deberían incluirse en su totalidad, y no sólo los referidos al transporte del pescado. Según Cepesca, las flotas exteriores precisan enviar a los buques todo tipo de pertrechos adquiridos en territorio español, por lo que, en caso de encarecimiento de su transporte, pueden ser adquiridos en puertos extranjeros, lo que impactaría negativamente en la economía española.

Respecto al artículo 37 del Proyecto de Ley, que especifica que los aplazamientos de cuotas de la Seguridad Social de las empresas incluidas en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar y los trabajadores por cuenta propia incluidos en el mismo régimen, sólo se concederán cuando las empresas no tuvieran en vigor otro aplazamiento, el sector considera necesario eliminar este último requisito. A juicio de Cepesca, de no ser así, la medida puede no ser efectiva para muchas empresas, teniendo en cuenta que los acontecimientos que han desencadenado la crisis actual han sido un hecho impredecible e imposible de calibrar por numerosas empresas.

Por último, y respecto al artículo 38, que hace referencia a la exención de la tasa de pesca fresca portuaria, el sector solicita que se concedan a las tasas repercutidas a los armadores de buques durante un período de seis meses desde la entrada en vigor del Real Decreto Ley. Cepesca añade en su enmienda que esta medida ya ha sido aprobada por algunas Comunidades Autónomas (Galicia y Andalucía) y se estudia su aplicación en otras.

La Confederación Española de Pesca (CEPESCA) considera que el proyecto de Ley de Pesca Sostenible e Investigación Pesquera, aprobado el pasado 17 de mayo en Consejo de Ministros, no garantiza la seguridad jurídica de las empresas pesqueras de nuestro país ya que no explicita que los posibles nuevos criterios de reparto de las posibilidades de pesca no afectarán a los ya realizados conforme a la ley vigente.

En este sentido, Cepesca cree imprescindible que la nueva ley explicite expresamente que los nuevos criterios se aplicarán exclusivamente a las especies que se vayan a repartir por primera vez. Según Javier Garat, secretario general Cepesca, “durante los últimos años se han realizado muchos repartos de las posibilidades de pesca conforme a la Ley de Pesca de 2001 y, tras ellos, muchas empresas pesqueras han realizado importantes inversiones para garantizar su futuro, adaptando su capacidad operativa o comprando o alquilando cuotas a otras empresas. Por ello, -apunta Garat-, una posible revisión de esos repartos provocaría serios perjuicios a muchas empresas y atentaría contra la seguridad jurídica de las mismas”.

Cepesca sostiene, además, que la reserva del 10% de todas las posibilidades de pesca que establece el nuevo texto normativo es excesiva y más teniendo en cuenta que, en los últimos años, la Administración se ha reservado un máximo de entre un 2% y un 3%. Por este motivo, la patronal pesquera solicita que la reserva de las posibilidades de pesca no supere el 3%. Cualquier porcentaje superior crearía una disfunción indeseada en la gestión de las posibilidades de pesca por parte de las empresas.

Por otro lado, Cepesca muestra su preocupación por el artículo que se refiere a la gestión de las posibilidades de pesca no utilizadas, puesto que el Gobierno establece la posibilidad de “expropiarlas” sin compensación a las empresas que no las usen durante dos años consecutivos. En este sentido, y según Garat, “esta medida podría suponer un enorme perjuicio para las empresas que llevan años invirtiendo para contar con las suficientes posibilidades de pesca que aseguren su rentabilidad a futuro”.

Sobre este particular, Cepesca apunta que las empresas pesqueras son las primeras interesadas en hacer el máximo uso de las posibilidades que la UE concede a España, “pero en lugar de amenazas, lo que necesitamos es flexibilidad y políticas que favorezcan los intercambios y posibilitar una pesca sostenible, pero también rentable”.

Finalmente, Cepesca lamenta que se haya eliminado del proyecto de ley el artículo 64 de la ley actual y que hace referencia a la adopción de medidas para el fomento de las sociedades mixtas. Para el sector, este tipo de sociedades son importantes para la creación de empleo y riqueza, tanto en España como en los países donde realizan importantes inversiones, así como por su contribución al abastecimiento de pescados y mariscos al mercado español y a la soberanía alimentaria de la UE.

En estas circunstancias, Cepesca se dirigirá a los grupos parlamentarios para favorecer un replanteamiento y que, a la hora de la votación del nuevo texto en el Congreso y el Senado, se aprueben unas enmiendas que tengan en cuenta el trabajo de los armadores y pescadores y promuevan al mismo tiempo una mejor gestión de los caladeros durante los próximos años. Cabe señalar que, de las 46 propuestas de modificación del texto presentadas por Cepesca, sólo se han tenido en cuenta un par de ellas.

De hecho, según Garat, “el sector pesquero puede contribuir a la mejora de este texto adecuándolo a la realidad y las necesidades de nuestro sector, pero para ello necesitamos que el Gobierno tenga en cuenta nuestras propuestas, hasta ahora prácticamente ignoradas”.  

Respecto a los aspectos positivos del proyecto de ley, Cepesca llama la atención sobre la relevancia que otorga el texto a la investigación pesquera y la inclusión de nuevos grupos laborales en los coeficientes reductores. De esta forma, celebra Cepesca, se incrementa la protección y se posibilita el adelanto de la jubilación de colectivos de mujeres como las rederas, neskatillas o empacadoras. La patronal también aplaude la regulación que introduce el texto para la pesca recreativa, los recursos genéticos y la creación de un foro asesor de pesca.

Según Cepesca, la tramitación del proyecto de Ley de Pesca Sostenible abre una oportunidad para intentar alcanzar un consenso entre el sector, el Gobierno y los diferentes grupos políticos, un condicionante fundamental para que la nueva Ley sea un éxito durante, al menos, los próximos 20 años.

La Confederación Española de Pesca (CEPESCA) y la empresa Gravity Wave han firmado un acuerdo de colaboración para avanzar en el tratamiento y revalorización posterior de las redes y aparejos de pesca al final de su vida útil.

El acuerdo se ha rubricado en el marco del proyecto REDUSE-II de Cepesca, que tiene como objetivo contribuir a la implantación futura de un modelo de gestión responsable de redes y aparejos de pesca que incorpore el criterio de la responsabilidad ampliada del productor para el tratamiento y procesamiento sostenible de materiales, dando así cumplimiento al Pacto Verde europeo y a la normativa europea de plásticos, transpuesta en la nueva la Ley de Residuos.

Según el acuerdo, Gravity Wave actuará como una de las empresas colaboradoras en los pilotos que se están desarrollando en varios puertos de nuestro país dentro de REDUSE-II para generar el conocimiento necesario para garantizar que la nueva forma de gestión puede escalarse con un riesgo operacional mínimo y de forma económicamente sostenible.

Una vez definidos los puertos en los que se desarrollarán los pilotos, la actuación de Gravity Wave consistirá en la gestión y transformación de estos residuos en mobiliario urbano como, por ejemplo, mesas, bancos, macetas o papeleras, en línea con los principios de la economía circular.

Desde hace años el sector pesquero trabaja en diferentes vías para gestionar las redes y aparejos de pesca para que tengan una segunda vida.

El proyecto REDUSE-II es continuación del llevado a cabo en 2021 (REDUSE) y se desarrolla en colaboración con la Fundación Biodiversidad y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través del Programa Pleamar, cofinanciado por el FEMP (Fondo Europeo Marítimo y Pesquero).

La Confederación Española de Pesca (CEPESCA) se suma a la denuncia de la flota cañera que permanece amarrada en el puerto de Dakar (Senegal) desde principios de año, soportando gastos (sueldos de marineros, mecánicos, gastos portuarios, licencias), pero sin ingresos, tras la negativa de este país de emitir las licencias previstas en el protocolo de pesca vigente con la Unión Europea.

Cepesca, que considera inexplicable la situación, insta a la Comisión Europea a que desbloquee la situación con urgencia y que defienda los intereses de los pescadores europeos ante países terceros que, como en este caso, y de manera inexplicable, incumplen unilateralmente un acuerdo de pesca con la UE. En su defecto, Cepesca tampoco encuentra razones para que la Comisión declare que, a pesar de esta situación, aún no se pueden activar ayudas comunitarias para los pescadores, a pesar del apoyo expresado por muchos miembros del Parlamento Europeo.

Cabe recordar que la flota cañera vasca que opera en aquellas aguas (agrupada en DAKARTUNA) pesca habitualmente especies de túnidos tropicales, como el listado, el rabil o el patudo, y lleva 21 meses sin poder faenar de forma regular debido al veto del Gobierno del país africano que les impide entrar en la bahía de Han y proveerse de cebo vivo para faenar. A ello se suma la decisión del pasado 1 de enero de no expedir nuevas licencias para barcos europeos, posturas ambas que ratificó el ministro de Pesca y Economía Marítima de Senegal, Alioun Ndoy, a una delegación del Parlamento Europeo que visitó Senegal el pasado 23 de febrero y, posteriormente, los días 24 y 25 de marzo en la reunión la Comisión Mixta entre Senegal y la UE.

Cepesca recuerda también que los armadores españoles, a petición de la propia Comisión Europea, han abonado la deuda de un buque ajeno a Dakartuna, ante la insinuación de la Comisión de que era una condición indispensable para obtener las licencias. Una vez saldada esta deuda, la situación se mantiene estancada, lo que Cepesca interpreta como inaceptable e injustificable.

Cepesca y Dakartuna insisten en la necesidad de una solución urgente, ya que con esta actitud Senegal incumple el acuerdo de pesca con la UE, establecido en julio de 2019 por un periodo de cinco años y con una contribución anual de la UE de 1,7 millones de euros (800.000 euros en concepto de acceso a las aguas senegalesas y el montante restante para apoyar la política de gestión de las pesquerías del país).

Igualmente, y ante la aparente indiferencia e incapacidad de Europa para resolver este conflicto, los pescadores solicitan una vez más a la Secretaría General de Pesca (SGP) del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), que active las ayudas necesarias para evitar la quiebra de las empresas armadoras y la pérdida de los puestos de trabajo.

En el día de ayer fue constituida la Asociación de Organizaciones de Productores PESCA ESPAÑA, tras la Junta Directiva de CEPESCA, y después de ser rubricada por los representantes de un total de seis organizaciones de productores y la elección de Javier Garat, secretario general de Cepesca, como su presidente. Pesca España permitirá al sector fortalecer la defensa de sus intereses y potenciar la promoción de su actividad y de los productos fruto de ella.

Concretamente, los miembros fundadores de PESCA ESPAÑA son la Organización de Productores Asociados de Grandes Atuneros Congeladores (OPAGAC), la Organización de Productores de Buques Congeladores de Merlúcidos, Cefalópodos y Especies Varias (OPP-3), la Organización de Productores Pesqueros del Puerto de Burela (OPP-7), la Organización de Productores Pesqueros del Puerto de Celeiro (OPP-77), la Organización de Productores de Pesca Fresca del Puerto de A Coruña (OPP-13) y la Organización de Productores Pesqueros OPMallorcaMar (OPP-58).

Además, PESCA ESPAÑA procedió a la elección de su directiva, en la que acompañará a Garat, el director gerente de OPAGAC, Julio Morón, en calidad de vicepresidente. Por su parte ejercerán como vocales Juan Manuel Liria Franch, presidente de la OPP-3, Sergio López, y Jesús Lourido, gerentes de la OPP-7 y la OPP-77, respectivamente, y Francisco Correa y Pedro Mercant, presidentes de la OPP-13 y OPP-58, respectivamente.

Según Garat, la creación de esta organización es un paso importante para utilizar los instrumentos que ofrece la Organización Común de Mercados y el Fondo Europeo Marítimo y Pesquero, a través de los planes de producción y de comercialización, para incentivar el consumo de los productos pesqueros salvajes, mejorar la comunicación del sector y, en general, cumplir con los objetivos de la Política Pesquera Común.

Una vez constituida, se procederá a la inscripción de PESCA ESPAÑA en el Registro de Asociaciones y se solicitará el reconocimiento de la Secretaría General de Pesca del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) para, a continuación, poner en marcha el plan de producción y de comercialización.

Propuesta de enmiendas al Proyecto de Ley

Así mismo, en la Junta Directiva celebrada ayer, Cepesca acordó la preparación de una propuesta de enmiendas, que hará llegar a los grupos políticos, para la introducción de mejoras en la tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley por la que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania (procedente del Real Decreto-Ley 6/2022 de 29 de marzo.

Entre otras solicitudes, Cepesca insistirá en la importancia de incluir a la flota de altura española que opera en aguas de otros países de la UE, de terceros países y caladeros internacionales, entre los beneficiarios del descuento de los 20 céntimos de euro por litro de gasoil. Cabe recordar que la interpretación de la AEAT del RD/Ley no incluye las tomas de gasóleo realizadas por los buques españoles en el extranjero, situación que comienza a “asfixiar” a esta flota hasta el punto de que algunas de ellas, como la arrastrera congeladora, se plantea parar la actividad antes de que acabe este semestre.

En la misma línea, Cepesca solicitará de nuevo subsanar la discriminación de la administración española hacia las embarcaciones de las almadrabas a las que no equipara con el resto de buques, impidiendo así su acceso a las ayudas directas del marco temporal.

La flota marisquera andaluza ha encargado a los astilleros asturianos Armon la construcción de tres nuevos buques arrastreros de última generación. Los tres buques, cuya primera unidad ya ha sido entregada, estarán operativos en un año y han supuesto una inversión de 15 millones de euros para esta flota, integrada en la Asociación Nacional de Armadores de Buques Congeladores de Pesca de Marisco (ANAMAR), asociada a CEPESCA.

Los nuevos buques generarán en torno a 270 puestos de trabajo en la zona y operarán en los caladeros de Mauritania, Guinea Bissau, Angola, Marruecos, Senegal y República del Congo bajo los respectivos acuerdos, tanto privados como de la Unión Europea (UE) con estos países, y donde las principales especies objetivo son la gamba, el langostino y el cangrejo.

Los barcos, que utilizan dos tipos de arte de pesca (arrastre clásico y tangones) están dotados de las últimas tecnologías marítimo-pesqueras para asegurar la explotación sostenible de los recursos y una actividad pesquera eficiente.

De hecho, tanto el motor principal como los motores auxiliares son de última generación, que permiten reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera al consumir en torno a 200 litros de gasoil diarios menos que los motores más antiguos. También disponen de tecnología de frío de vanguardia que asegura la correcta congelación del producto a una temperatura de entre -25° y -30° durante un período aproximado de 40/50 días. Igualmente, también cuentan con avanzados sistemas de comunicación para asegurar la seguridad y confortabilidad de los entre 17 y 20 tripulantes que embarca cada uno de ellos.

La primera unidad de los tres nuevos buques de ANAMAR ya ha sido entregada y las dos restantes estarán operativas en el plazo de un año. Respecto a la ya entregada, el buque Jomafran Segundo, de la empresa Pesqueras Jomafran, tiene una eslora de 29,50 metros, una potencia de 716,08 Kw (973,6 CV) y un arqueo de 281 GT. El barco permanece atracado en el puerto de Huelva y saldrá a faenar el próximo 16 de mayo.

Nuevas generaciones a bordo

Hasta el momento de hacerse a la mar y en base al acuerdo de colaboración que ANAMAR mantiene con el Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) Marítimo Zaporito, la embarcación recibirá la visita de alrededor de 70 estudiantes que desarrollan diferentes ciclos formativos (Transporte Marítimo y Pesca de Altura, Navegación y Pesca Litoral, Mantenimiento de Máquinas, etc.).

En estas visitas, los estudiantes conocen in situ las diferentes estancias del buque (puente, cubierta principal, parque de pesca, cámaras frigoríficas, bodega, sala de máquinas, etc.), el personal de barco y los profesores del CIFP explican a los estudiantes su dotación, así como el ciclo completo de las maniobras de pesca hasta la entrada del marisco para su almacenamiento en bodega.

El acuerdo de colaboración entre ambas entidades contempla así mismo la disponibilidad de la flota de ANAMAR para el embarque de estudiantes en prácticas que realizan mareas de pesca aproximadamente 45 días. El primer estudiante, Antonio Quintero Periañez, zarpará con el buque Jomafran Segundo rumbo al caladero de Guinea Bissau.

El sector pesquero vuelve a solicitar al Gobierno que incluya a la flota de altura española entre los beneficiarios del descuento de los 20 céntimos de euro por litro de gasoil, al igual que tienen derecho a él los ciudadanos y los sectores económicos, entre ellos las flotas nacionales del sector pesquero, para hacer frente a la crisis de los costes de explotación que ha provocado el conflicto bélico en Ucrania y, en especial, los derivados del encarecimiento de los combustibles.

A juicio del sector, representado por CEPESCA, la no inclusión de esta flota está contribuyendo a su debilitamiento y, consecuentemente, a la de nuestra soberanía alimentaria, en favor de otras terceras que, paradójicamente, sí pueden beneficiarse de esa bonificación si repostan en instalaciones españolas.

Se da la circunstancia, además, de que esta flota, que opera en aguas de otros países de la UE, de terceros países y caladeros internacionales, no tiene derecho a esta bonificación, aunque el suministrador sea una empresa española y en la factura de la operación refleje dos Códigos de Identificación Fiscal (CIF) de nuestro país.

A pesar de los intentos por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de convencer a la Agencia Tributaria de que los buques españoles que realizan el suministro de gasoil fuera de España deben recibir el descuento, la AEAT está interpretando que el Real Decreto Ley no incluye a las tomas realizadas por los buques españoles en el extranjero.

Por ello, el sector urge al Gobierno que de instrucciones a la AEAT para que incluya a estas flotas y, si esto no fuera posible, que adopte una medida apremiante de apoyo a esta flota, tal como manifestó Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, en su defensa del RD/Ley 6/2022 del pasado 29 de marzo, en el Congreso de los Diputados, sobre la posibilidad de tomar medidas adicionales que fueran necesarias. El sector también llama a todos los grupos políticos a introducir enmiendas que contemplen y corrijan esta situación en la tramitación de la ley de forma retroactiva.

El sector pesquero, a través de Cepesca, vuelve a calificar esta exclusión de “sin sentido”, injusta y discriminatoria, según su criterio, teniendo en cuenta la imposibilidad de determinar la duración de la coyuntura de precios actual y el tiempo de recuperación y de vuelta a la normalidad de los mercados de hidrocarburos, una vez concluya el conflicto bélico y en un contexto de alta inflación.

El sector manifiesta que esta flota lleva ya más de dos meses operando en estas circunstancias y que los márgenes operativos comienzan a “asfixiar” la rentabilidad de su actividad. De hecho, y según manifiesta el sector, ya hay flotas, como la arrastrera congeladora española que opera desde Montevideo, que están planteándose el cese de la actividad antes del final de este semestre, tras terminar la campaña de la pota. Esta flota, que, a pesar de repostar a través de empresas españolas, ha de pagar el combustible a 1,380 euros el litro, o a 1,440 euros en el caso de repostar en alta mar, se ha visto afectada además por los bloqueos de los mercados de Bielorrusia y Ucrania a la merluza hubsi, también capturada por ella, y con un impacto de 17 millones de euros.

Cabe recordar que tenemos buques atuneros o arrastreros que tienen unos depósitos de combustible que pueden llegar al millón de litros, suponiendo ya más del 50% de los costes de explotación.

A ello se suma, apunta el sector, la fuerte competitividad a la que se ve sometida nuestra flota de larga distancia frente a otras flotas, como las asiáticas que, sin cumplir los mismos estándares de calidad, socioeconómicos y medioambientales que se exigen en Europa, introducen sus productos para el consumo de los ciudadanos comunitarios en muchos casos libres de aranceles.

Actualmente, la flota de altura española está integrada por unos 300 buques y pesca en torno al 60% de las capturas totales españolas.

El sector pesquero, representado por la Confederación Española de Pesca (Cepesca), ha alertado de la pérdida de valores culturales, sociales, económicos y de salud que acarrearía en España, en particular en nuestras dietas mediterránea y atlántica, el empecinamiento de la Comisión Europea en eliminar gradualmente y sin justificación científica el arte de arrastre. Para Cepesca, este hecho puede hacer desaparecer el gran consumo, a través tanto de las pescaderías españolas como de la restauración, de numerosas especies de pescados y mariscos, muy apreciados por los consumidores y de alto valor nutricional.

Según Cepesca, la demonización injustificada de la pesca de arrastre por parte de grupos ambientalistas y de la que los políticos europeos están haciéndose eco, “únicamente por corrección política y desconocimiento de la realidad”, pueden convertir estas proteínas tan saludables en “auténticos productos de lujo” sólo accesibles a las personas con rentas elevadas, en un claro ejemplo de discriminación en materia de salud, al impedir su acceso a una gran franja poblacional, en favor de especies similares de peor calidad y provenientes de países terceros.

Cepesca ha manifestado esta preocupación durante su participación en el Salón Gourmets, que se celebra esta semana en Madrid. Además de la pérdida de estos valores, Cepesca ha apuntado también el papel de la pesca de arrastre como motor socioeconómico de muchos puertos de España y de la Unión Europea. Esta modalidad de pesca sostiene a los puertos y sus infraestructuras, al conjunto de la cadena de valor de la pesca (lonjas, fábricas de hielo, empresas auxiliares, comercializadoras, transportistas, etc.) y, por supuesto, al sector de la hostelería y la restauración, cuya oferta está basada, en gran medida, en estos productos pesqueros.

En este sentido, el sector manifiesta su disposición a batallar en Europa en defensa de esta modalidad pesquera, tan sostenible como cualquier otra, tal y como también ha reconocido públicamente el propio Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y su titular, Luis Planas, y para construir un diálogo sereno y coherente que permita introducir sensatez y equilibrio a la deriva que está tomando en Europa el debate sobre este arte alimentado por grupos muy alejados de la realidad social y económica del arrastre.

El peso de la pesca de arrastre es, de hecho, muy significativo en el conjunto de la flota comunitaria y, por ello, los pescadores han creado recientemente la Alianza Europea de la Pesca de Fondo o European Botton Fishing Alliance (EBFA) para defender la sostenibilidad de esta modalidad de pesca. Cepesca es una de las organizaciones de 14 países de la UE miembro de esta alianza, que representa a 7.000 barcos de pesca y más de 20.000 pescadores, es decir, el 11% de la flota pesquera comunitaria, el 35% de la capacidad pesquera de la UE y el 38% de los ingresos del sector.

Un arte sostenible y con varios siglos de antigüedad

El arte de la pesca de arrastre, con varios siglos de antigüedad y sostenible, consiste en arrastrar un copo o saco de red para capturar peces, moluscos y crustáceos. En la actualidad, la flota española cuenta con 887 buques de arrastre –779 de ellos barcos de bajura–, lo que representa el 10% del conjunto de la flota pesquera de nuestro país.

Los barcos de arrastre que desarrollan su actividad en aguas españolas operan en el Mediterráneo (578), Golfo de Cádiz (127) y Cantábrico Noroeste (65). Además, hay 117 barcos arrastreros españoles faenando lejos de nuestras costas, tanto en aguas comunitarias como en aguas internacionales y de terceros países. De hecho, la internacionalización es una de las señas de identidad del sector pesquero español, un referente mundial en sostenibilidad que ocupa la primera posición en la UE tanto por el volumen como por el valor de sus capturas.

Gracias a la flota de arrastre se generan entre 250.000 y 300.000 toneladas de pescados y mariscos de un volumen total de capturas de en torno a 800.000 toneladas; es decir, más de un tercio de las capturas de la flota pesquera española y el 25% de los desembarques, tanto en peso como en valor.

Según Javier Garat, secretario general de Cepesca, “de continuar la persecución política a golpe de prohibiciones y restricciones, la pesca de arrastre está llamada a desaparecer y con ella simplemente desaparecerán de nuestros platos multitud de productos pesqueros, sin olvidar el impacto negativo en la soberanía y la seguridad alimentaria de España y de la UE”. “Las instituciones deben manifestar de forma expresa”, –continúa Garat–, “que la pesca de arrastre no se realiza en ecosistemas marinos vulnerables puesto que estas zonas están protegidas por la legislación española, europea y de las ORP con criterios científicos y que, cuando excepcionalmente se permite la pesca en Áreas Marinas Protegidas, se trata de zonas en las que no existen fondos vulnerables como, por ejemplo, el LIC Sur de Almería – Seco de los Olivos”.

Homenaje a un menú

Para mostrar la importancia de la pesca de arrastre y el valor nutricional y gastronómico de los productos pesqueros capturados con este arte, Cepesca ha ofrecido en Salón Gourmets una degustación de los productos de esta flota. En concreto, los asistentes al acto han degustado la gamba roja, la brótola y el salmonete que captura la flota de arrastre de la Organización de Productores de Pesca de Almería – OPP 71; la gamba blanca y el rape de la OPP 80 de Punta del Moral, el gambón de Krustagroup, la caballa de OPP Burela (OPP-7) y el bacalao que capturan los buques de la Asociación Nacional de Armadores de Buques de Pesca de Bacalao (Agarba).

Según Garat, “los productos pesqueros son uno de los valores diferenciales de la propuesta gastronómica de España; sin duda, un referente a nivel mundial”. “Pescados como el bacalao y el rape, y crustáceos como la gamba y el carabinero, que hoy hemos tenido la ocasión de disfrutar gracias a nuestros asociados, dejarían de ser parte de esa oferta única en la que, como sucede en el mundo de la pesca, tradición e innovación se fusionan”.

CCOO, UGT y CEPESCA celebran la votación realizada hoy en el Congreso de los Diputados que, por unanimidad, ha convertido a nuestro país en el vigésimo primero que ratifica el Convenio 188 sobre el trabajo en la pesca de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de 14 de junio de 2007. Patronal y sindicados, creen que se trata de una fecha histórica para el sector dado que llevan muchos años trabajando conjuntamente, tanto en España como en Europa, para conseguir esta ratificación. De hecho, y a través de sus organizaciones de ámbito europeo, ETF y Europêche, firmaron un acuerdo de interlocutores sociales[1], promoviendo dicha ratificación en el año 2012.

Igualmente, tanto los sindicatos como la patronal pesquera confían en que la ratificación del Convenio 188 por parte de España, líder europeo del sector pesquero, sirva también para que la UE revise los mecanismos que actualmente favorecen y privilegian las importaciones de pescado barato, mayoritariamente proveniente de flotas asiáticas, que no cumplen con los requisitos exigidos a la pesca comunitaria, no sólo en sostenibilidad medioambiental, sino también en materia laboral.

En este sentido, CCOO, UGT y CEPESCA solicitan al resto de países del mundo que ratifiquen el Convenio 188, puesto que es la mejor herramienta para garantizar un trabajo decente a los pescadores, unas condiciones mínimas a bordo de los buques y, por ello, unas mismas reglas para todos («level playing field»). Así mismo, apuntan, es una buena herramienta para contribuir a la lucha contra la pesca ilegal y para eliminar las prácticas de trabajo forzoso, trabajo infantil y esclavitud moderna que siguen existiendo en algunos países del mundo, sobre todo asiáticos, los cuales compiten en las mismas aguas y mercados con la flota de la UE que sí cumple las normas.

El convenio establece requisitos de contratación, alojamiento y alimentación a bordo de los buques de pesca, así como en la protección sanitaria y en materia de seguridad social. Abarca también aspectos como la edad mínima de reclutamiento, horas de descanso, repatriación, salarios, seguros y protección en el caso de enfermedades o muertes laborales. Todo ello, con el objetivo de garantizar el trabajo digno de los pescadores.

La pesca sigue siendo uno de los pocos sectores económicos en los que España es líder en la UE con sus 8.731 buques y más de 30.000 tripulantes, que capturan en torno a 800.000 toneladas de pescados y mariscos al año. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), se estima que 56,6 millones de personas se dedican a la pesca y la acuicultura, 38 millones de los cuales se dedican a la pesca de captura en todo el mundo, tanto en buques de bajura como de altura. Hasta el momento han sido 20 países los que han ratificado el Convenio 188: Angola, Antigua y Barbuda, Argentina, Bosnia y Herzegovina, Congo, Dinamarca, Estonia, Francia, Kenia, Lituania, Marruecos, Namibia, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Senegal, Sudáfrica y Tailandia.

[1] Como fruto de ese acuerdo se aprobó la Directiva UE 2017/159 del Consejo, de 19 de diciembre de 2016, por la que se aplica el Acuerdo relativo a la aplicación del Convenio sobre el trabajo en la pesca de 2007 de la Organización Internacional del Trabajo, celebrado el 21 de mayo de 2012 entre la Confederación General de Cooperativas Agrarias de la Unión Europea (Cogeca), la Federación Europea de Trabajadores del Transporte (ETF) y la Asociación de las Organizaciones Nacionales de Empresas Pesqueras de la Unión Europea (Europêche). En España se procedió posteriormente a su transposición a través de las disposiciones finales segunda, cuarta y quinta del Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, de medidas sociales de reactivación del empleo y protección del trabajo autónomo y de competitividad del sector industrial y por el Real Decreto 618/2020, de 30 de junio, por el que se establecen mejoras en las condiciones de trabajo en el sector pesquero.

El sector pesquero representado por la Confederación Española de Pesca (Cepesca) afronta con incertidumbre la rentabilidad de su actividad durante los próximos meses y por ello solicita al Gobierno mejoras en las ayudas, mayor concreción en algunas cuestiones, flexibilidad en su aplicación y máxima agilidad para ejecutar las medidas de choque anunciadas por el ministro Luis Planas, el pasado 29 de marzo, para responder a la crisis de costes de explotación generada por el conflicto bélico en Ucrania.

El sector así lo ha acordado tras celebrar ayer una Junta Directiva Extraordinaria y después de reunirse el pasado lunes con la Secretaría General de Pesca para analizar, precisamente, la ejecución de esas medidas. A este respecto, el sector, si bien agradece el esfuerzo realizado por el MAPA, considera que las medidas son insuficientes y manifiesta que esta ejecución podría ser mucho más ágil de haberse mantenido un diálogo más fluido previo entre el Ministerio y los pescadores y en paralelo a la elaboración del Real Decreto-Ley.

A juicio del sector, esta actitud hubiera servido para definir criterios técnicos más ajustados a la realidad contable de las empresas pesqueras y habría ayudado a mejorar la compensación de los costes, disparados tras la crisis del conflicto bélico.

Sobre este particular, el sector teme que una burocracia excesiva y a veces ineficaz ponga en peligro la viabilidad de numerosas empresas si en un corto espacio de tiempo no son receptoras de ellas. En este sentido, el sector manifiesta que “hoy por hoy, la flota de bajura sólo se beneficiaría de las ayudas de 0,20 euros por litro de carburante, como el resto de los ciudadanos de España, y de las ayudas directas autorizadas por la Comisión Europea, que rondan entre los 1.550 € para los barcos más pequeños y los 6.873 € para los buques más grandes que faenan en aguas españolas. Así mismo, ven de difícil aplicación las medidas del artículo 26 del FEMPA”.

Con relación a la flota de altura, está pendiente de concretar por parte del gobierno si los buques españoles que trabajan y realizan el repostaje fuera de las aguas de españolas, pero suministrado por empresas españolas, también serán beneficiarios de los 0,20€. Si no fuera así, las ayudas que recibirían serían muy escasas. A juicio del sector, esta situación exige una aclaración urgente, más aún si se tiene en cuenta que es imposible saber durante cuánto tiempo se va a mantener el entorno actual. A ello se suma la fuerte competitividad a la que se ve sometida nuestra flota de larga distancia frente a otras flotas, como las asiáticas que, sin cumplir los mismos estándares de calidad, socioeconómicos y medioambientales que se exigen en Europa, introducen sus productos para el consumo de los ciudadanos comunitarios, a lo que se añade la incógnita de las ayudas que reciben para compensar la subida del precio de los combustibles.

A este respecto, el sector vuelve a manifestar la necesidad de abordar una Política Pesquera Común (PPC) con visión de futuro. Al igual que se está abordando la dependencia energética o una política de defensa común, apunta el sector, es necesario definir un marco de actuación para la pesca capaz de prever y absorber contratiempos, como el que vivimos actualmente y, sobre todo, capaz de fortalecer los intereses del sector pesquero europeo frente a la amenaza que supone dejar en manos de terceros el abastecimiento de proteínas provenientes del mar.

Actualmente, unos 300 buques realizan su actividad fuera de España, capturando en torno al 60% de las capturas totales españolas. Así mismo, parte de esta flota se ha visto gravemente afectada puesto que exportaba a Ucrania especies como la merluza por un valor superior a 17 millones de euros.

Por otro lado, el sector ha puntualizado que resulta incomprensible y decepcionante la exclusión de las embarcaciones de las almadrabas de las ayudas directas del marco temporal, más aún teniendo en cuenta que Europa equipara buques de pesca y almadrabas para evitar discriminación en el acceso a las ayudas directas. En este sentido, manifiesta el sector, no es comprensible que la Administración española sólo contemple esta equiparación cuando las ayudas son financiadas con fondos comunitarios y considera que es necesario enmendar este punto de manera clara y sin dilación, para que las almadrabas puedan acceder a estas ayudas en igualdad con otras flotas.

En relación con la exención en el pago de las tasas portuarias, actualmente aplicado a las descargas de pesca fresca, Cepesca demanda al gobierno que aplique las exenciones a todas las tasas portuarias, tal y como ya han hecho Galicia y Andalucía, entre otras. Así mismo, es necesaria la coordinación entre la Administración central y las CCAA con el objetivo de lograr una aplicación homogénea que comprenda a todos los puertos de España y evitar así la discriminación entre flotas.

Ayudas al sector

Del paquete de ayudas aprobado por el Gobierno para mitigar el impacto del incremento de los costes de la energía y las materias primas, las ayudas directas se sitúan en 18,18 millones de euros, con ayudas desde 1.550 euros para los barcos de menos de 25 GT (tonelaje bruto) hasta un máximo de 35.000 euros por empresa para los buques a partir de 2.500 GT.

En este punto, el sector solicita que la cantidad máxima de estas ayudas directas de los estados miembros para compensar el incremento de los costes de explotación contempladas en el marco temporal aprobado por la Comisión Europea (CE) se eleve hasta 65.000 euros (30.000 euros adicionales en concepto de minimis), tal y como el Comisario Sinkevicius aseguró que se podía hacer en una reunión con el sector pesquero europeo el pasado viernes 1 de abril.

Por su parte, las ayudas comunitarias para el sector pesquero por costes adicionales y con cargo al Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA) -artículo 26, que corresponde al artículo 34 del Real Decreto-Ley-, ya contempladas en la legislación europea y autorizadas expresamente por la Comisión Europea en respuesta a la situación de excepcionalidad, se sitúan en 30 millones. En este caso, es imprescindible que se aclaren lo antes posible algunos de los conceptos que serán elegibles y que el Gobierno sea flexible en su aplicación. En este sentido, es fundamental que la Secretaría General de Pesca envíe al sector con urgencia la nota interpretativa que se ha comprometido a realizar y que incluya los máximos conceptos posibles.

Por último, en vista de la situación actual, dramática para numerosas empresas, son muchos armadores los que están solicitando al Gobierno que se activen las ayudas al desguace, previstas en el FEMPA, con el fin de poder dejar la actividad “dignamente”.

El sector pesquero representado por la Confederación Española de Pesca (Cepesca) manifiesta su decepción ante las medidas anunciadas hoy por el Gobierno para hacer frente a la crisis provocada por el incremento de los costes de actividad debido al conflicto bélico en Ucrania. 

El sector, que considera estas medidas muy limitadas e insuficientes, considera que no tienen en cuenta la complejidad de nuestra flota, líder en Europa, y demuestran un alejamiento profundo entre los órganos reguladores y la realidad de esta actividad por parte, tanto del Gobierno de nuestro país como por parte de Europa.

El sector, tras la reunión con Luis Planas, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, ha mantenido una reunión extraordinaria de su Junta Directiva y ha podido constatar el malestar que el anuncio del Gobierno ha causado entre sus asociados.

El sector, que mayoritariamente saldrá a faenar, aunque no descarta que en algunos puertos la flota permanezca amarrada, quiere hacer un análisis más profundo de la situación y recoger la opinión de las empresas con flotas, tanto de bajura como altura, integradas en sus diferentes asociados. Una vez hecho este ejercicio, el sector tiene previsto convocar a los medios durante los próximos días para pormenorizar la situación que vive actualmente y el negro futuro que ve a su actividad con los escasos apoyos y con las políticas europeas.

Por otra parte, el sector está convencido de que esta crisis energética ha puesto encima de la mesa la necesidad de abrir un profundo debate, tanto en España como en Europa, sobre la estructura que rige actualmente el marco de actuación del sector primario, un sector vital en Europa, ya que sobre él descansa el suministro de alimentos para la población.

Por último, el sector manifiesta la necesidad de abordar “de una vez por todas” una Política Pesquera Común (PPC) con visión de futuro y que contemple las amenazas que se ciernen sobre la actividad pesquera, tales como las políticas verdes de la UE, que sin ponerlas en duda, “han saltado por los aires” ante una crisis, paradójicamente, de los hidrocarburos o la amenaza que supone para la soberanía alimentaria europea y española, la política de importaciones de la UE de flotas, como las asiáticas, que sin cumplir los mismos estándares de calidad, socio económicos y de respeto al medioambiente siguen introduciendo sus productos para el consumo de los ciudadanos europeos, añadiéndose la incógnita de las ayudas que ellos podrán recibir para compensar la subida del precio de los combustibles.

Según Javier Garat, secretario general de Cepesca, “este sector no necesita parches, necesita una voluntad sólida para abordar el futuro y que nuestros políticos tomen conciencia de su papel vital en Europa si no queremos vernos ante crisis de muy hondo calado, como puede ser el incremento de la dependencia alimentaria de terceros países. Vamos a volver a faenar –agrega Garat–, por responsabilidad y porque vivimos de ello, pero hay un profundo malestar, y creemos que con razón, por lo que vamos a seguir trabajando para reivindicar el papel que jugamos en el bienestar de los europeos y conseguir el reconocimiento que ha de darse a nuestra labor”.

El sector pesquero, representado por la Confederación Española de Pesca (Cepesca), ha decidido dar un margen al Gobierno hasta el próximo martes 29 marzo tras la reunión mantenida hoy con Luis Planas, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación. Cepesca, que ha celebrado una Junta Directiva Extraordinaria tras esta reunión, ha acordado esta postura, aunque advierte también de posibles movilizaciones si tras el Consejo de Ministros del martes 29 no da respuesta a las necesidades de los pescadores españoles.

A grandes rasgos, durante la reunión Planas ha expuesto a los pescadores cinco puntos básicos de actuación ante la complicada situación que vive el sector: la incorporación de una cláusula en el RD Ley que el Gobierno prevé publicar el próximo 29 de marzo para acelerar la tramitación de las ayudas en base al artículo 26 del FEMPA para situaciones extraordinarias; medidas específicas para limitar el alcance del incremento de los costes de explotación del sector; bonificación de tasas portuarias; estudio de la posibilidad de la exoneración de las cotizaciones a la Seguridad Social y creación de una línea ICO – SAECA para el sector agrícola y pesquero para la concesión de avales y créditos con un bajo tipo de interés y subvención del 10% del principal.

Cepesca ha valorado la buena disposición del ministro y ha calificado como constructiva la reunión de hoy. Ambas partes han manifestado el compromiso de volver a sentarse tras el Consejo de Ministros del próximo 29 para que el Planas explique con detalle las medidas aprobadas.

Por último, y “tras este gesto de los pescadores hacia Planas, que volverán a faenar”, apunta el sector, “los pescadores hacen un llamamiento al Gobierno de España para que solucione urgentemente el problema de los transportistas con el fin de poder vender y transportar las capturas de los buques de pesca y alimentar a los consumidores con la proteína animal más saludable del mundo y con menor huella de carbono en su producción”.

El sector pesquero valora la posición de la Comisión Europea, expresada ayer por el comisario de Pesca, Virginijus Sinkevicius, y que contempla la activación del artículo 26 del FEMPA (Fondo Europeo Marítimo de Pesca y de Acuicultura) ante el brusco alza de sus costes de explotación tras el incremento inaudito del precio de la energía, en especial el del gasoil, provocado por el conflicto bélico en Ucrania. Sin embargo, el sector declara no poder esperar, entre ocho y 12 meses a que estas ayudas lleguen hasta los pescadores, por lo que solicita, una vez más, la adopción de medidas urgentes por parte del Gobierno, similares a las ya adoptadas por otros países, como por ejemplo Francia, que bonifica con 35 céntimos el litro de gasóleo pesquero a sus pescadores. En este sentido, el sector pesquero espera que el ministro Planas le explicite medidas concretas y urgentes, que se puedan poner en práctica de forma inmediata, para hacer frente a la situación en la reunión que mantendrán mañana.

Según el sector, la activación del artículo 26 del FEMPA requiere su aprobación por el Colegio de Comisarios de la Unión Europea, tras lo que el Gobierno habría de aprobar un Real Decreto o norma similar estableciendo las bases y la convocatoria de ayudas, “lo que nos llevaría a recibir las ayudas no antes de noviembre o diciembre de este año y para entonces muchos pescadores se habrán quedado en el camino”, apunta el sector. Por otro lado, el sector también dice desconocer las posibles medidas, anunciadas también ayer por Sinkevicius, inscritas en el paquete del marco europeo temporal de ayudas de la UE, y en el que anunció que se incluiría al sector pesquero.

Ante esta situación, el sector vuelve a solicitar al Gobierno la adopción de ayudas inmediatas y urgentes que atajen provisionalmente la situación, tal y como ya han hecho países vecinos que, como Francia, han decidido bonificar con 35 céntimos de euro el litro de gasóleo de sus pescadores desde el 17 de marzo hasta el próximo 31 de julio. El sector vuelve a manifestar al Gobierno la posibilidad que tiene de adoptar medidas de este tipo, así como de otras que alivien momentáneamente su situación, tales como la exoneración temporal de las cotizaciones a la Seguridad Social, uso de las ayudas de minimis o rebajas de las tarifas y tasas portuarias de los puertos que dependen de la Administración General del Estado.

Por último, el sector también manifiesta su preocupación por los gravísimos perjuicios que la huelga del transporte está teniendo en la actividad pesquera, tanto de bajura como de altura, y que ya provocó la semana pasada el amarre de la primera y el desperdicio de cientos de toneladas de productos pesqueros que, una vez llegados a puerto, no pudieron ser comercializados, de la segunda. La falta de concreción de las medidas que anunció ayer el Gobierno de las ayudas de 500 millones de euros para tratar de paliar los altos precios del combustible a los transportistas ha provocado que otras organizaciones se hayan sumado a los paros, lo que puede agravar la situación del sector pesquero si se ponen trabas al transporte de los pescados y mariscos.

Los pescadores, representado por Cepesca y la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP), reclaman que se alivie de manera práctica y rápida la situación tras analizar la reunión mantenida el martes pasado con Alicia Villauriz, secretaria general de Pesca del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. En la reunión se buscaron soluciones y, aunque los pescadores valoran las iniciativas expuestas, consideran que su efecto sólo se notaría a medio plazo y que son insuficientes.

A juicio del sector, las iniciativas barajadas durante la reunión (puesta en marcha de medidas de compensación ante perturbaciones significativas de los mercados contempladas en el artículo 26 del FEMPA (Fondo Europeo Marítimo de Pesca y de Acuicultura) para el período 2021-2027) son, efectivamente, acertadas, pero inútiles a corto plazo. “Su tramitación europea y su posterior trasposición a la legislación española, no las haría efectivas antes de finales de este año”, apunta el sector. A este respecto, y a petición de España, esta cuestión será abordada el próximo lunes, 21 de marzo, en el Consejo de ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea.

Por lo tanto, los pescadores, que valoran esta iniciativa del Gobierno, instan, no obstante, al Ejecutivo a que pongan en marcha urgentemente medidas que atajen provisionalmente la situación, y ponen como ejemplo las adoptadas por Francia, que anunció ayer ayudas de 35 céntimos por litro al sector pesquero hasta el 31 de julio. Entre estas medidas, el sector apunta, entre otras, la exoneración temporal de las cotizaciones a la Seguridad Social, uso de las ayudas de minimis o rebajas de las tarifas portuarias.

En este sentido, el sector pesquero espera que, en la próxima reunión con el ministro Planas aun sin fechar, pueda abordarse de manera decidida la puesta en marcha y sin dilación de este tipo de soluciones para aliviar la presión. Cabe recordar que el precio del gasoil pesquero se ha duplicado en sólo unas semanas y que este coste representa ya más del 50% de los totales de la actividad pesquera.

Igualmente, los pescadores advierten de que la huelga de transporte está provocando gravísimos perjuicios al sector pesquero, tanto de altura como de bajura y provocando la pérdida de cientos de toneladas de pescado en el primer caso y el amarre de numerosas flotas en el caso de la bajura, ante la imposibilidad de comercializar sus capturas.

Concretamente, en la reunión, el presidente de Europêche, el español Javier Garat, ha informado al comisario sobre el encarecimiento de los precios de los combustibles, que superan el euro por litro en muchos países de la UE, incluida España, habiéndose más que triplicado desde diciembre de 2020. En la actualidad, el precio del combustible ya supone para la flota artesanal en torno al 30% de sus costes de explotación y para el resto de las flotas de bajura y altura hasta el 50%. “Por tanto, –apunta Garat–, ahora mismo salir a pescar cuesta dinero a los pescadores”.  

En este sentido, y a juicio del sector, la situación actual es aún peor que la vivida durante la crisis de combustible de 2008 y ha informado al comisario de que, de no evitarse el parón de la actividad, podrían existir problemas de abastecimiento de productos pesqueros en tan sólo semanas, más aún si se imponen sanciones a los de origen ruso. De hecho, el sector ha informado de que esta semana ya hay flotas de muchos países de la UE que están paradas, incluida la española.

A este respecto, el sector, ha manifestado que ya existen problemas de suministro de combustible para repostar en algunos puertos de Francia y que eso mismo podría ocurrir en otros países de la UE.

El sector ha manifestado al comisario la necesidad de una reacción urgente de la UE, similar a la adoptada ante las consecuencias del Brexit y el COVID y que, por lo tanto, se pongan en marcha medidas que beneficien tanto a la flota de bajura como la de altura. Concretamente, pescadores y productores han propuesto actuar sobre cinco puntos concretos: utilizar el Fondo Europeo Marítimo y Pesquero (FEMP) para compensar a los operadores que puedan continuar su actividad por los costes adicionales, para ayudar a los pescadores que tengan que cesar sus actividades de manera temporal y para apoyar a las organizaciones de productores para el almacenamiento temporal de los productos pesqueros. Así mismo, ha solicitado incrementar las ayudas por buque en el marco de los minimis hasta los 300.000-500.000 euros, y aumentar la flexibilidad de las cuotas interanuales del 10% al 25%.

El sector también ha apuntado la necesidad de medidas adicionales en coordinación con los Estados miembros de la UE, tales como la bonificación de las cuotas de la Seguridad Social, la suspensión de las tarifas portuarias, la implementación de un periodo de prórroga de los préstamos COVID o la reducción / suspensión del IVA sobre el pescado y el marisco.

Sinkevicius, que ha manifestado a pescadores y productores estudiar la situación y posibles medidas a adoptar, ha propuesto mantener otra reunión una vez se tengan claro el paquete de medidas a poner en marcha.

Cabe recordar que los pescadores españoles, representados por FNCP y Cepesca, se reunirán mañana con la Secretaría General de Pesca para abordar posibles medidas ante la situación actual. Así mismo, esperan poder reunirse urgentemente con el ministro Planas, al igual que ya han hecho los ministros de pesca de otros países vecinos, como Francia o Italia, con sus respectivas organizaciones. En este sentido, y según apuntan los representantes del sector, “en los puertos españoles es mayoritaria la opinión de que si esta semana no se vislumbran posibles soluciones y el ministro no se reúne con el sector, la flota quedará amarrada a puerto a partir del día 21 de marzo”.

En su escrito, ambas organizaciones, que recuerdan al comisario que el precio del litro de combustible ya sobrepasa el euro en muchos países de la Unión Europea (UE), le solicitan recuperar las medidas excepcionales que fueron adoptadas en 2015, cuando Rusia se anexionó el territorio de Crimea y que implicaron un aumento de la flexibilidad de las cuotas interanuales del 10% al 25%, tras la correspondiente aprobación científica. Tras el éxito que tuvo aquella medida, pescadores y productores solicitan soluciones similares que permitan a las organizaciones transferir a 2023 hasta el 25% de las cuotas en desuso durante este año. Igualmente, ambas organizaciones consideran importante aumentar los topes de ayuda por empresa en el marco de las ayudas de minimis y apuntan la cantidad de 300.000 euros por barco.

Igualmente, pescadores y productores solicitan a la CE que tenga en cuenta que la situación actual se suma a la afectación de muchas empresas por la pandemia y por el Brexit y, aunque valoran la creación del fondo de reserva del Brexit, recuerdan a Sinkevičius que la financiación no ha sido activada aún, lo que limita aún más la capacidad de hacer frente a la situación actual, en comparación con otros sectores afectados.

Ambas organizaciones también apuntan que los propios reglamentos de la UE obstaculizan con frecuencia la posibilidad de intervenir de forma rápida y eficaz, por lo que solicitan abordar medidas excepcionales y actuar con agilidad ante la situación de emergencia actual para evitar la pérdida de empleos e interrupciones en el suministro de productos pesqueros a la población.

El sector pesquero también transmite a Sinkevicius que, aunque sigue comprometido con la búsqueda de soluciones para reducir el consumo de combustible y las necesidades energéticas para operar de forma sostenible, ahora mismo es imprescindible la ayuda directa para mantener una pesquería comunitaria operativa. Sobre este mismo particular, el sector manifiesta que cualquier transición a nuevas tecnologías de propulsión choca con las actuales limitaciones de capacidad de los buques pesqueros establecidas en la Política Pesquera Común (PPC), y que son igualmente necesarias nuevas fórmulas alternativas para medir la capacidad pesquera.

Por último, ambas organizaciones también solicitan a los Estados miembros tomar medidas adicionales, como la reducción de las cotizaciones a la Seguridad Social, la suspensión de las tasas portuarias, un periodo de prórroga de los préstamos Covid y una suspensión o reducción del IVA sobre el pescado y el marisco con el objetivo de aliviar la situación.

La petición de la reunión urgente ha sido realizada tanto por la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP) como por la Confederación Española de Pesca (CEPESCA), a través de sendos escritos dirigidos al ministro y ante unas previsiones que no auguran moderaciones a corto plazo.

En las misivas, ambas organizaciones han informado al ministro sobre la preocupante tendencia al alza del precio del gasoil, que representa más del 40% de los costes de explotación de la actividad pesquera, durante los últimos meses y que hace inviable la continuidad de la actividad.

Concretamente, según informa el sector, el precio del litro de gasoil se ha más que triplicado desde el último trimestre de 2020 hasta ahora, pasando de una media de 0,306 euros a superar 1 euro, respectivamente, siendo este último el más alto de la historia.

A todo ello, añade el sector en las cartas al ministro, hay que sumar la difícil coyuntura económica que está provocando también el aumento de los precios del gas y de la electricidad, de las materias primas, de los gastos logísticos, la inflación y el incremento de los impuestos y de las cotizaciones sociales.

La FNCP y CEPESCA también han trasladado a Planas la preocupación de los pescadores del sector que, en algunos casos, comienzan a no vislumbrar más salida a la situación que la paralización de la actividad de sus barcos si la situación no se revierte. Se necesitan, por tanto, soluciones urgentes por parte de la Administración para no precipitar un amarre por el coste inasumible en la explotación diaria de las embarcaciones y advierten que con el cese de actividad se pondría en peligro la cadena de abastecimiento alimentario.

Según ambas organizaciones, y así se lo transmiten a Planas en sus escritos, la situación que está viviendo el sector pesquero español es muy similar a la manifestada por los pescadores de otros países de la UE, tras una reunión celebrada por representantes europeos del sector.

Ante ello, CEPESCA y la FNCP solicitan analizar en la reunión distintas medidas, tales como bonificación de las cotizaciones a la seguridad social, ayudas de minimis, préstamos bonificados, reducción del IVA de los pescados y mariscos, ayudas por paralización temporal debido a circunstancias excepcionales o planes de desguaces, tendentes a aliviar la situación, así como posibles actuaciones en el ámbito europeo, ya que consideran que la problemática es común a la Unión Europea (UE).

Según ambas organizaciones, “al igual que otros muchos sectores, el pesquero se ha visto impactado durante los últimos meses por un alza desmesurada de sus costes de explotación que se han vuelto inasumibles tras las bruscas subidas del precio de la energía, especialmente del gasoil, debido a la invasión de Rusia a Ucrania. Confiamos en la sensibilidad del ministro y del Gobierno de España con este sector esencial y estratégico, que debe poder seguir garantizando la soberanía alimentaria en estos tiempos tan convulsos, por lo que confiamos en que entienda la urgencia y gravedad de la situación y nos convoque urgentemente”. “Esperamos una respuesta a la altura en esta situación que desestructura la pesca española y la hace víctima de situaciones no deseadas y sobrevenidas, absolutamente ajenas a nuestra labor diaria en el mar”.

Cabe recordar que la flota cañera vasca pesca habitualmente especies de túnidos tropicales, como el listado, el rabil o el patudo, en aguas de Senegal, y lleva 18 meses sin poder faenar de forma regular en esas aguas debido al veto del Gobierno del país africano que les impide entrar en la bahía de Han y proveerse de cebo vivo para faenar. A ello se suma la decisión del pasado día 1 de enero de no expedir nuevas licencias para barcos europeos, posturas ambas que ratificó ayer el ministro de Pesca y Economía Marítima de Senegal, Alioun Ndoy, a la delegación europea.

Como consecuencia, la flota cañera vasca -ya solo 3 barcos- permanece desde entonces amarrada en el puerto de Dakar y ello aun cuando la Comisión Europea (CE) emitió un informe científico que demuestra el bajo impacto de la recogida de cebo en esa zona del caladero senegalés.

Ayudas para evitar la quiebra

En esta situación, y a pesar de que ambas partes acordaron ayer convocar urgentemente una reunión del Comité Conjunto de Seguimiento del acuerdo de pesca UE-Senegal, Dakartuna insiste en la necesidad de una solución urgente, ya que con esta actitud Senegal incumple el acuerdo de pesca con la UE, establecido en julio de 2019 por un periodo de cinco años y con una contribución anual de la UE de 1,7 millones de euros (800.000 euros en concepto de acceso a las aguas senegalesas y el montante restante para apoyar la política de gestión de las pesquerías del país).

Dakartuna vuelve a solicitar, por tanto, a la Secretaría General de Pesca (SGP) del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) que active las ayudas necesarias para evitar la quiebra de las empresas armadoras y la pérdida de los puestos de trabajo de los tripulantes de los barcos.

Según Miguel Ángel Solana, presidente de Dakartuna, “tras más de 19 meses sufriendo esta situación, en los que hemos continuado haciendo frente a los costes de la tripulación y los portuarios y de consignatarios, estamos al límite y es necesario que se activen los mecanismos necesarios para que podamos hacer uso de las ayudas a la paralización temporal que prevé el Fondo Europeo Marítimo y Pesquero (FEMP). Para nosotros, su artículo 21.2.e. es claro, puesto que establece que se podrán conceder ayudas por paralización temporal de las actividades pesqueras en los casos en los que se produzca una interrupción, debida a causas de fuerza mayor, de la aplicación de un acuerdo de colaboración de pesca sostenible con terceros países o de su protocolo. Si esto no fuera posible, solicitamos al menos que el MAPA nos conceda las ayudas de minimis, que para eso están previstas en la legislación europea y no requieren autorización previa de la Comisión Europea”.

Esta quinta edición también se organiza en dos categorías que reconocen los mejores trabajos periodísticos (periodistas) y a la mejor labor de difusión de medios de comunicación (personas jurídicas) en las áreas temáticas “Sector Pesquero Español” y “Sostenibilidad y Medio Ambiente en la Pesca”. Cabe recordar que la distinción en la primera categoría, “Mejor Artículo sobre el Sector Pesquero Español” adoptó en la cuarta edición de los premios la denominación Amador Suárez en memoria del presidente de Cepesca, fallecido a causa de la Covid-19 en mayo de 2020.

El certamen volverá igualmente a distinguir la “Mejor Fotografía de Actividad Pesquera”, un galardón que se incorporó a la convocatoria de estos galardones en su tercera edición.

Pueden concurrir a esta nueva convocatoria los trabajos periodísticos publicados o emitidos entre el 1 de noviembre de 2020 y el 31 de diciembre de 2021, ambos inclusive, tanto en formato escrito (impresos o en soporte electrónico) como audiovisual, en cualquier de las lenguas oficiales del Estado. Para los trabajos fotográficos se aplica el mismo plazo.

Las bases de los premios recogen toda la información referente a las condiciones, formato y plazo de entrega de los trabajos, que podrán ser remitidos hasta el 31 de marzo de 2022 (inclusive) a través del correo electrónico premiosperiodismo@cepesca.es

Según el secretario general de Cepesca, Javier Garat, “dentro de la agenda anual del sector pesquero hay encuentros, eventos y reuniones ineludibles, y tras cinco ediciones, uno de ellos son nuestros premios de Periodismo. A pesar del quebradero de cabeza que supone decidir qué labor y qué trabajos merecen nuestro reconocimiento por la alta calidad de todos los participantes, –añade Garat–, es gratificante poder dedicar a los medios un espacio en el que humildemente poder agradecer y reconocer su labor, vital para nuestra sociedad y obviamente para este sector con tantas derivadas en multitud de ámbitos”.

La formación, que se ha realizado en coordinación con el Servicio de Seguridad Alimentaria de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, ha sido impartida por los propios miembros del equipo de Inspección de Buques, encargado de las visitas sanitarias en los puertos africanos y las inspecciones documentales a los buques.

En la jornada se ha tratado el proceso de manipulación de los alimentos, el sistema de autocontrol, el Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos (APPCC); en definitiva, la seguridad alimentaria y trazabilidad de los productos del mar, y específicamente del marisco, objetivo de la actividad de la Asociación Nacional de Armadores de Buques Congeladores de Pesca de Marisco (ANAMAR), asociada a CEPESCA.

Igualmente, se ha confirmado el correcto cumplimiento de la normativa higiénico-sanitaria en todas y cada una de las labores de pesca en los 52 buques que faenan en los caladeros de Angola –donde las especies objetivo son gamba, alistado y cangrejo–, Mauritania, Guinea Bissau, Senegal y Congo. En estos buques, personal cualificado limpia, clasifica y congela el marisco para, posteriormente, evitando romper la cadena del frío, almacenarlo en cámaras de congelación a una temperatura entre -25° y -30° durante un período aproximado de 40/50 días.

Al término de la marea, los pesqueros transbordan sus capturas, sin interrumpir la cadena de frío, al mercante que transporta el marisco capturado a los puertos andaluces para su posterior venta en subasta pública y distribución.

Según Francisco Guil Arreciado, responsable del Departamento de Estructuras de ANAMAR, “con esta segunda jornada seguimos mejorando la formación de los profesionales de las empresas armadoras, que es la base para concienciar y asegurar el cumplimiento de la normativa y la aplicación de las mejoras prácticas en la manipulación del marisco”.

La Jornada se desarrolla dentro de un programa de colaboración entre ANAMAR y la Consejería de Salud y Familia encargada de las inspecciones anuales.

REDUSE-II implantará pilotos de modelos de gestión en varios puertos de nuestro país y medirá su impacto social, económico y medioambiental. Igualmente, definirá una estrategia con recomendaciones y mejores prácticas para extender estos sistemas al resto de puertos. El objetivo de estas pruebas piloto es generar el conocimiento necesario para garantizar que la nueva forma de gestión se puede escalar con un riesgo operacional mínimo y de forma económicamente sostenible.

REDUSE-II también desarrollará acciones de concienciación, sensibilización y colaboración de los actores marítimo-pesqueros en torno a esta problemática, así como sobre la importancia del cumplimiento de la nueva normativa europea de plásticos, la Ley de residuos y el Pacto Verde.

El proyecto, que tendrá una duración de ocho meses, se desarrolla en colaboración con la Fundación Biodiversidad y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través del Programa Pleamar, cofinanciado por el FEMP, que continuará promoviendo la economía circular para el aprovechamiento de la vida útil del aparejo en el sector pesquero.

El proyecto ahora puesto en marcha es continuación del desarrollado en 2021 (RED-USE), que concluyó que un protocolo común de gestión en los puertos pesqueros españoles para el tratamiento de los residuos de las artes de pesca incrementaría la garantía de su gestión correcta, así como de la cantidad de material gestionado, aunque la diversidad de condiciones de cada puerto exigiría adaptarlo a cada situación específica. Igualmente, determinó que las artes de pesca de nylon serían, a priori, más fácilmente reciclables termo-mecánicamente que las de polietileno de alta densidad (HDPE), siendo para estas últimas el procedimiento químico el más adecuado para su reciclaje.

Ambas entidades han manifestado, durante la firma, la especial trascendencia de la renovación del acuerdo teniendo en cuenta el contexto del sector que, una vez doblegada la situación creada por la pandemia Covid-19, ha de aprovechar la oportunidad que le brinda la llegada a nuestro país de los fondos europeos de recuperación Next Generation, especialmente para abordar proyectos de sostenibilidad, digitalización, eficiencia energética, descarbonización o de mejora de las condiciones a bordo de los buques de pesca.

Con este objetivo, ABANCA dispone de una unidad específica, denominada Next Generation, que aglutina toda su experiencia y conocimiento para la tramitación de estos fondos europeos, así como la movilización de recursos del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA) mediante productos exclusivos para estos objetivos. Una nueva muestra del papel que ABANCA desempeña como socio financiero fiable, comprometido y con capacidad de respuesta.

El acuerdo pone un especial foco en la mejora de la sostenibilidad integral del sector. CEPESCA y ABANCA dan así impulso a uno de los desafíos esenciales del sector, la renovación de la flota y la sustitución de las embarcaciones por otras que sean más eficientes y respetuosas con el medioambiente y ofrezcan mejores condiciones de habitabilidad a bordo, lo que resulta asumible gracias a productos a medida como la hipoteca naval.

A este respecto, cabe recordar que la flota que faena en el caladero nacional tiene una edad media de 34 años, la que faena en el caladero de la UE no español, de 18 años, y la que faena fuera de las aguas de la UE, de 22 años.

En la reunión, también se destacó por ambas partes la especial involucración de ABANCA en la financiación especializada de las organizaciones de productores, facilitando así las vías de financiación para llevar adelante los planes anuales de producción y comercialización.

Por último, y como ha venido ocurriendo desde su creación, el acuerdo también servirá para crear un marco de colaboración estable para fomentar actividades que den visibilidad a los retos y desafíos del sector, así como para abordar conjuntamente la celebración de todo tipo de jornadas y eventos sectoriales. Igualmente, ABANCA y Cepesca colaborarán también en diversos aspectos dentro del área de la formación y la divulgación de las mejores prácticas pesqueras.

El director de Empresas, Pymes y Banca Sectorial de ABANCA, Víctor Casal Antón, y el presidente de Cepesca, Juan Manuel Liria Franch, fueron los encargados de rubricar la renovación del convenio de colaboración durante la celebración de la última Junta Directiva de Cepesca. Al acto también asistieron los vicepresidentes y el secretario general de la patronal pesquera, Julio Morón, José María Gallart y Javier Garat, así como el director de ABANCA MAR, Javier Fraga.

Según Juan Manuel Liria, “para el sector la renovación de este acuerdo expresa la necesidad de disponer de un socio financiero capaz de entender nuestro entorno y peculiaridades para ofrecer soluciones a la medida. Esta capacidad -añade Liria-, tiene especial trascendencia en el contexto actual que obliga al sector a afrontar importantes retos para los que disponer de capacidad financiera es fundamental. ABANCA es un socio fiel en el que se puede confiar y que siempre está dispuesto a apoyar al sector pesquero en sus inversiones”.

Por su parte, Víctor Casal ha destacado que “estamos en un momento clave para el sector, que aborda un proceso general de renovación de la flota y que precisa de soluciones a medida para cumplir los requerimientos de sostenibilidad y de competitividad. Con este nuevo texto, los armadores de Cepesca acceden a soluciones a medida y a la atención especializada de ABANCA Mar, que son garantía para afrontar los profundos desafíos que se abren tras la pandemia”.

La nueva Asociación de Organizaciones de Productores acometerá su formalización durante las próximas semanas con el objetivo de estar operativa lo antes posible. Según Javier Garat, secretario general de Cepesca, “para el sector, la creación de esta organización es un paso muy importante para utilizar los instrumentos que ofrece la Organización Común de Mercados y el Fondo Europeo Marítimo y Pesquero, a través de los planes de producción y de comercialización, para incentivar el consumo de los productos pesqueros salvajes, mejorar la comunicación del sector y, en general, cumplir con los objetivos de la Política Pesquera Común”.

Además de la decisión de crear esta nueva asociación de OPP, la Junta Directiva de Cepesca repasó los principales temas que atañen al sector, tales como la defensa de la pesca de arrastre, los problemas generados por la falta de relevo generacional y por el incremento desproporcionado de los costes de explotación debido, entre otros fatores, a la subida extraordinaria del precio del gasóleo pesquero (en torno al 105% en apenas un año), de los impuestos y costes de seguridad social, así como los costes logísticos y del resto de insumos. Por otro lado, se debatió sobre los fondos Next Generation -específicamente el PERTE agroalimentario presentado esta semana por el Gobierno y los PERTE naval y de Economía Azul, pendientes de aprobación-, así como sobre el potencial impacto en la actividad pesquera de las instalaciones de energía eólica marina.

Igualmente, también se abordó la incomprensible situación que están atravesando los palangreros de superficie españoles ante la imposibilidad de pescar y comercializar el marrajo dientuso debido a la descoordinación de los diferentes ministerios involucrados, al ser el único país del mundo que no ha fijado los cupos CITES, aunque sea de forma provisional, tras la inclusión de la especie en el anexo II de CITES. Así mismo, todos los asociados coincidieron en la conveniencia de solicitar al MAPA la mejora del sistema Gestcuotas con el fin de incorporar nuevas funcionalidades que contribuyan al mejor seguimiento del consumo de las posibilidades de pesca y a una mejor gestión de estas y en resaltar la importancia de los acuerdos de pesca con los terceros países y el papel de las sociedades mixtas para garantizar la seguridad alimentaria en España y en la UE.

En la reunión se han presentado así mismo los resultados y próximos avances de los distintos proyectos en materia de sostenibilidad, economía circular, gestión ecosistémica y gobernanza que está desarrollando la patronal pesquera o en los que participa como socios, tales como Intemares, RED-USE II y SeaWISE.

Con esta incorporación, Cepesca aglutina ya a 39 asociaciones de armadores, con más de 800 empresas propietarias de 859 buques de pesca de prácticamente todas las artes de pesca y tanto de bajura como de altura, que emplean a más de 10.000 tripulantes del sector pesquero español.

APECAC representa a una flota de 42 buques, mayoritariamente de artes menores. Concretamente, la asociación integra a 34 barcos de artes menores, 3 de volanta, 3 de rasco y 2 de palangre de fondo que dan trabajo a un total de 130 pescadores. Entre las distintas especies objetivo de la flota destacan el bonito del norte, la merluza, la caballa, el jurel, el besugo, el rape o el congrio, que capturan, fundamentalmente, en el caladero nacional Cantábrico Noroeste.

La nueva asociación, ahora integrada en CEPESCA, nació el 1 de julio de 2010 al amparo de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, y con los objetivos fundamentales de representar y defender los intereses de los armadores pertenecientes al sector extractivo de la pesca costera y artesanal que faenan en el Cantábrico en las modalidades de artes menores, artes fijas y rasco.

La incorporación de APECAC a Cepesca refuerza los objetivos de esta asociación y los amplia al permitirle, a partir de ahora, coordinar esfuerzos ante y con las Administraciones públicas y otras organizaciones pesqueras en la negociación de acuerdos, así como la definición de planes de gestión a favor de la sostenibilidad de las pesquerías. Así mismo, APECAC aprovechará la representación de Cepesca en Europa a través de organizaciones como Europêche y a escala global a través de la Coalición Internacional de Asociaciones Pesqueras (ICFA).

Según Pedro Pardo, presidente de APECAC, “las preocupaciones actuales de este segmento de flota son, entre otras, la lucha por la sostenibilidad desde el punto de vista pesquero, social y económico, pilares que se ven afectados directamente por la reducción anual de las posibilidades de pesca, la falta de relevo generacional que garantice la continuidad de las inversiones y la mejora de las condiciones socio laborales”.

Para Javier Garat, secretario general de Cepesca, “es una satisfacción contar en nuestras filas con una asociación como APECAC de cuyos armadores y pescadores estoy seguro de que extraeremos más experiencia y conocimiento para ahondar en nuestro compromiso con una actividad pesquera sostenible. Su incorporación –añade Garat– también es un reconocimiento a la labor que desarrollamos desde Cepesca en defensa de los intereses y los derechos de todos los hombres y mujeres del sector pesquero español, tanto desde el punto de vista económico como social, y que, en definitiva, significa también defender los derechos de los consumidores de nuestros productos, más aún en los tiempos que vivimos”.

La reunión fue solicitada por la industria pesquera debido a la percepción negativa expresada por la Comisión Europea hacia ciertos artes de fondo en el contexto del Plan de Acción que la CE está desarrollando para proteger aún más los recursos pesqueros y los ecosistemas marinos en el marco de la Estrategia de Biodiversidad 2030 de la UE. La industria mostró la sostenibilidad y la importancia general de estos métodos de pesca en todos los estados miembros de la UE y demostró que estas pesquerías están bien reguladas, controladas, investigadas y ampliamente certificadas.

Los representantes de la industria de toda Europa hablaron con una única voz en la reunión destacando el papel fundamental que desempeña la pesca de fondo, tanto a pequeña como a gran escala, para garantizar la seguridad alimentaria.

El presidente de Europêche y secretario general de la Confederación Española de Pesca (Cepesca), Javier Garat, convocante de la reunión con el comisario, declaró: “nuestros barcos desembarcan anualmente más de un millón de toneladas de pescado saludable y sostenible, lo que representa en torno al 25% del total de los desembarques comunitarios. El valor de los desembarques genera casi el 40% de los ingresos totales del sector, contribuyendo a la riqueza, el empleo y el tejido industrial de muchas comunidades costeras y periféricas”.

En el Plan de Acción anunciado, la Comisión Europea está considerando la introducción de limitaciones y restricciones al uso de artes de pesca de fondo.

Según manifestó Gerard van Balsfoort, co-convocante de la reunión, “gracias a una gestión eficaz y basada en la ciencia, las actividades de pesca de fondo solo tienen lugar en fondos marinos limitados y de alta resiliencia, lo que minimiza el impacto en los ecosistemas y recursos marinos. Investigaciones científicas recientes lo demuestran”. En su opinión, “la dirección de la política de la Comisión sobre la pesca de fondo debe basarse en evidencia fáctica, científica y revisada por pares y evaluaciones de impacto integrales. Usar pseudociencia o afirmaciones sin fundamento, como las relacionadas con la huella de la pesca o las emisiones de carbono del sector, para construir políticas de la UE no ayudará a la salud de los océanos ni a los pescadores”.

En la reunión de Bruselas, los representantes de la industria anunciaron la creación de la «Alianza Europea de Pesca de Fondo» (EBFA)«, que representa a las flotas de pesca de fondo con sede en la UE. La alianza se lanzará el próximo mes con el objetivo de defender, apoyar y mostrar el medio ambiente, realidades económicas, sociales y culturales de las actividades pesqueras de fondo en las naciones pesqueras de la Unión Europea.

Europêche, asociación que representa a los pescadores europeos y de la que forma parte Cepesca, solicitó la reunión para hablar “en persona” con Sinkevicius, y conocer su postura real sobre el arte de arrastre, ya que de ello dependen 8.000 barcos europeos y sus tripulaciones, que representan un 11% de la flota pesquera comunitaria, el 35% de la capacidad pesquera de la UE y el 38% de los ingresos del sector.

Cabe recordar que la flota de arrastre española cuenta con 887 buques de arrastre -779 barcos de bajura-, lo que representa el 10% del conjunto de la flota pesquera de nuestro país y su actividad genera entre 250.000 y 300.000 toneladas de pescados y mariscos de un volumen total de capturas en torno a 800.000 toneladas. La pesca de arrastre supone, por tanto, más de un tercio de las capturas de la flota pesquera española, siendo el motor socioeconómico de la mayoría de los puertos pesqueros españoles.

Igualmente, y según ha concluido el proyecto, las artes de pesca de nylon serían a priori más fácilmente reciclables termo-mecánicamente que las de polietileno de alta densidad (HDPE), siendo para estas últimas el procedimiento químico el más adecuado para su reciclaje.

Cepesca ha desarrollado el proyecto RED-USE en colaboración de la Fundación Biodiversidad, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través del Programa Pleamar, cofinanciado por el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP). El proyecto no solo ha tenido como objetivo definir una propuesta de gestión sostenible de los residuos derivados de redes y aparejos de pesca, sino que también ha intentado facilitar la comprensión de los desafíos futuros que la futura nueva ley de residuos y suelos contaminados representa para los productores de artes de pesca, así como conseguir la implicación de todos los agentes partícipes del sector pesquero español en esta realidad.

En términos generales la ejecución del programa de este proyecto se ha desarrollado a través de cuatro tipos de acciones fundamentales: diagnosticar la situación de las problemáticas asociadas a la gestión de los residuos derivados de las redes y artes de pesca; realizar un estudio científico/técnico de la composición, resistencia y durabilidad de las artes seleccionadas; proponer un protocolo de gestión de redes y aparejos de pesca y, por último, la comunicación y sensibilización dirigida a los distintos agentes del sector pesquero y público de interés.

Conclusiones

Según se ha expuesto durante la reunión, y tras el diagnóstico inicial, el “Informe de Caracterización Técnica de Artes y Aparejos de Pesca Empleados en los Puertos Españoles” generado a partir de la información recopilada de los puertos pesqueros representativos escogidos para el estudio, concluye que: “no existe un protocolo común de gestión, cada puerto cuenta con distintos sistemas e incluso los hay sin ningún plan de gestión. Este protocolo común de gestión de artes y aparejos de pesca descartados aumentaría la garantía de una correcta gestión de estos residuos, así como la cantidad de material gestionado”.

Según el informe anterior, “el reciclaje y la reutilización de ciertas artes supone un gran desafío al estar compuesto por materiales complejos, principalmente en pesca de arrastre donde priman los compuestos de distintos polímeros y elementos como el plomo. Otras en cambio, como las redes de enmallo, facilitan su reciclaje y reutilización por las fibras del mismo material (poliamida) de las que se componen. De cara a la futura implantación de la responsabilidad ampliada del productor, la utilización de artes y aparejos de pesca producidos con un mismo material facilitaría una reutilización o reciclado, permitiendo avanzar hacia la economía circular en los artes de pesca”.

Por otra parte, y según el “Análisis de la composición, resistencia y durabilidad de artes y aparejos de pesca empleados por la flota pesquera española” que se centró en una identificación química de muestras y la evaluación del grado de degradación en función de las características físicas y químicas: “los materiales más empleados en todas las artes utilizadas son de la familia de las poliamidas (nylon 6 y nylon 66), así como poliolefinas de tipo polietileno de alta densidad (HDPE). La estructura química de los polímeros de tipo poliamida resultan a priori más estables frente a la degradación que los materiales de HDPE. No obstante, las artes de nylon serían a priori más fácilmente reciclables termo-mecánicamente que las de HDPE. En cuanto al HDPE, el reciclado más adecuado sería el químico”.

El proyecto también ha establecido un procedimiento para hacer efectiva la implantación del protocolo propuesto de gestión de redes y aparejos de pesca descartados en los puertos españoles, a través de una hoja de ruta. La propuesta de protocolo se sometió a consulta y validación de agentes sectoriales concluyendo en la necesidad de adaptar el mismo a un modelo que tenga en cuenta, entre otros aspectos, la imprescindible figura del montador de redes junto con la múltiple composición de las redes y aparejos.

Por último, a través de iniciativas como RED-USE, CEPESCA quiere acercar al público objetivo las nuevas disposiciones legales y obligaciones que les pueden repercutir, así como desarrollar convenientemente una concienciación y divulgación eficaz.

Tras la finalización ahora de RED-USE, se pone en marcha RED-USE II para continuar con las acciones necesarias para conseguir implantar un sistema de gestión responsable de artes de pesca efectivo.

RED-USE pretende desarrollar un sistema de gestión para artes de pesca que contengan plástico que tenga en cuenta la responsabilidad ampliada del productor (RAP), estableciendo un diagnóstico inicial que incluye conocer la realidad en los puertos españoles sobre este problema y establecer una hoja de ruta a seguir para aplicar la Directiva europea sobre este particular en España. A este respecto, cabe recordar que la directiva de plásticos aprobada por el Parlamento Europeo en 2019/904, aborda la problemática ambiental de las artes pesca, cuya composición mayoritaria es plástico y cuya ausencia de gestión puede derivar en nocivos impactos sobre el medio marino y terrestre.

Para lograr el objetivo del proyecto RED USE se han contemplado diferentes acciones que incluyen, entre otras, el desarrollo y validación de un protocolo de gestión de redes y aparejos de pesca con la participación de los máximos agentes implicados posibles, representantes del ámbito de la recogida, almacenaje, clasificación y/o tratamiento de los residuos. Precisamente, esta reunión con los distintos agentes sectoriales ha servido para mejorar y adaptar la propuesta inicial del protocolo de gestión de artes descartadas a un modelo más adecuado al sector y visualizar otro enfoque respecto a los agentes implicados.

La reunión también sirvió para establecer los primeros acuerdos de modelos piloto en puertos que se implantarán en la segunda edición del proyecto, RED-USE II, que dará comienzo en las próximas semanas, dentro de la convocatoria Pleamar 2021.

El Proyecto RED-USE: “Hacia un sistema de gestión responsable de artes de pesca”, es una iniciativa de Cepesca con la colaboración de la Fundación Biodiversidad y del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través del Programa Pleamar, cofinanciado por el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP).

El paro biológico, que según la Confederación Española de Pesca (CEPESCA), es una figura a la que el sector no se opone, siempre y cuando esté científicamente justificado y consensuado entre las partes, afecta en esta ocasión a la flota marisquera española de Huelva, agrupada en la Asociación de Armadores de Buques Congeladores de Pesca de Marisco (ANAMAR), que opera en esas aguas. La flota denuncia que la decisión de este país, además de carecer de rigurosidad científica, incumple el protocolo que rige este acuerdo.

Concretamente, y según manifiesta el sector, la decisión tomada por Guinea Bissau se fundamenta en un “supuesto” informe del comité científico conjunto de este país y la UE de 2017, basado a su vez en datos de 2015, y sobre el que los propios científicos españoles han manifestado que sólo sirvió para debatir y que, en ningún caso, se llegó a ninguna conclusión por ninguna de las dos partes.

Así mismo, el sector denuncia que se ha vulnerado el protocolo que rige el acuerdo de pesca, ya que la comunicación de la aplicación del paro a la CE por parte de Guinea Bissau se realizó el pasado 9 de diciembre, sólo unos días antes de su entrada en vigor, a pesar de que la propia DG Mare establece que debería hacerse con un preaviso de tres meses.

De hecho, y según establece el artículo 8 del protocolo, “en el caso de que Guinea-Bissau, sobre la base de un dictamen del Comité Científico Conjunto, decida establecer zonas o períodos de veda en virtud de una medida de conservación de los recursos, la Comisión Mixta se reunirá para analizar los motivos de esta decisión, evaluar la repercusión de este cierre sobre la actividad de los buques de la Unión en el marco del Acuerdo y decidir posibles medidas correctoras”.

Ante esta situación, la flota española manifiesta su sorpresa por la actitud de la DG Mare frente al problema. Según apunta el sector, Europa ha aceptado la decisión de Guinea Bissau sin exigirle el cumplimento de este protocolo, “despreciando así las consecuencias que ello va a provocar a los barcos andaluces que operan en esas aguas”.

De hecho, la flota tendrá que parar su actividad o tratar de conseguir licencias para pescar en otras zonas, como Mauritania, con los problemas que provoca la escasez de tiempo para hacerlo. Además, se da la circunstancia de que ya están realizados los pagos de licencias trimestrales hasta el próximo 31 de marzo.

Explicaciones a la Secretaría General de Pesca del MAPA

Ante la postura de la DG Mare, que Cepesca califica de decepcionante, esta asociación ha solicitado a la Secretaría General de Pesca del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), información sobre las acciones que se están desarrollando desde nuestro país para defender los intereses de la flota que faena en aquellas aguas y cuya posición ante este conflicto, presume el sector, es coincidente.

Igualmente, Cepesca también ha solicitado a este organismo saber si España y la Comisión va a fijar un mecanismo de urgencia para los buques afectados que quieran tramitar licencias en Mauritania para faenar a partir del 1 de enero y si se va a publicar una convocatoria para otorgar ayudas por paralización temporal.

Los pescadores han solicitado la reunión para hablar “en persona” con el comisario y conocer su postura real sobre el arte de arrastre, ya que de ello dependen 10.000 barcos europeos –900 de ellos en nuestro país– y sus tripulaciones, que representan un 11% de la flota pesquera comunitaria, el 35% de la capacidad pesquera de la UE y el 38% de los ingresos del sector. Los pescadores quieren confrontar con el comisario qué plan tiene sobre esta realidad, qué valor tienen para él y para Europa los esfuerzos del sector para contribuir a la sostenibilidad medioambiental y qué seguridad puede proporcionar a los pescadores europeos de arrastre “ante campañas meramente demagógicas, sin fundamento científico e incapaces de medir las consecuencias, tanto económicas como sociales, para muchas comunidades de ciudadanos europeos”, apunta el sector.

El sector pesquero, además, quiere transmitir al comisario su voluntad de solventar los diferentes criterios sobre esta actividad, basándose en un diálogo serio y responsable, única vía, apunta, para consensuar posturas capaces de desarrollar políticas pesqueras que respalden tanto a los pescadores, como a las comunidades costeras y el medio ambiente. Según el sector, este objetivo es posible “si todas las partes actúan desde la honestidad y el conocimiento, marco en el que no caben las emociones y mucho menos la demagogia”.

Según Javier Garat, presidente de Europêche y secretario general de Cepesca, “estamos realmente sorprendidos con la actitud del comisario de Pesca con sus pescadores europeos. Es incomprensible e inesperada y evidencia desconocimiento, no sabemos si voluntario o no, sobre el hecho de que el arrastre ya tiene cerrados todos los lugares del mundo donde existen ecosistemas vulnerables. Al mismo tiempo, –añade Garat–, los pescadores lamentamos la demagogia de quienes, sin vivir de la actividad pesquera, demonizan al arrastre con informaciones falsas que generan confusión en los ciudadanos, en las instituciones y en las personas que las representan”.

Por último, el sector también quiere llamar la atención a Sinkevicius de la existencia de otros ciudadanos, y sectores de la actividad económica europeos indignados con esta visión única ambientalista de la pesca, por su inconsistencia, ignorancia y lejanía de la realidad. En este sentido, el sector manifestará al comisario la conveniencia de legislar pensando en las necesidades y puntos de vista de todas las sensibilidades “para evitar un conflicto que la sociedad europea, más aún con la situación sanitaria incierta que vivimos, no necesita ni se puede permitir”.

Según Javier Garat, secretario general de Cepesca, “el resultado es, sin paliativos, un duro golpe para la pesca española. Resulta paradójico que la Comisión Europea defienda el carácter esencial de nuestra actividad, pero a la hora de tomar decisiones políticas que afectan a nuestro día a día demuestre que la institución está muy alejada de la realidad del sector y no reconozca el papel estratégico que éste tiene en la Unión Europea. La doctrina ambientalista que actualmente dirige esta Comisión –añade Garat–, y a la que desde el sector pesquero contribuimos proactivamente con numerosos proyectos e iniciativas, no puede sacrificar a las empresas y a los trabajadores responsables de proveer un alimento imprescindible en una dieta saludable y con la menor huella de carbono en su producción”.

En el caso del Mediterráneo, Cepesca lamenta que Sinkevicius no haya reconocido los esfuerzos que el sector pesquero ha realizado en los últimos años y no se haya tenido en cuenta su solicitud de no reducir ni un día más de pesca en 2022, sin antes valorar los efectos de las medidas implementadas durante los últimos dos años –entre ellas, una reducción del 20% del esfuerzo pesquero– en el marco del Plan Plurianual de Pesca en el Mediterráneo Occidental. En este sentido, alerta de la puesta en riesgo de 17.000 puestos de trabajo, a causa de la reducción adicional de un 6% de los días de pesca en 2022 para las flotas de arrastre, el establecimiento de un esfuerzo pesquero máximo para el palangre de fondo, así como un límite máximo de capturas de 872 toneladas para la gamba roja, medida nueva para especies de fondo en el Mediterráneo y que provocará muchas complicaciones en la gestión pesquera del día a día.

Asimismo, el sector muestra su frustración por la reducción de las posibilidades de pesca en las poblaciones del Atlántico en aguas ibéricas, en especies de gran interés comercial, como la merluza sur, a pesar de la suavización del recorte propuesto inicialmente del 18% al 8%, así como del 15% al 5%, en el caso del lenguado; del 16% al 5%, en el de la cigala del Golfo de Cádiz, o el mantenimiento de la cuota de abadejo.

No obstante, y a pesar del resultado, Cepesca agradece al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, la defensa realizada de los intereses de la flota española, en especial en lo que se refiere a las medidas relacionadas con el Mediterráneo, aprobadas con el voto en contra de España. Asimismo, la patronal manifiesta su agradecimiento a Carmen Crespo, consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, y a Rosa Quintana, consejera del Mar de la Xunta de Galicia por su apoyo expreso al sector pesquero con su presencia en Bruselas.

El gato Cepi, que protagoniza dos de los cinco videos de Seayourlitter accesibles en el canal de YouTube de Cepesca, permite que los niños descubran el trabajo que realizan los pescadores en la lucha contra las basuras marinas y les explica cómo contribuir a tener un océano más sano y libre de basura. “Ayuda a reducir, reutilizar y reciclar y consume de forma responsable”, es el mensaje con el que Cepi transmite a las generaciones más jóvenes la importancia de poner en práctica la Regla de las Tres Erres para evitar la degradación del planeta y, específicamente, de los ecosistemas marinos y su biodiversidad.

El programa Seayoulitter no solo se dirige a los pequeños, sino al conjunto de la sociedad y pone un foco especial en las comunidades escolares cercanas a los puertos en zonas de influencia de la Red Natura 2000 y en las nuevas generaciones de profesionales del sector, además de promover la participación de las flotas en iniciativas de recogida de basuras en el mar. Cabe recordar que el 80% de estas basuras provienen de actividades terrestres, por lo que resulta fundamental dar a conocer esta problemática y potenciar las buenas prácticas y el consumo responsable.

Administración, comunidad científica y pescadores

La serie de videos del programa Seayourlitter cuenta también con la participación de Alicia Villauriz, secretaria general de Pesca del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), quien recuerda que la contaminación marina es una cuestión de relevancia mundial. “La acumulación de basuras marinas que afecta negativamente al buen estado ambiental marino provoca impactos devastadores en el medio ambiente, no solo en organismos y ecosistemas, sino también en la sociedad y en la economía”, explica Villauriz, para recordar que “los profesionales del mar son parte de la solución y su participación es imprescindible”.

En este sentido, los videos también dan a conocer la percepción que tienen los pescadores de esta problemática y la colaboración que mantienen desde hace años en este campo la comunidad científica y el sector pesquero y lo hacen a través de testimonios como los de la Dra. Patricia Quinta, de la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación del Instituto España de Oceanográfica (IEO), la responsable de Proyectos e Innovación de Cepesca, Nadia Moalla; el armador y patrón del barco pesquero Plaia de Prata, de la Organización de Productores Pesqueros de Lugo, Diego González; y la armadora del Nuevo Anamar de la Organización de Productores Pesqueros de Almería, Mari Ángeles Cayuela.

Esta colaboración forma parte de la transición que está llevando a cabo el sector pesquero hacía una economía circular y sostenible que, en lo que se refiere a la lucha contra las basuras marinas, implica una serie de buenas prácticas, tales como la minimización de la generación de residuos a bordo, la gestión y manipulación de la basura retirada, su separación y almacenamiento, la descarga en puerto y la posterior gestión de los residuos.

Según Nadia Moalla, responsable de Proyectos de Innovación de Cepesca, “se calcula que cada año acaban en el océano 8 millones de toneladas de plástico y es imperativo poner fin a esta clara amenaza para los océanos, para la propia actividad del sector y, en última instancia, para una alimentación saludable basada en los productos de la pesca que es, además, la proteína animal con menor impacto de huella de carbono”.

Seayourlitter, el programa para la Sensibilización en Residuos y Basuras marinas da continuidad a la iniciativa ‘Estrategia sectorial para la contribución del sector pesquero a la reducción de las basuras marinas’, primera estrategia sectorial de ámbito estatal para el apoyo de las Estrategias Marinas, y se desarrolla con la colaboración de la Fundación Biodiversidad, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) a través del Programa Pleamar, cofinanciado por el Fondo Europeo Marítimo y de pesca (FEMP).

Cepesca considera que, antes de introducir nuevas medidas en el Mediterráneo, ya sean las propuestas por la CE (reducción adicional del 7,5% de los días de pesca para la flota de arrastre y palangre y un TAC de 800 toneladas para la gamba roja), o ya sean medidas adicionales de selectividad como propone el Gobierno, es fundamental valorar los efectos de las medidas implementadas durante los últimos dos años en el marco del Plan Plurianual de Pesca en el Mediterráneo Occidental, en vigor desde enero de 2020. El sector apunta que estas medidas ya han tenido un duro impacto en la flota pesquera del Mediterráneo, la primera interesada en lograr una pesca sostenible tanto desde un punto de vista medioambiental como social y económico.

Según Javier Garat, secretario general de Cepesca, “la propuesta de la Comisión Europea va más allá de nuestros peores pronósticos y pone en serio riesgo la actividad de los cerca de 900 barcos que faenan en el mar Mediterráneo, incluyendo los cerca de 600 barcos de la modalidad de arrastre, pero también barcos de palangre y de artes menores”. “Están en juego”, añade Garat, “más de 17.000 puestos de trabajo, entre empleos directos e indirectos, y ante esa amenaza estamos obligados a solicitar al Gobierno y al Consejo que defienda el equilibrio entre la sostenibilidad medioambiental y la sostenibilidad social y económica”.

Según el vicepresidente de Cepesca y presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras (FAAPE), José María Gallart, “necesitamos un respiro y nos oponemos a aceptar cualquier restricción adicional hasta que se disponga de resultados verdaderamente concluyentes de las medidas ya implementadas, incluyendo la reducción de los días de pesca, las vedas espacio-temporales, las vedas permanentes y las paralizaciones temporales de dos meses, durante los dos últimos años y que, además de suponer un esfuerzo importante para la flota, han tenido un duro impacto en la rentabilidad de los pescadores”.

Stocks compartidos con el Reino Unido

En cuanto a la negociación entre la UE y el Reino Unido sobre la gestión de los caladeros compartidos con el Reino Unido, y en los que la flota española captura fundamentalmente merluza, gallo y rape, Cepesca considera importante que las negociaciones se cierren este año y que el resultado de las mismas permitan a las empresas pesqueras poder programar el año 2022 con normalidad, por lo que hace un llamamiento a la Comisión Europea y al gobierno del Reino Unido para que terminen las negociaciones cuanto antes.

Igualmente, los pescadores del Mediterráneo solicitan de nuevo la defensa del Gobierno español ante la “insensibilidad, incapacidad de diálogo y desconocimiento de la realidad pesquera por parte de los políticos europeos que ni siquiera disponen aún de datos científicos sobre los resultados de las medidas ya adoptadas”. Efectivamente, aún no se dispone de los resultados de las evaluaciones científicas de las medidas ya adoptadas por los pescadores en aplicación del plan de gestión de demersales (peces de fondo) de la Unión Europea, en vigor desde enero de 2020.

La propuesta de la CE, de cara al próximo Consejo de ministros de Pesca, contempla entre otras una reducción adicional del 7,5% de los días de pesca para la flota de arrastre y del mismo porcentaje para la de palangre. La propuesta establece así mismo un TAC de 800 toneladas para la gamba roja, un 13% menos respecto a las capturas realizadas en 2020, según la Comisión Europea.

Según José María Gallart, vicepresidente segundo de Cepesca y presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras (FAAPE), “la propuesta de la Comisión Europea va más allá de nuestros peores presagios y supone la puntilla para la actividad pesquera en el Mediterráneo, de la que dependen, únicamente en la modalidad de arrastre, cerca de 600 barcos de pesca y más de 17.000 puestos de trabajo, entre empleos directos e indirectos”.

“En lugar de tener en cuenta los esfuerzos que ya se han realizado, tal y como transmitimos al comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevicius, y a la directora general de Asuntos Marítimos y de Pesca, Charlina Vitcheva, en sus visitas a nuestro país, y sin conocer los resultados científicos de las medidas implementadas en los dos últimos años”, apostilla Javier Garat, secretario general de Cepesca, “la CE vuelve a demostrar su lejanía y desconocimiento de la actividad pesquera, más allá de una absoluta falta de sensibilidad no solo con los pescadores, sino también con todos los actores implicados en una extensa cadena de valor de la que depende el bienestar socioeconómico de muchas poblaciones y ciudades”.

Cabe recordar que el Plan Plurianual de Pesca en el Mediterráneo Occidental, adoptado en 2019 y en vigor desde enero de 2020 para regular la pesca demersal con el objetivo de lograr el Rendimiento Máximo Sostenible (RMS) en 2025, ha tenido un duro impacto en la flota pesquera del Mediterráneo. En 2021 los arrastreros se han visto obligados a reducir su esfuerzo pesquero un 8,3%, una medida que se suma a las introducidas en 2020, incluyendo vedas espacio temporales y otras reducciones del esfuerzo pesquero superiores, en muchos casos, al 20%. Todo ello, además, en el difícil escenario creado por la pandemia de la Covid-19, que provocó que se dejaran de pescar más de 13.800 días de pesca.

Por todo ello, Cepesca solicita al Gobierno español que defienda, en el Consejo de ministros de diciembre, el rechazo a cualquier reducción adicional del esfuerzo pesquero, la creación de un TAC o la introducción de medidas de selectividad adicionales hasta que no se conozca la efectividad de las medidas puestas en marcha.

La reelección del español Garat, secretario general de la Confederación Española de Pesca (Cepesca) y presidente de Europêche, ha tenido lugar durante la reunión mantenida ayer por ICFA en la que, además, se han analizado los principales retos del sector pesquero a escala global de cara a 2022, definido como el super año de los océanos y el medioambiente.

Entre los temas abordados se encuentran los debates en el marco de la Convención sobre Diversidad Biológica (CBD), que tendrá que decidir sobre los nuevos objetivos globales de biodiversidad post-2020 a largo plazo (2050) y los objetivos a corto plazo (2030). En particular, se decidirá sobre el porcentaje de Áreas Marinas Protegidas (AMP) y otras medidas de conservación equivalentes que se debe alcanzar en el mundo, los objetivos relacionados con el uso sostenible de los recursos marinos, con la resiliencia de los ecosistemas marinos, con la seguridad alimentaria o con los subsidios pesqueros, así como la gestión adaptativa de la pesca para hacer frente al cambio climático.

Por otro lado, el año 2022 puede ser un año crucial para la aprobación del instrumento jurídico vinculante en el marco de Naciones Unidas sobre la Biodiversidad Biológica más allá de la Jurisdicción Nacional (BBNJ) que, según la patronal mundial, podrían tener un impacto negativo en las actividades de la pesca en alta mar si no se tiene debidamente en cuenta el trabajo realizado en el seno de las Organizaciones Regionales de Pesca.

En la reunión también se ha analizado el estado de las negociaciones sobre los subsidios a la pesca que se desarrollan en el seno de la Organización Mundial del Comercio (OMC), las campañas difamatorias contra el arte de arrastre, los perjudiciales efectos para la flota de la inclusión del marrajo dientuso en el Anexo II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES), el acercamiento de las diferentes regiones a la tecnología blockchain aplicada a la trazabilidad de los productos pesqueros y la problemática que supone la contaminación marina por plásticos, así como las distintas iniciativas en marcha para contribuir a su solución.

Por último, los miembros de ICFA han debatido internamente los diferentes asuntos a tratar durante la reunión que mantendrán hoy con altos funcionarios de la FAO.

Según Javier Garat, “la pandemia de la COVID-19 ha demostrado que la actividad pesquera es esencial y, a pesar de ello, nuestra actividad sigue sufriendo una persecución permanente, no solo por parte de las organizaciones conservacionistas, sino también por parte de algunos gobiernos”. “Es un orgullo”, añade Garat, “que los miembros de ICFA vuelvan a otorgarme su confianza para defender un sector que, muy contrariamente a lo que algunos se empeñan en difundir, es el primer guardián del medio marino y de unos recursos que son imprescindibles, no solo para asegurar nuestra salud, también para garantizar la alimentación de una población creciente con el menor impacto de huella de carbono”.

El objeto de la reunión es conocer las intenciones de la Comisión Europea ante la posibilidad de una reducción adicional de los días de pesca. Igualmente, el sector insistirá en mostrar el impacto devastador de la introducción, el próximo diciembre, de nuevas reducciones y medidas técnicas sobre la sostenibilidad económico y social de la flota del Mediterráneo, tal como se transmitió el pasado septiembre a la directora general de Pesca y Asuntos Marítimos de la CE, Charlina Vitcheva y al comisario de Pesca, Océanos y Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, durante sus visitas el pasado septiembre a Almería y Alicante, respectivamente.

Con este mismo objetivo, el sector pesquero va a solicitar reuniones con los consejeros de Pesca de las CCAA del Mediterráneo -Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana, Cataluña y Baleares-, así como con la nueva secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, Ana María Romero.

Cabe recordar que el Plan Plurianual de Pesca en el Mediterráneo Occidental, adoptado en 2019 y en vigor desde enero de 2020, ya ha supuesto un gran esfuerzo para el sector, incluida la reducción de más 20% de los días de pesca en apenas dos años (a los que hay que sumar los 13.810 días que se dejaron de pescar en 2020 por el COVID), además de paralizaciones temporales de la flota de arrastre de dos meses de duración y vedas espacio temporales para la protección de juveniles. En este sentido, el sector subraya que en ningún caso sería justa una reducción adicional de los días de pesca hasta que no se analicen los resultados de los estudios científicos que miden el impacto que han tenido sobre los stocks pesqueros las medidas en marcha desde 2020 y que no estarán disponibles hasta el próximo año.

Además, y como primeros interesados en revertir la situación de los stocks pesqueros en el Mediterráneo, el sector está desarrollando distintos proyectos dentro de la actividad de pesca directa, tales como el uso de puertas voladoras hidráulicas para minimizar el impacto del arrastre en el fondo marino o la utilización de nuevos tipos de mallas experimentales más selectivas con las especies. A ellos se suman diversos proyectos de I+D+i, de conservación marina y acciones de divulgación social.

Posible nuevo paro en defensa del sector

Los representantes de las cinco Comunidades Autónomas con flotas pesqueras que faenan en el Mediterráneo se desplazarán a Bruselas para seguir in situ el Consejo de diciembre.

Por otra parte, como muestra de la preocupación existente y en defensa del sector pesquero y toda su cadena de valor, las organizaciones pesqueras que operan en el Mediterráneo analizan realizar un nuevo paro de la flota de arrastre coincidiendo con la celebración del Consejo. La decisión se tomará antes de que finalice este mes tras llevarse a cabo las consultas correspondientes. Cabe recordar que la flota ya paró el pasado junio, obteniendo un seguimiento total (arrastre, cerco y artes menores).

Según las organizaciones pesqueras, “no nos vamos a cansar de insistir en el carácter esencial de la actividad pesquera en el desarrollo socioeconómico de las poblaciones y ciudades que jalonan los más de 1.600 kilómetros de la costa mediterránea”. “Como ya advertimos al comisario y a la directora general de la DG Mare de la Comisión Europea”, añaden, “el plan de gestión de demersales de la Unión Europea está acabando poco a poco con la flota mediterránea debido a las restricciones de días de trabajo y zonas de pesca y, de no llevarse a cabo su rediseño, conducirá a la extinción de la actividad de cerca de 600 buques españoles y más de 17.000 puestos de trabajo, incluyendo empleos directos e indirectos”.

Según el sector, la propuesta de Directiva, que prevé establecer un impuesto al gasóleo de 3 euros por cada 100 litros de combustible a partir de 2023, impactaría en la viabilidad de las empresas pesqueras al suponer el combustible, por término medio, un 40% de los costes de su actividad, “ya de por sí con unos márgenes realmente ajustados”. El sector puntualiza que este impacto, además de a los buques de altura afectaría también a la bajura, mayoritariamente empresas familiares y “verdaderas espinas dorsales de la cohesión económica y social de muchas zonas costeras”.

Además, y según el sector, los objetivos que esgrime Europa para aplicar este impuesto ya han sido prácticamente alcanzados por la flota pesquera europea, y más aún por la española. Cabe recordar que con esta medida Europa quiere reducir el 55% de los niveles de emisión de gases de efecto invernadero de la flota UE en 2030 con respecto a los de la década de los noventa e incentivar la aplicación de mejoras en la eficiencia energética como energías alternativas (hidrógeno, gas, electricidad e hibridación). Sin embargo, el sector cree que la Comisión Europea ha de ser consciente de la reducción del 48% de la flota pesquera comunitaria desde los años 90 (frente a otros países terceros que están desarrollando sus flotas exponencialmente) y que las emisiones del sector se han reducido un 18% durante los últimos 10 últimos años.

Soberanía alimentaria

Además del impacto directo en la actividad económica de las empresas pesqueras, esta medida pondrá en riesgo la soberanía alimentaria europea y de nuestro país a medio plazo. A este respecto, el sector apunta que la oferta de gasoil más barato en otros puertos no comunitarios provocará que las flotas dejen de operar en los puertos españoles y comunitarios frente a terceros, lo que induciría desabastecimiento de materias primas y y la consiguiente pérdida de la soberanía alimentaria de la que actualmente disponemos, tal como es el caso español gracias a la cobertura de nuestras flotas. A ello, apunta el sector, habría que sumar la pérdida de miles de puestos de trabajo ya que los puertos alternativos acapararían todos los activos generados por la actividad pesquera, tales como centros de almacenamiento frigorífico, plantas de procesado y gran parte de la cadena de valor.

Según el sector, Europa ha de estar muy atenta a la batalla silenciosa y estratégica que se está librando en el control de los recursos pesqueros del mundo ante el reto de incrementar en un 56% la producción de alimentos para una población global que se prevé crezca entre 2.500 y 3.000 millones de personas de aquí a 2050, y hacerlo manteniendo el nivel objetivo de calentamiento global del planeta por debajo de los 2°C. En este sentido y según el Instituto de los Recursos Mundiales (WRI, por sus siglas en ingles), ello sólo podrá conseguirse mediante el incremento de la ingesta de proteínas provenientes de los productos pesqueros por su bajo impacto medioambiental frente a otras industrias agroalimentarias en tierra.